Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Dejar en manos del gobierno el papel de gendarme de la probidad informativa es una aberración democrática capaz de crear más problemas que los beneficios que en teoría se pretenden. Quizás por eso, Sanidad se resiste a crear una auditoría independiente sobre la gestión de la pandemia como han reclamado reiteradamente expertos y colectivos sanitarios nacionales y extranjeros.
El acuerdo amplio del Pacto de Toledo continuará dejando a la mitad de las y los pensionistas de Hego Euskal Herria bajo el umbral de la pobreza y potenciará el sistema privado desde la negociación colectiva, siguiendo los pasos de las EPSV vascas.
La lucha semanal prolongada de los pensionistas ha llevado a las calles la reivindicación de pensiones dignas. Solo se pierde aquella lucha que se abandona.
Ha pasado prácticamente desapercibida fuera de los medios valencianos, pero la sentencia 3138/2020 del Tribunal Supremo no tiene una afectación exclusiva en esta autonomía. Ni mucho menos. En su fallo, que genera jurisprudencia en toda España, el alto tribunal desestima dos recursos de la Generalitat a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) del 2018 que obliga a mantener el concierto a las unidades de bachillerato de dos colegios privados –el muy elitista El Pilar, de València, y La Salle, de Paterna-, a pesar de no ser estos tramos de educación obligatoria.
La Comisión Europea insta a España a actualizar la legislación nacional e incluir en ella la directiva contra la elusión fiscal relativa a las asimetrías híbridas para impedir que las grandes empresas exploten las diferencias existentes en la legislación tributaria de los países de la Unión Europea (UE) para evadir impuestos. Bruselas recuerda a
A tres días de las elecciones en Estados Unidos, Chomsky brindó una extensa entrevista a la revista The New Yorker, en la que mostró preocupación sobre la actitud que pueda tomar Trump si los resultados resultan adversos para el actual mandatario. También habló de la crisis climática y la cultura de la cancelación. Definió nuevamente al republicano como «el peor criminal en la historia de la humanidad».
Los grandes morosos de Euskadi deben a las tres Haciendas forales 879 millones de euros. Así lo acreditan los listados publicados este viernes por las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que apuntan a que son 252 las empresas vascas que adeudan al fisco más de un millón de euros. Los casi 879 millones son prácticamente equivalentes al presupuesto con el que cuenta Lanbide en este 2020. Si todos los grandes morosos abonasen las cantidades que deben, se sufragarían los costes derivados del pago de las RGI y las ayudas a parados.
Para mi generación, la que dilapidó los mejores años de sus vidas tratando de burlar la bostezante mediocridad del franquismo, la llegada de Salvador Allende al Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, el 3 de noviembre de 1970, supuso una válvula de escape hacia la perspectiva de un futuro
La decisión de paralizar el almacén Castor –situado a 22 kilómetros de la costa, entre Alcanar y Vinaròs, el primer pueblo del País Valencià– se adoptó en 2014, después de los seísmos registrados en la zona en setiembre de 2013.
En 2017, el Gobierno, entonces del PP, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos tras recibir un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard. El proyecto, con numerosas irregularidades, tuvo una fuerte contestación social.
«Es triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación» No nos preguntaremos qué hacia el presidente del Gobierno hace unos días con el Papa Francisco, por más que Pedro Sánchez represente a un Estado no confesional, como recoge el artículo 16, punto 3, de la vigente
Celebrada en el lujoso Casino de Madrid, se produjo sólo un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamara a los españoles a reducir al máximo todos los contactos sociales y que recomendara quedarnos en casa «todo lo que sea posible». El mismo día, catorce comunidades se encontraban en riesgo alto o extremo. Ahora siguen aumentando los cierres perimetrales y toques de queda en todo el país ante los preocupantes datos de contagios y muertes que aumentan cada día.
