Fuente: https://www.elsaltodiario.com/pais-vasco/eh-bildu-alia-con-pnv-para-blindar-red-educativa-concertada-vasca
La propuesta política de EH Bildu sobre educación pretende blindar la red concertada, financiándola al 100% sin cambiar la titularidad de los centros, que podrían seguir siendo privados. El objetivo de esta medida es “acabar radicalmente con el sistema de cobros”, asegura el secretario de Educación del partido soberanista, Ikoitz Arrese. Los cobros ya están prohibidos por decreto, recuerdan la portavoz del sindicato educativo Steilas, Nagore Iturrioz, y la coordinadora de la federación de Ampas de la escuela pública (Ehige), Lurdes Imaz.
El País Vasco es la comunidad autónoma que transfiere el porcentaje más alto del presupuesto destinado a educación a la red concertada: un 25,3%, casi seis puntos más que la Comunidad de Madrid (19,5%), que ocupa el segundo puesto del índice del Sistema estatal de indicadores de la educación 2021.
“Tenemos conversaciones con el PNV y van encaminadas en buena dirección”, afirma Ikoitz Arrese, parlamentario de EH Bildu
En el País Vasco hay un melón abierto y cierta prisa por cortar las tajadas. El enfoque que ha saltado a la esfera pública —la propuesta de EH Bildu Hacia un Sistema Público Soberano, la cual ha ocasionado tiranteces en el interior de la coalición— se centra en el euskera y la financiación, y evita abordar en profundidad el problema que subyace en un sistema educativo dual que es una anomalía en Europa, solo superada por Bélgica, donde el 54% del alumnado estudia en la concertada, frente al 49% del País Vasco: la segregación educativa por motivos socioeconómicos.
PNV y EH Bildu están manteniendo reuniones para aupar un pacto educativo en 2022, que se concretaría mediante la apertura de una ponencia en el Parlamento, cuyo resultado se traduciría en ley en 2023. Sus respectivos 31 y 21 escaños les otorgarían una holgadísima mayoría absoluta (PSE tiene diez parlamentarios, Elkarrekin Podemos seis, PP y Ciudadanos otros seis y Vox, uno). “Es verdad que tenemos conversaciones con el PNV y que van encaminadas en buena dirección, porque creemos que podemos coincidir en algunos puntos, como en el de aumentar la participación de los ayuntamientos en el sistema educativo”, indica Arrese. El actual consejero de Educación, Jokin Bildarratz, fue alcalde de Tolosa y presidente de Eudel, la asociación de municipios vascos.
“Si la familia que tiene el euskera no quiere estudiar con la que no lo tiene, el euskera se quedará en una lengua de burgueses, y eso nos hace daño a todo el mundo”, Nagore Iturrioz, portavoz del sindicato educativo Steilas
La tragedia o la burguesía del euskera
Por una parte, la propuesta de EH Bildu emana de la defensa del idioma. “El euskera está viviendo una tragedia”, afirma Ikoitz Arrese, por lo que considera que los actuales modelos lingüísticos están obsoletos y propone un modelo de inmersión lingüística, así como la creación de un Instituto para la adquisición del euskera y la transmisión de la cultura vasca, que permitiría detectar necesidades en los centros educativos y asistirlas.
Actualmente, la educación vasca se divide en tres modelos en función de la cantidad de idioma en el que se imparten las materias. En el modelo A todas las asignaturas en castellano y se matricularon el 14% de los escolares del curso 2020-21, en el B —mitad euskera, mitad castellano— se inscribieron el 17%, mientras que el 67% del alumnado estudió íntegramente en euskera en el modelo D, según el último Anuario Estadístico del Eustat.
La opción de la inmersión lingüística se asemeja al modelo catalán, pero no hace frente a una realidad amplia entre las familias euskaldunes acomodadas —las que pueden pagar las cuotas de los centros concertados— que Nagore Iturrioz explica: “Si no hay gente que hable euskera en las escuelas públicas, los alumnos vivirán como una imposición aprender el idioma. Tiene que haber una mezcla de alumnado para que aprendamos entre todas. Y si la familia que tiene el euskera no quiere estudiar con la que no lo tiene, el euskera se quedará en una lengua de burgueses, y eso nos hace daño a todo el mundo. Esto es segregación. De eso hablamos cuando recordamos que hay un 49% de familias que no quieren mezclarse con el otro 51%, y no hay que pensar solamente en gente migrada, sino también en aporofobia”. Añade que “se culpabiliza a la escuela pública de la no implantación del euskera como lengua vehicular, pero en los últimos veinte años ha sido la pública quien más ha euskaldunizado al alumnado”.
“La escuela pública es la que atiende a la diversidad: al alumno becado, al alumno extranjero y al alumno con necesidades educativas específicas. La escuela pública es la que tiene un compromiso social”, expone Lurdes Imaz (Ehige)
Cuatro de cada diez niños y adolescentes estudian en un centro de concentración de alumno vulnerable (en el Estado, 3 de cada 10) y los centros que presentan unos niveles de concentración muy altos son en el 89% de los casos de titularidad pública, según el estudio Mézclate conmigo realizado por Save the Children publicado en 2019 y realizado con datos de 2018.
