52 días de huelga y movilización contra los despidos en Tubacex

El pasado 11 de febrero los trabajadores de las plantas de Llodio y Amurrio, comenzaron una huelga tras anunciar la empresa el Expediente de Regulación de Empleo de 129 trabajadores y un ERTE del 60% de la jornada laboral de 521 trabajadores hasta septiembre.

Durante estos días de huelga han montado piquetes pacíficos, para evitar la entrada de esquiroles, fuertemente protegidos por un despliegue de antidisturbios de la Ertzaintza, donde a veces han realizado cargas brutales.

Desde entonces han llevado a cabo movilizaciones para extender la lucha en toda la comarca y unificarla con otros conflictos. Así, el 5 de marzo se realizó un paro de 2 horas en la comarca de Ayala, el 13 de Marzo en Barakaldo realizaron una manifestación junto con los trabajadores de PCB-ITP, y el 22 de marzo con el apoyo de 17 comités de empresa, que llenó una vez más las calles de Llodio.

El pasado martes 30 de marzo los trabajadores realizaron un corte en las vías de tranvía y del tráfico rodado en el centro de Vitoria para terminar manifestándose frente al Parlamento vasco. La Ertzaintza respondió con represión, como ha hecho en otras ocasiones contra acciones de la plantilla, disolviendo la protesta.

El miércoles 31 las acciones continuaron frente a la planta de Llodio, representando irónicamente el “vía crucis del Cristo de los Tuberos”. Estas jornadas vienen precedidas de otras anteriores que se han dado, con personas detenidas e identificadas por presuntos enfrentamientos contra la Ertzaintza durante una concentración en Llodio.

El 18 de marzo la empresa le comunicó al comité de empresa que el ERE definitivo afectaría 129 empleos en las plantas de Llodio y Amurrio, con 95 despidos directos, 12 prejubilaciones y 22 bajas incentivadas.  La empresa asegura en el comunicado del ERE final que “ha tratado de reducir el número de despidos presentando medidas alternativas tales como prejubilaciones, bajas incentivadas o un plan de recolocaciones mejorado”, que ha ofrecido a la representación sindical la posibilidad de “realizar ajustes en las condiciones laborales como alternativa para minimizar los despidos”, pero que al final despide directamente a 95 trabajadores “en aras de mantener el mayor empleo posible”.

Las secciones sindicales de la empresa han planteado la retirada del ERE y que se negocie un ERTE. Presentaron una segunda propuesta que pasa por prejubilaciones y bajas voluntarias indemnizadas con 60 días por año trabajado. La empresa se ha negado sistemáticamente, manteniendo en todo momento los despidos forzosos y criminalizando la lucha de los trabajadores. Además el 27 de marzo la empresa propuso un ERTE adicional con un 60% de reducción de la jornada laboral que afectará a 521 trabajadores desde abril hasta septiembre.

La empresa ha señalado que esto se debe a la “larga crisis del sector del petróleo y gas, así como el proceso de descarbonización e impulso de las energías limpias” y que no ha sido posible llegar a un acuerdo con los sindicatos para “minimizar los despidos”. Una vez más la misma patronal que se ha hecho de oro en base a la degradación ambiental, ahora quiere cargar sobre las espaldas de las y los trabajadores el coste de una reconversión.

Desde los sindicatos se asegura  que seguirán luchando, con dignidad, solidaridad e ilusión, aunque les manden a la policía, les amenacen, les discriminen e intenten romper la unión.