Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Las obras del proyecto de alta velocidad ferroviaria en el País Vasco circulaban a velocidad lenta en los últimos años. Sin embargo, el acuerdo alcanzado por los Gobiernos central y autonómico del PP y PNV podría dar un empujón definitivo a las obras.
A pesar de llevar encima de la mesa más de tres décadas, la puesta en marcha de las obras del tren de alta velocidad en el País Vasco se ha visto afectada durante todo este periodo por la falta de un verdadero debate social y político.
Gracias a la campaña internacional lanzada por el CADTM (Comité para la abolición de las deudas ilegítimas), se conoce muy bien la acción nefasta de los fondos buitre con respecto a las deudas soberanas: compran títulos de la deuda soberana a precio de saldo (de un 5 a un 20% del valor inicial) antes de recurrir a los tribunales para recuperar el máximo del valor de la deuda.
El mismo tipo de actividad está en plena expansión en el ámbito de las deudas familiares. Hay que señalar que las posibilidades son enormes, ya que en Europa el volumen de créditos privados en suspensión de pagos llega a un billón de euros . Debido al empobrecimiento de las clases populares, el volumen de estos impagos de deudas familiares y de microempresas aumentará inevitablemente.
Ayer martes 26 de diciembre a las 19h, frente a Diputación (Carlos III), CGT-LKN-Nafarroa se ha movilizado en defensa de lo público, en defensa de lo común. En la actual situación, que quieren catalogar de post-crisis cuando lo cierto es que vivimos instaladxs en ella, se hace necesario hacer ver la valía que unos servicios públicos amplios y de calidad pueden tener frente a la vorágine del mercado que continuamente expulsa a más y más personas a los márgenes de la exclusión.
CGT -LKN Nafarroa, con esta acción quieren denunciar que las políticas autoritarias impuestas a las clases asalariadas desde el inicio de “la crisis-estafa”, han conllevado, no sólo desposesión y robo de derechos públicos esenciales para la vida (como la sanidad, la educación, los cuidados, la cultura, la comunicación, los transportes públicos, las prestaciones sociales….), sino que ha afectado directamente a la concepción social del trabajo público y, por consiguiente, al empleo de las personas que trabajan en lo público, hasta presentarlo como “ineficiente, despilfarrador, etc” para, de esta manera, mercantilizar dicho trabajo y entregárselo a las grandes corporaciones empresariales para garantizarles beneficios.
Artículo de opinión de Maura Rodrigo Alcalá, Secretaria General de CGT/LKN-Nafarroa
Se ha escrito hasta la saciedad, tanto exaltando las virtudes y bondades de la privatización de los Servicios Públicos como argumentando en contra de esta práctica. A estas alturas, lo que sí se puede afirmar, es que una u otra postura responde básicamente a diferentes concepciones de la sociedad y del sistema económico; es decir, estas decisiones responden a planteamientos políticos.
Quienes queremos un mundo justo, igualitario, en el que todas y todos podamos vivir, en el que la riqueza se reparta por igual, creemos firmemente que los servicios públicos (que son ni más ni menos que aquellos servicios esenciales para vivir: sanidad, educación, cuidados, transporte, vivienda, suministros básicos…), se deben gestionar desde el Sector Público.
El Parlamento de Gasteiz ha aprobado ayer los presupuestos para 2018 que con el apoyo de los dos socios del Gobierno de Vitoria, PNV y PSE, y la abstención del PP, con el voto en contra de los representantes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.
El gobierno de Iñigo Urkullu ha logrado aprobar los presupuestos a través de un acuerdo con el PP, que a cambio de su abstención ha logrado introducir modificaciones presupuestarias por valor de 30 millones de euros (un 0,26% del total del presupuesto) y el compromiso de Lakua de rebajar el tipo del Impuesto de Sociedades que pagan las empresas del 28% al 24%, condición que exigía el PP para facilitar la negociación de los presupuestos del Gobierno de Lakua para 2018.
De «acuerdo histórico», «potente», «buena noticia», » que va a acelerar el «crecimiento económico», con estas eufóricas declaraciones se despachaban los jefes de CC.OO. y UGT, después de la firma del pacto social con el Gobierno y la patronal, para elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 850 euros en el año 2020, un acuerdo supeditado a las siguientes condiciones: «Siempre que la economía registre cada año un crecimiento del PIB real superior al 2,5%, y un incremento de la afiliación media a la Seguridad Social superior a las 450.000 personas». Para 2017 la subida será de un 4% o de 29 euros.