Ningún partido ni ninguna figura política ha conseguido encabezar el proceso, ni capitalizar el descontento que reina entre la población. Hasta el momento, los partidos han ido a rebufo de lo que ocurría en las calles, y aunque fueron ellos quienes aprobaron en el Congreso el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, documento que establece los plazos y el cómo se va a desarrollar el proceso constituyente, esto jamás habría ocurrido sin el empuje de los manifestantes.
<<Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden>> ha sido uno de los lemas recurrentes de la marea pensionista. Pero en realidad la pancarta siempre tuvo más de fachada que de realidad. En la mayor parte de las movilizaciones que las asociaciones de jubilados realizaban su objetivo preferente era el rechazo de la reforma de Mariano Rajoy, y muy de lejos, y con sordina, de la de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue la primera en aplicarse.
Cuando los beneficios empresariales son la brújula que guía las decisiones políticas, la vida de la clase trabajadora queda siempre en segundo plano. Y por eso se adoptan medidas absurdas como el toque de queda para hacer creer que se hace algo. Medidas autoritarias completamente inefectivas a la hora de parar los rebrotes, pero que servirán para empezar a controlarnos. Que no nos engañen, estas medidas no están destinadas a combatir el virus, sino a combatir las protestas y luchas que a buen seguro vendrán.
La multinacional desvía gran parte de sus beneficios a Paises Bajos, Irlanda o suiza, que los gravan a tipos muy bajos e incluso al 0% en algunos casos.
El grupo Inditex, que tiene en nómina a casi 152 000 empleados y opera más de 7000 tiendas en los cinco continentes bajo las marcas principales de Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Uterqüe, Lefties y Stradivarius, parece que no tiene suficiente con las ventas del grupo en el primer semestre, que alcanzaron los 8.033 millones de euros.
El hecho de politizar alguna actividad se suele entender habitualmente como algo negativo. Es lógico, si ese término se utiliza en el sentido estricto que le proporciona la Real Academia Española: dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen. En este sentido implica, efectivamente, desnaturalizar aquello que se politiza.
Magdalena Valerio, presidenta de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, trata de comprometer a todos los partidos, incluidos los de derechas, PP y Ciudadanos, en un acuerdo imposible, salvo que se hagan muchas concesiones a estos. Pretende un compromiso de mínimos y de consenso y que luego las enmiendas más positivas o progresistas sean tumbadas en el Congreso
Más de tres meses después de aprobarse el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 solo 90.800 solicitudes cuentan con luz verde de la Seguridad Social de las casi 1 millón planteadas, según ha confirmado el ministro español José Luis Escrivá. Ni con robots ni con el escaso personal propio de la Seguridad Social se termina con la revisión de las solicitudes, lo que impide a las personas tener acceso a una renta de 462 euros de forma individual; una cantidad lejos de los 739 euros que marcan el umbral de la pobreza en el conjunto del Estado español, por debajo de los 980 euros en la CAV o de los 963 euros en Nafarroa.
La nueva ley que pronto se debatirá en las Cortes seguiría discriminando parte de las víctimas del franquismo y su derecho de reparación, y dejaría sin resolver otras cuestiones importantes como la justicia contra la impunidad.
Es una ley muy reclamada por la sociedad civil y las asociaciones de la memoria histórica de todo el estado, puesto que la ley aprobada en el 2007, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, dejaba temas importantes por resolver. Declaraba los tribunales ilegítimos, pero no anulaba las sentencias y establecía dos clases de víctimas, las de antes y después del 1968.
El Gobierno de coalición, autodefinido como el “más progresista de la historia”, acaba de aprobar la derogación de parte de las escasas medidas sociales aprobadas con motivo de la pandemia para ayudar a los más desfavorecidos. Pero seguirá llenando los bolsillos de las grandes empresas del IBEX 35 con ayudas
Segun Jaime Richart, autor de este articulo, los jueces de la Transición pasaron repentinamente de ser jueces franquistas a jueces demócratas. El Tribunal de Orden Públicó se convirtió a toque de cornetin en Audiencia Nacional. Posteriormente jueces con su mentalidad conservadora típica del rigor militar del dictador fueron seleccionando las promociones subsiguientes desde el inicio de esta «democracia de mínimos», una modalidad de «democracia cercana a la farsa». El resultado de esa trayectoria es la actual magistratura española.
