Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Después de la manifestación de este pasado sábado, que de un día para otro sacaba a las calles del centro de Barcelona a más de 4.000 personas, ayer más de 40 colectivos de vivienda de toda Catalunya (PAHs, sindicatos y colectivos de diferentes barrios, sindicat de llogateres, etc) han realizado una rueda de prensa para exigir la suspensión inmediata de todos los desahucios, así como la suspensión en el pago de alquileres e hipotecas.
Por la Coordinadora Estatal Por La Defensa Del Sistema Público De Pensiones (COESPE) . Intervención de la economista Nekane Jurado sobre el pacto de Toledo.
Nekane Jurado, economista de la plataforma por los derechos sociales Elkartzen e investigadora de género en la aportación oculta de la mujer en la economía, lleva trabajando más de veinte años como economista en el departamento de Economía del Gobierno Vasco; es cofundadora de la revista Ezpala, autora de numerosos artículos y de diferentes obras colectivas, ha publicado Política Social de Vivienda en HEH, el Estado español y la UE con la Fundación Ipar Hegoa (2004).
Ha pasado prácticamente desapercibida fuera de los medios valencianos, pero la sentencia 3138/2020 del Tribunal Supremo no tiene una afectación exclusiva en esta autonomía. Ni mucho menos. En su fallo, que genera jurisprudencia en toda España, el alto tribunal desestima dos recursos de la Generalitat a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) del 2018 que obliga a mantener el concierto a las unidades de bachillerato de dos colegios privados –el muy elitista El Pilar, de València, y La Salle, de Paterna-, a pesar de no ser estos tramos de educación obligatoria.
El Equipo de gobierno del Ayto de Pamplona quiere hacer desaparecer de un plumazo años y años de trabajo comunitario con la infancia, la adolescencia y las familias en 8 barrios de Pamplona, proponiendo un cambio de modelo llamado Coworkids que no respeta los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, retirando para ello las subvenciones a los equipos comunitarios que llevan haciendo este trabajo desde hace más de una veintena de años. Un trabajo nacido desde abajo, desde la calle y los barrios, desde el contacto con las personas y las redes vecinales. Todo esto para que sea efectivo a 1 de enero de 2021.
Las EPSV de empleo son entidades que solo existen en el País Vasco. En su día fueron impulsadas por el Ejecutivo autonómico, al que corresponde su supervisión y control, como complemento para la pensión pública del trabajador. En la actualidad existen cuatro que engloban a más de 450.000 trabajadores: la citada Geroa, creada por la patronal guipuzcoana Adegi y los sindicatos LAB, ELA, UGT y CCOO, que la gobiernan de forma paritaria, Lagun Aro, Hazia Elkarkidetza, e Itzarri.
Convocada por la Asamblea de Parad@s, Centro asesor de la mujer ARGITAN, Berriotxoak, ELA, LAB, STEILAS, ESK, CGT-LKN y CNT, en el 8º aniversario del suicidio de Amaia Egaña, la primera víctima mortal por los desahucios en Euskal Herria. A día de hoy. los recortes han agravado aún más la situación socio-sanitaria en la que nos encontramos. La precariedad, la pobreza y los desahucios siguen estando vigentes:
La Comisión Europea insta a España a actualizar la legislación nacional e incluir en ella la directiva contra la elusión fiscal relativa a las asimetrías híbridas para impedir que las grandes empresas exploten las diferencias existentes en la legislación tributaria de los países de la Unión Europea (UE) para evadir impuestos. Bruselas recuerda a
NUESTRAS VIDAS IMPORTAN MAS QUE SUS BENEFICIOS
NO PAGAMOS ESTA CRISIS, UNA SALIDA CON JUSTICIA SOCIAL, ECOLÓGICA Y LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS
Hace meses que, cientos de Organizaciones, Colectivos y Plataformas, venimos trabajando en la construcción de una respuesta de la Clase Trabajadora y de la mayoría social, ante el rumbo que están tomando los acontecimientos con motivo de la pandemia por el coronavirus y de la crisis económica y social consecuente.
