Categoría: Opinion

Cuando el pasado octubre el Senado aprobó la aplicación del 155 a Catalunya, lo hizo hasta que hubiera un nuevo gobierno “legal” de la Generalitat. Pues va a ser que no. Cuando finalmente ya ha tomado posesión un nuevo presidente del gobierno catalán, que puede gustar o no, pero que ha sido elegido conforme a la legalidad estatutaria, y este designa a sus consellers, se veta su publicación en el BOE porque el PP, Ciudadanos y PSOE califican la lista de “provocación” al incluir a personas  encarceladas preventivamente (sin tener condena alguna) o exiliadas (ellos dicen “huídas”, pero para el caso es lo mismo).

Así que “sigue sin haber gobierno de la Generalitat y continúa el 155”. La realidad es que el gobierno sí ha sido nombrado porque quien legalmente puede hacerlo, pero quien tiene la maquinita del BOE para publicarlo se niega a realizar este trámite burocrático. Todo atrancado, pues. ¿Y ahora qué? Hemos pasado de la judicialización de la política a la “boeización” de la política: un paso más en la degradación de las instituciones y en la profundización del esperpento.

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“Gato blanco, gato negro,

lo importante es que cace ratones”

(Deng Xiaoping)

Una de las características de la vida política es la coherencia entre la vida pública y la privada. Con tratarse de dos esferas separadas no son siempre enteramente independientes. Lo que conlleva una estricta coordinación entre ambos planos. Sobre todo conviene no emplear el aval de lo público para justificar lo privado abusivo, ni viceversa, vender lo privado como del ámbito público a fin de magnificar su proyección política.

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La tribuna de los más desfavorecidos, los jóvenes pillados en la burbuja del ladrillo (“casas sin gente, gente sin casas”), los activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipoteca (PAH) o los damnificados de las preferentes por la codicia de las entidades financieras. A todo eso y aledaños los dirigentes podemitas acaban de decirles “no os representamos”.

Hay una postverdad oficial y recurrente. La de los de arriba, la de los propagandistas. Grandes corporaciones o Estados que fabrican opinión a su favor o en contra de sus adversarios sin importar que sean meros bulos bien diseñados. Contra eso estamos más o menos vacunados. De toda la vida los poderosos han apañado la desinformación y la publicidad para engañar a la gente. Se trata de que consumamos, votemos y paguemos los impuestos sin rechistas.

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No es un error político, es una aberración democrática. Investir presidente de la Generalitat a un forofo del sectarismo parece muy poco honorable. Porque, aunque el aludido haya pedido disculpas, no se trata de pecadillos de juventud. Es el currículum vitae de un militante del maximalismo identitario.

Con el agravante de su promoción cultural desde las tribunas donde ha ejercido de intelectual orgánico de la doctrina. Buscar excusas a la promoción de Joaquín Torra al podio de la Catalunya en base a los múltiples desmanes y atropellos del macizo de la raza del nacionalismo español no hace sino agravar el problema. Supone abrazar similares artes a las que emplean sus adversarios del 155 y el zoquete pelotón del “a por ellos”. La jesuítica justificación de usar un medio malo para lograr un supuesto buen fin ha sido históricamente el quicio por dónde se han colado ilustres pirados y malhechores ansiosos de notoriedad pública.

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En un artículo anterior recordábamos que la principal diferencia entre la tipificación del delito de rebelión en el código penal de la dictadura (arts. 214 a 217) y en el de la democracia (arts. 472 a 484) residía en la constatación de violencia. Con Franco se podía imputar sin que hubiera existido violencia y en la actualidad resulta condición sine qua nom. Craso error.

Habíamos olvidado que al calor de la kale borroca urdida sobre el derecho a decidir en Catalunya, PSOE y PP se concitaron para alargar el brazo de la ley donde faltaba manga. Por eso, en línea con el espíritu de los pactos antiterroristas, en 2015 agravaron el artículo 573 logrando que ciertos desórdenes públicos entraran en esa circunscripción. Y ahora también son reos de terrorismo los acusados de “alterar gravemente la paz pública”. O sea, se recupera la matriz de aquellos siniestros tribunales de orden público del franquismo.

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La Marca España, nuestro ogro filantrópico pret a porter, porfía para repetir el duopolio dinástico hegemónico de antaño. Por eso está conspirando con todas sus fuerzas para que 2019 recree un ensayo general para regresar a la estabilidad del poder binario.

Los protagonistas son la nueva derecha de Ciudadanos, en racha de aciertos demoscópicos, y el incierto partido socialista que aún controla Pedro Sánchez. Los desechos de tienta, el Partido Popular de Mariano Rajoy, abismado en la corrupción del “y de lo mío qué”, y el Podemos de Pablo Iglesias, en segundas nupcias ya sin las gananciales de Izquierda Unida. Se trata, pues, de una operación zigzagueante. Una diagonal ideológica.

