Llegó, el ébola llegó, y creyéndonos (porque así lo anunciaron) a salvo de la transmisión y del contagio, este se ha producido y ya hay una primera víctima colateral, ejecutada en juicio sumarísimo. El can excalibur, entrañable mascota, convertida en protagonista de esta triste historia más propia de una tira cómica de Ibañez. La Unión Europea ha pedido explicaciones a las autoridades desautorizadas, PPolíticas y sanitarias, de la tierra de conejos, que parapetadas en sus poltronas hacen como si no fuera con ellas la responsabilidad de la pésima gestión protocolaria y comienzan a descargar aquella sobre la víctima. La auxiliar de enfermería.
La negligencia protocolaria está absolutamente clara y la conculcación de la ley de prevención de riesgos laborales es manifiesta, pues más allá del error humano que pudiera haberse cometido, lo que lo convierte en un infausto accidente, parece claro que la pantalla de protección que se supone es el EPI (Equipo de Protección Individual), no es el adecuado. Que las horas dedicadas a la formación sobre las medidas a utilizar brillan por su ausencia, o son escasas; sobre todo asalta la pregunta: ¿Cómo es posible quitarse un EPI de esas características sin proceder a su previa desinfección? Graves errores que concatenados han derivado en el accidente. Omisiones puestas ahora en evidencia, cuando en este centro por sus características, debieran existir acciones de simulacro sistemáticas, con el fin de que cada persona sepa y recuerde el modo de actuación en las salidas y entradas al recinto de seguridad, cómo ponerse las prendas y sobre todo cómo quitárselas, etc… ¿Existe un área de desinfección? ¿Cómo está dotado?
Lo ocurrido en Madrid es el fiel reflejo de lo que realmente acontece todos los días en los centros de trabajo. La legislación en materia de prevención no se aplica de la misma manera en las empresas, cuyas plantillas, en su mayoría, desconocen los riesgos que conlleva su actividad laboral y lo que es más grave: el desconocimiento de ese riesgo no exime a la persona de su responsabilidad directa en el accidente. Lo que se traduce en la más completa indefensión del propio accidentado. Para muestra un botón: ¿Qué están intentando trasladar a la opinión pública las autoridades desautorizadas, PPoliticas y sanitarias, en el caso de la auxiliar de enfermería? Su propia responsabilidad en el hecho causal. Cuando ella, cumpliendo con su obligación de sanitaria ha dado atención al enfermo terminal de la mejor forma que sabe y por supuesto que dando lo mejor de sí. Cumpliendo el protocolo establecido. Fue voluntaria.
Esto es lo que se cuece en la realidad de la prevención de riesgos laborales. Imaginemos si esto ocurre en un protocolo con tintes de seguridad nacional, que no sucede en la empresa privada, aunque no todas las empresas están al mismo nivel, evidente y afortunadamente, pero lo cierto es que queda todavía mucho camino por recorrer, un camino en el que los sindicatos tienen una enorme responsabilidad en el seguimiento efectivo y de denuncia de estas situaciones. En ocasiones, se llega a mirar hacia otro lado cuando se modifican los protocolos de seguridad establecidos; no pasa nada mientras se haya informado puntualmente del riesgo y se tenga la documentación en regla, el resto será responsabilidad directa de la persona que desempeñe la actividad o manipule la máquina. Todo ello en aras de la sacrosanta producción, la mejor competitividad y últimamente, de la viabilidad de la empresa.
Al más puro estilo productivo asiático, es el afán del financiero, del empresariado, algunos de ellos condicionados que también los hay, de esta parte del globo. Ni códigos medioambientales, ni de prevención de riesgos, ni sanitarios, ni… humanos. La clase trabajadora, la ciudadanía, no somos más que números que conforman una ecuación cuyo resultado final debe ser siempre el beneficio, el máximo beneficio. Su máximo beneficio. Hoy asistimos al desastre que ha supuesto esta grave gestión sanitaria. Un desastre sobrevenido por la interesada gestión de lo público en aras de la rentabilidad. La sola intención de privatizar los servicios públicos nos está resultando de un alto coste. Económico y Social.
Joseba Santesteban
CGT-LKN en SCPSA