Los grandes morosos de Euskadi deben a las tres Haciendas forales 879 millones de euros. Así lo acreditan los listados publicados este viernes por las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que apuntan a que son 252 las empresas vascas que adeudan al fisco más de un millón de euros. Los casi 879 millones son prácticamente equivalentes al presupuesto con el que cuenta Lanbide en este 2020. Si todos los grandes morosos abonasen las cantidades que deben, se sufragarían los costes derivados del pago de las RGI y las ayudas a parados.
Para mi generación, la que dilapidó los mejores años de sus vidas tratando de burlar la bostezante mediocridad del franquismo, la llegada de Salvador Allende al Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, el 3 de noviembre de 1970, supuso una válvula de escape hacia la perspectiva de un futuro
Por la Coordinadora Estatal Por La Defensa Del Sistema Público De Pensiones (COESPE)
Miren Etxezarreta es Catedrática emérita en economía aplicada de la universidad autónoma de Barcelona, doctora en economía por la London school of economics y participa en el seminario de economía crítica Taifa.
Manifestación convocada por el Movimiento de Pensionistas y Asociaciones de familiares de residencias de mayores, con el apoyo de otros colectivos sociales y sindicales, que en Bilbao a reunido a unas 2.000 personas, por la profunda preocupación por la situación que viven tanto las personas mayores más frágiles, muchas de ellas usuarias de residencias, de centros de día y de servicios de ayuda a domicilio, como sus familiares.
Durante los momentos más duros de la pandemia, la patronal privada desapareció del panorama. Realizó ERTEs e incluso llegó a cerrar muchos de sus centros sanitarios. Pero al olor de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, ha resucitado milagrosamente y ahora la sanidad privada aparece como la salvadora y la sustituta perfecta de todas las debilidades del sistema público.
CGT expresa el apoyo y la solidaridad con el pueblo polaco que durante estos días se moviliza masivamente en respuesta a la supresión del derecho al aborto en el país
Las mujeres son las dueñas de sus cuerpos y por lo tanto tienen la libertad de elegir y decidir sobre ellos. Es por esto que desde la CGT se suman a la exigencia de un aborto libre, seguro y gratuito en los servicios públicos para todas las mujeres, incluidas las menores de edad.
La huelga ha paralizado los centros de salud de todo Araba. Un total de 10 áreas de atención al paciente de centros de primaria de la capital alavesa han amanecido cerradas ya que todas las trabajadoras han secundado la huelga. En el resto de niveles asistenciales el seguimiento ha sido también amplio, máxime teniendo en cuenta que los servicios mínimos abusivos impuestos han impedido que muchas trabajadoras y trabajadores hayan podido secundar la huelga siendo que, muchos servicios han tenido que trabajar al 100% y otros muchos al 50%.
La decisión de paralizar el almacén Castor –situado a 22 kilómetros de la costa, entre Alcanar y Vinaròs, el primer pueblo del País Valencià– se adoptó en 2014, después de los seísmos registrados en la zona en setiembre de 2013.
En 2017, el Gobierno, entonces del PP, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos tras recibir un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard. El proyecto, con numerosas irregularidades, tuvo una fuerte contestación social.
1.- Nos parece positivo que se plantee un incremento notable de los presupuestos del Ministerio de Sanidad, un 39,9% si se excluyen los fondos provenientes de la UE, un 946,8% si se tienen en cuenta estos fondos.
2.- En todo caso el aumento no parece suficiente porque se trata de 67 € /habitante y año, muy lejos de los 1000 € que estimamos son precisos para recuperar una Sanidad Pública de calidad y para afrontar con suficiencia los retos que plantea la pandemia de covid19.
La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak ha realizado una marcha desde el Departamento de Acción Social hasta el Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar la actuación del equipo de gobierno local, consistente en suspender fraudulentamente el plazo de solicitudes para las AES durante al menos cuatro meses desde el próximo miércoles 4 de noviembre, o lo que es lo mismo: un tercio del año.
