Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
El Tribunal Supremo ha modificado su propia doctrina para concluir que no es lícito celebrar un contrato de obra y servicio o eventual cuya duración se vincule a la vigencia de una contrata. Un cambio de rumbo significativo que puede contribuir a paliar la escandalosa abusividad de algunas empresas a la hora de recurrir a las figuras de contratación temporal.
¿Terminará este año con la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor? ¿O será 2021 el de su prometida estocada? Con apenas seis años de vida, la llamada ley mordaza presume de ser la normativa más empleada durante el estado de alarma, de lograr el respaldo del Tribunal Constitucional y de haber estado al borde de la reforma con un notable consenso parlamentario.
La Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Transportes cierran el acuerdo para prohibir todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional durante el estado de alarma. Las compensaciones a grandes tenedores de vivienda solo se abonarán en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico.
La definición del «contexto eutanásico» que justifica jurídicamente la eutanasia, distingue nítidamente ésta del auxilio al suicidio. Este auxilio se le puede prestar a alguien que se encuentre en perfecto estado de salud. Esa no es una situación de eutanasia. Para que concurra ésta el sujeto debe encontrarse en una situación vital de precariedad que la Proposición de Ley define de manera bastante amplia en su artículo 3, que incluye no sólo situaciones de padecimiento físico sino también aquellas otras que suponen un grave sufrimiento psíquico.
El gobierno galo eliminó el proyecto de ley que pretendía castigar el derecho a grabar a los policías en acción y represión, afirmó el jefe del partido del presidente Emmanuel Macron este lunes 30 de noviembre.
El pasado 19 de noviembre fue aprobada por la mínima en el Congreso la LOMLOE, la “nueva ley educativa” conocida ya como Ley Celaá. Ahora tendrá que pasar por el Senado y volver al Congreso para ser ratificada definitivamente y promulgada.
En rigor, no estamos ante una nueva ley que plantee una revisión integral del sistema educativo, sino, como bien se explica en la exposición de motivos, ante una modificación de la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE), que, en lo esencial, vuelve a estar vigente con algunos retoques y actualizaciones tras el paréntesis de la LOMCE
Lo que llaman libertad es que todos paguemos sus privilegios y que sus hijos no se mezclen con los hijos de la plebe. Son liberales a costa del Estado y clasistas a costa de las demás clases.
El problema de las críticas de la derecha a la nueva ley de Educación es que son falsas. Dicen cosas de la ley que la ley no dice. Ni desaparece la Educación Especial ni queda desprotegido el español ni se coartan las libertades de nadie. ¡Libertad, libertad!, gritaban aporreando el escaño en el Congreso la semana pasada y el cláxon en la mani sobre ruedas del fin de semana.
El 18 de noviembre de 2011, un Real Decreto aprobado por el gobierno de Zapatero (RD 1698/2011) abría la esperanza para que la situación del sector de trabajadoras y trabajadores que desempeñan puestos de trabajo con un alto índice de penosidad, toxicidad, peligrosidad, morbilidad y mortalidad, fuera reconocida, y que mediante ese RD, se aplicaran Coeficientes Reductores en su edad de jubilación.
Salvo el artículo que hablaba de las grabaciones «no autorizadas» a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los magistrados dan luz verde a casi toda la norma, incluidas las devoluciones en caliente de inmigrantes y las sanciones por disturbios en las concentraciones, así como los cacheos que implican el desnudo integral.
La campaña de la derecha está en los medios, en las redes, en la calle, y también en Congreso de los Diputados, con el pataleo del PP, Vox y Ciudadanos gritando «libertad», libertad para acabar con la educación pública, libertad para extender la enseñanza concertada con fondos públicos, libertad para imponer la religión católica en las aulas públicas, libertad para segregar por razón de clase o de género, libertad para marginar las lenguas cooficiales del país.
Grupos parlamentarios como EH Bildu piden al Ejecutivo compromisos en este sentido en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, un proyecto que la semana pasada superó el debate de totalidad y que ahora enfila la fase de enmiendas. Fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones entre el Gobierno y las formaciones que no plantearon enmiendas de devolución del texto admiten que el tema de la reforma laboral estuvo sobre la mesa en estas conversaciones, pero que no hay nada cerrado.