Con tales declaraciones de Pepe Álvares y Unai Sordo, no hace falta que el gobierno y la patronal salgan a anunciarlo y bendecirlo. Si la economía va también , si somos la 4ª potencia de Europa: ¿porque no tenemos el SMI al mismo nivel de Francia (1480), Alemania ( 1.500), Bélgica (1.531), Holanda (1.551), Reino Unido (1.396), Irlanda (1.563), Luxemburgo (1.998) y estamos al mismo nivel que Portugal, Grecia y Eslovenia?. La respuesta no es otra que la riqueza en España se reparte de la forma más desigual de casi toda Europa.
El ministerio de Hacienda ha conseguido lo que quería: doblegar a Ahora Madrid, imponer su Regla de Gasto y la cabeza del mayor rival político que ha encontrado desde el municipalismo, Carlos Sánchez Mato.
Al final ocurrió. Montoro ha sido capaz de quitarse de su camino al mayor rival político que había encontrado a sus políticas de austeridad y no ha tenido ni que hacerlo él mismo. Lo ha hecho la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. El nuevo Plan Económico Financiero (PEF) de Madrid, que la alcaldesa ha negociado con el ministerio de Hacienda, supondrá unos recortes en la inversión del Ayuntamiento de unos 530 millones de euros. Pero no se pierde solo eso. Se pierden dos años de una batalla política que por un momento parecía que equilibraba la balanza de poderes entre unas fuerzas municipalistas transformadoras y un Gobierno centralizador y fiel servidor de las políticas austeritarias europeas.
Las pensiones contributivas se actualizaron durante tres lustros de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Eso permitió que sus perceptores mantuvieran el poder adquisitivo incluso en los años en que se registraron altos niveles de inflación.
Sin embargo, desde la última reforma de la Seguridad Social, impulsada en plena crisis económica por el Gobierno de Mariano Rajoy, las cosas han cambiado mucho.
Con la regulación anterior, vigente desde 1995, si el IPC anual superaba en noviembre la subida aplicada a las pensiones el 1 de enero, se producía una actualización automática y el Estado abonaba la diferencia a través de una paga extra.
Cabe recordar que esta ha sido la quinta de las movilizaciones que se han desarrollado en este año 2017. La Sección de Enseñanza de Bizkaia de CGT-LKN ya mostró su adhesión a las anteriores movilizaciones de una manera crítica.
En primer lugar por su contenido, ya que si bien asumimos gran parte de las reivindicaciones que están encima de la mesa negociadora por parte de la representación sindical, CGT-LKN lucha por un modelo una escuela pública de calidad, gratuita, universal, científica, innovadora, laica, autogestionaria, integradora, participativa, democrática, antiautoritaria, crítica, pacifista, inclusiva, coeducativa, ecologista, compensadora de desigualdades…Frente a un modelo neoliberal impuesto fundamentalmente por el PNV: neoliberal, adoctrinadora, confesional, segregadora, competitiva, clasista y elitista.
Las distintas leyes de reforma del sistema de Seguridad Social en lo relativo a Pensiones, más allá de garantizar la consolidación de nuestro sistema público, universal y solidario, han supuesto una dinamitación del mismo.
La Ley 27/2011 de Zapatero, pactada entre casi todas las fuerzas políticas y los sindicatos del régimen, más la Ley 23/2013 del PP que regula el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización del sistema de Pensiones de la Seguridad Social, han supuesto, la primera una rebaja media en torno al 20%, mientras que la segunda reforma del 2013 sumará una pérdida adicional del 15%, por la reducción de la pensión media nominal tras la jubilación.
Convocada por la Campaña ehttipez, ayer se realizó una concentración contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en apoyo de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC – Construyendo Alternativas”, que está teniedo lugar en la Ciudad de Buenos Aires del 11 al 13 de diciembre, en el marco de la Semana de Acción contra la Organización Mundial del Comercio, que se desarrollará entre los días 7 y 13 de ese mes.
La Semana se ha iniciado con la Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo el jueves 7 de diciembre en la histórica ronda de las Madres. Le seguirán dos días de reuniones de plataformas internacionales contra el Libre Comercio.
La agenda ha continuado el domingo 10 de diciembre con una caravana de la Plaza de los Congreso al Obelisco, donde se realizará el Festival “Fuera OMC – Alternativas en Marcha”, apelando a la denuncia y a la construcción de alternativas de comercio para y en manos de los pueblos.
Vemos indispensable que para cualquier convocatoria de huelga, movilización o en lo referente a definir las reivindicaciones que se llevarán a una supuesta mesa de negociación se ha de contar con la participación directa y activa de todos los trabajadores y trabajadoras -a través de un proceso asambleario-. De hecho, además de los sindicatos, nosotras, como clase trabajadora, asumimos nuestra responsabilidad e incluso, a veces culpa, de parte de lo que está pasando en nuestro sector.