“La escuela pública es la que atiende a la diversidad: al alumno becado, al alumno extranjero y al alumno con necesidades educativas específicas. La escuela pública es la que tiene un compromiso social y la que atiende a toda la sociedad. Hay que analizar la realidad y auditar qué se financia con dinero público para comprobar si los centros concertados cumplen los requisitos a los que están sujetos. La futura ley debería tener en cuenta cómo funciona el sistema educativo actual y marcarse como objetivo que la escuela pública vertebre el sistema educativo, como en Europa”, expone Lurdes Imaz.
“El decreto de admisión aprobado en Catalunya reparte desde el sistema a alumnos pobres y con necesidades educativas, mientras los otros siguen teniendo a derecho de elección de centro; nos parece atroz”, Lidón Gasull (directora de aFFaC)
El decreto de admisión catalán
Según la propuesta de EH Bildu, la descentralización del sistema de matriculaciones pasaría a ser responsabilidad de los ayuntamientos y ayudaría a que las inscripciones fomenten la mezcla del alumnado. Si fuera necesario, mediante imposición por cupos o el mecanismo que fuere diseñado para tal objetivo. Ikoitz Arrese indica que se han inspirado en la normativa catalana conocida como el decreto de admisión, aprobado el 16 de febrero de este año.
La directora de aFFaC, la federación catalana que congrega a 2.360 asociaciones de familias de la red pública, Lidón Gasull, afirma a El Salto que está “totalmente en contra del decreto de admisión, ya que blinda a la concertada y le hace trampas a la pública”. “Este curso hemos empezado a ver las nefastas consecuencias de su aplicación, que no soluciona los verdaderos problemas de la segregación, sino que se basa en repartir desde el sistema a los alumnos pobres o a los que tienen alguna necesidad educativa en varios centros. Una educación equilibrada no es repartir ni desarraigar, abocando al abandono escolar, mientras los otros siguen teniendo su derecho a elección de centro. Desde un punto de vista de igualdad y no discriminación, el decreto nos parece atroz. Este decreto arreglará números a corto plazo, pero no soluciona el problema”, advierte Gasull.
“Lo que en realidad está encima de la mesa hoy es decidir qué centros cerrar mañana o si blindar la financiación de la concertada y evitar esas clausuras para capear el descenso de natalidad”, alerta Nagore Iturrioz
La vocación de las ikastolas
La propuesta educativa de EH Bildu coincide con los intereses de Ikastolen Elkartea (Asociación de Ikastolas). Su presidente, Koldo Tellitu, indica que “nuestra vocación siempre ha sido que no haya cuotas y, con la financiación al 100%, estas se eliminarían”. Para la euskaldunización es consciente de que el rol de la escuela es limitado a medida que los niños “crecen”, por lo que sería necesario “coordinarse con la cultura vasca e incentivar el uso del euskera en internet”, sobre todo en los referentes de los adolescentes —youtubers, instagramers, etc.—, así como prestar especial atención al doblaje de series y películas, que ha caído en picado.
Ikastolen Elkartea aglutina a 65 ikastolas de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, el 17% del alumnado. La asociación de escuelas cristianas, Kristau Eskola, la componen 128 centros, que imparten enseñanza al 30% del estudiantado. Kristau Eskola no ha respondido a la petición de El Salto.
Social e históricamente, familias euskaldunes y soberanistas han optado por matricular a sus hijos a las ikastolas, mientras que familias próximas al PNV han encontrado acomodo en las religiosas concertadas.
En agosto cerró un centro concertado en Bilbao: Hijas de la Cruz, en el barrio de Solokoetxe, tras 162 años de actividad. “Lo que en realidad está encima de la mesa hoy es decidir qué centros cerrar mañana o si blindar la financiación de la concertada para capear esas clausuras, ya que en abril de 2022 se cierran los conciertos para los próximos seis años”, alerta Nagore Iturrioz, quien recuerda que las previsiones demográficas —las cuales no tienen en cuenta los movimientos migratorios, alerta— para los próximos diez años es una bajada de la natalidad del 20%.
“No creemos que la publificación de las escuelas concertadas sea la mejor forma para desatascar el nudo histórico que tenemos porque, básicamente, son la mitad del sistema y no están dispuestas”, afirma Ikoitz Arrese (EH Bildu)
Déjà vu
El nacimiento de las ikastolas data de principios del siglo XX. Durante el franquismo y la prohibición de las lenguas, la dictadura reprimió las ikastolas, que encontraron un resquicio en las órdenes religiosas que les ofrecieron cobertura legal, hasta su regulación en 1980. En 1993 se llevó a cabo un proceso de publificación, al que se acogieron el 56% de las ikastolas de entonces (60).
2021 y la futura ley educativa vasca tendrían cierto aire de déjà vu si incluyeran esta opción, pero lo que está encima de la mesa es un enrevesado conglomerado de palabras: EH Bildu propone un “ecosistema educativo locales soberanos”, inscritos en la red pública, que podrían mantener la titularidad privada dado que se considerarían comunitarios —porque ofrecen un servicio público y están administrados por los ayuntamientos—. “No creemos que la publificación de las escuelas concertadas sea la mejor forma para desatascar el nudo histórico que tenemos porque, básicamente, son la mitad del sistema y no están dispuestas”, resume Ikoitz Arrese.
