Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han firmado el reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia y han acordado que no se desembolsarán los fondos hasta que se compruebe la ejecución de las reformas en los distintos Estados. El Estado Español debería recibir 140.000 millones de euros de dichos fondos.
El Ejecutivo español integrado por PSOE y UP nominalmente es un gobierno de coalición, pero en la práctica del año que lleva en ejercicio se ha manifestado sobre todo como un <<gobierno de contradicción>> mal avenido. Una pata del Ejecutivo, especialmente la que sigue a Pablo Iglesias, acostumbra a discrepar públicamente de las actuaciones de la otra.
¿Pero cabe realmente un antagonismo en un gobierno? Para nada, y además es imposible. Por mucha bronca y aspavientos que unos y más otros hagan, las decisiones Consejo de Ministros son colegiadas.
Cientos de personas se han manifestado por barrio de San Francisco, contra el desahucio de Judith, del Sindicato de Vivienda AZET, una mujer de 24 años que está embarazada de 8 meses y medio, que durante el confinamiento, se quedó sin trabajo ni ingresos, por lo que no pudo pagar el alquiler y acabó quedándose en la calle. En esa desesperada situación, entró en una casa vacía, propiedad de Viviendas Municipales de Bilbao, en la que vive desde hace unos meses.
Para el movimiento de pensionistas vasco, al igual que para los y las pensionistas del resto de los pueblos del Estado, el 15 de enero de 2018 es una fecha histórica, pues supuso el inicio del movimiento que continuamos en la calle a día de hoy y lo seguiremos haciendo en el futuro hasta conseguir unas pensiones públicas y dignas.
Ha muerto de frío una persona en la Cañada Real. Más de 4.000, entre ellos 1.800 niños, se congelan. Ayuso les llama delincuentes. Naturgy no devuelve la luz. Qué hay detrás: los intereses urbanísticos de las promotoras de la zona.
La Cañada Real Galiana se sitúa en el sureste madrileño, la mayor bolsa de suelo para vivienda asequible en la capital, en una intersección de terrenos comprados por las grandes promotoras del ladrillo del país que tienen 38 proyectos en construcción.
España a pesar de ser uno de los países con más horas de luz solar del planeta, el oligopolio energético español sigue siendo adicto al gas natural y el petróleo, dos recursos que España importa de países como Argelia, Arabia Saudí o Libia. De ahí el riesgo de que los gobernantes tengan más preocupación por ganarse un puesto bien remunerado en una compañía energética que por erigir un sector energético estable, autosuficiente en la medida de lo posible y respetuoso con el medio ambiente.
CGT-LKN de Euskal Herria, exige el fortalecimiento de la protección social en Euskadi, y en consecuencia, la subida de la RGI de acuerdo con la Ley de 2008 y se vincule al Salario Mínimo Interprofesional de 2021. Además, de dar marcha atrás a los recortes -aplicado en los últimos años- en las cuantías de las prestaciones gestionadas por Lanbide: Incentivos al Empleo, Renta de Garantía de Ingresos, Complemento de Pensiones y Prestación Complementaria de Vivienda.
Tras varios años con las pensiones congeladas o con la mísera subida del 0,25% a raíz de la Reforma de La Seguridad Social de Rajoy de 2012, fue tal el cabreo y hartazgo de la gran mayoría del mundo pensionista, que de un modo un tanto espontaneo y sin coordinación, decenas de millares de hombres y mujeres pensionistas salieron a las calles el 15 de enero del año 2018 en Hego Euskal Herria y en otros pueblos del resto del Estado.
Todos, a diestra y siniestra, coinciden en buscar imputaciones en el adversario político, y al mismo tiempo en ignorar el único precedente habido en España realmente comparable a lo sucedido en EEUU. El 23-F, perpetrado por un grupo de militares y guardias civiles armados que ocupó a tiros el Congreso de los diputados en 1981.
De un lado, Partido Popular, Ciudadanos y Vox buscan un paralelismo obsceno en los varios <<rodea el Congreso>> habidos, y se lo endilgan a Unidos Podemos (UP), cuando en su arranque los de Iglesias ni existían. Y del otro, se hurga en el acoso al Parlament, obviando que en su origen aquella fue una protesta intergeneracional, apartidista y espontánea contra los crueles ajustes y recortes infligidos en Catalunya desde las instituciones.
Varias decenas de miles de personas se han manifestado a lo largo y ancho de Euskal Herria, en más de 200 pueblos y ciudades a pesar del frio y de la nieve de algunas localidades. En Bilbao en concreto, la manifestación a partido pasadas las 16,30 desde la plaza Moyua, con dos grandes banderas y una pancarta bajo el lema Bidea Gara (Somos el camino).
Según datos de Facua-Consumidores en Acción recogidos, el precio de la luz se ha disparado un 27% en este arranque de 2021, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) con la tarifa regulada (PVPC), frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020.