Las convocatorias de movilización han de ser lo más plurales y unificadas posibles (de sindicatos, uniendo a todos los movimientos y asociaciones vinculadas con la educación, tomando en cuenta a padres, madres y alumnado, trabajadores de los Servicios Sociales, así como a la plantilla de la educación privada/concertada), dejando de una vez la eterna pelea política de unos sindicatos y otros. Por un lado, demostraríamos frente a la administración una gran fuerza. Además, las movilizaciones parciales y divididas no traen a la clase trabajadora más que cansancio, desesperación, lejanía para con la lucha sindical y, por tanto, lo que más tememos, que es la desmovilización total.
Hace 69 años, al término de una brutal guerra que arrasó países enteros y ocasionó millones de muertos, se proclamó solemnemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su objetivo era impedir que tales niveles de autodestrucción volvieran a producirse, teniendo el convencimiento de que eso solo sería posible si se garantizaban unos derechos para una vida digna, libre y justa para toda la humanidad.
Tales derechos nunca llegaron a respetarse de manera universal. Gobiernos de todos los continentes, dictaduras e imperialismos, intereses económicos, ideológicos y étnicos, han protagonizado múltiples violaciones de los mismos. Durante algunos años y en algunos países se vivió el espejismo del “Estado del bienestar” y nos creímos que los DDHH acabarían imponiéndose de forma paulatina y universal, hoy, desgraciadamente, los vemos retroceder en todo el mundo y vemos avanzar a las fuerzas causantes de los desastres bélicos del pasado siglo.
En Euskadi hay una emergencia habitacional y social que requiere una respuesta urgente. Hay más de 40.000 inscritos en Etxebide en demanda de una vivienda de alquiler, otros muchos no inscritos, cansados de esperar durante años, o dados de baja mediante edictos y sin comunicación, miles viviendo hacinadas, o en viviendas que no son dignas.
La edad de emancipación de los jóvenes es la más tardía de Europa. Más de 50.000 personas están dependiendo de la caridad. Cada día vemos más personas con dificultades para acceder a una vivienda, y más hogares que no pueden hacer frente a los gastos de vivienda y suministros básicos.
La Organización Mundial de Comercio (OMC) se reunirá del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires (Argentina), ante la cual se ha convocado una «Cumbre de los Pueblos» en esta ciudad la ciudad que colabore en la articulación de la resistencia contra el llamado “libre comercio” que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza, y que avance en visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial.
La OMC representa los intereses de las empresas multinacionales y no los derechos ni las necesidades de las personas y de los pueblos. La OMC a través de los tratados de comercio e inversión (CETA, TTIP, TISA, etc), trata de fortalecer las bases de un modelo en el que las personas somos simples mercancía, no solo tratan de eliminar las barreras al comercio, sino son tratados para eliminar las conquistas sociales y los servicios públicos, donde seguirá aumentando la pobreza, la desigualdad y el enriquecimiento de unos pocos.
En Bilbo a las 19:00 h. en la Plaza Arriaga
En Gipuzkoa la concentración será en el Boulevard a las 19 h.
Desde CGT y las Federaciones que trabajamos en lo Público, queremos denunciar que las políticas autoritarias impuestas a las clases asalariadas desde el inicio de “la crisis-estafa”, han conllevado, no sólo desposesión y robo de derechos públicos esenciales para la vida (como la sanidad, la educación, los cuidados, la cultura, la comunicación, los transportes públicos, las prestaciones sociales….), sino que ha afectado directamente a la concepción social del trabajo público y, por consiguiente, al empleo de las personas que trabajan en lo público, hasta presentarlo como “ineficiente, despilfarrador, etc” para, de esta manera, mercantilizar dicho trabajo y entregárselo a las grandes corporaciones empresariales para garantizarles beneficios privados.
Si el año pasado Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa tuvieron 5.463 millones de euros en beneficios, este año pueden batir de nuevo ese récord con el aumento del 10% de la factura de la luz.
Si el año pasado Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa tuvieron 5.463 millones de euros en beneficios, este año pueden batir de nuevo ese récord con el aumento del 10% de la factura de la luz. Y lo dice el ministro de Energía que, a efectos prácticos, es como si fuera el portavoz de las eléctricas. Un servicio esencial que debiera ser público y de precio regulado convertido en el boyante negocio de un puñado de capitalistas.
2.446 de los 2.706 colegios que mantienen un ideario confesional son sufragados por las diferentes administraciones autonómicas.
El informe del INE señala que la enseñanza privada católica obtuvo 595,7 millones de euros de beneficio en 2014-2o15 y recibió más de 6000 millones de dinero público. La financiación supera por primera vez el 90% de centros, entre otros escandalosos datos.
