Hoy, 14 años después, Juan Carrique se enfrenta a una reclamación de la Junta de Andalucia de mas de 165.000 euros que ha tenido como consecuencia el embargo judicial de su vivienda donde reside actualmente en Madrid y el embargo de parte de su salario mensual por ser una de las personas destacadas en dichas movilizaciones.
Pasamos a explicar de forma muy breve de donde parte esta historia:
Las movilizaciones y encierros de inmigrantes sin papeles en Huelva y Sevilla en los años 2001 y 2002 tuvieron un fuerte impacto en lo que fue la política migratoria en ese momento, ya que provocaron, junto con otras que se produjeron otras provincias y localidades, la mayor regularización de inmigrantes sin documentación desde que surgió el fenómeno social de la inmigración en España, pero también provoco un cambio abrupto del gobierno, que tras ellas optó por la represión de los inmigrantes que la protagonizaron. Y esa actitud fue común en las distintas administraciones, independientemente del color político de quien las presidía, tanto la Administración General del Estado como la Junta de Andalucía, asumieron esa actitud intolerante y penalizadora de las movilizaciones de inmigrantes sin papeles.
Ese cambio de actitud se extechas a los sectores autóctonos que se solidarizaron con las mismas, como fue el caso concreto del Grupo de Apoyo a los encerrados en la UPO (la Universidad Pablo Olavide), contra la cual se inició una investigación penal instigada entonces por el Defensor del Pueblo y la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero que finalmente fue archivada porque no se sustentaba realmente en pruebas veraces. Pero el archivo de la investigación penal no impidió que la Junta de Andalucía no continuase con su actitud de represalindió de los inmigrantes que protagonizaban esas luchas a los sectores autóctonos que se solidarizaron con las mismas, como fue el caso concreto del Grupo de Apoyo a los encerrados en la UPO (la Universidad Pablo Olavide), contra la cual se inició una investigación penal instigada entonces por el Defensor del Pueblo y la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero que finalmente fue archivada porque no se sustentaba realmente en pruebas veraces. Pero el archivo de la investigación penal no impidió que la Junta de Andalucía no continuase con su actitud de represalia contra ese apoyo social recibido por los inmigrantes, de forma que se dirigió a una de la asociaciones de inmigrantes que habían jugado un papel destacado en el impulso de esas movilizaciones, concretamente ODITE, y con formalidades y excusas administrativas anularon las justificaciones presentadas en los programas públicos de atención a los inmigrantes, e impusieron el reintegro de todas las subvenciones, de forma que se aseguraron de que en el futuro esa asociación ya no pudiera realizar más actividades por la quiebra económica que ello suponía.
Pero no se limitaron a ello, sino que extendieron la responsabilidad por el reintegro de esas subvenciones, que fueron en parte justificadas y aceptadas por la misma Junta de Andalucía en su momento, a los que aparecían como fundadores de esa asociación por el mecanismo legal de la derivación de responsabilidad, alegando que no habían sido reintegradas esas subvenciones y ello era debido a una supuesta actitud negligente de los mismos; de esta forma se aseguraban que ODITE en el futuro no pudiera volver a tener actividad, sino que al mismo tiempo arruinaba económicamente a personas que la integraron. Se trata de un represión indirecta, administrativa y no penal, que es más fácil justificarla socialmente, ya que supuestamente no se desencadena como respuesta a una movilización social, sino a una “actuación administrativa incorrecta” como es la justificación económica de subvenciones públicas al desarrollo de proyectos sociales incumpliendo unas formalidades en las mismas. Evidentemente son conscientes desde la Junta de Andalucía que las movilizaciones que en su día se desarrollaron no pueden impedirlas o difuminarlas socialmente, pero lo que si pueden desprestigiar a personas que tuvieron un papel en las mismas, para que en el futuro sea más
difícil que se puedan dar unas luchas similares y que exista en todo caso miedo en las personas que se impliquen en ellas, porque se puedan repetir las mismas medidas administativo-represivas contra los participantes o impulsores de las mismas.
Si quieres apoyar a Juan Carrique por favor envía esta carta de denuncia:
JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA,
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
JUNTA DE ANDALUCÍA,
Calle Juan Antonio de Vizarrón, Isla Cartuja,
Edificio Torre Triana, 4º Planta
41092 Sevilla.
Fax955064722
consejera.chap@juntadeandalucia.es
La Asocaciación/organización/persona individual considera la asociación ODITE en los años 2000, 2001 y 2002 desarrolló una importante labor de atención y defensa de los inmigrantes en Huelva, Sevilla y Granada, que no sólo se limitó a la asistencia e información de sus derechos, sino también promovió la autoorganización y empoderamiento de esos inmigrantes ante las los poderes públicos para reivindicar su regularización, contribuyendo a que un número significativo de los mismos pudieran efectivamente acceder a un permiso de trabajo y residencia en Andalucía.
Que en esa labor de defensa y promoción de la población inmigrante en Andalucía se gastaron los fondos públicos que de se concedieron a esa asociación por parte de la Junta Andalucía, junto con los ingresos que sus miembros pudieron reunir por su propia iniciativa, al margen de las instituciones públicas.
Que la resolución dictada el 8 de septiembre de 2014 por el Gerente Provincial de Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía en el expediente de derivación de responsabilidad Nº 28/2014, en virtud del cual se declara la responsabilidad subsidiaria por el reintegro de las subvenciones a Juan Carrique Calderón tiene por objeto, no obtener el reintegro de esas subvenciones por incumplir formalidades contables, pues ya han fueron justificadas en su momento, sino el de REPRIMIR su participación en las luchas de los inmigrantes sin papeles de Huelva, y especialmente en los encierros de los mismos en Huelva en el año 2001 y en la Universidad Pablo Olavide en Sevilla en el año 2002.
Sello de la organización/entidad/asociación o firma de la persona individual
