Ante el cierre de Nissan, Anticapitalistas, CGT y CUP han presentado una propuesta de socialización y transformación de las plantas de la multinacional en Catalunya. Las propuestas responden al objetivo de mantener el empleo, la soberanía industrial y bajo criterios de transición ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar la producción o diversificarla hacia la fabricación de microbuses eléctricos para el transporte de personas, de camionetas de uso público para el transporte de mercancías o residuos, reconvertir vehículos de combustión a eléctricos e iniciar un modelo de vehículo para un sistema de carsharing público.
Daniel Moreno, de Anticapitalistas, ha explicado en rueda de prensa que el motivo principal de la propuesta es garantizar el futuro de los más de 25.000 puestos de trabajo. En segundo término sería empezar una transición hacia una sostenibilidad ecológica y social que no deje a nadie atrás. Por eso, la propuesta implica generar un modelo basado en una primera esfera, en una movilidad más próxima donde las distancias urbanas apuesten por transportes colectivos y, además, sustituir el coche privado hacia un coche compartido y “qué mejor que esto se haga con empresas de titularidad pública”.
El espacio físico que los coches ocupan en las ciudades, ha apuntado Moreno, es grandísimo y más todavía cuando se ve la utilidad que se les da. Así, la propuesta defiende “un modelo mucho más viable que el modelo actual que nos lleva al desastre ecológico y no se puede mantener”. En números, la apuesta por la fabricación de coches eléctricos destinados al carsharing público a nivel municipal, si se fabrica 1 coche por cada 100 habitantes, significaría para la fábrica una carga de trabajo para, como mínimo, 10 años de trabajo.
Como uno de los inconvenientes que se pueden plantear es el coste, la propuesta lo ha tenido en cuenta y ha previsto su viabilidad. Si el estado se comprometiera con la compra de los vehículos para una producción de 50.000 coches el año, tendría que invertir 950 millones de euros cada año durante 10 años seguidos. Entendiendo que los vehículos se destinarían a su alquiler, con la creación de un bonus mensual de 10 euros y con la premisa de que un mínimo del 25% de la población lo cogería, puesto que hoy por hoy el parque de vehículos es de 1 por cada 2 habitantes, el retorno de la inversión seria de unos 1.400 millones de euros el año.
Las organizaciones defienden que esta propuesta plantea un objetivo y un futuro y «mientras las administraciones públicas dan el reconocimiento a los compañeros en lucha pero siguen a la expectativa de lo que haga Nissan, al dibujar este proyecto, la lucha da un paso más».
La socialización de Nissan como precedente de la lucha contra las multinacionales
El emplazamiento donde se encuentra la fábrica de Nissan en la Zona Franca hace 40 años que da cabida a la multinacional, pero hace cerca de 100 que se dedica a fabricar primero tractores y después camiones, como ha destacado Javier Turrillo, delegado sindical de CGT en el comité de empresa de Nissan. Sería lógico pues, como han querido trasladar las organizaciones y sindicatos presentes durante la rueda de prensa, que el espacio continuara sirviendo para crear estos servicios. Además, las instalaciones son del Consorcio de la Zona Franca, que es de titularidad pública y su alquiler podría regularse perfectamente, apuntan. ¿Las indemnizaciones en Nissan? «Hechas a base de las subvenciones que han recibido y no devolverán»
La necesidad de un cambio de paradigma social y ecológico ha llevado a Anticapitalistas, a CGT y la CUP, pero también a otros como por ejemplo la IAC, Cobas o Solidaridad Obrera a sumarse a la propuesta de socialización.
Diego Rejón, secretario estatal de la Federación del Metal de CGT y trabajador de Seat, ha aprovechado la ocasión para explicar el modelo automovilístico que existe en el Estado Español desde los años 80: un modelo basado en multinacionales que invierten más o menos siempre respondiendo a decisiones estratégicas y no ante problemas económicos.
Unas decisiones que, como ha aportado Vidal Aragonés, diputado en el Parlament de Catalunya por la CUP – Crida Constituent, vienen de lejos. Aragonés ha planteado qué ha pasado con la industria y ha apuntado que la UE en 1986 trasladó cuatro monocultivos al estado español: el automovilístico, la agroalimentaria, el turismo y la construcción. «Estos dos son temporales y aparecen y desaparecen. Quedan la industria agroalimentaria y la automovilística y con eso nos condenaron. Esto son decisiones políticas y que ahora nos quieran quitar la industria viene de asumir estas imposiciones».
Ahora, ante esta situación, desde la CGT, Rejón apunta que tienen que ir más allá: «el caso de la Nissan no puede quedarse en unos despidos y basta, tiene que ser un precedente de qué es lo que pasa cuando una empresa dice que cierra».
Y es que en la situación actual, después de 82 días en huelga indefinida en la planta de Montcada, una propuesta como esta es una inyección para sus trabajadores. Turrillo, del comité de empresa, ha explicado la trayectoria vivida desde enero, cuando se planteó el cierre o la continuidad. Un debate que todavía no se puede hacer en condiciones hasta que Nissan retire de encima de la mesa de negociación el ERE. Un ERE que, por otro lado, en opinión de Turrillo, no retirará dado que aseguran que están amparados por el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Un artículo que los organizadores apuntan que se tendría que derogar igual que todas las reformas laborales del 2010 y del 2012.
Con ningún coche saliendo de la fábrica desde el mes de febrero y la cadena de producción paralizada, la huelga indefinida está comportando paros de la producción de Renault y también en la planta situada en Inglaterra por la falta de piezas. Turrillo apunta pues que Nissan tiene claro el cierre pero que, si habla de trabajar con normalidad hasta diciembre 2020 con una prórroga de seis meses más, es por la necesidad de llegar a acuerdos con las administraciones y poder sacar todo el material y hacer un vaciado de la empresa. Cosa que desde la CGT defienden que no consentirán por diferentes motivos. Uno de ellos para conseguir que retiren el ERE y hagan un plan de reindustrialización tanto por los trabajadores de Nissan como para los proveedores de la zona, puesto que estos también son una parte principal.
