El ayuntamiento de Pamplona, a través de su concejala de Servicios Sociales María Caballero, ha hecho pública su intención de volver a crear una empresa pública a la que externalizar el Servicio de Atención a Domicilio (SAD).
Hay que recordar que el anterior ayuntamiento publificó el servicio y unificó las plantillas de la empresa pública Asimec y la privada Sarquavitae.
Han esperado un poco. Habría quedado muy feo anunciarlo en la primera ola de la pandemia, cuando el SAD fue considerado un servicio esencial y su plantilla siguió asistiendo y acompañando a nuestras personas mayores y dependientes cuando ni las propias familias podían acudir a sus domicilios.
No podía faltar en este nuevo atropello el inestimable apoyo de Maite Esporrín, el perejil de las salsas en las que UPN cocina sus maltratos a los servicios públicos.
Algo tendrá que decir al respecto un PSN al que deben resonarle las palabras de su líder Pedro Sánchez anunciando cambios en la Ley de Dependencia para evitar los problemas que se han producido en las residencias en la primera ola del Covid. ¿A esto se refiere? ¿A privatizar servicios que son públicos? No olvidemos que las empresas públicas son en realidad sociedades anónimas que se rigen por la legislación laboral ordinaria, aunque su capital sea en parte o totalmente público.
Hablan de que el servicio se ha encarecido sin explicar los motivos, más allá de acusar a la plantilla de no trabajar todas sus horas. En este sector trabajar todas las horas (es decir, que todas las personas usuarias que una trabajadora familiar atiende estén en su domicilio todos los días, que no haya ingresos, visitas médicas…) es algo que no depende de la trabajadora y difícil de cumplir al cien por cien, dado el sector de población que atendemos. Pero una trabajadora que tiene ese espacio libre no está sin trabajar sino a disposición del ayuntamiento para aquellas eventualidades que puedan surgir. Está “de guardia”.
No se comenta, sin embargo, que en la situación anterior, las trabajadoras que prestaban servicio en la empresa privada eran obligadas a devolver esa hora fuera de su horario habitual. Por supuesto eso abarata el servicio, pero ¿alguien imagina que el personal de urgencias o del servicio de bomberos que una tarde no tiene mucho trabajo se vea obligado a devolver las horas no trabajadas? ¿Esa optimización que buscan se va a traducir en empeorar las condiciones de la plantilla?
Tampoco se comenta que la ineficacia de un sistema informático lento y obsoleto dificulta la resolución con eficacia de éstas y otras muchas eventualidades. O que la organización del propio servicio en un bloque en lugar de en pequeños equipos (como muchas trabajadoras hemos venido defendiendo y se vio tan necesario en la pandemia), dificulta un funcionamiento ágil.
En todo caso, cualquier medida de mejora que pueda ponerse en práctica en una empresa pública puede hacerse en el ayuntamiento. No es necesario privatizar un servicio para hacerlo eficaz. Flaco favor hacemos a la defensa de los servicios públicos si consideramos que sólo privatizándolos los transformamos en servicios eficientes. Flaco favor se hacen los políticos a sí mismos cuando se consideran incapaces de gestionar los servicios públicos con eficacia; quizá debiera privatizarse todo el ayuntamiento.
Los grupos políticos del ayuntamiento de Pamplona, la ciudadanía y la plantilla debemos hacer una apuesta firme por mantener este servicio de forma enteramente pública y el ayuntamiento ha de hacer su trabajo, que no es otro que estudiar junto a las trabajadoras las mejoras necesarias y ponerlas en marcha sin privatizarlo.
Marisa Olite y Pili Erro, trabajadoras del SAD
