Una magistrada de la Audiencia Nacional (AN), Carmen Lamelas, ha cometido la proeza de meter en la cárcel madrileña de Soto del Real a dos ciudadanos activistas de la sociedad civil. Con un auto revelador de la larga sombra que proyecta sobre esa jurisdicción su predecesora en el tiempo: el Tribunal de Orden Público (TOP) franquista.
Porque el delito de sedición que Lamelas tipifica, aplicado a dos paisanos que ejercen su derecho a la protesta contra actos de despotismo estatal, supone una clara recepción de la legislación penal de la dictadura en la democracia. La justicia que agrada al príncipe, ejecutada por una operadora jurídica fogueada en el equipo del ex ministro socialista Francisco Caamaño en la etapa de Rodríguez Zapatero.
