Categoría: Política

El manido salvoconducto “uno de los nuestros”, que en la reciente convención del Partido Popular celebrada en Sevilla ha recreado con marcial cinismo la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, al afirmar “lo que tenemos que hacer es no permitir que nos avasallen y defender a los nuestros”.

La coyuntura ha querido que estos días confluyan en conflicto dos exigencias del Estado de Derecho que tienen como protagonista a la clase política. De un lado, la aplicación de la presunción de culpabilidad a Carles Puigdemont según se deduce del revés dado por la Audiencia de Schleswig-Holstein al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

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Los cronistas ya han dado buena cuenta del gazpacho verbenero. La pasada Semana Santa fue un auténtico aquelarre lúdico-religioso. Procesiones hasta en la sopa, teles vomitando el habitual cutrerío de películas del género “historia sagrada”, ministros coreando impasible el ademán “soy el novio de la muerte”, banderas a media asta en centros militares, niños vestidos de legionarios en prime time y el sempiterno fervor lacrimógeno de la muchedumbre ante los pasos. El nacionacatolicismo que nos habita con todo su furor.

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Con el salto a los CDR, el proceso soberanista catalán vuelve a superarse a sí mismo, y a las formas políticas actuales del resto de estados similares.

En una inesperada recuperación del espíritu libertario catalán, que culmina magistralmente con la construcción épica de la silenciada Revolución Social Catalana de 1936, o la Revuelta Remença, en 1480, el proceso pasó de la sociedad civil (referéndums de Arenys & co, primeras grandes diadas indepes con millones en las calles), a la esfera política y parlamentaria, y a la movilización coordinada desde dos grandes organizaciones civiles, Omnium y ANC, lo que ya en sí es una gran innovación en relación al entorno geopolítico. Pero hoy encuentra buena parte de su impulso y fuerza renovada en los barrios y en la ciudadanía completamente auto organizada con los CDR, donde no hay jerarquías, presidentas, ni organizaciones centralizadas.

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Con abuso de esquematismo solemos hablar de violencia solo y exclusivamente cuando se producen hechos y actos que causan daños a personas o bienes por parte de personas físicas. Pero se trata de un concepto reduccionista. Ciertamente, existe una utilización legítima de la fuerza como derecho de defensa. Y luego hay un uso ilegítimo cuando se emplea la violencia contra gente pacífica, venga de donde viniera la agresión.

Aunque normalmente esa licencia forma parte de las prerrogativas de los Estados, el paradigma de la abstracta personalidad jurídica. Ocurre así desde el momento en que las atribuciones que sustentan su soberanía pierden su base democrática, convirtiéndose en simple Estado de Leyes. La dictadura franquista abrazaba ese modelo porque, llegado el caso, usaba el poder del Estado contra sus propios ciudadanos (que el paternalismo del régimen eximia de ser a la vez contribuyentes directos). Operaba, pues, como una amenaza permanente sobre sus administrados.

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Hace unos días me contaba un colega muy bien informado -una de esas fuentes que nunca falla- que dirigentes del PNV habían trasladado al Partido Popular que para llegar a acuerdos entre ambas formaciones sería deseable que los populares no azuzaran en público con el caso De Miguel, uno de los mayores casos de corrupción que afecta a los nacionalistas. Una trama -que se juzga desde hace semanas en Vitoria- por la que están sentados en el banquillo exdirigentes del PNV y cargos del Gobierno de Ibarretxe, acusados de cobrar comisiones ilegales y adjudicar contratos irregulares.

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La realidad no existe, sólo lo que aparece por la tele. Se ha institucionalizado lo que afirmó nuestra más famosa presentadora de las mañanas. Aquel obsceno “lo importante no es la verdad, sino lo que se cuenta como verdad, que por regla general es mentira”, que glosó Ana Rosa Quintana en un Curso de Verano años atrás.