Una necesidad social, la enseñanza, convertida en unrentable negocio privado y en un medio de adoctrinamiento religioso gracias a la política de los gobiernos estatales y autónomicos desde la Transición, resultado del más escrupuloso respeto a los privilegios de la iglesia impuestos por el franquismo y confirmados por el régimen borbónico a través del Concordato con la Santa Sede de 1979.
El Departamento de Educación del Gobierno vasco destinará durante el curso académico 2017/2018 casi 13 millones de euros a la concertación de seis colegios privados que sólo aceptan o varones o mujeres entre su alumnado, Gaztelueta (Leioa), Munabe y Ayalde (Loiu), Arangoya (Bilbao), Erain (Irún) y Eskibel (San Sebastián). Todos ellos están vinculados a la prelatura del Opus Dei, cuatro de ellos dentro de la patronal COAS.
La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha enviado al Parlamento el listado y el desglose de los fondos recibidos por estos centros de educación segregada por sexos a instancias del representante de IU y de la coalición Elkarrekin Podemos Íñigo Martínez, que se interesaba también por la «titularidad» de estas instalaciones. Uriarte matiza que Educación «no ha suscrito convenios con estos centros» sino los «documentos administrativos» propios del sistema de concierto educativo, un modelo que en Euskadi acapara el 50% de las matriculaciones, muy por encima de la media.
El 29 de Diciembre de 2016 el gobierno de Rajoy firmó con la industria farmacéutica un convenio por el cual se obliga a acompasar el crecimiento del gasto público en medicamentos originales no genéricos al crecimiento del PIB, por el cual se blinda los medicamentos de marca en detrimento de los genéricos.
El acuerdo garantiza un nivel de gasto público anual en medicamentos originales no genéricos, de tal forma que si no se llega a la cantidad estipulada, la administración compensa a la industria farmacéutica con «incentivos», en caso contrario, será este sector el que deberá compensar a la administración. Este sistema desincentiva la búsqueda de tratamientos más económicos como los que suponen los medicamentos genéricos, ya que muchos de los medicamentos de marca tienen un precio abusivo.
Este acuerdo supondrá una bajada de la tributación de las empresas del 28% al 24% en dos años. El tipo para ‘pymes’ también disminuirá cuatro puntos, del 24% al 20%, igualmente en dos ejercicios. Entrará en vigor en el 2018.
El acuerdo fiscal se tramitará en forma de enmiendas conjuntas en las tres Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. A falta de conocer la letra pequeña, los cambios afectarán «principalmente» al Impuesto de Sociedades, que bajará en su tipo general del 28% al 24%, por debajo del 25% del resto de España. El acuerdo a tres adelanta que habrá pacto presupuestario en Euskadi para 2018.
Inspección de Trabajo reconoce que Viaró Global School discrimina por razón de sexo a sus trabajadoras y propone una sanción de 50.002 €.
La resolución da la razón, también, a las reivindicaciones de CGT Enseñanza sobre la necesidad de eliminar los conciertos educativos y pone en cuestión el modelo del sistema educativo catalán.
La CGT considera gravísimo que el Departamento de Enseñanza, conocedor de los hechos, no haya procedido a la retirada del concierto educativo en la Escuela Viaró, haciéndose cómplice de la irregularidad.
Guy Standing, es economista y analista social, cofundador de la Red Mundial de la Renta Básica y profesor en la Universidad de Londres.
Le pasa a mucha a gente: lees a Guy Standing, le escuchas en una charla, y parece que te conoce de toda la vida. Al menos conoce tu vida, la del precariado, la de la falta de control del tiempo, la de correr sobre arenas movedizas, siempre esforzándose, siempre hundiéndose. El economista y analista social, cofundador de la Red Mundial de la Renta Básica (Basic Income Earth Network-BIEN) y profesor en la Universidad de Londres, estuvo en Asturies invitado por el Institutu Asturies 2030.
Vemos indispensable que para cualquier convocatoria de huelga, movilización o en lo referente a definir las reivindicaciones que se llevarán a una supuesta mesa de negociación se ha de contar con la participación directa y activa de todos los trabajadores y trabajadoras -a través de un proceso asambleario-. De hecho, además de los sindicatos, nosotras, como clase trabajadora, asumimos nuestra responsabilidad e incluso, a veces culpa, de parte de lo que está pasando en nuestro sector.
