Los hechos que denuncio tuvieron lugar en Pamplona el pasado 19 de abril de 2013, en el interior del campus de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). En esa fecha se realizaron diversos actos para conmemorar el “Día de la Universidad” y, aprovechando la asistencia al acto central de las principales autoridades de la Comunidad foral de Navarra, diversos sindicatos y organizaciones realizamos una concentración a las puertas del edificio donde iba a tener lugar dicho evento. Las reivindicaciones de aquella concentración, comunicada previamente a los órganos de gobierno de la universidad, fueron de tipo laboral, contra los recortes y por una universidad pública de calidad. Todo trascurrió de forma pacífica aunque, a pesar de ello, varias personas fuimos identificadas por el dispositivo policial.

Trascurridos más de 5 meses de la concentración, a 4 Trabajadores (PAS) y 3 estudiantes, nos llegaron cartas de la “Delegación del Gobierno en Navarra” en la que se nos informaba del inicio de un proceso sancionador por una infracción a los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica 9/83 (ser los responsables de una concentración no notificada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente). La cuantía de la sanción a imponer fue de 450€ a cada uno de los 7 implicados. Hay que destacar que las multas llegaron en dos tandas, primero llegaron las multas de los estudiantes y un par de semanas después nos llegaron a los trabajadores.

Los afectados consideramos estas multas como un ataque al derecho de reunión y la libertad de expresión en la UPNA. Por ello creamos la «Plataforma por el Derecho de Reunión y de Expresión en la UPNA», abierta al resto de asociaciones presentes en la universidad. A título individual los afectados fuimos presentando las alegaciones pertinentes para intentar paralizar las multas en el trámite administrativo.

Desde la plataforma estuvimos trabajando en dos frentes:

– Recaudar el dinero necesario para hacer frente a las multas (3150€). Realizamos un par de cenas solidarias y una cuestación abierta a toda la comunidad universitaria. La respuesta fue muy positiva y pudimos alcanzar la cifra necesaria.

– Denunciar el atropello cometido y garantizar que no vuelva a suceder. Iniciamos una campaña de información y denuncia en diversos medios de comunicación. También fue un éxito: multitud de medios se hicieron eco de nuestra denuncia. Paralelamente solicitamos reunirnos con todos los grupos parlamentarios del parlamento foral. Al final lo hicimos con miembros de PSN, Bildu, Izquierda-Ezkerra, Aralar-Nafarroa Bai y Geroa-Bai. Miembros de la plataforma comparecimos el día 6 de marzo en una sesión de trabajo en el parlamento, solicitada por Bildu, Izquierda-Ezkerra, Aralar-Nafarroa Bai y Geroa-Bai, para explicar lo sucedido. Todos los grupos presentes en dicha sesión de trabajo, incluido UPN, nos mostraron su solidaridad (el PP no acudió a la misma). El día 1 de abril el consejero de interior tuvo que acudir a una Comisión de Presidencia, Justicia e Interior para explicar lo sucedido.

Hacia principios de diciembre las multas de los 3 estudiantes llegaron a ser firmes, y tuvieron que abonarse. En cambio, las multas a los 4 trabajadores tuvieron más recorrido administrativo y a mediados de diciembre las alegamos por segunda vez. A finales de marzo nos llegó la resolución de dichas alegaciones, en la que al final reconocen que la universidad está fuera del ámbito de aplicación del artículo 8 de la LO 9/83. La “Delegación del Gobierno” reconoce que la concentración se realizó dentro del recinto de la universidad y no en un «lugar de tránsito público», tal y como se denunciaba, por lo que han procedido a su sobreseimiento.

Ahora nos toca seguir luchando para que se las anulen a los 3 afectados que ya abonaron las multas y para asegurarnos de que hechos similares no vuelvan a suceder.

Salud,

Iñaki Urtasun
Delegado Sindical PAS en la UPNA de CGT-LKN, y uno de los PAS multados

El ayuntamiento de Pamplona desde que asumió las transferencias de SAD, ha venido prestando la atención directa en los domicilios mediante dos formulas: una pública, en un primer momento con Trabajadoras Familiares municipales y posteriormente hasta la actualidad por una empresa pública, y la otra parte mediante contratación privada. En todo este tiempo el SAD, ha sido gestionado por distintas empresas privadas, menos en un primer momento que lo  hizo una empresa social, Gaztelan.