Nos gobiernan los medios. Lo que sale en el plasma, grabado, relatado, enlatado y editado para impactar en la audiencia, es lo que existe. Y todos aquellos que quieren vender algo a la masa cautiva frente a la caja tonta acuden solícitos a la cita para ganar cuota de mercado. Da igual que se trate de celebritys en horas de saldo o políticos buscando su minuto de gloria.

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“Canto a los valientes que llevan por bandera la verdad”

(Mensaje de la madre del niño Gabriel)

Otra vez ocurrió lo imprevisto. Como hace siete años, cuando un grupo de jóvenes se instaló con sus petates en la Puerta del Sol de Madrid para iniciar un largo adiós a todo esto, el 8M feminista ha sorprendido a propios y extraños, desbordando todas las expectativas. Por su amplitud, contundencia, transversalidad y saber hacer, las movilizaciones registradas en la mayoría de las ciudades españolas el segundo jueves de este mes de marzo suponen un antes y un después en la dinámica de la sociedad civil activa.

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La férrea centralización de las partículas atómicas que integran el Régimen del 78 resulta condición sine qua nom para la supervivencia del sistema. Su centrifugación autónoma, por el contrario, representa un signo de decadencia e incluso de ocaso senil. Por eso el procés supone una amenaza para el atado y bien atado que escenificó la Transición y luego legitimó la vigente Constitución. Un modelo trasteado de aquella manera por el duopolio dinástico hegemónico PP-PSOE, éste como poli bueno y aquél como poli malo, según y cómo.

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No se trata de personas, ni siquiera de partidos, el problema está en las instituciones porque si se acepta el sistema, lo que existe dado, el resultado es admitir que no hay alternativa a la jubilación que nos preparan. Máxime cuando la dualidad de la destrucción de empleo, y por tanto la consiguiente disminución de cotizaciones, junto al aumento de la esperanza de vida, resulta una realidad insoslayable.

Lo que sucede es que en vez de felicitarnos todos por lo segundo y tratar de revertir lo primero, el modelo vigente nos encadena al oxímoron de marras para que aceptemos carros y carretas.

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(Con motivo de la inquisitorial ofensiva contra la libertad de expresión que está llevando ante los tribunales a representantes electos, artistas, cantantes, escritores y simples ciudadanos que ejercitan el legítimo derecho a decidir y expresarse, reproduzco a continuación el artículo publicado en 2013 en varios medios alternativos con el título “Gobernar es administrar la muerte”, referido al boicot a Santiago Sierra, a quien la organización de la Feria Internacional ARCOmadrid 2018 acaba de censurar su obra  “presos políticos en la España contemporánea”).

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Más allá del simbolismo anecdótico de las iniciativas independentistas -para actualizar su lucha desde el exilio- y del doble lenguaje, característico de los políticos, están la realidad de la Justicia represiva del Estado, la “simbólica” Declaración de Independencia –como lo reconocen ahora la mayoría de sus declarantes- y la confesión de Puigdemont reconociendo el triunfo de la Moncloa…

De hecho, la impotencia del independentismo, para hacer frente a la aplicación del artículo 155, comenzó a verse ya desde antes del 21-D, y, cuanto más pasa el tiempo, más evidente es esta impotencia. Tanto frente a la judicialización del procés como frente a su estancamiento en el Parlement. Y ello pese a disponer de una mayoría de escaños…

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Querido José María Fidalgo:

O sea que era así de simple. Nada de procesos graduales y otras zarandajas. Uno se acuesta comunista y a la mañana lo que se está quitando frente al espejo son ya legañas neoliberales. No obstante, te ha costado entrar, porque en el santoral de los traidores apenas quedan ya peanas libres. Son muy conocidos los casos de Pilar del Castillo, de Josep Piqué, de Jiménez Losantos, el más reciente de Rosa Aguilar o el chiripitifláutico de Pío Moa, que pasó de terrorista del GRAPO a historiador histriónico y manipulador oficial del Régimen.