El recibo de la luz se incrementó en un 7,2% durante 2020 en el Estado Español, según la información difundida por esta organización
Diez multinacionales se embolsan el 65% del dinero que España destina a frenarla.
En este sentido, las multinacionales de la ICM con mayor número de puertas giratorias son Indra y Repsol (26 puertas giratorias cada una), Telefónica (29), Grupo ACS (18), Acciona (15), Everis (10), El Corte Inglés (15), Airbus (7) y Ferrovial (6).
Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno español adjudicó al menos 660,4 millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio a través de más de 1.677 contratos públicos (…).
Casi la mitad de los fallecidos en España por coronavirus o síntomas similares fueron ancianos internados en las residencias. Creo que no se ha reparado lo suficiente en este geronticidio. La cifra oficial contabiliza 24.372 personas alojadas en los 5.437 centros del país: el 48,5 por ciento del total oficial de muertos registrados.
De nada valió que en algunas de las comunidades autónomas donde fue mayor el número de fallecidos se solicitara una comisión de investigación, a la que –como ocurrió en Castilla y León– se negó el Gobierno regional, según denunciaron los diputados de la oposición. La muerte de más de 3.500 de nuestros mayores quedará así enterrada en la inmunidad del olvido.
«Sin nosotras, no se mueve el mundo». Este reclamo, originariamente lanzado por las trabajadoras de hogar, ha permeado los últimos 8 de marzo. Son palabras que nos convocan a un cambio sistémico que, con la crisis de la COVID-19, se ha evidenciado más urgente que nunca. Cuando afirmamos que «si nosotras paramos, se para el mundo» estamos reclamando que se reconozca y valore este trabajo; dejar de mover el mundo solas; y, sobre todo, empezar a mover un mundo distinto donde el cuidado de la vida común esté en el centro.
Illa es de profesión filósofo, con lo que se le presume amante de la verdad (filo-sofía), pero de condición político, con lo que prevalece una innata inclinación a la mentira. Lo demostró palmariamente al declarar públicamente el pasado 29 de diciembre (y no era el día de los inocentes) que no iba a presentarse a las alecciones catalanes del próximo 14 de febrero, y solamente 48 horas después hacer efectiva su candidatura.
Solo la participación y el control social, sindical y político permanente de las estrategias de vacunación pueden limitar el riesgo de una distribución injusta de la vacuna.
En la Unión Europea, este pasado domingo 27 de diciembre ha comenzado la vacunación frente a COVID-19 y, dado que alcanzar cifras de inmunización colectiva suficientes tardará al menos varios meses con la reincorporación de nuevas vacunas, se han priorizado determinados colectivos poblacionales para recibirla. Priorizar en este caso significa suministrar las vacunas a unos colectivos antes que a otros.
Ante la falta de cifras oficiales de fallecidos en la frontera sur, Caminando Fronteras realiza un monitoreo durante los 365 días del año mediante una red de comunidades migrantes, servicios de rescate, redes de familiares y defensores de Derechos Humanos que recoge y contrasta información en terreno. «Se trata de los peores datos desde que comenzamos nuestro monitoreo y somos conscientes de que las víctimas pueden ser muchas más«, ha lamentado Helena Maleno, fundadora del colectivo.
Flaco favor al sistema público de salud ha realizado la Consejera del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, cuando asegura que “las derivaciones a la red privada son más baratas que atender a estos pacientes en la pública”. Un informe de la Cámara de Comptos contradice esta afirmación, poniendo encima de la mesa datos numéricos donde queda demostrado que los precios que se abonan en estos conciertos son del doble y hasta del triple, salvo en el caso de la hemodiálisis, en que es similar.
El gobierno central, y muchos autonómicos, y ayuntamientos, hicieron lo imposible para que los estragos de la pandemia no se vieran. Ha habido informes muy crudos y necesarios de Médicos Sin Fronteras y de Amnistía Internacional acera de lo ocurrido en muchos hospitales y sobre todo en residencias de ancianos.
Este movimiento de pensionistas, organizado desde abajo, con métodos asamblearios para la participación y toma de decisiones, métodos que recuerdan lo libertario, ha mostrado cómo la sociedad civil puede o debe autoorganizarse y plasmar una tabla de reivindicaciones consensuadas que responde realmente a las necesidades de las personas y no a la de los mercados, los grandes fondos de inversión, el capital en suma.
InfoLibre recaba los 13 listados autonómicos de centros con «educación diferenciada» con financiación pública, fenómeno presente en todas las comunidades salvo Canarias, Extremadura, Aragón y Castilla La Mancha. El 100% de estos concertados son católicos, entre el Opus, organizaciones afines. La nueva ley educativa impulsa la prohibición de subvencionar este modelo, aunque en 2018 dicha financiación ya recibió el aval del Tribunal Constitucional.