Estas empresas privadas han cumplido su objetivo principal, que se resume en uno solo, la obtención por encima de todo de beneficios económicos. La mayoría de las veces estos han aumentado, disminuyendo la calidad del servicio y precarizando las condiciones laborales de sus trabajadoras. La actual empresa SARquavitae que lleva trabajando desde el año 2013 para el Ayuntamiento de Pamplona, se comprometió como así se marca en el pliego de condiciones, en su artículo 18  Derechos y Obligaciones de las partes, en el apartado de obligaciones del contratista, a la subrogación de sus trabajadoras.

Pero esta empresa lejos de cumplir con los compromisos del contrato y bajo el beneplácito de la dirección del Área de Bienestar Social e Igualdad del ayuntamiento de Pamplona, ha despedido por el momento a unas 20 trabajadoras, algunas de las cuales llevaban trabajando más de 7 años, e intuimos que esto va a seguir ocurriendo. ¿Cuál es el motivo de estos despidos?, están muy claros, contratar nuevo personal a menor precio. Esta claro que no importan las personas usuarias del servicio, que lo que necesitan en su atención es una estabilidad de las trabajadoras que les atiende, ya que como servicio personal se establece entre ellas un espacio de confianza y buen hacer.

Por otra parte queremos denunciar también las deficiencias que están ocurriendo en la empresa pública que gestiona la otra parte del SAD, y que son visibles para las personas que trabajan en este campo y para los propios usuarios/as. Esta empresa nació hacia el año 2008, con el objetivo de recolocar de gerente a un antiguo sindicalista de la UGT y afiliado a PSN, eso sí a costa de despedir a las Trabajadoras Familiares municipales.

 Es urgente la unificación de la atención directa que se presta en los domicilios, a las personas que presenta problemas de dependencia o discapacidad. En primer lugar, exigimos que las trabajadoras despedidas se reincorporen a la plantilla del SAD. Además, reivindicamos la prestación directa de este servicio por parte del Ayuntamiento de Pamplona, y la desaparición de la empresa pública ya que este tipo de gestión solo ha servido para recolocar a personas determinadas y pagar suculentos sueldos como es el caso del gerente actual.

 Con la reversión del servicio y su gestión directa conseguiremos un doble objetivo, la prestación de un SAD de calidad y pensando en las personas no en los beneficios empresariales, y la estabilidad así como la dignificación de las trabajadoras, que todo hay que decir la mayoría son  mujeres.

A nuestras manos ha llegado una copia de esta misiva, leedla con atención, no tiene desperdicio:

“Estimada Lourdes:

Somos ex-trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria del Ayuntamiento de Pamplona quienes, sabedoras de su carácter benefactor con quienes viven su realidad en el desamparo, sabedoras de su desinteresada mediación humanitaria hacia una empresa en apuros cuando uno de sus trabajadores se debatía entre la vida y la muerte, sabedoras por ello que así le hacemos saber, valga nuestro atrevimiento, le hacemos saber de este nuestro dramático presente.

Le pedimos que interceda también por nosotras, trabajadoras sustitutas con varios años de experiencia a nuestras espaldas, a quienes la nueva empresa adjudicataria del servicio, SARQuavitae, nos despide con el sagaz designio de canjearnos por nuevo personal sin experiencia, más fácil de someter a unas condiciones laborales más precarias, arrojando un peor servicio de atención para las personas dependientes, arrojando unas deplorables condiciones de trabajo, arrojando a una parte significativa de la plantilla al desahucio laboral, que es mal preludio en los tiempos que corren.

 Le pedimos que medie a fin de que SARQuavitae respete la subrogación de las trabajadoras a la nueva concesión, respete el pacto vigente y garantice la ultra-actividad del convenio, pues de lo contrario la adjudicación podría materializarse en un avispero de suspicacias, si bien el presidente de honor de la empresa concesionaria, Don Higinio Raventós, debe todavía aclararnos ciertos pasajes en relación al caso Nóos junto a su amigo el Iñaki Urdangarin.

 Le pedimos también que tercie para que el Ayuntamiento de Pamplona ponga orden en los servicios que gestiona, pues es su obligación garantizar una buena asistencia a sus ciudadanos, tal como prometió en período de urnas.

 Le pedimos asimismo que intervenga ante nuestro comité de empresa, pues ninguno de sus miembros se ha dignado a interesarse por nosotras, tal como prometieron en período de urnas.

 Esperamos señora, que nuestro atrevimiento no le sea de sobrecarga y actúe humanitariamente como acostumbra, pues se está librando una batalla caníbal contra lo público, se lo están llevando crudo como buitres en rebajas, y esto no puede seguir así, permita que golpeemos así su puerta, pues un golpe suyo en la mesa bastará para ayudarnos.

