Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Una de las reivindicaciones fundamentales de los trabajadores de la estiba en huelga es terminar con la eventualidad que afecta a unos 100 trabajadores que actualmente no son contratados. Pero no solo es la eventualidad sino la movilidad funcional que las empresas de la estiba aplica a estos trabajadores, que están pendientes del móvil por si los llaman, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, sin cobrar en espera de la llamada para poder trabajar, si pierden la llamada no trabajan.
Según un informe de Oxfam Intermón, en plena pandemia por el covid-19 y con un panorama abierto de incertidumbre que afecta a la sociedad, la mayoría de las grandes empresas de España decidieron mantener sus políticas de reparto de retribuciones entre sus accionistas. En concreto, 20 de las 35 compañías del Ibex 35 decidieron repartir 9.558 millones de euros. Iberdrola fue la compañía del Ibex que más dinero repartió entre sus accionistas: 2.521 millones de euros. Le siguieron Telefónica, con 2.067 millones, y el BBVA, con 1.734 millones
CGT, ELA y LAB, junto con la plataforma de Defensa de la Salud Pública, reivindican un Sistema Público de Salud con recursos suficientes y de calidad y a la vez muestran el rechazo al acuerdo entre Volkswagen Navarra, UGT y CC.OO. con la Mutua Navarra sobre el traspaso de contingencias comunes.
Tras dar a conocer algunas entidades financieras su intención de acometer nuevos planes de reestructuración, eufemismo de despidos, resulta necesario enumerar y analizar los distintos factores en los que estos se apoyan, y cuya concurrencia los convierte en el escenario perfecto para que las empresas sin mayores contratiempos destruyan empleo de manera constante.
Cuatro son a nuestro modo de ver esos factores: 1) Regulación permisiva, 2) Pérdida del miedo al deterioro de la imagen y reputación de la empresa, 3) Sindicatos mayoritarios derrotados y prisioneros de las prebendas que reciben y 4) Plantillas desclasadas y en permanente estado de miedo.
Los trabajadores de la estiba han extendido la huelga en el puerto de Bilbao, que debía finalizar el próximo 9 de noviembre, hasta el próximo 9 de diciembre, un mes más. No les ha disuadido de ello las advertencias sobre el impacto que ya han tenido en la industria tras cerca de un mes de huelga.
La ACB de Sestao no descarta tener que reducir su producción si no se resuelve a corto plazo la huelga de estiba en el Puerto de Bilbao, ya que podrían tener problemas de suministro de chatarra, según informaron ayer fuentes de la compañía a Europa Press.
Esta noche pasada de nuevo el puerto de Santurtzi apareció lleno de policías, para proteger el trabajo de las empresas privadas, mientras se ha anulado las tarjetas de acceso al puerto de los estibadores en huelga, por lo que ni siquiera pudo entrar el Comité de Huelga, para poder denunciar estos hechos ante la Inspección de Trabajo.
Por fin!!!. La Confederación de Sindicatos Europeos (CES/ETUC) publicó este miércoles una propuesta de directiva para la igualdad y la transparencia salarial en la que la Comisión Europea (CE) “pueda inspirarse”, como protesta ante el retraso de la legislación que estaba previsto que saliese este Día europeo de la Igualdad Salarial, y que no lo hará, al menos, hasta el próximo mes.
En el Estado español existen en torno a 300.000 trabajadores que se ven obligados a ser falsos autónomos para obtener unos ingresos económicos. El “falso autónomo” es una situación ilegal cada vez más frecuente mediante la cual las empresas contratan como autónomos a trabajadores que realmente deberían estar en su plantilla.
Los falsos autónomos no existen exclusivamente en los entornos de la nueva economía digital. La industria, la logística y el transporte o el sector servicios (medios de comunicación, psicólogos, abogados, vendedores a domicilio…) tienen entre su plantilla muchos falsos autónomos.
La Ertzaintza, de nuevo al servicio de los empresari@s, sigue protegiendo a los esquiroles venidos de fuera de la plantilla, a trabajar al puerto de Santurtzi-Bilbao. Con la excusa del covid19, niega la entrada a los trabajadores. Incluso ha negado el acceso a miembros pertenecientes al comité de huelga.