El 15MpaRato, la iniciativa ciudadana que llevó a los tribunales la salida a bolsa de Bankia, ha dirigido una petición al Gobierno y a los grupos políticos para que “ocho años de lucha de la sociedad civil no hayan sido en balde” después de que hoy la Audiencia Nacional haya absuelto a los 34 acusados en el juicio, incluyendo al expresidente Rodrigo Rato. La plataforma pide que se cambien las leyes “para proteger la población española de la gestión financiera y sistémica irresponsable para con el interés general”.
El Consejo de Ministros aprobará este martes la ampliación de la duración de algunas medidas del «escudo social» contra la crisis. Así lo han adelantado fuentes del Gobierno a cuartopoder. La intención desde un primer momento de la vicepresidencia segunda que lidera Pablo Iglesias, tal y como adelantó este medio, era que la ampliación fuera hasta 2021.
El juez vasco que durante ocho años se forró con la administración de empresas en quiebra es uno de los aspirantes a presidir la Justicia en Euskadi. Edorta Etxarandio está entre los seis magistrados que ya han presentado su candidatura ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de los jueces que el 30 de septiembre designará al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
En los últimos días ha circulado el segundo borrador de la reforma que el Ministerio de Universidades se propone introducir en la LOU en relación con la carrera profesional del profesorado. Este documento, que a diferencia del primero no recoge propuesta alguna para el desarrollo del Estatuto del Personal Docente e Investigador, adopta un tono más social y se acompaña de algunas modificaciones amables, lo que no sería más que una mera operación de maquillaje sino fuera porque el texto ahonda en algunos de los aspectos más lesivos de la versión anterior.
La posible privatización de Bankia y su fusión con CaixaBank ha sido una noticia que, como era de esperar, ha creado gran interés en los principales medios de información españoles, los cuales se han centrado primordialmente en la manera cómo se llevarían a cabo. Pero se ha prestado escasa atención al contexto político y económico en el cual se producirían tales intervenciones
El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.
La primera característica y la que me parece que tiene más peso es que estamos ante una política que fabrica crisis artificiales y manipula emociones. Si por algo destaca el nacionalismo catalán desde hace ocho años es por construir ficciones políticas. Hoy ha quedado estancado en la república imaginaria aprobada en un referéndum sin garantías y en el que no participó la mayoría de la población. Se niega la verdad sistemáticamente y reducen la vida al espectáculo y el sentimiento. Las jornadas históricas se suceden unas a otras, las emociones se desbocan y los dramas cotidianos se ensalzan.
Hace tan solo unos días Martín Villa ha comparecido ante la jueza argentina Servini. Estaba imputado en el marco de los crímenes de lesa humanidad del franquismo y su lista de cargos ponía los pelos de punta: matanza del 3 de marzo, en Gasteiz; asesinatos durante la II Semana pro-amnistía en el País Vasco; barbarie policial en los Sanfermines de 1978; semana negra madrileña… Tan solo dos días antes de la comparecencia, se hizo público el apoyo al exministro de distintas personalidades, encabezadas por cuatro expresidentes del gobierno (González, Aznar, Zapatero y Rajoy), quienes han afirmado las virtudes democráticas de Martín Villa, ése que aún comparte con Hitler, Himmler, Mussolini, Mohamed V, Saud de Arabia…, la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas instituida por Franco.
Desde hace tiempo se está evidenciando la distorsión que el capitalismo introduce en el conocimiento científico y en especial a la llamada «medicina basada en la evidencia» . Poderosos intereses económicos deciden qué se investiga, qué se fabrica y qué no, privando a la humanidad de avances que su propio desarrollo podría ofrecerles. La determinación ejercida por el objetivo prioritario del lucro empresarial, que se paga con millones de muertes prematuras y enfermedades evitables, afecta decisivamente a la producción de medicamentos.