Ha pasado prácticamente desapercibida fuera de los medios valencianos, pero la sentencia 3138/2020 del Tribunal Supremo no tiene una afectación exclusiva en esta autonomía. Ni mucho menos. En su fallo, que genera jurisprudencia en toda España, el alto tribunal desestima dos recursos de la Generalitat a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) del 2018 que obliga a mantener el concierto a las unidades de bachillerato de dos colegios privados –el muy elitista El Pilar, de València, y La Salle, de Paterna-, a pesar de no ser estos tramos de educación obligatoria.
La manifestante, Montserrat Laguna Guzmán, fue una de las personas que acudieron a la convocatoria por la Asociación Parad@s en Movimiento de Valladolid para protestar contra los recortes presupuestarios en el contexto de la crisis económica. Una vez concluida la movilización, que había sido comunicada previamente, un grupo de entre 50 y 60 continuó de forma espontánea con la marcha hasta detenerse frente a un restaurante donde había unos políticos comiendo y desplegaron una pancarta en la que podía leerse Stop a la criminalización de la protesta social.
En una sentencia notificada el 2 de octubre de 2020, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional da la razón a la CGT y destapa el vergonzoso comportamiento de las secciones sindicales de CCOO, UGT y a USO, que participación en una negociación secreta y oscura durante el mes de abril de 2020, coordinándose con Teleperformance, sin exigir el cumplimiento de la libertad sindical que obligaba a la participación de la CGT y suscribiendo un acuerdo nefasto para la plantilla que la Audiencia Nacional anula y deja sin efecto.
El 15MpaRato, la iniciativa ciudadana que llevó a los tribunales la salida a bolsa de Bankia, ha dirigido una petición al Gobierno y a los grupos políticos para que “ocho años de lucha de la sociedad civil no hayan sido en balde” después de que hoy la Audiencia Nacional haya absuelto a los 34 acusados en el juicio, incluyendo al expresidente Rodrigo Rato. La plataforma pide que se cambien las leyes “para proteger la población española de la gestión financiera y sistémica irresponsable para con el interés general”.
El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.
Las empresas no tendrán que asumir todos los gastos del trabajo a distancia, como recogía el primer borrador del anteproyecto de ley que lo regulará. La última versión del texto, a la que ha accedido elDiario.es, elimina cualquier referencia a los «gastos indirectos» y deja en manos de los convenios
ara la CGT, la erradicación de las prolongaciones ilegales de jornada ha sido, y sigue siendo, unas de los ejes fundamentales de nuestra acción sindical. Prolongaciones que son un auténtico fraude social, ya que ni son pagadas a quienes prolongan, ni son cotizadas a la seguridad social, ni son tributadas a la hacienda pública, e impiden además la creación de empleo en unos momentos en los que el reparto del trabajo debiera ser una prioridad de Estado. En definitiva, unas prolongaciones que únicamente benefician a las patronales empresariales.
Regularización Ya Bizkaia es un movimiento que exige un cambio de la Ley de Extranjería, y un Debate Urgente en el Congreso de los Diputados, sobre las demandas de regularización permanente y sin condiciones de las personas migrantes en situación irregular por la crisis de la pandemia Covid-19.
El objetivo de esta manifestación es hacer visible la situación de las personas migrantes que se encuentran en situación irregular, reivindicando así el posicionamiento de las autoridades competentes y exigiendo Justicia Social.
Esta prórroga va acompañada de medidas de flexibilización laboral, exenciones fiscales y la negativa a grabar un solo euro más a las grandes empresas, mientras se mantienen intactas las reformas laborales origen de la actual precariedad. El sindicalismo institucional es una rémora que solamente actúa para mantenerse, mantener el poder de la patronal y amortiguar la lucha de clases.
Este decreto Ley tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social tanto de personas como unidades de convivencia que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y en riesgo de exclusión social. Este ingreso se configura como un derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta y forma parte de la acción protectora del sistema de seguridad social como una prestación no contributiva.
Desde CGT se ha trasladado el pasado viernes un documento al Ministerio de Trabajo donde se reivindica que es imprescindible que se garanticen y respeten todos y cada uno de los derechos que estas personas tendrían trabajando presencialmente, debiendo además legislar en el sentido que el acceso al teletrabajo sea siempre voluntario y reversible a decisión de la persona afectada.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha fallado declarando fija a una funcionaria interina que llevaba 12 años trabajando de manera temporal en el Ayuntamiento de Alicante. La sentencia remarca aspectos que desde la sección sindical de CGT en el Ayuntamiento se llevan demandando desde hace tiempo, junto a la Plataforma de temporales de larga duración, por el déficit estructural de plantilla, que arrastra el Ayuntamiento, con el consiguiente abuso del empleo temporal y la consecuencia lógica de no cumplir con la obligación de ejecutar la oferta de empleo público en el plazo máximo de 3 años.