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El manido salvoconducto “uno de los nuestros”, que en la reciente convención del Partido Popular celebrada en Sevilla ha recreado con marcial cinismo la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, al afirmar “lo que tenemos que hacer es no permitir que nos avasallen y defender a los nuestros”.

La coyuntura ha querido que estos días confluyan en conflicto dos exigencias del Estado de Derecho que tienen como protagonista a la clase política. De un lado, la aplicación de la presunción de culpabilidad a Carles Puigdemont según se deduce del revés dado por la Audiencia de Schleswig-Holstein al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

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Los cronistas ya han dado buena cuenta del gazpacho verbenero. La pasada Semana Santa fue un auténtico aquelarre lúdico-religioso. Procesiones hasta en la sopa, teles vomitando el habitual cutrerío de películas del género “historia sagrada”, ministros coreando impasible el ademán “soy el novio de la muerte”, banderas a media asta en centros militares, niños vestidos de legionarios en prime time y el sempiterno fervor lacrimógeno de la muchedumbre ante los pasos. El nacionacatolicismo que nos habita con todo su furor.

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Con el salto a los CDR, el proceso soberanista catalán vuelve a superarse a sí mismo, y a las formas políticas actuales del resto de estados similares.

En una inesperada recuperación del espíritu libertario catalán, que culmina magistralmente con la construcción épica de la silenciada Revolución Social Catalana de 1936, o la Revuelta Remença, en 1480, el proceso pasó de la sociedad civil (referéndums de Arenys & co, primeras grandes diadas indepes con millones en las calles), a la esfera política y parlamentaria, y a la movilización coordinada desde dos grandes organizaciones civiles, Omnium y ANC, lo que ya en sí es una gran innovación en relación al entorno geopolítico. Pero hoy encuentra buena parte de su impulso y fuerza renovada en los barrios y en la ciudadanía completamente auto organizada con los CDR, donde no hay jerarquías, presidentas, ni organizaciones centralizadas.

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Con abuso de esquematismo solemos hablar de violencia solo y exclusivamente cuando se producen hechos y actos que causan daños a personas o bienes por parte de personas físicas. Pero se trata de un concepto reduccionista. Ciertamente, existe una utilización legítima de la fuerza como derecho de defensa. Y luego hay un uso ilegítimo cuando se emplea la violencia contra gente pacífica, venga de donde viniera la agresión.

Aunque normalmente esa licencia forma parte de las prerrogativas de los Estados, el paradigma de la abstracta personalidad jurídica. Ocurre así desde el momento en que las atribuciones que sustentan su soberanía pierden su base democrática, convirtiéndose en simple Estado de Leyes. La dictadura franquista abrazaba ese modelo porque, llegado el caso, usaba el poder del Estado contra sus propios ciudadanos (que el paternalismo del régimen eximia de ser a la vez contribuyentes directos). Operaba, pues, como una amenaza permanente sobre sus administrados.

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Hace unos días me contaba un colega muy bien informado -una de esas fuentes que nunca falla- que dirigentes del PNV habían trasladado al Partido Popular que para llegar a acuerdos entre ambas formaciones sería deseable que los populares no azuzaran en público con el caso De Miguel, uno de los mayores casos de corrupción que afecta a los nacionalistas. Una trama -que se juzga desde hace semanas en Vitoria- por la que están sentados en el banquillo exdirigentes del PNV y cargos del Gobierno de Ibarretxe, acusados de cobrar comisiones ilegales y adjudicar contratos irregulares.

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La realidad no existe, sólo lo que aparece por la tele. Se ha institucionalizado lo que afirmó nuestra más famosa presentadora de las mañanas. Aquel obsceno “lo importante no es la verdad, sino lo que se cuenta como verdad, que por regla general es mentira”, que glosó Ana Rosa Quintana en un Curso de Verano años atrás.

Nos gobiernan los medios. Lo que sale en el plasma, grabado, relatado, enlatado y editado para impactar en la audiencia, es lo que existe. Y todos aquellos que quieren vender algo a la masa cautiva frente a la caja tonta acuden solícitos a la cita para ganar cuota de mercado. Da igual que se trate de celebritys en horas de saldo o políticos buscando su minuto de gloria.

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“Canto a los valientes que llevan por bandera la verdad”

(Mensaje de la madre del niño Gabriel)

Otra vez ocurrió lo imprevisto. Como hace siete años, cuando un grupo de jóvenes se instaló con sus petates en la Puerta del Sol de Madrid para iniciar un largo adiós a todo esto, el 8M feminista ha sorprendido a propios y extraños, desbordando todas las expectativas. Por su amplitud, contundencia, transversalidad y saber hacer, las movilizaciones registradas en la mayoría de las ciudades españolas el segundo jueves de este mes de marzo suponen un antes y un después en la dinámica de la sociedad civil activa.