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No carece de simbolismo que sea en este  2018, precisamente al cumplirse cincuenta años de Mayo del 68, cuando la clase política española se preste a conmemorar por todo lo alto el cuarenta aniversario de algo que podría considerarse su antónimo: el Régimen del 78.

Lo que en la práctica significó cercenar toda esperanza de recuperar las tradiciones democráticas de la España republicana a costa de la restauración monárquica, una tipología política situada en las antípodas del espíritu de aquella jubilosa revuelta popular transfronteriza.

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(“Lo importante no es la verdad, sino lo que se cuenta

como verdad que, por regla general, es mentira).

(Ana Rosa Quintana)

“Estocada al procés”, “Al final de la escapada”, estos y otros semejantes han sido los titulares y editoriales de la prensa sobre el “desafío catalán” al día siguiente de que esos mismos diarios rindieran portadas y reportajes especiales al cincuenta cumpleaños de Felipe VI y la imposición del Toisón de Oro a su hija Leonor. Un besamanos real que causaría bochorno a cualquier persona con un mínimo de pudor y sentido del ridículo. Porque una de las claves del panorama informativo español consiste en ningunear lo importante y trascender lo anecdótico.

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“El gobierno transmitió a miembros del Constitucional su preocupación

por el daño que sufriría el Estado con la investidura del ex presidente fugado”

(Portada del diario El País 29-1-2018)

A muchas personas las idas y venidas del procés les dejarían frías, como si de un asunto doméstico se tratara, sino fuera porque a su conjuro el gobierno del Estado, el duopolio dinástico hegemónico, los poderes fácticos y la Marca España no estuvieran conculcando derechos fundamentales que a todos afectan.

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“Solo se supera lo que se suple”
(Carlos Marx)

Uno de los problemas políticos más acuciantes de la actualidad es el referido al papel que juega la democracia en el capitalismo. Si es determinante o viene determinado. Según sea el posicionamiento que le concedamos en el conjunto del sistema. Aunque, la teoría crítica parece decantarse por la idea de la parasitación.

Según tal hipótesis, esta democracia, como ideal de gobierno entre libres e iguales, estaría sucumbiendo a la voracidad del capitalismo, quedando solo como una cínica justificación de sus fechorías. Con lo que la globalización del capitalismo en su formato neoliberal significaría el ocaso de la democracia genéricamente considerada. Y de ahí al relanzamiento de los populismos a diestra y siniestra habría un paso.

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Para los que entonces aún no estaban en activo, hay que recordar que la “Operación Reformista” fue un intento de crear un partido bisagra capaz de condicionar la política española más allá del doblete entre socialistas y conservadores. Aquello se fletó en 1984 bajo la denominación de Partido Democrático Reformista (PDR) y contó con la financiación a fondo perdido de los grandes de la banca y la patronal. Su portavoz informativo fue el Diario 16 de Pedro J. Ramírez, y sus máximos exponentes eran dos abogados de postín: Antonio Garrigues y Miguel Roca. Como secretario general figuraba el empresario Florentino Pérez, hoy patrón disimulado de algunos de los medios de comunicación preferidos por la sedicente izquierda.

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La ofensiva del neoliberalismo tiene muchas y diversas facetas. La más evidente, y por ello la que mayores críticas recibe, es la que tiene que ver con las políticas austericidas que imponen los gobiernos adictos. Los ajustes estructurales y los recortes de derechos implantados para hacer recaer los costes de la crisis sobre la ciudadanía representan el ataque más flagrante contra el Estado del Bienestar.

Pero no fue esa la única agresión ni la primera. Antes se produjeron otras más taimadas que prepararon el camino para drenar recursos públicos sin llamar la atención. De hecho, la fórmula expoliadora que se concretaría durante la gran recesión socializando las pérdidas y privatización las ganancias tuvo su mejor referente en un conjunto de operaciones y manejos destinados a menospreciar y socavar los fundamentos de la sociedad civil.