CGT considera que, esta prórroga dejaría sin efecto la medida de garantía de empleo por 6 meses, para muchas personas que se han visto afectadas por esta situación, toda vez que el cómputo de ese plazo comienza con la incorporación de la primera persona al trabajo, aunque solo sea parcialmente. Esta garantía debe contarse desde que se incorpora la última persona en situación de ERTE en la empresa.
Tras dos años de litigio, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2020 declara el derecho de los trabajadores/as a que se retribuyan las vacaciones teniendo en cuenta las ampliaciones de jornada que se realicen a lo largo del año, aunque no subsistan en la fecha del disfrute vacacional, de forma que se promedie el salario percibido en los once meses correspondientes a la anualidad de cada período vacacional retribuido.
El Tribunal Supremo ha dado la razón a CGT, en sentencia de fecha 11 de marzo de 2020, para que las trabajadoras y los trabajadores del sector de Ingeniería tengan el derecho a que el cómputo de los permisos retribuidos por matrimonio, nacimiento, fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización de familiares, tenga que iniciarse en el primer día laborable siguiente al del hecho causante, cuando este se produce en día no laborable, y que los días computables de los permisos cortos sean sólo laborables. El permiso por traslado de domicilio también debe ser día laborable.
En el RD 18/2020 de 12 de mayo, se han producido importantes modificaciones sobre los ERTE, esencialmente en cuanto a su duración y garantía del empleo. Por eso desde CGT elaboramos esta guía rápida que permita entender cómo funciona esta medida del gobierno y como puede afectar a las personas trabajadoras.
Si el acuerdo establecía que:» habrá derogación íntegra y que se hará antes de que finalicen las medidas excepcionales adoptadas por el gobierno a raíz de la crisis del coronavirus», tres horas más tarde el pacto alcanzado para derogar la reforma laboral, adoptaba otra terminología: se elimina la urgencia y se adapta el mismo lenguaje que el empleado en el acuerdo de Gobierno firmado en diciembre.
Se trata de un Decreto, el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, cuya vigencia comienza el mismo día de su publicación, esto es, el 13 de mayo de 2020. Regula cómo serán los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde hoy hasta, al menos, el 30 de junio.
El Real Decreto Ley 18/2020 publicado en el BOE de este martes, dictado por el autoproclamado ‘gobierno más progresista de la historia» ha diseñado unos cambios normativos que son los de siempre: socialización de pérdidas y una desescalada a medida de las empresas . Y lo hacen añadiendo una pizca de golpes de efecto de poco recorrido y todo aquello con la rubrica de los sospechosos habituales: CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, que conformarán una vez más, las tristemente famosas comisiones mixtas de paz social.
El Real Decreto 17/2020 del 5 de Mayo otorga un acceso extraordinario a la prestación por desempleo a las artistas del sector cultural, excluyendo explícitamente a gran parte de las trabajadoras de estos ámbitos . La contratación de estas profesionales está históricamente marcada por figuras como la obra y servicio, las personas autónomas sin personal a su cargo y los y las falsas autónomas, en muchas ocasiones trabajan en un mismo evento.
Tras la presentación de un recurso a la prohibición decretada por parte de la Delegación del Gobierno en Navarra, del acto simbólico del 1º de Mayo que los sindicatos CGT, ESK, Solidari y Steeilas íbamos a llevar a cabo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha revocado dicha prohibición sosteniendo que en el estado de alarma se puede restringir, pero no suprimir, el derecho fundamental de manifestación, en un Estado de Derecho.
Documento/guía elaborado por la Asesoría Jurídia de CGT-LKN, en relación con las medidas aprobadas por el Gobierno Vasco, de apoyo a las familias, por las personas trabajadoras que se hayan acogido a excedencia laboral o reducción de jornada superior al 33 %, así como; requisitos, ayuda por unidad familiar, cuantías de la subvención, plazo de presentación de solicitudes, lugar y documentos exigidos.
