Contra las paredes. Si partimos de la idea, creo que compartida, de que disponer de una vivienda para poder habitarla es una necesidad básica y de que uno de los objetivos como sociedad es satisfacer las necesidades básicas para todas y todos los habitantes, nos deberíamos preguntar cómo se puede satisfacerlas. En el caso de la vivienda, es una realidad que miles de personas en Navarra no pueden acceder a este bien básico ya que casi exclusivamente se puede lograr mediante el pago de dinero. Ya sea en el mercado, regido por la oferta y la demanda, o accediendo a las diversas modalidades de “vivienda protegida oficial”.
Es decir, para la mayoría de la población y, sobre todo, para sus capas más pobres, la única manera de disponer de un techo es someterse a un trabajo asalariado. Y, como sabemos, éste es en muchas ocasiones imposible de encontrar (el número de personas desempleadas registradas en las agencias del Servicio Navarro de Empleo (SNE) ronda las 45.096 personas) o bien está mal pagado, es precario, ajeno a las necesidades e intereses de las personas implicadas, sino directamente humillante. Por no hablar de que multitud de empleos son directa o indirectamente nocivos y destructivos.
Una situación que se va a agravar en el futuro, convirtiendo a crecientes franjas de la población en “excedentes”. Lo que se ha denominado economía productiva es cada vez más incapaz de generar empleos, sujeta a una competencia global, altamente tecnologizada, atrapada en una crisis de sobreproducción y sin visos de encontrar nuevos sectores rentables capaces de “reactivarla”. Así, el capital huye de la economía productiva lanzándose a la especulación financiera.
Y sin embargo, según el Informe sobre la vivienda en Pamplona en 2015 existen más de cinco mil viviendas vacías (muchas de ellas en manos de inmobiliarias, bancos y constructoras, como es el caso del inmueble okupado en Sarasate 13, sin uso al menos desde 1998) y casi otras cinco mil que son vivienda secundaria con una ocupación temporal parcial. Es decir, una de cada diez viviendas existentes en Pamplona no es habitada habitualmente. Del otro lado, miles de personas no tienen acceso a una vivienda o se ven sometidas a realizar trabajos basura para poder disponer de un techo.
En estas circunstancias, ¿acaso no es legítimo hacer uso y convertir en habitables unas viviendas como las de Sarasate nº13 abandonadas desde hace años a la espera del momento oportuno para obtener el máximo beneficio? ¿Acaso siempre hay que esperar a que sean las administraciones con sus comedidas políticas complementarias al mercado las que actúen?
Sin saberlo el lector de un periódico local nos contesta: “La propiedad privada, si ésta se ha conseguido legalmente, es intocable, tanto para unos como para otros”. Un punto de vista notablemente extendido en nuestras sociedades. Sin embargo, este asunto bien merece un debate, que, en cierta manera, era lo que pretendía el colectivo HireKiN. Nada novedoso en verdad, ya que durante siglos la idea intocable de la propiedad privada ha sido en numerosas ocasiones cuestionada. La defensa acérrima de los comunales, las expropiaciones o la ocupación de fábricas , tierras y edificios así lo atestigua.
En primer lugar, no toda propiedad privada es igual. A costa de ser esquemáticos, podemos decir que hay propiedades que se usan y que son útiles al bien común. Pero por otro, existen las propiedades que solo responden al acaparamiento o a la especulación y que no contribuyen en nada al bien común sino que más bien impiden la satisfacción de necesidades básicas de la población provocanco escasez o carestía. ¿Hasta qué punto la propiedad de inmuebles que permanecen sin ningún uso merece ser respetada?
Por otro lado, no siempre lo conseguido legalmente es sinómino de legítimo. Por mucho que sea actualmente legal, ¿la propiedad de cerca de un millón de pisos vacíos en el Estado Español por parte de constructoras, bancos e inmobialiarias, a la vez que hay gran numero de personas sin acceso a una vivienda, es legítimo? Y no hablamos del resto de viviendas sin uso propiedad de particulares que ascienden a 2´4 millones.
Contra la espada “…de momento identificar a las personas que están aquí dentro del edificio, porque esto es un delito.”, ordena el juez Fermín Otamendi al jefe de sala de la Policía Municipal. Lo siguiente es el desalojo del edificio bajo el mando del jefe de la Policía Municipal sin que haya una orden judicial y utilizando una considerable violencia.
Como dicen los resentidos, esos que dicen “si los demás nos jodemos trabajando para poder pagar un techo por qué ellos se van a escaquear”, y los realistas, no queda otra que subsistir entre la espada y una doble pared. Entre la necesidad de un lugar donde vivir y trabajos que odias, si tienes uno, y el desalojo, la denuncia y los cargos y multas por usurpación. Una tenaza a la que no escapan los propios gobiernos de los ayuntamientos que se returcen entre leyes, jueces, policías, medios de comunicación y un construido sentido común cuya función es defender la “intocable propiedad privada”, y la necesidad de dar respuesta a las necesidades básicas de sus vecinos. Unas tensiones que no van a hacer sino aumentar.
Luis Iriarte