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Los orígenes de la “transición española” y del régimen politico nacido de ella

           El Grupo PRISA es el mayor conglomerado de empresas de comunicación enEspaña. Pero no sólo de España, posiblemente también lo sea de una buena parte  deAmérica Latina. De ahí su perseverante objetivo de convertir las noticias provenientes de Latinoamérica en una suerte de distorsionadas “fake news, – como ellos  mismos califican ahora a las informaciones que no provienen de su fuentes – que se adapte con fidelidad a las exigencias  de los intereses de quienes permiten su sobrevivencia económica.

    Parece evidente que sin la presencia del periódico  “El País”  hubiera sido difícilentender  las claves  de la llamada “transición española”  y, tampoco, del régimen  al que esta operación política terminó dando lugar .

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Para bien y para mal, el proces y sus peripecias judiciales y electorales siguen condicionando la vida política y la actualidad mediática, en Catalunya y España. Hasta un punto tal que, además de los profesionales de la política y los comentaristas de los medios “informativos”, cualquier quisqui se siente con el derecho de dar su opinión sobre lo acontecido y lo por acontecer en este viejo conflicto identitario. Y aún más después de los “sorprendentes” resultados del 21-D y sus contradictorias “mayorías”.

Siendo partidario de la democracia directa, no seré yo quien lamente este loable y sano ejercicio democrático de la libertad de expresión, ni el que sean tantos los interesados (catalanes o no) en ejercerla de palabra o por escrito. Y, sobre todo, habiéndome ya manifestado yo anteriormente (1) y sintiéndome incitado de nuevo a hacerlo por los resultados del 21-D y la incoherencia de las interpretaciones de algunos defensores (2) del movimiento independentista catalán.

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“Si jo l’estiro fort per aquí i tu l’estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar”

(L`estaca. Lluis Llach)

Si había algo genuino en el procés (en futuro ya, porque fue y no hubo), una cosa que nadie podía discutir sin quedar en evidencia, era su enorme y entusiasta capacidad de movilización a pie de calle. Las multitudinarias manifestaciones del 9-N y el 1-0; las que se hicieron en repulsa por los atentados terroristas de Barcelona (también del mismo signo cívico), e incluso ese último plante nómada, en el mismo corazón de Bruselas para pasmo de los euroescépticos, arrojaban un plus de espontaneidad infrecuente en un país tan dado al control remoto, el diferido y el de plasma, para la expresión política.

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“Esa lealtad suprema que es el patriotismo”

(Herrero de Miñón)

El hábito no hace al monje. Ni se puede importar a España valores compartidos de países con mayor dimensión democrática. El concepto “patriotismo constitucional” (Dolf Sternberger), innovado en la antigua República Federal Alemana (RFA) para promover una convivencia cimentada en el respeto de los derechos humanos, superadora de la etapa nazi, no tiene aquí apenas recorrido genuino. Entre otras cosas, y sobre todo, porque el punto de partida de nuestra institucionalidad se asienta en la amnesia oficial del pasado autoritario y liberticida, y no en su reprobación con las debidas consecuencias.

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Finalmente, el régimen del 78 tampoco ha muerto esta vez. Las luchas obreras autónomas de los años setenta fueron derrotadas con muertos y mediante los Pactos de La Moncloa, firmados por los mismos sindicatos de clase. El movimiento del 15-M, que elaboró una crítica radical de la representación política, se le hizo callar empleando como armas efectivas el ridículo y el aislamiento. La rebelión catalanista que, por unos momentos, pareció arañar los fundamentos del régimen, también ha sido derrotada.

En realidad, este tercer intento no ha tenido eco en España, donde ha predominado la perplejidad cuando no lo ha hecho una total incomprensión. La llamada al orden mediante la aplicación del artículo 155 ha bloqueado todo intento de cambio.

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