Según el periódico Público, esta semana, la Junta de Portavoces acordó que el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA) se vote en el Pleno del próximo jueves 18, para después ser trasladado al Senado, donde la mayoría absoluta del Partido Popular garantiza que también logrará luz verde.
La ratificación del acuerdo, se votará el mismo día en que se considera la cuestión previa de constitucionalidad, planteada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos, iniciativa que permitiría pedir al Tribunal Constitucional que analice si el CETA vulnera las disposiciones de la Carta Magna, como denuncian Unidos Podemos y cientos de organizaciones sociales, sindicales y civiles.
Estas organizaciones insisten en que a todas luces el acuerdo supone una pérdida de soberanía evidente, entre otros motivos por el recurso a los polémicos tribunales de arbitraje, a los que sólo pueden acceder las empresas inversoras, obviando los canales judiciales nacionales.
Hay unanimidad en nuestros expertos. Populares y socialistas, y todos sus agentes de influencia en la prensa y las televisiones, lo tienen claro. Si Mélenchon no da la orden de apoyar a Macron su formación estará haciendo el juego a la extrema derecha desde la extrema izquierda. No valen ni el voto el blanco ni la abstención.
Son más que una manifestación, son una confluencia de colectivos sociales, políticos, laborales, sindicales y de personas de todo el Estado, que consideran que la solución a los problemas reales de la gente pasa necesariamente por la lucha, (independientemente de si se vota o no), en torno a un programa que mínimos que pretende garantizar lo elemental para que las personas puedan vivir con dignidad: PAN, TRABAJO Y TECHO.
El sistema no puede combatir la corrupción, porque la corrupción es el sistema.
Vemos estos últimos días como una y otra vez se muestran en algunas televisiones y tertulias la escena de Maragall y los casos de supuesta corrupción por parte del partido liderado por Pujol durante años. Nadie parece ahora extrañarse de la trama de los Pujol.
La CGT, el Bloque Combativo de Clase, las Marchas de la Dignidad, volvemos a las calles de Madrid el 27 de Mayo para seguir reivindicando la ya clásica consigna que identifica este movimiento “Pan, Trabajo, Techo e Igualdad”.
Unidos Podemos anuncian la intención de llevar a cabo una moción de censura contra el ejecutivo del Partido Popular tras los últimos acontecimientos relacionados con la corrupción política y judicial.
La propuesta, lanzada en Change.org por un grupo denominado Indignad@s!!, solicita al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actúe en aplicación de la Ley de Partidos
Esto es así por dos razones fundamentales debido a la insuficiencia de la reforma dentro del ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana y por otra parte porque se mantienen el resto de leyes mordaza, como la última modificación del Código Penal (Leyes orgánicas 1/2015 y 2/2015, de 30 de marzo) o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Leyes orgánicas 13/2015 y 41/2015, de 5 de octubre). En definitiva, no se trata de reformar una ley, sino un corpus legislativo.
El Gobierno de Mariano Rajoy continúa allanando el camino al polémico tratado comercial entre la UE y Canadá, CETA. El Consejo de Ministros ha aprobado el viernes día 24 de Marzo su remisión a las Cortes Generales para que Congreso y Senado puedan someter a votación el texto durante las próximas semanas.
Negras tormentas pro-nucleares vuelven a agitar los aires en nuestro país, con la pretensión del Gobierno del Partido Popular y del Consejo de “Seguridad” Nuclear de prolongar hasta los 60 años la vida útil de las centrales y reabrir la Central Nuclear de Santa María de Garoña tras cuatro años de cierre.
El Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales” aborda uno de los factores decisivos de la transición: la movilización política y social que hizo fracasar los proyectos continuistas de la dictadura una vez muerto Franco.
El Gobierno Vasco ha aprobado este un proyecto de presupuestos para 2017 que asciende a 11.059,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,2% respecto al año pasado (126 millones más) que beneficia notablemente al empresariado vasco, un empresario que ante una posible subida de impuestos ha conseguido que la administración diera marcha atrás
Marruecos está utilizando las avalanchas de las personas migrantes para presionar a la Unión Europea para satisfacer sus intereses económicos. Así, Aziz Ajanuch, ministro de Agricultura de Marruecos, advertía a la Unión Europea de la necesidad de “clarificar su posición” y de “terminar con las discordancias”, refiriéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016.
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado la ratificación del CET con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones, con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo (PPE), Liberales (ALDE), Conservadores y Reformistas (ECR) y un voto divido según delegaciones en el seno de Socialistas y Demócratas (S&D).
Volver a las calles a seguir exigiendo el NO PAGO DE LA DEUDA y la defensa de los Servicios Públicos como Derechos esenciales de todas las personas para tener una vida digna.
El CETA es un tratado firmado por los Presidentes del Consejo Europeo, de la Comisión Europea y el Primer Ministro del Canadá, para liberalizar el comercio y desarrollar un marco jurídico-normativo que proteja a las multinacionales como posición dominante, cuestionando la soberanía de los pueblos..
Los rumanos han protestado por ocho días consecutivos en primer lugar contra un decreto ley que despenalizaba algunos delitos de corrupción. Este decreto reduce las penas por abuso de poder, que pasan de un máximo de siete años de cárcel a tres e introduce un límite mínimo un de 44.000 euros de perjuicio para lanzar el procedimiento judicial. También estipula que el delito solo puede ser denunciado después de más de seis meses de haber sido cometido.
El CETA, igual de peligroso que el TTIP, busca una mayor privatización de los servicios públicos y provocaría la pérdida de miles de puestos de trabajo en la Unión Europea, poniendo en peligro 90 millones de puestos de trabajo de PyMEs (pequeñas y medianas empresas) que se verían expuestas a toda la fuerza de la competencia de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas y canadienses.
El oligopolio energético español está formado por Iberdrola, Endesa y Gas Natural-Fenosa, producen el 90% de la energía que suministra España y el precio es el tercero más caro de los países de la zona europea. En los años de la crisis han ganado 56.000 millones de euros, más de 5.000 millones al año.
Esta vez daremos prioridad al ataque que nos tienen preparado contra las Pensiones Públicas, a la defensa de los Servicios Públicos como derechos esenciales de todas las personas, a la eliminación del artículo 135 de la Constitución y el NO al pago de la Deuda ilegítima.
Un amplio grupo de organizaciones sociales, vecinales, ecologistas, sindicales y políticas, unidas al Foro Contra Garoña, expresarán la profunda decepción por la propuesta que se debatirá el jueves en el Parlamento Vasco contra la peligrosa y obsoleta central nuclear.
Al grito de “Euskal presoak, etxera”coreado por miles de gargantas, sobre las 17,40 h. se inicia la marcha encabezada por 3 hileras de furgonetas con letreros de las ciudades donde se encuentran ubicadas las cárceles, así como la distancia desde Euskal Herria a las mismas. Unas furgonetas que todos los fines de semana llevan a las familias a visitar a presos y presas a lo largo y ancho de la península ibérica.
¡Para qué sirve votar si el Gobierno puede vetar al Parlamento! ¿Donde reside la soberanía nacional en el Gobierno o en el Pueblo?.
Los Sistemas Públicos de Pensiones son un pilar fundamental del Estado de Bienestar. Desde los años 80, su privatización se ha convertido en uno de los objetivos más importantes de la política neoliberal. Un planteamiento que propugna acelerar el adelgazamiento (público) y a la par fortalecer las pensiones privadas, con el fin de forzar directamente un sistema mixto (público/privado).