El domingo el puerto de Santurtzi amaneció lleno de patrullas policiales. Las empresas (con el permiso de la Autoridad portuaria), han utilizado a la policía para trabajar de manera ilegal. Incluso negando en varias ocasiones que accediese gente del comité de huelga, al final ha tenido permiso, escoltado por la policía. Para la tarde las empresas han comunicado que se volverá a la normalidad, una vez hecho el trabajo ilegalmente, con la policía al servicio de los empresarios, incumpliendo la ley de dicen defender.
Las organizaciones miembros de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas acogen con satisfacción la acción de las y los trabajadores de Amazon; varias acciones en diferentes países muestran la resistencia contra este choque patronal. En condiciones difíciles, las y los trabajadores de Amazon en todo el mundo luchan colectivamente por sus condiciones de trabajo, sus salarios, sus derechos colectivos…
Cuando los beneficios empresariales son la brújula que guía las decisiones políticas, la vida de la clase trabajadora queda siempre en segundo plano. Y por eso se adoptan medidas absurdas como el toque de queda para hacer creer que se hace algo. Medidas autoritarias completamente inefectivas a la hora de parar los rebrotes, pero que servirán para empezar a controlarnos. Que no nos engañen, estas medidas no están destinadas a combatir el virus, sino a combatir las protestas y luchas que a buen seguro vendrán.
Desde esta sección sindical de CGT ponen en evidencia que las medidas que está aplicando Correos en sus centros de trabajo frente a la expansión del Covid 19, y que básicamente se resumen en distancia interpersonal de metro y medio, y uso de mascarillas y gel hidroalcocólico se han manifestado claramente insuficientes.
No hace ni un mes que ZF-TRW Pamplona, se vio obligada a finalizar el ERTE de fuerza mayor y ya está ofreciendo a la plantilla la realización masiva de horas extra durante, al menos, el resto del año con el fin de llegar a las producciones programadas. Por lo visto, ni siquiera la firma de la doble escala salarial en el último convenio por parte de CCOO, UGT, ELA y LAB (algo incomprensible hoy en día) es suficiente para que ZF-TRW deje de generar horas extras y contrate personas en el paro.
Animamos a las trabajadoras empleadas de hogar a que se acerquen a los sindicatos para que, a través de la lucha conjunta, estas empleadas tengan los mismos derechos que el resto de las personas trabajadoras. derechos que pueden ser exigidos independientemente de la situación legal de la trabajadora y deben ser respetados por los empleadores o empleadora.
La Coordinadora de Investigación y Universidades de la CGT y la CNT han hecho un llamamiento al conjunto de la comunidad universitaria y de centros de investigación de todo el Estado para ir a la huelga este miércoles 21 de octubre con el objetivo de «avanzar hacia un sector científico al servicio de las necesidades de la clase trabajadora.
A esta convocatoria se han sumado una quincena de organizaciones, que también han convocado manifestaciones y concentraciones en varios puntos de España como Barcelona, Granada, Valencia o Madrid cuya manifestación tendrá lugar a las 18.00 horas en Atocha, finalizando su recorrido en Sol.
Una vez más, UGT y CCOO van a consentir y propiciar una nueva agresión a esta Plantilla, haciéndola extensiva al resto de la Sociedad. Carentes de toda vergüenza y dignidad, estas Secciones Sindicales, saltándose las directrices de sus organizaciones a nivel nacional, contrarias a la gestión de las contingencias comunes por parte de las Mutuas, van a permitir que Volkswagen Navarra contrate la gestión de dichas contingencias con Mutua Navarra.
Lo van a hacer como más les gusta y como mejor saben hacerlo, siendo l@s vocer@s y mamporrer@s de la Empresa, vendiéndonos las bondades de un acuerdo que utiliza el fraude, la reparación y la amenaza como medidas para reducir el altísimo índice de absentismo que impera en nuestra fábrica. Un acuerdo que únicamente busca culpabilizar y criminalizar a l@s Trabajadores por el deterioro de su Salud, provocado por la constante exposición a unas penosas condiciones de trabajo.
Desde el pasado 23 de junio que no se reunía la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Contact Center. Últimamente, hay que empezar siempre así los comunicados. Porque pasan años luz entre las reuniones. Pues bien, el objeto de la reunión de hoy ha sido aclarar que va a pasar con lo que el gobierno ha publicado en forma de Real Decreto hace unos días. TELETRABAJO.