 Adjuntamos a la presente un lote de productos de la firma “Conservas Almanaque” -que sabemos son de su gusto-, deseando pues que Dios le conserve también por muchos años, como a nosotras el puesto de trabajo legítimo que nos corresponde.”

Goio Gonzalez  (Colectivo Malatextos)

Jorge Garasa indicó en la Cámara que «no es deseable» pero en EEUU se ha hecho. Este exempresario cobra al mes casi 4.000 euros, 800 de ellos solo por acudir.

¿Desde cuándo los servicios públicos tienen que ser rentables económicamente, obtener beneficio económico? ¿Cómo puede reducir los costes -pieza clave en la obtención de beneficios económicos- la asistencia hospitalaria, la domiciliaria, una residencia de discapacitados intelectuales o un centro de día, de forma que dicha reducción no afecte directamente a la calidad de los servicios prestados?

         Sin embargo, es lo que se nos dice constantemente desde las autoridades competentes, demostrando, o bien una necedad impropia de sus responsabilidades o  bien, la desfachatez propia del que se sabe protegido por sus compañeros de andanzas.

         Todos sabemos que este asunto de la «rentabilidad de los servicios», las externalizaciones, la gestión privada frente a la pública… son una gran mentira, que los impuestos que recaudan o que nos roban, y decimos roban porque el pueblo, la ciudadanía, tiene unas prioridades antagónicas a la de los gobiernos, se los gastan en pagar a la banca deudas ilegítimas, en elaborar macropoyectos de toda índole ejecutados por amigos empresarios o empresarios amigos -que no es lo mismo pero se lo llevan crudo igual- en formar aguerridos cuerpos de policias que nos metan en vereda, en gastos militares para meter en vereda a otros,… lo distribuyen en un sinfín de despropósitos que a pesar de serlo, siempre enriquecen a algún listo que si no manda, ronda al poder.

         Nos dijo hace unos días el consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli, que el Gobierno de Navarra destinará en los próximos cuatro años más de 63,3 millones de euros para la atención de personas con discapacidad intelectual en residencias, tanto para residentes como para la atención diurna en cuatro residencias: Infanta Elena (Cordovilla), Valle de Roncal (Pamplona), La Atalaya (Tudela) y Las Hayas (Sarriguren).

         De paso, se obsequió con unas merecidas palmaditas en la espalda por ser Navarra la comunidad más mejor del estado y por «dedicar todos los recursos posibles para mantener esta red de centros, pese a la crisis, a unos niveles muy superiores a los del conjunto de España». Gracias Iñigo, te llevamos en el corazón.

         Sin embargo, la gestión de los centros y de los «dineros» está adjudicada a SAR quavitae (¿Incapacidad de la Administración o el abc del «Manual del desmantelamiento de lo Público?»), cuyo Presidente de Honor Higinio Raventós, es un gran defensor de la necesidad de que se regulen los seguros privados de la dependencia como dejó claro en una entrevista publicada el 27 de noviembre de 2013, en la publicación «Redacción Médica»:

         » Es tremendamente necesario, pero para diseñar estos productos hay que saber qué es lo que se articula […] ¿Hasta dónde llega la posible ayuda pública? ¿Van a ser todos los españoles los que recibirán una ayuda o va a ser en función de la renta o el patrimonio? Se debe decidir claramente y se acuerde entre los partidos políticos hasta dónde hay dinero para ayudar a las personas, y si esto se define, queda muy claro el marco para el que el mundo financiero y asegurador pueda diseñar productos de financiación ligados a la jubilación, a las pensiones, a la salud, para cubrir estos riesgos.»

         Y ahora hay que comerse que SAR quavitae va a mejorar un servicio que tiene que dar la Administración con toda la capacidad recaudatoria que ésta posee, que lo va a hacer mejor, que lo va a llevar a cabo de forma más económica, que las condiciones laborales de las trabajadoras no se van a ver afectadas (podríamos preguntar a las trabajadoras eventuales del SAD del Ayuntamiento de Iruña, a ver qué dicen sobre el anuncio de que no serán contratadas en el futuro por parte de Quavitae, por resultar “caras”, desdeñando la experiencia que atesoran), que el servicio a los dependientes tampoco y además, debemos dejar un espacio en nuestras almas pervertidas para la gratitud que debemos  a tanto empresario y gobernante filántropo, que vela por nuestro bienestar y su propio beneficio económico.

