Desde una visión mercantilista, servicios como el de Atención Domiciliaria para las personas dependientes presentan el gran atractivo de disponer de unos clientes cautivos, una demanda en auge y capacidad de pago a través del presupuesto municipal que sufraga la ciudadanía. Acceder a este “mercado” pues, representa el anhelo de los próceres de la especulación y el buitrerío como todo el mundo sabe.
Tras el acuerdo del Pleno de la anterior legislatura, en el que todos los grupos salvo UPN apoyaron que el Consistorio asumiera en su totalidad el Servicio de Atención a Domicilio, el conjunto de los partidos que actualmente gobiernan en el Ayuntamiento de Iruñea, incluyeron este punto en su acuerdo programático. El Consistorio se encuentra pues estudiando diferentes formas de organizar el SAD, aunando de una u otra manera a las plantillas de las dos empresas que ahora prestan el servicio (una pública, ASIMEC; otra privada, SAR Quavitae) en una sola, de carácter municipal. Sabemos que la patata caliente deben asumirla ahora unos grupos que no optaron por la privatización, que apostaron por una prestación directa del servicio que también CGT respalda, y no concibe que una nefasta “gestión” política deban pagarla ni las trabajadoras, ni las personas que precisan de atención domiciliaria.
Desde una visión profesional, revertir lo mercantil en servicio supone un gran avance que hay que blindar en estos momentos en los que se baraja que todas las trabajadoras pasen a ser personal municipal bajo la fórmula de contratadas laborales indefinidas no fijas. A falta de más información sobre la viabilidad económica que parece factible, factible a pesar de la infra-financiación municipal que supuso el estallido de la burbuja del sector inmobiliario que ahora trata de alzar cimientos en los servicios municipales, entendemos que es una oportunidad para garantizar el trabajo y consolidar este servicio lejos aventuras que no buscan el beneficio social sino el capital, capital ajeno que no común, con el sobre-coste como norma habitual como todo el mundo sabe, mal albur para los y las mayores del futuro.
Los requisitos en que se desarrolle son lo importante. Como sindicato defenderemos que las condiciones laborales y salariales no se vean afectadas, pues estamos hablando de un sector feminizado y de un estándar que tiende a la flexibilizad horaria. Sea como sea el proceso, estos aspectos han de ser tenidos muy en cuenta para evitar que este cambio suponga más precariedad laboral.
Desde una visión social, CGT defiende que en este momento es fundamental mantener los puestos de trabajo y ofrecer a las trabajadoras unas condiciones de trabajo dignas que se expresan en un servicio digno y estable. Las personas que necesitan ser atendidas se merecen una calidad que siempre será mejor y más integral si el servicio está unificado, si no hay intermediarios ni ánimo de lucro. Ahora que nuestra sociedad va envejeciendo, creemos que una buena gestión en manos públicas y con control público nos beneficia a todas, nos permite tener una mejor visión global respecto a la situación de las personas en situación de dependencia, las prestaciones actuales, las carencias y las previsiones de futuro para el que aún estamos a tiempo.
