Aprobará el 13 de enero un decreto con un protocolo de actuación para resolver las reclamaciones de los consumidores. Será voluntario para las entidades financieras y no pagarán ni costas ni intereses si se someten a él.
El borrador de decreto ley que maneja el Ministerio de Economía prevé un protocolo de actuación para resolver las reclamaciones de los consumidores. Será voluntario para las entidades financieras y no pagarán ni costas ni intereses si se someten a él.
El Gobierno tiene previsto aprobar este borrador en forma de decreto ley el próximo Consejo de Ministros, que se celebraría el 13 de enero. El primer borrador fue tumbado por el PSOE, ya que preveía un código de buenas prácticas para la banca que se sumaría de manera voluntaria.
El pasado viernes se realizaron diversas concentraciones de los trabajadores de Movistar en contra de la precariedad laboral. César Alierta irrumpió en la de Zaragoza exigiendo a los trabajadores que se marcharan de la sede de Telefónica aludiendo que no eran trabajadores de plantilla, justo por lo que ellos vienen peleando.
Convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del sistema público de pensiones, en varias ciudades del estado se han celebrado manifestaciones y concentraciones en denuncia del recorte de las pensiones. En un día donde el gobierno ha rechazado subir las pensiones en el 2017 en más del 0,25%, lo que mermará el poder adquisitivo de los jubilados en este año el 0,45% y si la inflación sigue al alza en el entorno al 2%, “en los próximos diez años se perderá un poder adquisitivo que ronda del 14% al 28%”.
Defender el “Sistema Público de Pensiones” es incompatible con una práctica sindical que abandera y presenta como un logro la extensión y promoción de “fondos de pensión privados” tanto de empresa como individuales. Si en el sector privado este proceder sindical de los sindicatos mayoritarios, es muy discutible, en el sector público es directamente inaceptable.
Porque no solo están afectados las personas pensionistas sino que el recorte de las pensiones amenaza a las futuras generaciones de pensionistas.
La privatización de las pensiones se ha convertido en uno de los objetivos más importantes de la política neoliberal de las instituciones internacionales (Banco Mundial, FMI, OCDE) y ha sido ampliamente asumida por los gobiernos de la mayoría de los países ricos, independientemente de su color político.