Se trata de misivas de apoyo de los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, de los exsecretarios generales de UGT y CCOO Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, y del exministro y hoy vicepresidente de la Comisión Europea como Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell entre otros.
La abstención ha sido la ganadora de las elecciones políticas vascas y gallegas del pasado 12 de julio de 2020. Para la clase política, aunque dicen lo contrario con la boca pequeña y de forma cínicamente paradójica, este hecho constatado no tiene importancia, ya que, en su análisis, la abstención no se presenta a las elecciones; la abstención no representa a nadie, no hay uniformidad en las personas que se abstienen, son muchos los motivos y circunstancias por lo que lo hacen.
Con la Conferencia titulada: “España puede. Recuperación, transformación y resiliencia”, junto a empresarios de la CEOE y sindicatos, que se celebrará el lunes 31 de agosto, Pedro Sánchez pretende un nuevo pacto de Estado para gestionar la crisis, y, además, evitar el conflicto social en un otoño que se anuncia muy complicado. El 2 de septiembre arranca con la ronda con los partidos políticos parlamentarios en La Moncloa, para tratar de negociar la aprobación de los futuros presupuestos.
Después de 10 años, la Querella Argentina se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces de denuncia y de lucha contra las políticas de impunidad del Estado español que niegan el derecho a la tutela judicial efectiva a estas personas. Las políticas de impunidad son la falta de investigación judicial de los crímenes aberrantes que se cometieron durante la dictadura franquista y en la utilización de un discurso oficial de olvido, amnesia y perdón a los criminales franquistas.
Dentro de los principales establishments económicos y financieros de España (y de aquellos establishments políticos y mediáticos que les son afines) existe una postura muy extendida de que hay un trade-off entre dar prioridad a intervenciones encaminadas a controlar la pandemia o, por el contrario, dar preferencia a facilitar el desarrollo y la recuperación económica del país.
Las consecuencias de un desconfinamiento de la población que no fue acompañado de ningún plan para el control de la pandemia del coronavirus ya son inocultables en todo el Estado español. Según el último informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, el Estado español es de entre todos los países europeos más poblados, el que ha tenido la más alta tasa de contagios de sus habitantes en el curso de las últimas semanas, y un estudio elaborado por el físico Antonio Guirao pronostica unos 100 fallecimientos diarios, así como alrededor de 20.000 contagios, en el mes de septiembre (…).
Cuando analizamos la política internacional imperialista de EE.UU. y reducimos nuestro análisis a factores de orden geopolítico, estratégico o económico no conseguimos explicarnos actuaciones aparentemente irracionales que van incluso en contra de sus intereses nacionales a medio o largo plazo. Acabamos asignando a sus presidentes un marchamo de maldad y crueldad irracional que nos sitúa mal a la hora de desarrollar estrategias de resistencia y confrontación con el imperialismo. Más allá de las diferencias evidentes entre Obama y Trump, o entre Clinton y Bush, o entre Carter y Reagan, existe un hilo conductor que une las distintas administraciones, ya sean demócratas o republicanas, una lógica común que se sitúa en un espacio ideológico o, más bien, teológico-político.
Según Infolibre, los partidos políticos acumulaban mas de 183 millones en deudas al inicio de 2017 siendo el PSOE, el PP y el PNV las tres organizaciones más endeudadas, según el último informe del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre la contabilidad de las formaciones políticas, que también recoge que BNG, ICV, En Marea y UPyD presentaban ese año balances negativos, al igual que dos fundaciones próximas al PSOE.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a denunciar el ninguneo que sufren los colectivos de víctimas del franquismo en relación a las gestiones que se están llevando a cabo para modificar la actual ley de Memoria Histórica, entre otras acciones relacionadas con el derecho a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
El 22 de julio de 2020 en el Congreso de los Diputados se escenificó el acuerdo entre los dos partidos que han propiciado la privatización en las últimas décadas en el estado español (PP y PSOE) y el partido que iba a asaltar los cielos, Unidas Podemos. Así, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por 256 votos a favor (Podemos y los de los privatizadores PP y PSOE), 88 en contra y tres abstenciones, el Dictamen para la Reconstrucción de la Sanidad.