Las convocatorias de movilización han de ser lo más plurales y unificadas posibles (de sindicatos, uniendo a todos los movimientos y asociaciones vinculadas con la educación, tomando en cuenta a padres, madres y alumnado, trabajadores de los Servicios Sociales, así como a la plantilla de la educación privada/concertada), dejando de una vez la eterna pelea política de unos sindicatos y otros
Convocada por STOP DESAHUCIOS EUSKADI (Kaleratzerik Ez!) esta concentración tiene por objetivo denunciar la privatización de la vivienda pública, el incumplimiento de la Ley de Vivienda, el incumplimiento de los acuerdos del Parlamento Vasco sobre vivienda, y unos presupuestos que recortan prestaciones sociales y desatienden la vivienda como derecho fundamental de las personas.
Ante la última medida hecha pública por del GOBIERNO VASCO (G.V.) de vender mil viviendas VPO a bancos y fondos de inversión a cambio de que estas las cedan en alquiler por 600 euros mes durante 50 años. En lugar de dedicar esas viviendas VPO al alquiler social, y en lugar de exigir a los bancos, a los que hemos rescatado con dinero público, que pongan sus viviendas vacías a disposición de las necesidades sociales, el G.V. quiere contribuir al negocio de quienes han desahuciado a miles de familias y siguen robando mediante todo tipo de cláusulas abusivas.
Todos los países del mundo se encuentran reunidos esta semana en Bonn, Alemania para debatir los pasos a seguir para la implementación del acuerdo de París, un pacto mundial alcanzado hace dos años para combatir el cambio climático. Todos los países… excepto Estados Unidos.
Esta es la primera cumbre sobre cambio climático de alto nivel de las Naciones Unidas en realizarse desde que el presidente Donald Trump anunciara el pasado 1º de junio que iba a retirar a Estados Unidos del acuerdo.
Otros dos países que no se habían suscrito al acuerdo hasta el momento, Nicaragua y Siria, ahora lo han hecho. Esto deja a Estados Unidos solo en el mundo, como el único país que se niega a tomar medidas para combatir el cambio climático.
Mientras las rentas salariales (salarios, desempleo y pensiones) cada vez se llevan menor parte de la riqueza (el 35% de las declaraciones presentadas declararon ingresos inferiores a 13.200 € anuales) y aumenta cada vez más la pobreza, las empresas se lleven más de la mitad de la riqueza vasca (PIB) y solo paguen 7€ de cada 100 recaudados por hacienda, frente al ya escaso 14,45€ de cada 100 de 2008, según estudio realizado Nekane Jurado.
El Gobierno Vasco miente al asegurar que los Presupuesto son los mayores de la historia, ya que a los presupuestos iniciares se les quita lo que se destina al pago de la deuda (1.346,7 millones) mas el adelanto para las obras del TAV (161,3 millones), los presupuestos se quedan en 9,978 millones, cifra similar al gasto para 2017.
Las oligarquías poseen toda una suerte de empresas y dominan grandes campos de la producción. El dinero conseguido del privilegio y el ladrocinio, cuando no es conducido a paraísos fiscales, es reinvertido en toda suerte de empresas, destacando las Sicavs, gestionadas por los bancos.
El Listado de las 6 familias del País Vasco de las 70 más poderosas de España adscritas a territorios, y sus actividades. Se complementa con las 15 familias que controlan el Ibex 35:
Un nueve de noviembre de hace cinco años AMAIA EGAÑA, vecina de Barakaldo, se suicidaba cuando iba a ser desahuciada. Más de veinte mil personas salieron a la calle denunciando los recortes sociales y la vulneración del derecho fundamental a una vivienda.
Desde entonces muchas cosas han cambiado. Ese mismo año, las PLATAFORMAS ANTIDESAHUCIOS recogían un millón y medio de firmas en todo el estado, ochenta mil en Euskadi, en apoyo de una INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR que cambiase de raíz la legislación que estaba amparando que miles de familias perdieran su vivienda habitual y arrastraran deudas impagables de por vida.
El deterioro y privatización de la Sanidad Pública ha favorecido a los seguros privados.
El capitalismo financiero presume de que el negocio les va de lujo. De hecho, el Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell, las mayores entidades financieras españolas, han ganado en los nueve primeros meses del año 11.339 millones de euros, un 15 % más que en el mismo periodo de 2016. El Santander se sitúa en primera posición con 5.077, el BBVA, ganó 3.449 millones, CaixaBank es la que en mayor medida ha mejorado sus beneficios -un 53,4 %-, con 1.488, Bankia ganó 739 millones de euros y el Sabadell 653,8 millones de euros.
La precariedad, el miedo, el desempleo, la quita de derechos alimentan al sector bancario. Se esperaba que con la recuperación económica, cuyos inicios se pueden situar en 2014, los salarios subirían, pero está claro que los repuntes en precariedad laboral que están acompañando a esa particular recuperación a la española, no lo ha permitido.