Cuando la realidad es que de nuevo pierde lo público y gana lo privado y se ha condenado a la miseria al sistema público de pensiones apalancando tanto la edad de jubilación a los 67 años o más, penalizando, aún más, las jubilaciones anticipadas, aumentando el número de años cotizado para calcular la pensión (15 antes de la reforma del 2011, 23 hoy, 25 en el año 2022), no se eliminan los topes a las cotizaciones de las rentas más altas para que coticen en función de lo que ganan y se potencian los planes privados de pensiones, eso sí negociados por empresarios y los sindicatos CC.OO y UGT, sin por supuesto derogar las Leyes de 2013 y ni mucho menos la ley del 2011, En consecuencia “la banca y la clase empresarial y el capital, vuelven a ganar”.
Según señalan los sindicatos convocantes en un comunicado, estas graves carencias, sin duda, se han visto agravadas por la actual crisis sanitaria y Osakidetza no ha puesto en marcha los necesarios refuerzos para hacer frente a una presión sanitaria en aumento. La Atención Primaria está absolutamente desbordada y en los hospitales, una plantilla exhausta tras tener que hacer frente a la primera ola en una situación muy precaria, ve como la presión va aumentando sin tener a su disposición más medios de los habituales, medios que ya, en el día a día, hacen que exista una sobrecarga sistemática de trabajo.
Las colas del hambre van creciendo y suman cada vez más kilómetros. La situación es «insostenible y va haber un gran estallido social. En tres meses empezarán los robos y saqueos», declara Conrado Giménez, presidente de la Fundación Madrina en Madrid, una ONG que ayuda a madres e hijos en situación desfavorable y que desde el inicio de la pandemia en España ha ampliado sus servicios a todo tipo de perfiles.
Celebrada en el lujoso Casino de Madrid, se produjo sólo un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamara a los españoles a reducir al máximo todos los contactos sociales y que recomendara quedarnos en casa «todo lo que sea posible». El mismo día, catorce comunidades se encontraban en riesgo alto o extremo. Ahora siguen aumentando los cierres perimetrales y toques de queda en todo el país ante los preocupantes datos de contagios y muertes que aumentan cada día.
<<Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden>> ha sido uno de los lemas recurrentes de la marea pensionista. Pero en realidad la pancarta siempre tuvo más de fachada que de realidad. En la mayor parte de las movilizaciones que las asociaciones de jubilados realizaban su objetivo preferente era el rechazo de la reforma de Mariano Rajoy, y muy de lejos, y con sordina, de la de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue la primera en aplicarse.
Ante el inminente acuerdo para reformar las pensiones tras las reuniones del Pacto de Toledo, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha dirigido con una carta a los partidos políticos para instarles a que defiendan un sistema público que garantice pensiones públicas dignas, justas y suficientes.
Cuando los beneficios empresariales son la brújula que guía las decisiones políticas, la vida de la clase trabajadora queda siempre en segundo plano. Y por eso se adoptan medidas absurdas como el toque de queda para hacer creer que se hace algo. Medidas autoritarias completamente inefectivas a la hora de parar los rebrotes, pero que servirán para empezar a controlarnos. Que no nos engañen, estas medidas no están destinadas a combatir el virus, sino a combatir las protestas y luchas que a buen seguro vendrán.
La decisión del Tribunal Supremo es un claro desafío al TJUE que puede tener como consecuencia el envío de «hombres de negro» al Consejo si no hay una rectificación inmediata como ya ocurrió con el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados…, aunque entonces a quien beneficiaba un cambio de decisión era a la banca y no al pueblo
El gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes las nuevas medidas de restricción de la movilidad que tomará desde el fin de semana. No aplicará un “toque de queda”, pero prohibirá las reuniones entre personas no convivientes entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Esta medida entrará en vigor el sábado, una vez que caiga el estado de alarma. Y a partir del lunes, volverán los cierres por “zonas de salud”, lo que se conoció como “confinamiento de clase” y que generó un fuerte rechazo en los barrios populares de Madrid.
