En 2002, dos años después que en el resto de la UE, el Gobierno español formalizó la prohibición de la producción y la comercialización de productos hechos con amianto. Tres lustros después, la huella de este material blanquecino es bien oscura.
Anualmente, más de 2.000 personas mueren al Estado como consecuencia de haber estado en contacto y la cifra total de víctimas seguirá incrementándose en las próximas décadas.
Con la antigua Uralita, durante medio siglo controlada por la familia March, como máximo exponente, la del amianto es una historia de abusos empresariales, facilitada por la connivencia de la Administración. Y, como siempre, con unas víctimas inocentes que, demasiado a menudo, se han dejado la vida.