Desde hace años la Confederación General del Trabajo (CGT) viene denunciando las precarias condiciones laborales en el sector científico y universitario. La no renovación de la plantilla y la falta de plazas que permitan la estabilización del personal (investigadores, profesores, administrativos, etc.) no ha hecho más que agravarse en los últimos años.
CGT reivindica que unos servicios públicos de calidad, gratuitos y universales para todas las personas y exige que en esta nueva crisis no recaiga en las más desfavorecidas de la sociedad.
CGT hace un llamamiento a la participación reivindicativa de todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna de situación laboral, sexo, edad o condición social, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid contra la desigualdad material y efectiva de las personas en el ámbito laboral y, por tanto, en el social y económico.
El juez considera que en este caso el cálculo de la incapacidad dentro de los trabajos parciales discrimina a las personas que trabajan a tiempo parcial frente a quienes lo hacen a tiempo completo y a las mujeres frente a los hombres, puesto que la mayoría de trabajadores a tiempo parcial son mujeres
Llevarse el trabajo a casa era visto como una patología de quienes reducían su horizonte vital más allá de lo humanamente conveniente para hacer méritos en la empresa. Fuera de esa adicción tóxica, el teletrabajo era cuestión de profesionales que realizaban su misión de manera autónoma e independiente, y normalmente afectaba a personas sin una relación contractual estable.
CGT ha anunciado una huelga general en Madrid para fines de octubre. Llama a colectivos sociales y sindicales alternativos a sumarse, pero no está definido el programa, ni la fecha ni las fuerzas con las que se busca impulsar la huelga. Motivos no faltan, pero sí programa y organización. Aquí planteamos 10 medidas que en la CRT consideramos elementales para darle contenido a la convocatoria.
En una sentencia notificada el 2 de octubre de 2020, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional da la razón a la CGT y destapa el vergonzoso comportamiento de las secciones sindicales de CCOO, UGT y a USO, que participación en una negociación secreta y oscura durante el mes de abril de 2020, coordinándose con Teleperformance, sin exigir el cumplimiento de la libertad sindical que obligaba a la participación de la CGT y suscribiendo un acuerdo nefasto para la plantilla que la Audiencia Nacional anula y deja sin efecto.
Con los ERTEs las patronales se ahorran los costes salariales, mientras hacen que estos recaigan íntegramente sobre el Estado. Es decir, las patronales se ahorran millones de euros en base al endeudamiento masivo del Estado, mientras aumenta el desempleo y la precariedad. Una medida que ha evitado despidos generalizados a corto plazo, pero que no garantiza que se produzcan en unos meses.
Plantilla insuficiente, más cargas de trabajo y la práctica desaparición de la atención presencial ponen en peligro el servicio público.
Desde CGT ya denunciamos la situación y las consecuencias que, tanto para la plantilla como para la ciudadanía, va a representar la gestión del servicio antes y durante la pandemia que padecemos. Como era de prever, y así lo manifestamos desde CGT a la plantilla a la Dirección y a la opinión pública, las consecuencias del semicierre del INSS durante el periodo de confinamiento se han hecho notar ya.
El conflicto laboral, económico y social generado por el anuncio por parte parte de Nissan del cierre de sus plantas en Barcelona, no ha concluido con el acuerdo alcanzado entre los representantes de la plantilla y la dirección de la multinacional japonesa que, entre otras cosas, prevé evitar los “despidos traumáticos” hasta diciembre de 2021. Junta a las 2500 personas empleadas por la propia Nissan, conviven 14000 trabajadores y trabajadoras pertenecientes a diferentes contratas y subcontratas bajo amenaza de perder sus empleos sin acceso a las beneficiosas condiciones acordadas en Nissan ni posibilidades de participar en los prometidos procesos de reindustrialización.
Ha tardado meses en resolverse, pero la sentencia del Tribunal Supremo ha llegado y falla a favor del rider de Glovo. Según el comunicado del Supremo, la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral. El Tribunal sostiene que la empresa de reparto no puede ser considerada una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.
La dirección de Acciona, principal subcontrata que daba servicio dentro de las factorías de Nissan, anunciaba de manera unilateral la rotura por su parte, del Contrato Mercantil que tenían con Nissan, dejando de esta manera de prestar los servicios que llevaba realizando durante los últimos años, presentando un ERE para poner en la calle a un total de 556 trabajadores y trabajadoras.