El 29 de marzo de 2012 las calles de Barcelona vivieron un día de huelga general, de las más intensas y multitudinarias de los últimos años. Veníamos del 15M y de movilizaciones de barrios y pueblos con una fuerte coordinación. El contexto social del momento era de tensión, dolor y rabia permanentes debido a los ataques vividos y percibidos por la gran mayoría de la población.
En ese contexto luchábamos contra la dictadura económica impuesta por Europa y España. Una dictadura económica que recortaba derechos sociales y laborales, queriendo soslayar sistemáticamente las conquistas de derechos conseguidos, mientras que paralelamente se rescataban los bancos y las élites económicas y sociales se fortalecían.
EL CETA ha sido acordado ayer en el Senado con el apoyo del PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT. El PSOE ha vuelto a abstenerse. Unidos Podemos ha votado en contra.
El PP con la mayoría absoluta ha aplicado el rodillo, desoyendo la solicitud de multitud de ayuntamientos, parlamentos autonómicos y sociedad civil que han pedido su paralización y el acceso a información adicional.
El tratado ya tenía el visto bueno del Consejo Europeo, el Europarlamento y el Congreso de los Diputados, y ya lleva casi un mes en vigor, de forma provisional. Un procedimiento similar está transcurriendo paralelamente en otros países europeos, aunque hasta la fecha sólo ha sido ratificado en seis países.
Después de la celebración el año pasado en Lyon del I Encuentro sobre la Ecología Social, este año la ciudad escogida para realizar el II Encuentro sobre la Ecología Social ha sido Bilbao. Así los días 27, 28 y 29 de octubre os invitamos a compartir vuestro tiempo con nosotr@s y el de personas venidas de los diferentes territorios del Estado Español y Europa.
El II Encuentro Internacional sobre la Ecología Social tiene por objetivo crear un espacio cada vez mayor, de análisis y reflexiones fecundas. Unas reflexiones alimentadas por experiencias concretas, tanto históricas como actuales, cercanas o más alejadas, siendo el propósito fundar y proyectar un nuevo paradigma político emancipador y unas líneas de acción creíbles y tangibles con capacidad de consenso.
En la reunión celebrada el pasado 11 de octubre por las alegaciones presentadas al Proyecto de Decreto que regula el Derecho subjetivo al acceso de la ocupación de una vivienda o la Prestación Económica de Vivienda (PEV) y en espera de la contestación oficial las plataformas han realizado la siguiente valoración pública:
Con carácter general han venido a decirnos que no tienen margen de maniobra porque es el PNV el que decide el presupuesto.
Dicen que las 12.000 viviendas de gestión pública actuales (incluyendo BIZIGUNE) están ocupadas, y no hay más viviendas, ni para responder al DERECHO SUBJETIVO, que en 2018 demandará 5.000 viviendas, ni por supuesto a los 50.000 inscritos en ETXEBIDE como demandantes de una vivienda de alquiler.
El Tribunal de Cuentas, ha hecho público un informe que destapa la corrupción de CCOO y UGT, mano a mano con la patronal CEOE, en el reparto de la partida de 10,7 millones de euros de fondos públicos destinados a la prevención de riesgos laborales. El Tribunal los acusa de gestionar los fondos en beneficio propio, con absoluta opacidad y sin preocuparse siquiera de acreditar documentalmente su destino.
En su Informe de Fiscalización de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015, acusa a estas organizaciones de diseñar y de establecer las normas para distribuirlas entre los agentes sociales, aprobando o denegando las acciones, y siendo sus miembros, a su vez, beneficiarios de las mismas, donde todas las solicitudes de estas organizaciones recibieron financiación y que la suma de todas ellas coincidía con el importe total del presupuesto, lo que lleva a aseverar a este órgano de control que existe un reparto previo de los fondos entre CEOE, UGT y CCOO.
En el contexto del “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”. La “Carta por los Derechos Sociales” ha desarrollado una movilización ante el Parlamento Vasco. Protesta en la cual han participado personas que sufren de forma directa las situaciones de recortes y empobrecimiento generalizado.
Iniciativa que surge con el ánimo de exigir que se pongan en marcha medidas concretas y efectivas contra la pobreza y la precariedad; en el día que tiene por objeto sensibilizar sobre las situaciones de exclusión que se dan día a día en nuestros pueblos y barrios.
Hace unos años, con ocasión de otro año terrible de incendios generalizados en Galiza, escribí un artículo (Iluminados por el fuego) donde mostraba mis reservas sobre el argumentario utilizado por cierta izquierda para dirimir las causas de esos siniestros. Mi criterio, sin descartar la existencia de tramas y mafias detrás del fuego, discrepaba a la hora de considerar esa la explicación concluyente. Porque estimaba que remitía a una especie de teoría de la conspiración que no se sostenía a la luz de lo que venía sucediendo desde tiempo atrás.
