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Por una apuesta decidida en defensa de los cuidados

por CGT-LKN Kalean
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“Poner los cuidados en el centro”, esta ya manida expresión está presente en muchos de los discursos de diferentes partidos, movimientos sociales y organizaciones sindicales. Si bien esta coincidencia discursiva podría expresar un común acuerdo sobre a qué tipo de transformaciones concretas debemos aspirar como sociedad, más bien ocurre que ni existe tal consenso ni queda muy clara la traducción práctica que cada cual hacemos de dicha centralidad de los cuidados.

Ciertamente, la visibilización de la crucial importancia de los cuidados es una gran aportación que el movimiento feminista ha defendido y extendido en nuestra sociedad, suponiendo un cambio de paradigma al menos en nuestros discursos. Pero el reto que ahora debemos afrontar es el de concretar medidas que reflejen en la práctica el valor que realmente tienen los cuidados. Tras la pandemia de Covid, en la que tomamos conciencia de la necesidad que tenemos de una sanidad pública de calidad y universal o de la situación de vulnerabilidad que padecen las personas mayores y dependientes en los centros residenciales, ¿qué hemos hecho como sociedad para blindar nuestro sistema sanitario o para cambiar y mejorar el modelo de atención sociosanitaria?

A nivel sociosanitario en Navarra, en diciembre de 2020 se publicó un Decreto Foral que regula el funcionamiento de centros residenciales que, al tiempo que introduce algunas mejoras de relativo alcance, consolida el modelo de atención basado en la concertación de servicios con empresas privadas que anteponen el beneficio sobre los cuidados. No cabe duda, en este sentido, de que lo deseable sería avanzar en la publificación de los centros residenciales. No obstante, esta proclama puede resultar vacía si no exigimos previamente que se cuente con la estructura necesaria para que esto sea posible. Debemos defender la creación de un organismo que gestione los actuales centros residenciales públicos del Gobierno de Navarra y que posibilite la adhesión progresiva de los municipales, con condiciones laborales equiparadas y que cuente con una línea de financiación suficiente para garantizar un modelo integral de calidad. Este organismo debería diseñar un plan de expansión de la oferta pública de plazas que permita, en su momento, liberarnos de la actual dependencia del sector privado.  En Baleares, por ejemplo, después de 30 años, han construido una residencia para personas de la tercera edad de propiedad y gestión directa; y ha anunciado nuevas residencias y centros de día. La enseñanza es clara: es muy difícil hablar de residencias públicas con control social si previamente no existe una infraestructura y centros que sean de titularidad pública. Mientras que en la cuenca de Pamplona se están construyendo actualmente varias residencias privadas, desde 1973, el Gobierno de Navarra tan sólo ha construido dos residencias de su propiedad y gestión directa. Si no se afronta esta cuestión, la administración queda atada de pies y manos a la oferta y propiedad privada.

Por otra parte, a nivel de salud en Navarra, tras la reversión de la privatización de las cocinas del Complejo Hospitalario -CHN-, no hemos conocido ninguna otra iniciativa que tienda a reducir el peso del sector privado en el Sistema Sanitario Público. Se trata de actividades mantenidas en el tiempo (limpieza, informática, conciertos con centros privados -hospitalización, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas-, trasplantes, transporte sanitario, oxigenoterapia a domicilio, atención bucodental, …), para las que no se trata en ningún caso de ir buscando alternativas. Como se ve, hay mucho terreno en el que avanzar pero no parece haber la necesaria voluntad política. En marzo de 2021 el Gobierno de Navarra anunció la realización de un estudio para “avalar un escenario de servicio de transporte sanitario de titularidad pública”. Por el momento, se desconoce la marcha y conclusiones del grupo de estudio interdepartamental conformado para ello, pero sí hemos podido conocer que La Rioja acaba de constituir una empresa pública que aglutinará servicios como el transporte sanitario y el 112 a partir de abril de 2022. Como se ve, es posible ir dando pasos hacia modelos que garanticen una mejor atención, mejores condiciones de trabajo y que dejen a un lado el afán de lucro.

Por último, no podemos dejar pasar el caso del servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento de Iruña, remunicipalizado en la anterior legislatura y que ahora se pretende externalizar a una empresa pública. Recientemente, el Ayuntamiento ha anunciado que en breve la plantilla será efectivamente subrogada. Se trata de una plantilla feminizada que lleva a cabo labores de cuidados, los mismos que se pretenden situar en el centro, pero a los que ahora se pone precio. Si la gestión pública ha tenido áreas claras de mejora, éstas tienen que ver con la gestión de sus responsables, no con el trabajo de las trabajadoras familiares que ahora, incomprensiblemente, pagarán el plato. Evidentemente, son los partidos de gobierno los principales responsables de dicho atropello, pero no deja de sorprender el escaso eco que el conflicto que las trabajadoras han abierto con el Ayuntamiento (un largo proceso de huelgas y movilizaciones), está teniendo en el mundo político, sindical y social, más cuando se trata de poner en el centro los cuidados y a las mujeres que los garantizan. En general, todo el modelo del SAD necesita una nueva mirada si quiere ser de verdad una alternativa al modelo residencial, favoreciendo una implantación más adecuada en las zonas rurales, creando plazas en centros de día rurales y ofertando más atenciones y más tiempo. El SAD navarro es uno de los que menos tiempo atiende por persona usuaria y día de todo el estado.

Necesitamos apuestas claras y palpables respecto a los cuidados en Navarra, pasar a los hechos. Si no, nuestras buenas palabras no serán sino demagogia y, lo que es peor, podrían suponer frustración y desapego a las propuestas transformadoras en clave de justicia social, dejando el terreno abonado para quienes nos quieren imponer un modelo competitivo y mercantilista de sociedad, en el que las personas son continuamente desvalorizadas.

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