Somos plenamente conscientes de que la nueva realidad hace impensable iniciar el próximo curso escolar sin cambios normativos de calado, que afectan a temas tan importantes como: las ratios de alumnado por aula, las infraestructuras y espacios de los centros escolares, la seguridad e higiene, la dotación personal y material de los servicios de limpieza, la gestión del transporte escolar y de los servicios complementarios (aulas matinales, comedor, actividades extraescolares…).
Todos estos retos pueden afrontarse de dos formas diferentes:
Centrando el foco en garantizar el derecho a una Educación Pública segura, de calidad y en condiciones de igualdad.
Centrando el foco en salir del paso al menor coste económico posible.
La primera alternativa va asociada a la necesidad de aumentar la inversión pública para garantizar la Educación de todo el alumnado en condiciones seguras, porque es un derecho que solo se garantiza presencialmente. La teleenseñanza generalizada, lo estamos comprobando fehacientemente, es un torpedo a la línea de flotación del derecho a la Educación, ante la constatación de la desigualdad de oportunidades que supone la brecha digital y social presente en nuestra sociedad, que más que brecha deviene sima en algunos casos. Por no hablar de la complicada conciliación familiar y laboral que supondría universalizar la enseñanza online como alternativa para evitar la saturación de los centros educativos.
La adaptación de la Educación a las nuevas necesidades de seguridad e higiene de los centros escolares pasa forzosamente por repensar los espacios y acometer las inversiones necesarias para ampliarlos y descongestionarlos. Al tiempo, sería necesaria una ampliación de las plantillas docentes para atender al alumnado en grupos menores. Un gasto para algunos, o una inversión de futuro, que no solo garantizaría mejores condiciones de seguridad, sino también una mejor atención a la diversidad en las aulas y una mejora de la calidad educativa.
Que la inversión habría de ser importante es innegable, pero seguramente tendría un menor coste para las arcas públicas que los rescates financieros a entidades privadas que hemos presenciado en este país, y que con toda seguridad volveremos a ver. Sería además una “inversión” de futuro y de fortalecimiento del servicio público, que a medio plazo, lo estamos comprobando, ahorra gastos imprevistos ante posibles contingencias como la que estamos viviendo.
En definitiva, CGT apuesta por garantizar una Educación presencial en condiciones de seguridad para todo el alumnado, que no está en contra de una mejora de los medios técnicos públicos para integrar las TIC como parte de los procesos de aprendizaje de todo el alumnado, atendiendo también a la igualdad de oportunidades que supone compensar al alumnado que carece de los medios para utilizarlas en sus hogares.
La segunda opción para afrontar el próximo curso es la que nos preocupa.
Que se intente salir del paso y, de paso, se encuentre la manera de aplicar recortes que supongan una pérdida de empleo docente. Que se apueste por una Educación a distancia universalizada que, en el fondo, suponga el distanciamiento de la Educación para una buena parte del alumnado cuyo problema esencial no es solo el de la brecha digital, sino el de la brecha social que supone vivir en hogares en los que no se dispone de la adecuada atención educativa por parte de las familias.
La escuela presencial es la única garantía de igualdad de oportunidades para todo el alumnado, la única que integra y socializa a todas las personas y permite compensar y atender a la diversidad. Por lo tanto, cualquier planificación para el próximo curso debe partir de la premisa de garantizar que todo el alumnado pueda desarrollar su derecho a la Educación de manera presencial durante todo el horario lectivo en un centro escolar.
Ante las declaraciones de la Ministra de Educación: “Si no hay un remedio, los centros tendrán que estar a la mitad de su capacidad. Esto obliga a que una parte de alumnos estén trabajando presencialmente y otra parte, telemáticamente”.
La propuesta de CGT es que encuentren el remedio -y los fondos- para garantizar que todo el alumnado pueda acceder a una Educación presencial en los centros educativos en condiciones de seguridad. Máxime cuando, como reconoce la propia Ministra de Educación: la “pérdida de la escuela presencial aumenta la desigualdad”.