Es más, en algún momento creí intuir que esa hipótesis tenía como mensaje subliminal una acusación política unidimensional, habida cuenta del tradicional monopolio del poder por la derecha en esa comunidad. Parecía que al identificar así al presunto “culpable” el camino para la solución del problema estuviera al alcance de la mano. Solo había que desalojar al PP de esas instituciones (aunque durante las etapas de izquierdas con González Laxe y Pérez Touriño no mejoró la situación).
Cerca de 100 compañías afincadas en Euskadi centran sus actividades en el ámbito armamentístico. Entre los principales directivos figuran el actual presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, o el exministro de Defensa del PP, Pedro Morenés. También aparece un ex alcalde del PNV que prestó funciones de “asesor militar”.
Yemen es hoy un país destruido. Por allí no ha pasado ningún huracán Irma, sino las bombas de Arabia Saudí. El reino wahabí dispara desde el cielo y desde la tierra contra familias desarmadas. Solo en lo que va de 2017 han muerto más de 200 niños. La mayoría resultaron despedazados por los proyectiles que caían sin piedad.
Al gobierno español la “estrategia política” que están siguiendo respecto al denominado “el procés» catalán, les permite distraer y esconder los problemas reales que millones de personas están padeciendo ante el deterioro de su situación social y civil, como consecuencia de las políticas autoritarias y de recortes del ejecutivo nacional y de la U€.
Especialmente inhumanas son las políticas sobre migración y refugio que la U€ está imponiendo en todo su espacio de influencia económica y política, y aún más inhumanas las concreciones que el Estado Español está realizando, respecto a su papel de contención en la frontera Sur (Ceuta y Melilla) de cientos de miles de personas, las cuales han sido desplazadas de sus territorios precisamente por la intervención del capital global -U€ incluida- en los mismos, despojando recursos, generando conflictos de guerra y violando los más elementales derechos humanos.
Con la coartada de atraer empresas a Bizkaia el Presidente de la Diputación Foral anuncia una nueva bajada de impuesto para los empresarios. Mientras los beneficios de las empresas aumentan cada año su disparidad con las rentas salariales, el aumento de los beneficios fiscales hace que de cada 100 euros que se esperaba recaudar en 2016 en Hego Euskal Herria solamente 8,3 serán pagados por las empresas, frente al 14,45 de 2008″ (Según Nekane Jurado).
Por otro lado una satisfecha Arantza Tapia, actual Consejera de política industrial del Gobierno vasco, nos ha presentado un balance de su política industrial del período 2014-2016, por las cuales gracias a los subsidios y subvenciones a la empresa vasca han conseguido salvar 22.000 empleos.
La plataforma KALERATZEAK STOP DESAHUICIOS con esta concentración ha denunciado que se está vaciando de contenido la Ley de Vivienda vasca, ya que se pretende sustituir el derecho subjetivo a una vivienda por una prestación de 250 euros. La plataforma ha presentado sus propuestas al PROYECTO DE DECRETO presentado por el CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA.
El plazo de Audiencia Pública era hasta el 29 de septiembre y el GV ha extendido este plazo, a petición nuestra, hasta el 8 de octubre, que consideramos insuficiente para garantizar la participación ciudadana.
El CETA entrará en vigor provisionalmente esta semana sin haber sido ratificado por buena parte de los parlamentos europeos
El tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europa (CETA) entra en vigor este jueves, 21 de septiembre, de manera provisional y sin que todavía se haya ratificado por parte de la mayoría de los países de la UE.
La campaña estatal No al TTIP, CETA y TISA, de la que forma parte la Confederación General del Trabajo (CGT), considera muy grave que el CETA empiece a incidir en la vida de las personas sin haber sido validado por algunos parlamentos europeos.
Ayer varios cientos de personas se concentraron con el lema: “NO QUEREMOS SER CÓMPLICES”, de crímenes de guerra ni de la violación del derecho internacional y humanitario, atendiendo a la llamada de; Amnistía Internacional, Colectivo Gasteizkoak, FundiPau, Greenpeace, KEM-MOC, la Plataforma Ongi etorri Errefuxiatuak Bizkaia y Oxfam Intermón, donde difundieron un comunicado de denuncia de la venta de armas, donde recientemente se ha conocido que desde octubre de 2016, el Puerto de Bilbao ha sido testigo de la carga de más de 300 contenedores de explosivos con destino a Arabia Saudí.
