PNV y EH Bildu están manteniendo reuniones para un pacto educativo en 2022, que se concretaría mediante la apertura de una ponencia en el Parlamento, cuyo resultado se traduciría en ley en 2023 que sustituiría a la Ley de la Escuela Pública Vasca que acordaron PNV, PSE y EE en 1993 y que supuso la entrada en la red pública de decenas de ikastolas económicamente quebradas.
EH Bildu se alía con el PNV para blindar la red educativa concertada más grande del Estado y la segunda de Europa, proponiendo financiar al 100% la red concertada sin cambiar la titularidad de los centros, que podrían seguir siendo privados. El objetivo de esta medida es según EH Bildu el acabar radicalmente con el sistema de cobros de la escuela concertada, cuando los cobros ya están prohibidos por decreto.
Tanto EH Bildu como PNV quieren revestir su propuesta educativa de participativa y comunitaria, dotando de más competencias al municipio, es decir, descentralizando el sistema, desregularizando todavía más esa gestión y dejándola en manos de los municipios, cuyos colores políticos y recursos económicos son muy diversos. Eso incrementaría las diferencias entre todos los centros que competirían generando ya no sólo un sistema dual, sino un sistema totalmente jerarquizado y basado en la excelencia.
La CAV es la comunidad autónoma con más enseñanza privada subvencionada de todo el Estado (48,1%) y también es la que tiene menos enseñanza privada no subvencionada (0,8%). Mientras los países europeos mayoritariamente hacen una apuesta clara por la escuela pública, situándose esta por encima del 85% en la primaria y por encima del 70% en la secundaria. El sistema educativo vasco es una anomalía en el contexto europeo.
La red pública está infradotada, tiene privatizados los servicios de transporte, comedor, limpieza y extraescolares, y la eventualidad afecta al 30% del profesorado. La salida de la pandemia no ha supuesto un refuerzo de las plantillas ni una mejora del modelo. El sistema vasco es, después de Madrid, uno de los más segregadores por origen y clase social, las niñas y niños de familias pobres solo se relaciones con otras familias pobres, y algunos centros escolares son auténticos guetos, mientras el resto se refugia en centros concertados que dan la espalda a las familias empobrecidas.
Los centros concertados, religiosos o ikastolas, deberían asumir las mismas ratios que la enseñanza pública respecto a familias inmigrantes, con necesidades especiales, de minorías étnicas, con rentas bajas o, directamente, en la exclusión social. Y que se lo hagan mirar, porque las comunidades educativas poco diversas, en una sociedad cada vez mas mestiza, son el caldo de cultivo perfecto para la aporafobia, el clasismo, la xenofobia y el racismo. Además la escuela pública es la que hace un mayor esfuerzo de escolarización de las niñas y niños con discapacidad.
Por su parte, las patronales de la red privada llevan años presionando para aumentar su financiación y redefinir el concepto de lo público. Quieren la financiación de la pública manteniendo los privilegios de ser privados: titularidad privada, autonomía para elegir al personal y para inculcar su visión del mundo como la religión y la segregación por sexo.
Desde los colectivos y sindicatos que luchamos por la escuela pública vasca apostamos por una sociedad cohesionada, escolarizando a todas las personas, en todos los lugares, independientemente de su procedencia y creencias. Y exigimos a los poderes públicos que se impliquen en el objetivo de conseguir una escuela equitativa e inclusiva.