CGT manifiesta que estos hechos son muy preocupantes porque se trata de decisiones que afectan directamente a la seguridad, integridad y buen funcionamiento de Salvamento Marítimo. CGT continúa exigiendo más medios humanos en Salvamento Marítimo y aboga por el fin de los cargos de libre designación que solo responden a compromisos políticos
Ante la sede de GARA/NAIZ de Bilbao, de Gran Vía 2, hoy ha tenido lugar una nueva concentración de apoyo al periodista Juanjo Basterra y otros despedidos de GARA/NAI. Juanjo Basterra, periodista desde 1988 de EGIN y de GARA/Naiz durante 20 años, ha apoyado todo tipo de luchas del movimiento obrero, como vecino de Laudio, desde la Reconversión Industrial impuesta por la UE , hasta nuestros días, implicado también en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, contra las secuelas del amianto, hasta la lucha feminista y pensionista.
El Juzgado Central de Instrucción nº6 de Madrid ha comunicado a la Confederación General del Trabajo (CGT) que admitirá la querella formulada por dos de sus sindicalistas, trabajadores de Iberdrola, frente a José Manuel Villarejo, Iberdrola Renovables, Iberdrola S.A., e Iberdrola Nuclear S.A.U., “por un presunto de descubrimiento y revelación de secretos, un delito de coacciones, un delito discriminación de índole laboral y un delito contra la libertad sindical”.
Por Joseba Santesteban secretario de acción sindical de CGT-LKN nafarroa en el diario de Noticias de Navarra (10/9/2020)
El estado de alarma derivado de la alerta sanitaria por la covid 19, ha propiciado un hito sin precedentes en el tejido económico mundial, que ha venido a evidenciar lo que de manera perseverante se viene manifestando desde CGT, en particular, y el anarcosindicalismo en general: la necesidad de establecer un modelo socioeconómico en el que, de manera objetiva, la riqueza obtenida mediante la explotación y expoliación de los recursos, sea redistribuida de forma equitativa.
Es evidente que solo el anuncio del estudio de la fusión por ambas entidades va a acelerar operaciones similares entre el resto de los bancos que operan en el Estado español, lo que nos va a llevar a la tan deseada por algunos, concentración bancaria. Una concentración que de facto va a suponer la creación de un oligopolio bancario que va a controlar, en perjuicio claro de la ciudadanía, las condiciones y servicios financieros de todo el País. Servicios precarizados y recortados bastante ya para amplias capas de la población, bien por la incipiente digitalización, bien por la desbancarización de lo que denominamos “España vaciada”.
CGT ha querido dejar claro que la lucha sindical que desde hace muchos años se lleva desarrollando en este servicio público no es conocida ni mucho menos “comprendida” por la extrema derecha, a la que acusa de aprovecharse de esta situación para obtener un rédito político con su discurso xenófobo y racista.
Cómo es posible que en servicios a la ciudadanía tan esenciales como la sanidad y la educación se den tantos casos de presencia de empresas privadas gestionando importantes tareas de hospitales y centros de enseñanza públicos, habremos de concluir que a lo largo de los últimos cuarenta años se han tenido que ir modificando las normas legales que antes impedían la presencia de subcontratas en el ámbito de la administración pública y la limitaban enormemente en el sector privado.
El pasado 5 de agosto, la primera gran batalla contra el cierre de la planta de Nissan en Barcelona alcanzó un receso. La dirección de la empresa y las administraciones – Generalitat y Gobierno central – habían puesto sobre la mesa una propuesta que los sindicatos, esta vez sí, estaban dispuestos a aceptar. El cierre se retrasa un año, hasta diciembre de 2021, en un periodo en el que si bien no habrá despidos, sí que habrán pérdidas de puestos de trabajo en forma de una prejubilaciones con unas condiciones por encima de lo que marca la ley. Las indemnizaciones se elevan hasta 60 días por año trabajado sin límite de mensualidades y los mayores de 50 se podrán acoger a diversas modalidades de jubilación, de forma que garantizan su futuro.