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La férrea centralización de las partículas atómicas que integran el Régimen del 78 resulta condición sine qua nom para la supervivencia del sistema. Su centrifugación autónoma, por el contrario, representa un signo de decadencia e incluso de ocaso senil. Por eso el procés supone una amenaza para el atado y bien atado que escenificó la Transición y luego legitimó la vigente Constitución. Un modelo trasteado de aquella manera por el duopolio dinástico hegemónico PP-PSOE, éste como poli bueno y aquél como poli malo, según y cómo.

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No se trata de personas, ni siquiera de partidos, el problema está en las instituciones porque si se acepta el sistema, lo que existe dado, el resultado es admitir que no hay alternativa a la jubilación que nos preparan. Máxime cuando la dualidad de la destrucción de empleo, y por tanto la consiguiente disminución de cotizaciones, junto al aumento de la esperanza de vida, resulta una realidad insoslayable.

Lo que sucede es que en vez de felicitarnos todos por lo segundo y tratar de revertir lo primero, el modelo vigente nos encadena al oxímoron de marras para que aceptemos carros y carretas.

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(Con motivo de la inquisitorial ofensiva contra la libertad de expresión que está llevando ante los tribunales a representantes electos, artistas, cantantes, escritores y simples ciudadanos que ejercitan el legítimo derecho a decidir y expresarse, reproduzco a continuación el artículo publicado en 2013 en varios medios alternativos con el título “Gobernar es administrar la muerte”, referido al boicot a Santiago Sierra, a quien la organización de la Feria Internacional ARCOmadrid 2018 acaba de censurar su obra  “presos políticos en la España contemporánea”).

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Más allá del simbolismo anecdótico de las iniciativas independentistas -para actualizar su lucha desde el exilio- y del doble lenguaje, característico de los políticos, están la realidad de la Justicia represiva del Estado, la “simbólica” Declaración de Independencia –como lo reconocen ahora la mayoría de sus declarantes- y la confesión de Puigdemont reconociendo el triunfo de la Moncloa…

De hecho, la impotencia del independentismo, para hacer frente a la aplicación del artículo 155, comenzó a verse ya desde antes del 21-D, y, cuanto más pasa el tiempo, más evidente es esta impotencia. Tanto frente a la judicialización del procés como frente a su estancamiento en el Parlement. Y ello pese a disponer de una mayoría de escaños…

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Querido José María Fidalgo:

O sea que era así de simple. Nada de procesos graduales y otras zarandajas. Uno se acuesta comunista y a la mañana lo que se está quitando frente al espejo son ya legañas neoliberales. No obstante, te ha costado entrar, porque en el santoral de los traidores apenas quedan ya peanas libres. Son muy conocidos los casos de Pilar del Castillo, de Josep Piqué, de Jiménez Losantos, el más reciente de Rosa Aguilar o el chiripitifláutico de Pío Moa, que pasó de terrorista del GRAPO a historiador histriónico y manipulador oficial del Régimen.

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No carece de simbolismo que sea en este  2018, precisamente al cumplirse cincuenta años de Mayo del 68, cuando la clase política española se preste a conmemorar por todo lo alto el cuarenta aniversario de algo que podría considerarse su antónimo: el Régimen del 78.

Lo que en la práctica significó cercenar toda esperanza de recuperar las tradiciones democráticas de la España republicana a costa de la restauración monárquica, una tipología política situada en las antípodas del espíritu de aquella jubilosa revuelta popular transfronteriza.

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(“Lo importante no es la verdad, sino lo que se cuenta

como verdad que, por regla general, es mentira).

(Ana Rosa Quintana)

“Estocada al procés”, “Al final de la escapada”, estos y otros semejantes han sido los titulares y editoriales de la prensa sobre el “desafío catalán” al día siguiente de que esos mismos diarios rindieran portadas y reportajes especiales al cincuenta cumpleaños de Felipe VI y la imposición del Toisón de Oro a su hija Leonor. Un besamanos real que causaría bochorno a cualquier persona con un mínimo de pudor y sentido del ridículo. Porque una de las claves del panorama informativo español consiste en ningunear lo importante y trascender lo anecdótico.

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“El gobierno transmitió a miembros del Constitucional su preocupación

por el daño que sufriría el Estado con la investidura del ex presidente fugado”

(Portada del diario El País 29-1-2018)

A muchas personas las idas y venidas del procés les dejarían frías, como si de un asunto doméstico se tratara, sino fuera porque a su conjuro el gobierno del Estado, el duopolio dinástico hegemónico, los poderes fácticos y la Marca España no estuvieran conculcando derechos fundamentales que a todos afectan.

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