Lo que denominamos como “la conspiración del silencio”, que es una política seguida por las empresas oligopólicas que han dominado el mineral en el siglo XX, y que ha contado con la colaboración necesaria de médicos, técnicos, legislación y administración para hacerla tan efectiva, ha dado lugar a este peligroso desconocimiento.
La industria del amianto y el uso del mismo por los ciudadanos ha constituido (hablamos de los países en los que ya está prohibido) la mayor tragedia laboral e industrial de todo el siglo XX: el número de muertes, enfermedades, sufrimientos, horas de vida perdidas, etc. ha sido portentoso. Hasta el punto de que llamamos a esta tragedia “el genocidio del amianto”. También le llamamos “un genocidio impune”
La industria del amianto del siglo XX ha sido calificada como un genocidio.
En efecto, en el artículo II, inciso c) de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio se define al genocidio como: un “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.
Sobre la destrucción física o grandes sufrimientos sobre un grupo basta recordar las cifras, poco sospechosas de exageración, y que no hay que cansarse de repetir, de la OMS de que: “en el mundo hay unos 125 millones de personas expuestas al asbesto en el lugar de trabajo. La exposición laboral causa más de 107000 muertes anuales por cáncer de pulmón relacionado con el asbesto, mesotelioma y asbestosis”.
El carácter sistemático lo corrobora el hecho de que hablamos de una exposición industrial, diaria, continuada en el tiempo y que en los países más industrializados ha abarcado cerca de cien años, y en la mayoría de los restantes, en los que aún no se ha prohibido, no sabemos cuánto durará.
Sobre la intencionalidad, los industriales sabían la letalidad del mineral desde hacía muchas decenas de años.
No puede quedar impune este genocidio laboral y social. CGT va a poner en la calle, en la sociedad, en los sectores de producción y distribución, una campaña primero explicativa, segundo creando cooperación entre los trabajadores y trabajadoras para ser capaces de prevenir la salud de los cientos de miles y miles de personas afectadas, y exigir responsabilidades jurídicas en cualquier ámbito a empresarios, empresas y a las Administraciones Públicas.