Las generaciones de jóvenes que entran en el mercado de trabajo (empleos asalariados), a partir de la última década de los 90 del siglo XX, se encuentran con modelos jurídico normativos diferenciados en cuanto a su capacidad “contractual” de tener condiciones dignas en sus contratos, como en sus condiciones concretas de trabajo (salarios, jornadas de trabajo, derechos). Sus empleos, a pesar de su capacitación (formación), son absolutamente prescindibles y su movilidad necesariamente funcional a los sistemas productivos y de servicios basados en la demanda (consumos).
En lo que va de año, 127 personas han perdido la vida en su intento de llegar a Canarias en patera. La semana pasada, en tan solo dos días, Salvamento Marítimo recogió 20 cadáveres de las aguas próximas a las islas. En el mar de Alborán, este domingo once personas desaparecieron tras el naufragio de una embarcación con cuatro supervivientes. Aunque las llegadas totales a España han bajado con respecto a años anteriores, el aumento del flujo migratorio ligado al verano y la reactivación de la ruta canaria, más peligrosa, está impactando en los trabajadores del organismo de rescate, que exigen al Ministerio de Fomento el refuerzo de sus tripulaciones. «Estamos desesperados: no podemos seguir así», clama Ismael Furió, secretario de CGT Salvamento Marítimo.
Irán se ha visto particularmente afectado por la pandemia de COVID-19. Uno de los representantes en Francia de Solidaridad socialista con los trabajadores de Irán explica esta situación catastrófica: “los hospitales están desbordados y faltan medios; las poblaciones precarizadas se han visto privadas de recursos; la progresión del COVID-19 es fulgurante.
En este contexto, y frente a la represión siempre feroz del régimen actual, los trabajadores y las trabajadoras de Irán mantienen sus luchas. Las huelgas se multiplican. Los trabajadores y las trabajadoras de la refinería de azúcar de Haft Tapeh llevan en huelga más de 50 días; es la huelga más larga de su historia, marcada por numerosas resistencias y luchas sociales. Los y las huelguistas reclaman el pago de los salarios de los tres últimos meses y la renacionalización de su fábrica.
El informe del Observatorio de Emancipación Juvenil concluye que los menores de 34 años tendrían que cobrar el doble para poderse permitir hacer frente al pago de la compra de una vivienda, es decir: pasar de los 961,03 euros de media que se cobran actualmente a cobrar 1.935,57 euros al mes, según los datos del segundo semestre de 2019.
Reclaman unas condiciones socioeconómicas dignas, basadas en un empleo de calidad, unas políticas de juventud transversales que cuenten con profesionales de juventud y aseguren la participación y la voz de las personas jóvenes en los espacios de toma de decisiones, fortaleciendo el ocio, el tiempo libre y el tejido asociativo juvenil.
Las empresas no tendrán que asumir todos los gastos del trabajo a distancia, como recogía el primer borrador del anteproyecto de ley que lo regulará. La última versión del texto, a la que ha accedido elDiario.es, elimina cualquier referencia a los «gastos indirectos» y deja en manos de los convenios
(Texto de Juanjo Basterra)
LAB ha remitido una comunicación interna a los miembros del comité nacional para intentar salir indemne de mi despido. Señala que no digo la verdad y que no sabían nada, poco menos. En la reunión del 24 de junio en la que se me informa del “despido objetivo por causas económicas” con el jefe de personal de Gara/Naiz y el abogado de la empresa, Aitor Garin e Ibon Altuna Goirizelaia respectivamente, son ellos quienes confirman que “estaba hablado con LAB” y, por lo tanto, avalado, puesto que no lo rechazó.
Días después de las declaraciones de Arantza Tapia, señalando entre otras cosas que la reducción de los salarios podría ayudar al mantenimiento del empleo, el presidente de Cebek manifestaba que la reducción de salarios no garantiza el empleo y que son necesarias otras medidas. Confebask, por su parte, añadía que
La Federación Metalúrgica de CGT (FESIM), señala en un comunicado público sobre la firma del acuerdo al que se llegó el pasado miércoles en Nissan, y que fue ratificado el jueves en la asamblea de trabajadoras y trabajadores, no supone el final de un camino, sino que supone el inicio de una nueva etapa de lucha para asegurar la reindustrialización de las factorías y el futuro laboral y social de las plantillas de las subcontratas y proveedoras.