Entre los cargos de confianza de la banca privada figuran un hijo de un exdiputado y exvicepresidente de la CNMV con Aznar y la hija y la viuda de un exdiputado y exsenador popular.
La normativa de sicavs establece que para acogerse a las ventajas fiscales de las que disfrutan estos vehículos es necesario que cuenten con un consejo de administración. Aunque en muchas de ellas (no es lo más habitual) aparecen como consejeros sus accionistas, es muy frecuente que, por razones de confidencialidad, personas ajenas a su accionariado figuren en sus máximos órganos de gestión.
Para seguir reclamando el Reparto del Trabajo, el sábado día 26 de diciembre, CGT-LKN en el centro de Iruñea se ha concentrado, como medida que puede corregir en algún grado algunas de las situaciones que el actual estado de las cosas genera en contra de las personas y el planeta.
El reparto tiene que estar articulado, necesariamente en clave de transformación y justicia. Trabajar menos para trabajar todas. Trabajar menos para tener más tiempo para nuestra vida, para los cuidados. Adelantar la edad de jubilación.
El movimiento de pensionistas considera necesario y urgente dar respuestas y soluciones a los graves problemas del sistema sanitario y sociosanitario, ya que nos enfrentamos a unos retos difíciles, cuyas conclusiones van a determinar en los próximos años la vida del mundo pensionista, de los trabajadores y trabajadoras y de otros sectores sociales que conformamos la gran mayoría de la sociedad.
El Sr. Escrivá, Ministro de la Seguridad Social acaba de proponer que para calcular la pensión a percibir se compute en base a los salarios de los últimos 35 años en lugar de los 25 que regían actualmente. Después de que la reforma de las pensiones de 2011 lo hiciera subir de 15 a 25, y que la anterior de 1988 lo hiciera pasar de 2 a 8. Recapitulando: antes el cálculo era sobre los dos últimos años, pasó a 8, 15, 25, y ahora 35…
La estrategia es hábil. No se detendrán en debatir las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en octubre, en las que hay amplia materia a discutir, sino que se hace otra propuesta distinta que reclamará la atención y las energías de quienes se oponen a la misma.
Porque de lo que se trata es de echar la culpa al contrario, el gobierno a la posición y viceversa. El triste negocio de la pandemia. Utilizar la zozobra general para lograr réditos políticos. Una trifulca que, en resumidas cuentas, convierte la lucha contra la pandemia, caiga quien caiga, en subsidiaria de los intereses electorales de los partidos con mando en plaza.
Este domingo 20 de diciembre, ha tenido lugar una nueva manifestación de la comunidad saharaui en Bilbao, que ha dado comienzo a las 12:00 h. desde la plaza del Teatro Arriaga y ha finalizado en el parque de Doña Casilda. Al final de la movilización, han leído un comunicado donde el gobierno de la Republica Saharaui y el Frente Polisario condenan, en los términos más enérgicos, la decisión del presidente americano, en fin de mandato, Donald Trump, por su reconocimiento a Marruecos de lo que nunca fue suyo, esto es , la soberanía sobre el Sáhara Occidental.
Más de dos millares de personas han participado en la manifestación convocada por el Movimiento de Pensionistas para recordar a los responsables institucionales que apenas se han corregido las deficiencias observadas durante la primera etapa de la pandemia, tanto en residencias como en el sistema público de salud Osakidetza.
Convocada por CGT/LKN para trabajar menos para trabajar todas, por el reparto de todos los trabajos. Por el reparto de la riqueza, por una sociedad igualitaria.
CGT aboga por una reducción de la jornada laboral hacia las 30 horas, por la semana de laboral de 4 días, por el reparto del trabajo y por la erradicación de las horas extras, porque es posible, porque tenemos medios y el conocimiento suficiente para organizar nuestra sociedad de tal manera, que podamos todas las personas ganarnos el sustento con dignidad y vivir tranquilamente, satisfaciendo nuestras necesidades personales, familiares y sociales.
Una manifestación, convocada por los sindicatos ELA, LAB, STEILAS, ESK, HIRU, EHNE y CGT, ha salido a las calles del centro de la capital navarra este viernes para exigir respeto a los derechos de los presos y reclamar un acercamiento a sus lugares de origen. La marcha se enmarca en la iniciativa «Izan bidea» de Sare Herritarra.
El Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y habría devenido en un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista. Un muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su Presidente Carlos Lesmes como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales y a los jueces Marchena, Lamela y Llarena como sus más destacados peones.
El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión.
Cecilio Gordillo, natural de Medina de las Torres, en Extremadura, accedió fortuitamente a los entresijos de la Memoria de nuestro país debido a la exhumación de un tío suyo del que no sabía apenas nada, y que murió represaliado en esos años oscuros de Guerra Civil y represión del posterior régimen franquista. Ahora, tras haber dedicado las últimas décadas de su vida al memorialismo, es una voz de sobra autorizada en la materia, sin duda respetada, aunque no tan escuchada por parte de las Administraciones como cabría esperar.