La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía con alevosía ha convalidado, en plena pandemia (lo que ha impedido la movilización social que, sin duda, generaría en cualquier otro momento), el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo. Se trata de un conjunto de medidas encaminadas a reducir el necesario control público y a dejar abiertas las puertas para que las empresas privadas puedan enriquecerse, a costa de la riqueza de esta comunidad.
El Lunes 20 de Abril a las 10:00 h., Julio Fuentes, Secretario de Salud Laboral de la CGT en MCLMEx, nuevamente responde a tus dudas sobre las medidas de prevención, que están tomando las empresas durante la crisis del Covid-19. En esta ocasión, y dados los últimos cambios, toda la información queda nuevamente actualizada en: https://youtu.be/cCNFnj1IdPk
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha presentado ayer, en rueda de prensa, una batería de exigencias que van a mantener tras la vuelta a los centros de trabajo de miles de personas a partir de este lunes, 13 de abril, sin que la pandemia de Covid-19 haya podido ser controlada por las autoridades sanitarias. En el vídeo adjunto la FESIM CGT presenta sus propuestas ante la vuelta al trabajo. Además se puede consultar la Guía de actuación para el arranque de actividad de forma segura en los centros de trabajo de la CAPV y las Directrices de buenas prácticas en los centros de trabajas del Ministerio de Sanidad del 11-4- 2020.
Andrés Gallego Morente Secretario General de CGT-LKN de Euskal Herria, se ha dirigido por carta a la Consejera de salud del Gobierno Vasco; Miren Nekane Murga y a la Consejera de salud del Gobierno de Navarra Santos Induráin Orduña solicitando y reivindicando la puesta a disposición de estas comunidades autónomas de los centros y establecimientos sanitarios, así como el personal de las Mutuas de accidentes de trabajo para hacer frente a la pandemia del COVID-19.
Mediante auto del 7 de abril de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima por primera vez en Cataluña, la demanda cautelar respecto al acceso al material necesario para su protección (EPIS), a todo el personal sanitario de la provincia de Tarragona que forma parte del ICS, representados por nuestros servicios jurídicos (Bito Abogados).
El listado de actividades esenciales reguladas en el Real Decreto 10/2020 no ha aportado muchas garantías reales. Hay actividad industrial que se niega a colaborar a detener la crisis sanitaria, y que mantienen sus instalaciones abiertas, con los consiguientes posibles riesgos de contagio. Su negligencia (que les aportará beneficios económicos) llenará nuestros centros hospitalarios con infectados día a día. La falta de control del cumplimiento de los Reales Decretos otorga impunidad a las mercantiles que han decidido no cesar la actividad.
Desde la Confederación General del Trabajo alzamos nuestra voz contra los anuncios que está haciendo el Gobierno sobre el uso de la información personal, incluyendo su localización, como estrategia fundamental para la prevención de las infecciones por el coronavirus. Bajo el paraguas de la actual declaración del estado de alerta sanitaria, se están tratando de normalizar determinadas situaciones que, a nuestro parecer, no pueden menoscabar las paupérrimas garantías que tenemos para preservar nuestra intimidad y libertad.
Las nuevas medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico que el Consejo de Ministro aprobó este martes para hacer frente al COVID-19, se contemplan en el Boletín Oficial del estado del Estado de hoy Miércoles 1 de abril, por su carácter social destacamos las Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables, Medidas de apoyo a los autónomos y Medidas de protección de los consumidores
En esta vorágine normativa que vivimos el Gobierno ha dictado una norma urgente más, el Real Decreto ley 10/2020, consistente en la implantación de un permiso retribuido recuperable para las personas que se vean afectadas por la restricción de la actividad empresarial únicamente a aquellas consideradas esenciales por la norma y que detallaremos a continuación.
El Departamento de Seguridad, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Económico e Infraestructuras, ha elaborado un formulario de acreditación, que consiste en «un modelo sencillo en el que constan los datos de la empresa que declara que está realizando servicios o producciones que se consideran esenciales, y datos relativos a la necesaria movilidad del trabajador».
Ayer domingo el BOE publica el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, por el que se regula un Permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales (RDL 10/2020). Los sindicatos CCOO-UGT se han apresurado a aplaudir la medida. Nosotros, en cambio, consideramos imprescindible denunciarla y luchar en contra porque supone un grave ataque contra la clase trabajadora. Lo explicamos rápidamente.
