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CGT CORREOS

Nº 356

Ideia 3º 2020

Haizeak Nº8, noviembre 2020

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27 de febrero, CONCENTRACION en defensa de la sanidad pública. Pribatizaziorik ez.

Extraído de: http://nafarroakosasunplataforma.blogspot.com/2021/02/27-de-febrero-concentracion-en-defensa.html

Concertación es privatización, en defensa de una sanidad 100% pública

Distintas Comunidades Autónomas están derivando pacientes Covid a la sanidad privada. La horquilla de precios es amplia y no resulta fácil establecer comparativas sencillas pues no todas las fórmulas de pago son homogéneas y además, a parte del coste bruto, hay que tener en cuenta la política de derivaciones que se lleve a cabo (qué tipo de paciente se deriva o el momento del proceso clínico en el que se hace la derivación). No obstante resulta significativo que sean Madrid y Catalunya, territorios en los que los fenómenos de privatización están más extendidos, las Comunidades que manejan precios más elevados.

A pesar de que existen diferencias en los precios, no cabe duda de que en ninguno de los casos el sector privado va a dejar de lucrarse por atender pacientes Covid, más bien al contrario, dichas derivaciones parecen suponer un auténtico rescate para un sector que ve mermadas sus oportunidades de negocio en el contexto de la pandemia. De hecho, desde ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), están reclamando que a través de la concertación se amortigüen las pérdidas económicas de los últimos meses.

En Navarra, durante la primera ola se gastaron 2,9 millones de euros en la atención de pacientes Covid en la sanidad privada concertada. Actualmente, los precios acordados con la CUN y la Clínica San Miguel se establecen en base a una tarifa plana: 4.908 euros por ingreso en planta; 40.978 euros por ingreso en UCI. A ello hay que añadir el concepto de reserva de camas, que se ha pactado en 181 euros por cama y día. Es necesario apuntar que las estancias medias hospitalarias han ido descendiendo a lo largo de los meses debido a un mejor abordaje terapéutico por lo que estas tarifas planas en las que se paga por ingreso y no por día parecen resultar cada vez más lucrativas. En lo que se refiere a San Juan de Dios, se pagan 519 euros diarios para los primeros diez días y 209 a partir del día 22 (232,94 euros al día si la estancia es con rehabilitación). Así, se garantiza el negocio en función de las características y necesidades de cada centro.

Santos Indurain, a través de unas inaceptables declaraciones en boca de una Consejera de Salud, quiso defender un supuesto beneficio para las arcas públicas, afirmando que “estas derivaciones siempre se hacen sobre unas tarifas y costes pactados con la red privada, con un coste en concepto de asistencia sanitaria siempre inferior a la red pública, en torno a un 20%”. Una afirmación que no se sostuvo en datos. No obstante, en su día, en 2011, la Cámara de Comptos concluía que los servicios de salud concertados resultaban mucho más caros que prestarlos de forma directa.

Lo cierto es que, lamentablemente, el problema que tenemos en Navarra con la concertación no es algo coyuntural. Llevamos décadas consolidando este modelo en el que se produce una continua sangría de recursos públicos hacia el sector privado, en detrimento del desarrollo en el tiempo de un sistema sanitario público más robusto.

Sirva de ejemplo, especialmente por la transcendencia que tiene en el contexto de esta pandemia, la negativa rotunda de las Autoridades Sanitarias durante varias legislaturas a crear un Servicio de Inmunología tan esencial en un Hospital terciario y que ha condicionado la subordinación y dependencia de la Sanidad pública de la privada (CUN), en áreas tan fundamentales como los trasplantes, inmunoterapia, oncología, enfermedades infecciosas y respuesta inmunitaria.

Revertir dicho modelo es algo que no podemos fiar a la voluntad política del gobierno de turno, es algo que debemos impulsar a través de la derogación del marco legal que lo hace posible: la Ley 15/97, que permite que empresas privadas puedan gestionar centros sanitarios y sociosanitarios dentro del Sistema Público y el art. 90 de la Ley General de Sanidad, que posibilita la concertación con el sector privado de servicios sanitarios.

Dado el actual contexto social y sanitario, es momento de apostar claramente por la sanidad pública, garante de equidad y universalidad, llevando a cabo reformas legislativas de calado que la protejan y refuercen. Es momento también de poner en cuestión la llamada colaboración público-privada que tanto proclaman la Consejera y el Director General actuales, consigna del momento para edulcorar la inaceptable sumisión de lo público para con el sector privado. Tratan de presentarnos como simbiosis (ambas partes se benefician), lo que no es sino parasitación (una parte prospera a costa de la otra), y esto es algo que no podemos permitir. No podemos permitir que nuestra salud sea su negocio.

Plataforma Navarra de Salud/Nafarroako Osasun Plataforma

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