Denuncian que actualmente las personas migradas no tienen el derecho al libre tránsito, atraviesan diferentes tipos de violencia durante el mismo y en el país destino, al ser perseguidas y criminalizadas. Europa destina millones de euros para cerrar fronteras y las sociedades de “acogida” normalizan esta violencia racista. Denuncian que sin vías seguras, migrar también es violencia colonial.
La Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Transportes cierran el acuerdo para prohibir todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional durante el estado de alarma. Las compensaciones a grandes tenedores de vivienda solo se abonarán en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico.
El nuevo programa de Rojo y Negro nos habla de okupación, desahucios y de la problemática de la falta de vivienda social.
INTERVIENEN:
Por motivos de seguridad estaremos por videoconferencia con:
Presenta: Rut Garrido
Convocada por Kalamiak (Alde Zaharreko talde feministak) ayer a la tarde se desarrolló una concentración para denunciar la agresión machista y lesbófoba que sufrió la periodista feminista Irantzu Varela el pasado domingo.
El colectivo y otras muchas mujeres han querido mostrar su apoyo la periodista y activista feminista Irantzu Varela que ha denunciado que un hombre, vecino suyo, la agredió propinándole varios puñetazos y con insultos lesbófobos.
En este año de pandemia mundial, insistimos en el derecho que tienen todas las personas a migrar; así como el deber de los Estados a proteger y a NO criminalizar a las personas migrantes, por el hecho de abandonar sus países de origen buscando un futuro mejor. Un año más queda de manifiesto la ausencia de vías reales, legales y seguras, donde alrededor de 600 personas han fallecido o desaparecido en aguas del Atlántico en la reactivación de la ruta migratoria que une las costas de África Occidental con las Islas Canarias.
Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón dan un paso más para evidenciar la falta de ambición climática del Gobierno y las consecuencias que conlleva.
Medio centenar de organizaciones (entre ellas CGT y CGT-LKN) y más de 24.000 personas se han sumado ya al primer proceso judicial por el clima en España.
Mientras la UE ha aumentado el objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para 2030, el Gobierno de España propone solo un 23% para el mismo periodo.
La futura reforma de las pensiones que se está discutiendo, con total secretismo y a espaldas de la clase trabajadora en la mesa del diálogo social, ha abierto una polémica en el Gobierno de coalición a raíz de la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de ampliar a 35 años el período de tiempo para calcular la cuantía de la pensión inicial de los nuevos jubilados que ha sido criticada por Unidas Podemos.
La apuesta es clara: sustituir más por mejor. O repartimos el trabajo atendiendo a criterios sociales o se seguirá imponiendo la ley del más fuerte. Y el tiempo no para. Para forjar este cambio de paradigma, debemos difundir, convencer y reivindicar a través de la movilización.
Los fondos y planes de pensiones no existirían sin la desgravación fiscal, tal como se encargan de recordar sus propios defensores todas las veces que corre el rumor de que esta va a desaparecer. Pero entonces, ¿cuál es la razón de la existencia de un producto financiero que nadie demandaría sin desgravación fiscal? Concretamente en España, según ha ido disminuyendo la cuantía de los beneficios fiscales los fondos de pensiones han ido perdiendo importancia relativa.
Mujeres Libres construyó «imágenes de cambio» tanto en el formato de imágenes propiamente dichas, recogidas en la revista, como proporcionando historias inspiradoras que llegan a nosotras en forma de artículos, realizaciones o biografías de mujeres comunes que asumieron responsabilidades impensables para ellas antes de julio de 1936. Esas «imágenes de cambio» nos permiten ver y valorar potencias de cambio y transformación que si no pasarían desapercibidas o serían percibidas como «poca cosa».
El 4 de octubre de 2014, la Coordinadora 25-S convocó una movilización en la Puerta del Sol en Madrid bajo el lema “Monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción“. Cuando la gente comenzó a avanzar por la calle Alcalá, las UIP realizaron una brutal carga policial con el resultado de varias personas heridas y detenidas, de las cuales algunas tuvieron que recibir asistencia hospitalaria.
El presidente de los empresarios de Bizkaia, Iñaki Garcinuño, con toda la cara y sin fruncir la ceja, ha manifestado públicamente su interés de que tras el compromiso de que después de que se acaben los ERTEs, las y los trabajadores tengan garantizado su puesto de trabajo al menos durante seis meses, “la patronal pueda desvincularse de ese compromiso y, por tanto, poder echar a la calle a la gente sin respetar ni siquiera ese mínimo de 6 meses de trabajo garantizado”.