         Higinio Raventós, presidente de Honor de SAR quavitae, antes de llevarse tanta adjudicación por estas corruptas tierras, tenga a bien aclararnos el propósito de algunos de los correos que hemos visto circular por ahí entre usted y el Iñaki en relación con el caso Nóos. A la espera de sus aclaraciones, nuestro apoyo solidario para trabajadoras y usuarias, que falta les va a hacer. 

Llamadas por la Plataforma Navarra de Salud-Nafarroako Osasun Plataforma, decenas de personas se ha concentrado en las inmediaciones del parquing, hasta el momento libre, de la zona hospitalaria, para oponerse a la instauración de la Zona Azul.

Un portavoz ha comenzado la lectura de un manifiesto en el que se denunciaba dicha medida por las formas de imposición empleadas y las consecuencias en la atención a las personas usuarias, dificultando el acceso a los servicios sanitarios y gravando económicamente la situación de pérdida de la salud. Se ha denunciado asimismo el trato de favor que el sector privado recibe constantemente con medidas como esta, muy relacionada con los intereses asociados a la explotación del aparcamiento subterráneo de pago en la Plaza Protomedicato.

Sin llegar a terminar su exposición, el portavoz ha sido interrumpido por un paciente en camisón que había abandonado su habitación para pagar la Zona Azul y, como ya no le alcanzaba, pedía unas monedas. En tono jocoso ha relatado su particular historia que por disparatada no se alejaba tanto de la realidad.

Desde la Plataforma Navarra de Salud-Nafarroako Osasun Plataforma, pretendemos que la protesta de hoy, en forma de parodia y distendida, tenga continuidad en otras formas y espacios e invitamos a la ciudadanía a tomar parte en ello.

I.G. CGTosasunbidea

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En CGT-LKN Nafarroa seguimos trabajando el tema del reparto del trabajo, campaña iniciada el pasado 26 de diciembre. No encontramos mejor manera de hacerlo que potenciando y sumando nuestras fuerzas a otras. Así, vemos prioritaria nuestra participación en la campaña que nos presenta Banatu, Iniciativa por el Reparto:

«Os escribimos desde Banatu para daros a conocer la campaña de señalización de «Puntos negros del Paro» que llevaremos a cabo en las dos próximas semanas. Se trata de dos concentraciones (martes 14 y 21), en las que denunciaremos la destrucción del empleo y la no asunción de medidas de reparto del trabajo tanto en el sector público como privado.

Contamos con vuestra participación y difusión de las convocatorias, eskerrik asko!!»

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SEÑALANDO LOS PUNTOS NEGROS DEL PARO.

POR EL REPARTO

Banatu Taldea, colectivo decrecentista por el reparto del trabajo, consideramos la existencia del paro como uno de los absurdos radicales de nuestra sociedad y manifestación de su tendencia al incremento constante de las desigualdades y del grado de la injusticia.

Entendemos que la solución al paro es el reparto del trabajo existente desde ya, y que es esa la fórmula que nos puede acercar a una sociedad más justa e igualitaria y a unas formas de vida más satisfactorias.

Por el contrario, lo habitual es que la solución del paro se postergue a un futuro de reactivación económica, que se persigue por dinámicas de incrementos de productividad, mayor jornada laboral…, cuyo efecto inmediato es aumentar el paro. Nuestra sociedad competitiva nos empuja a competir entre personas en paro y activas.

Es un absurdo que para combatir el paro comencemos por incrementarlo, y es un absurdo falaz porque dado el componente ecológico de la actual crisis, de despilfarro de recursos, y el incesante aumento de la productividad por el desarrollo tecnológico no va a darse una reactivación económica capaz de absorber el paro generado.

Por todo ello Banatu Taldea queremos señalar negativamente a aquellas empresas de Navarra más significadas en esas dinámicas contrarias al reparto del trabajo, señalándolas con un PUNTO NEGRO, habiendo elegido a VW Navarra y a la Administración Pública, dos buques insignia de nuestra economía.