En una carta enviada a su hijo Felipe VI hecha publica este lunes por la Casa Real el anterior jefe de Estado señala que “con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública” que generan “ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones”.
En declaraciones a través de EITB y de El Correo, la Sra Arantza Tapia, Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco -en este momento en funciones y que probablemente repita en el nuevo gobierno de Gasteiz- estos dos últimos días nos ha dejado dos mensajes de cuáles son sus propuestas para continuar con una dura política neoliberal que proteja los intereses sobre todo de las multinacionales y grandes empresarios.
Este escrito es la segunda parte del publicado en esta web el pasado 25 de julio y al que se puede acceder aquí. Trata de algunos de los elementos de respuesta a la situación sanitaria, asistencial y social derivada de la pandemia, a la vez que actualiza alguno de los datos tratados en la primera parte, lo que es conveniente en una situación que está cambiando rápidamente, desgraciadamente a peor.
«El país, básicamente, durante mucho tiempo, ha sido prácticamente un estado de partido único: el partido empresarial», señaló el intelectual.
Millones de personas en EE.UU. están perdiendo el empleo y enfrentan posibles desalojos debido a la crisis económica provocada por la pandemia. Por su parte, la riqueza del 1% de la población del país ha aumentado enormemente. Entre los beneficiados está Jeff Bezos, fundador de Amazon y la persona más rica del mundo, que acaba de incrementar su patrimonio en un monto estimado de trece mil millones de dólares netos en un solo día.
El Congreso ha tumbado este miércoles las tibias medidas sociales incluidas en el plan de reconstrucción elaborado por más de 200 “expertos” a pedido del gobierno. Los otros tres bloques, económicos, sanitarios y política europea salen con el apoyo de la derecha.
El Gobierno “progresista” de Sánchez e Iglesias ha vuelto a dejar patente que su sintonía para alcanzar acuerdos es mucho más ágil y fructífera con la derecha. La sesión parlamentaria de este miércoles ha votado el plan de reconstrucción post pandemia elaborado por más de 200 “expertos” durante más de dos meses.
Es lo que se desprende de las filtraciones llegadas de la cumbre, finalizada la madrugada del martes, que ha reunido desde el pasado viernes a los jefes de Gobierno y Estado de la Unión Europea, en la cual se ha negociado el fondo de recuperación contra la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. Las negociaciones hacen indicar que desde los países autodenominados “frugales” -Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia y en menor medida Finlandia- han exigido que esta ayuda estuviera vinculada a nuevas reformas en el ámbito laboral y de las pensiones.
El gran triunfador en las urnas gallegas del 12-J ha sido sin duda de mérito el BNG. Núñez Feijóo, por su parte, se ha coronado en los anales de Manuel Fraga, el homo sapiens de Villaba. Alzarse con la cuarta mayoría absoluta encadenada, como ha logrado el presidente de la Xunta, no es timbre de excelencia en una sociedad donde el clientelismo político y el neocaciquismo condicionan mentes y haciendas.
Las grandes corporaciones tienen claro por dónde pasa la “reconstrucción económica”: “Más flexibilidad laboral y rechazo al alza de impuestos”, sintetizaba la portada de Expansión tras la inauguración del show de la patronal. O, dicho de otro modo, por dónde no: se trata de blindar las conquistas empresariales obtenidas tras las sucesivas reformas laborales y rebajas fiscales que tuvieron lugar en las últimas décadas. Cuando los empresarios hablan de “innovación para salir de la crisis”, lo que vuelven a exigir es que se reduzcan aún más los impuestos a las grandes compañías, que el Estado siga subvencionando sus costes laborales y que se las rescate con fondos públicos.