El Supremo ha concluido este miércoles, tras analizar varios recursos de clientes, que las hipotecas ligadas al tipo de interés conocido como IRPH se comercializaron sin la suficiente transparencia, aunque descarta que se produjera abusividad. Así lo ha hecho saber en una nota de prensa previa a que se conozca el contenido de la sentencia, que será redactada durante los próximos días. Los bancos españoles se jugaban, de nuevo, una factura millonaria en los tribunales por la comercialización de hipotecas con cláusulas que no cumplían con las exigencias de transparencia de Europa, como ya ocurrió con las cláusulas suelo.
Recientemente han conocido que el Gobierno Vasco quiere destinar 2.712 millones de euros del fondo de reconstrucción de la Unión Europea al tren de alta velocidad y a la Variante Sur Ferroviaria. Esta cantidad es el 26,5% de dicho fondo para los próximos 4 años. Este fondo se nos anuncia como un Plan Marshall europeo para dar una respuesta contundente a la crisis del covid-19, centrada en las transformaciones necesarias para lograr una economía más resilente, verde, digital e inclusiva.
El despacho donostiarra Abogados Res dio a conocer la semana pasada una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº8 de Donostia – San Sebastián que declara nula por abusiva la cláusula IRPH aplicada por Kutxabank en un préstamo hipotecario. Además, la sentencia declara igualmente nulos los intereses abonados según el sustitutivo Euribor+1 previsto en el contrato.
Las asociaciones de familiares de usuarios de residencias, Babestu de Araba y Bizkaia, Gipuzkoako Senideak, Irauli Zaintza y Familares de Personas Usuarias de Residencias y Centros de Dia de Araba, así como el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, hacen una llamada de emergencia a las organizaciones sociales y sindicales a participar en las manifestaciones que van a realizar el día 31 en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria (Gasteiz, Donostia, Iruñea y Bilbao).
La Coordinadora de Investigación y Universidades de la CGT y la CNT han hecho un llamamiento al conjunto de la comunidad universitaria y de centros de investigación de todo el Estado para ir a la huelga este miércoles 21 de octubre con el objetivo de «avanzar hacia un sector científico al servicio de las necesidades de la clase trabajadora.
A esta convocatoria se han sumado una quincena de organizaciones, que también han convocado manifestaciones y concentraciones en varios puntos de España como Barcelona, Granada, Valencia o Madrid cuya manifestación tendrá lugar a las 18.00 horas en Atocha, finalizando su recorrido en Sol.
La multinacional desvía gran parte de sus beneficios a Paises Bajos, Irlanda o suiza, que los gravan a tipos muy bajos e incluso al 0% en algunos casos.
El grupo Inditex, que tiene en nómina a casi 152 000 empleados y opera más de 7000 tiendas en los cinco continentes bajo las marcas principales de Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Uterqüe, Lefties y Stradivarius, parece que no tiene suficiente con las ventas del grupo en el primer semestre, que alcanzaron los 8.033 millones de euros.
La reivindicación en Tolosa de un hospital comarcal público de gestión pública para la comarca y un ambulatorio de especialidades completamente dotado, es un claro ejemplo de la privatización de la sanidad pública, que con la actual pandemia ha presentado grandes dificultades para cubrir adecuadamente sus necesidades de personal sanitario, por el personal afectado.
Las personas migrantes no pueden solicitar el permiso de residencia y trabajo por arraigo social, a pesar de que por fin hayan conseguido cumplir con todos los requisitos. No pueden conseguir renovar sus documentos de identidad, lo que nos imposibilita poder firmar un contrato de trabajo, el alta en la seguridad social, e incluso cobrar el sueldo. No pueden viajar a visitar a sus familiares y tantos otros inconvenientes. En resumen sin citas no pueden ejercer sus derechos.