Esta información se ha conocido gracias a la valentía de alguien que no quiso ser cómplice y a pesar del secretismo institucional respecto al comercio de armas, tan conveniente para las empresas del sector.
La concentración organizada por la plataforma Kaleratzerik ez-Stop Desahucios Álava, ha contado con la presencia de cinco de los seis sancionados durante el desalojo de una madre de tres hijos en el barrio de Zabalgana, que también se sumó a la protesta, de un piso del parque de viviendas de alquiler de protección oficial el 15 de septiembre de 2016.
En la concentración se leyó un comunicado de la plataforma donde denunciaron que; «ha habido más de 700.000 ejecuciones hipotecarias, y más de 500.000 desahucios. En estos años ha sido necesario desobedecer leyes injustas, parando miles de desahucios, mientras veíamos que se incumplían todas las leyes, estatales e internacionales, relativas al derecho a la vivienda y a la prevención de desahucios forzosos».
Bajo el lema «El pueblo tiene la última palabra» se han congregado esta tarde a más de 300 personas en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria en protesta contra «el avance de los trámites» para la demolición del barrio ‘okupa’ de Errekaleor, aprobado con los votos del PNV, el PSE y el PP.
En esta concentración un miembro de este colectivo ha explicado que después de la decisión del Ayuntamiento; «la mejor defensa del barrio es seguir desarrollando el proceso participativo» y continuar con las movilizaciones. Los vecinos y vecinas como a las personas partidarios de este proyecto, han explicado las razones por las que no se debe tirar el mayor barrio okupa autogestionado del Estado.
El 15 de septiembre de 2016 en el barrio de Zabalgana de Gasteiz, una inquilina de un piso de Alokabide, madre de tres hijos, fue desalojada de su vivienda tras constatar una deuda de 9.000 euros, generada durante 22 meses, con la sociedad pública del Gobierno Vasco, que gestiona el parque de viviendas de alquiler de protección oficial.
Durante el desahucio seis activistas que protestaban pacíficamente de cerca de un centenar de personas, fueron identificados por la Ertzaintza, a pesar de que la protesta fue debidamente comunicada como una violación grave” del pacto internacional de Derechos Humanos que exige que no haya “ningún desalojo sin alternativa habitacional”. Finalmente el Consistorio ofreció un apartamento de acogida como hogar para la madre y sus hijos desalojados.
A finales del pasado mes de agosto estas personas recibieron la comunicación de un expediente que contiene una propuesta de sanción por valor de 602 euros en concepto de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida ley mordaza. Desde el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco se les acusa de “obstrucción a la autoridad” durante el desalojo de la vivienda.
La crisis económica y la recuperación propalada por el Gobierno de Rajoy no se extienden de modo homogéneo, a la luz de la estadística. La Agencia Tributaria hizo públicos el cinco de septiembre los datos de la declaración del patrimonio correspondientes a 2015, de los que se desprende que 549 personas declararon por un valor patrimonial superior a 30 millones de euros (tramo de la base imponible). Es uno de los modos de cuantificar el número de grandes potentados.
Además del medio millar de megarricos situados en la cúspide, un total de 5.931 personas declararon a Hacienda en 2015 por un valor patrimonial entre los seis millones y los 30 millones de euros; y otras 50.738, por un patrimonio comprendido entre 1,5 y 6 millones de euros; según las cifras del Ministerio de Hacienda, en el tramo entre 300.000 y 1,5 millones de euros de patrimonio se situaron 127.215 declarantes. En resumen, y si se toma una horquilla amplia, 57.218 personas contribuyeron al fisco, en concepto de riqueza patrimonial, una cantidad igual o superior a 1,5 millones de euros.
Al abrirse la Mesa de Negociación de los Presupuestos Generales del Estado 2018 y en la Función Pública buscando el Gobierno el Acuerdo con los sindicatos institucionales, CC OO solicita al Estado hasta 2020 un incremento de 23.000 MM€ para Educación y Sanidad por ser la necesaria para que la inversión en ambos sectores alcance los niveles previos a la crisis. En 2009 se destinó el 5,09% del PIB a educación, cifra que en la actualidad se sitúa en el 4,1%, lo que se traduce en alrededor de 10.000 millones de euros menos, aproximadamente. En el caso de la sanidad, hoy se invierte el 5,9% del PIB frente al 7,2% previo a la crisis: un tijeretazo de más de 13.000 millones de euros.
Según CCOO se perdieron alrededor de 300.000 empleos públicos durante la crisis. Desde 2009 se perdieron 36.500 puestos de trabajo en Educación Pública y 28.000 en Sanidad. Piden una subida salarial por encima del IPC y recuperar el 5% perdido en las pagas extraordinarias.