VW Navarra es una empresa en la que, rizando el absurdo, se meten una cantidad enorme de horas extras, habiéndose llegado a pagar en un solo año y en plena “crisis” hasta 15 millones de euros, equivalentes a los salarios de alrededor de 400 personas que nunca se contrataron. Además en el actual convenio (recientemente firmado por UGT y CCOO) se potencian las medidas

La Administración Pública está reduciendo los puestos de trabajo, recortándolos directamente, aumentando la jornada, disminuyendo la  sustitución de las ausencias y externalizando numerosos trabajos. En los dos últimos años se han perdido centenares de puestos de trabajo, mientras, de forma estética y con la intención de edulcorar un poco las cifras del paro, nos plantean medidas de (supuesto) reparto que tan sólo recaen en la voluntariedad y compromiso de la plantilla, sin ningún esfuerzo por parte de la Administración. Todo ello sólo puede ser tildado de “antirreparto”. El PUNTO NEGRO a la administración es todavía más merecido porque esa destrucción de empleo redunda en una merma de la calidad de los servicios y porque la Administración tendría que ser la más interesada en la disminución del paro y ser modelo de iniciativas de reparto. Se lo pondremos el martes, 21 de enero, a las 10´30 en el edificio de Conde Oliveto.

Así pues, invitamos a todos los colectivos sociales y sindicales a sumarse a esta iniciativa:

· El martes, 14 de enero, a las 10´30, PUNTO NEGRO en la puerta principal    de VW.

· El martes, 21 de enero, a las 10´30, PUNTO NEGRO en Conde Oliveto.

Las trabajadoras y las organizaciones sindicales venimos viendo recortada reiteradamente nuestra capacidad de presión sindical, mientras que la empresa incrementa y ve facilitada su dominación hasta el despotismo total. La apertura de expediente a diez trabajadores y trabajadoras del trasporte público sin ninguna prueba de participación en actuación irregular alguna -expediente que si la empresa quiere puede acabar en despido XXX- es prueba de esa desigualdad en la que se nos coloca.

         La empresa TCC viene realizando un permanente fraude y chantaje tanto respecto a sus trabajadores y los usuarios, como respecto a la Mancomunidad, aunque ésta se muestre pasiva y aun cómplice.

         Frente a esas prácticas empresariales mafiosas y frente a la merma de recursos de defensa de nuestros derechos y condiciones laborales, la acción de cortar unos cables que no impedían sino la expedición de billetes a pensionistas, parados y familias numerosas, generando a la empresa unas perdidas meramente simbólicas dado el carácter reducido de estos billetes y que en ningún momento interrumpió la prestación del servicio a la comunidad,  nos parece mesurada, legítima (aunque no sea legal) y hasta digna.

         Dicha acción, debe además ser analizada en un contexto de huelga, cuyo ejercicio se desvirtúa obligando a cumplir con un 60% de servicios mínimos en base al carácter esencial del servicio público. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son esenciales los servicios cuya interrupción puedan poner en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o de parte de la población, así como aquéllos que no ofrezcan otras alternativas, lo que en este caso, nos lleva a cuestionarnos la legitimidad de establecer, en un contexto de presión, un tan alto porcentaje de servicios obligatorios.

         Sin embargo, sí compartimos la esencialidad de un transporte público de calidad, por un precio más asequible para todas, que  potencie su uso frente a los vehículos particulares. Asimismo, su gestión pública, permitiría que las ganancias que éste genera, lejos de quedar en manos privadas, repercutieran en favor de todas.

         Por todo ello, nuestro apoyo a la lucha de l@s trabjadores/as de la TCC es evidente y en especial a la de nuestro compañero Patxi Goñi.

         No sabemos si  ha sido él el ejecutor de esa acción o sencillamente se ha inculpado en un intento de exculpar a sus diez compañeros expedientados.

         En cualquiera de los dos supuestos, CGT de Navarra quiere manifestar públicamente su apoyo incondicional y hasta el final a nuestro compañero Patxi Goñi.

         Animamos a todas las organizaciones sindicales y sociales, de manera especial a aquellas que tienen presencia en el conflicto del transporte público de Pamplona y Comarca, a cerrar filas en defensa de Patxi Goñi y a poner freno a los abusos de TCC.

GORA GURE GIDARIAK!!

La plantilla del Transporte Público Comarcal sigue en lucha. A su pelea por la defensa de las condiciones de trabajo frente a una empresa que se mueve entre la avaricia y la tiranía y frente a una ineficiente Mancomunidad, se suma la reivindicación de la retirada de todos los
expedientes abiertos, dentro de la estrategia represiva con la que pretenden hacer fracasar la Huelga Indefinida.

La plantilla no está sola, usuarios y trabajadoras de otras empresas y sectores nos solidarizamos con esta lucha, que es la lucha contra la reforma laboral, la lucha contra la privatización y degradación de los servicios públicos, la lucha por detener tantas políticas antisociales que emanan del poder político… Una lucha por la dignidad.

La próxima cita, el día 2 de enero a las 12 h en la Plaza de Merindades.
ELKARTASUNA!!!

I.G.