Tiranteces internas en EH Bildu
El documento permitiría a ambos partidos estar satisfechos, si se asume que los tres partidos que conforman la coalición EH Bildu , así como las personas adscritas de forma independiente, son partidarios de la educación concertada. No obstante, las declaraciones que realizó María del Río, de la Coordinadora de Alternatiba, en las que alertaba de que “nuestra apuesta es la de una escuela pública vasca no supeditada a intereses privados, con recursos suficientes y que no permita segregación ni discriminación de ningún tipo”, un punto de vista que choca frontalmente con la propuesta firmada por EH Bildu, que ha nacido del entorno de Sortu.
Hace tiempo que existe, sobre todo en las grandes ciudades, una conciencia de clase y también euskaldun que va más allá de la antigua visión abertzale de ikastola e Ibillaldia. En ciudades como Bilbao, apuntar a un hijo a la escuela pública es una decisión cargada de intenciones políticas cuando muchas de las familias matriculadas no tienen nada que ver con tu lengua, tu cultura, tu formación académica, tu trabajo, tu salario y tu red familiar y afectiva. Una decisión ajustada a un contexto social que poco tiene que ver con el de hace 30 años.
Elkarrekin Podemos y Save the Children
Desde Elkarrekin Podemos, la parlamentaria Isa González rechaza con énfasis la propuesta de EH Bildu: “Si nos llaman para perpetuar el sistema que tenemos, no nos encontrarán en el acuerdo. El actual sistema es segrador y genera inequidad. La segregación escolar es una realidad que forma parte del oasis vasco. Un fenómeno que, sin duda alguna, influye en la calidad educativa del alumnado, que, en el caso de algunos centros, es marginalidad”.
La responsable de incidencia política en Euskadi de Save the Children, Sara Polo, considera que la redacción de la futura ley educativa vasca debería ser una oportunidad para perseguir la “equidad educativa” y huir de un sistema que “permite la segregación o guetización”. Para ello se requeriría ampliar los programas y dotar de recursos a los centros de alta complejidad, asegurar la financiación suficientes, perseguir el cobro de cuotas, una matriculación centralizada, estableciendo mínimos y máximos por centro, y eliminar la reserva de plaza.
El Departamento de Educación y el Partido Socialista de Euskadi han optado por no responder a las preguntas de El Salto para completar este reportaje.
Ninguna escuela pública tiene piscina
Solo el 3% de la red concertada está compuesta por centros enteramente privados: las escuelas internacionales (alemana, francesa y americana). Hasta los seis centros del Opus Dei que segregan por sexos recibieron 11,5 millones de financiación pública durante el curso 2019-20. Todos estos centros se consideran las escuelas de la élite por sus elevadas cuotas, pero las instalaciones de muchas ikastolas y centros religiosos de la concertada no tienen nada que envidiar. La escuela pública sí puede sentir envidia. Ninguna tiene piscina, por ejemplo, o sencillamente lo que en las webs de estos centros aparece publicitado como “instalaciones deportivas”. Las instalaciones, o disponer de un patio amplio para jugar, es uno de los cuatro factores que más valoran las familias sin penurias económicas a la hora de decidir en qué centro matriculan a sus hijos, junto con la proximidad o facilidad para llegar a la escuela (transporte escolar), la metodología y qué tipo de familias acuden a la escuela.
Sobre la metodología, la propuesta de EH Bildu aboga por una “revolución pedagógica”, sin aclarar qué implica: una bajada de ratios —la demanda más extendida entre el profesorado—, adoptar pedagogías alternativas o abrazar la educación emocional que en Catalunya y Madrid promueven entidades filantrocapitalistas.
EH Bildu defiende en el punto número 8 de los 13 derechos del sistema educativo vasco la laicidad del mismo, un punto que para conseguir llegar a un acuerdo con el PNV deberá decaer o ampliarse el matiz que les permitiría “ser trabajadas de manera integral y científica”.
“Sé que podemos dar una imagen de que no somos tajantes con la segregación”, añade Ikoitz Arrese, “pero EH Bildu es el partido político que más iniciativas ha llevado a cabo contra ellas en los municipios, llevando un gran trabajo en Gasteiz y cogiendo como base ese documento elaborado con todos las formaciones”, asegura. También considera que las palabras del lehendakari Iñigo Urkullu en las que planteó un adelanto de la propuesta de ley a 2022 fueron “una irresponsabilidad, ya que causó un estrés colectivo entre las formaciones y los agentes de la comunidad educativa”.
La última ley educativa data de 1993 y hace referencia solamente a la red pública. Dicha red nunca ha solicitado una modificación de la norma, a diferencia de la concertada, que ha planteado en diversas ocasiones consolidar su red. En las tres legislaturas anteriores se habló sacar adelante una nueva ley educativa, pero no ha sido hasta ahora que el ímpetu ha cristalizado. O, como mínimo, ha estresado.