Convocadas por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) y apoyadas por los sindicatos CGT, CNT y ESK exigen la reversión de las leyes que propician la entrada de empresas privadas en el sistema sanitario público. Con la aprobación de la ley 15/97 y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, se abrió la puerta a que las empresas privadas se beneficiaran de lo público.
Según Oxfam Intermón, las consecuencias socioeconómicas de la pandemia podrían incrementar en más de 1,1 millones las personas en situación de pobreza en España si no se adoptan más medidas. Con este aumento, el número total llegaría a alcanzar los 10,9 millones de personas, pasando del 20,7% de la población antes de la COVID-19 al 23,07% tras los efectos del coronavirus. A nivel internacional la organización destaca que, por primera vez en 20 años, crecerá la pobreza extrema.
Permite, mediante los “conciertos” la parasitación del sistema público. Ideado para que los hospitales privados “complementaran” a los públicos excepcionalmente, ha sido la estratagema para dirigir el dinero público a los bolsillos privados, mientras los centros públicos mantenían infrautilizadas alta tecnología sanitaria, camas, quirófanos, etc.
Colectivos sociales, sindicatos (CCOO, UGT, LSB-USO, STEILAS, ESK y CGT-LKN), Redes del Tercer Sector Social y la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, apoyan esta manifestación, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre, así como por una política consensuada de lucha contra la pobreza y por un sistema fuerte y legitimado de protección social y de rentas mínimas que posibiliten una sociedad más igualitaria.
El PNV ha diseñado para un hipotético sistema vasco de pensiones, donde se asume un modelo de capitalización vasco (EPSV) con beneficios fiscales para sectores con capacidad de ahorro, es un modelo neoliberal que genera desigualdad y fragmentación de a la clase trabajadora con prácticas elitistas que refuerzan la lógica rentista y del capital, donde ELA que se sumó desde el principio con entusiasmo y posteriormente LAB, CC.OO. y UGT.
EH Bildu quiere presionar al PSE-EE, que dirige la cartera de Vivienda en Euskadi y con el que pactaron en 2015 la normativa vigente -desde la oposición y contra el criterio del PNV-, para que el Parlamento Vasco imite al catalán y apruebe una ley que fije máximos en los precios del alquiler en barrios «tensionados», es decir, con alta demanda, escasa oferta y precios caros.
CGT reivindica que unos servicios públicos de calidad, gratuitos y universales para todas las personas y exige que en esta nueva crisis no recaiga en las más desfavorecidas de la sociedad.
CGT hace un llamamiento a la participación reivindicativa de todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna de situación laboral, sexo, edad o condición social, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid contra la desigualdad material y efectiva de las personas en el ámbito laboral y, por tanto, en el social y económico.
El 12 de octubre de 1975, se proclamaba la Unidad Nacional Saharaui en la región de Ain Bentili. Día en el que todos los saharauis anunciaron su adhesión a los principios del Frente Polisario y su total disposición al sacrificio y la lucha armada por la liberación y la independencia del Sáhara Occidental del colonialismo y posteriormente contra los ocupantes mauritanos y marroquíes.
Magdalena Valerio, presidenta de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, trata de comprometer a todos los partidos, incluidos los de derechas, PP y Ciudadanos, en un acuerdo imposible, salvo que se hagan muchas concesiones a estos. Pretende un compromiso de mínimos y de consenso y que luego las enmiendas más positivas o progresistas sean tumbadas en el Congreso
Artículo de opinión de Marisa Olite Cambra, Chema Berro Uriz, afiliadas/os a CGT/LKN-Nafarroa
El Gobierno ha remitido recientemente al Consejo de Navarra el proyecto de Decreto Foral que regula los centros residenciales y de día, para su preceptivo dictamen. Se trata de un texto que se empieza a elaborar en 2019 con la pretensión de consolidar un modelo de atención enfocado en la persona y en la calidad de los cuidados.
