El estado de alarma derivado de la alerta sanitaria por la Covid 19, ha propiciado un hito sin precedentes en el tejido económico mundial, que ha venido a evidenciar lo que de manera perseverante se viene manifestando desde CGT, en particular, y el anarcosindicalismo en general: la necesidad de establecer un modelo socioeconómico en el que, de manera objetiva, la riqueza obtenida mediante la explotación y espoliación de los recursos, sea redistribuida de forma equitativa. 

La evolución tecnológica se impone, con vertiginoso ritmo, avanzando hacia la reconversión en la industria 4.0, cuya consecuencia directa se traduce en un permanente goteo de cierres de empresas, deslocalizaciones industriales, la pauperización del trabajo asalariado y niveles inasumibles de desempleo estructural. La redistribución del tiempo de trabajo se alza como la única respuesta posible como forma de contención del sangrado social.

En el actual contexto pandémico, la contención del empleo se ha ejercido, a través del proteccionismo del estado, mediante los ERTEs. Una medida extraordinaria de aplicación ceñida al contexto sanitario, de fuerza mayor, que no se prorrogará de manera infinita y que no evitará la vuelta de tuerca en lo que, técnicamente, el capitalismo denomina como “ajustes del sistema”. Es decir: aumento del desempleo e incremento de la precarización del trabajo. La estrategia especulativa del capitalismo es una aberración que aboca a las familias al desabastecimiento de lo más básico, a la precarización de la sociedad teniendo como consecuencia final la esclavitud extrema. El empleo precario como forma de manutención, sin derecho a nada.

El capitalismo especulativo, de tinte neoliberal, pretende, utilizando el miedo, sumergirnos de nuevo en un tiempo de incertidumbre. Nos dice que los derechos laborales son privilegio, que constituyen el principal factor del colapso porque impiden el crecimiento económico. Hace uso de la coyuntura sanitaria para amedrentar a la ciudadanía con el fantasma de la destrucción de empleo; paralelamente, comienza a lanzar globos sonda en torno a la necesidad de adaptar la jornada de trabajo. Reconocen que no hay otra salida que utilizar adecuadamente el binomio tiempo de trabajo y beneficios. Pero persistiendo en el error, tratan de adaptar el concepto de reparto con un objetivo distinto al que, históricamente, hemos planteado. Es una realidad, la disminución de la jornada se atisba en el horizonte.

Los gurús económicos liberales prevén la inmediatez del apocalipsis y punto de no retorno. La CEOE estima un crecimiento del desempleo hasta el 20%, es decir, por encima de los cuatro millos de personas. Aunque, evidentemente, son cifras coyunturales, lo cierto es que la tasa de desempleo estructural, generada por la crisis financiera de 2007, se había situado en tres millones. La tasa de crecimiento económico para el segmento de los países con economías más avanzadas prevista por el Banco Mundial para 2020, se situaba, antes de la llegada de la COVID-19, en el 1.4% y el 2.5% mundial, con un crecimiento al 4.1% de las economías emergentes.

Estos datos son suficientes para certificar la debilidad de un sistema, que ya venía mostrando signos de estrés y que no da más de sí. Pensamos que, frente al colapso, no existe alternativa fuera de la acción solidaria, hacer efectiva nuestra fuerza y ser proactivos en la consecución de la redistribución de la riqueza, comenzando por el reparto del trabajo que genera.

Hace ya 100 años que se instauró la jornada laboral de 8 horas/día, 40 horas semanales. La situación laboral ha cambiado mucho desde entonces. Todas las mejoras técnicas que se han introducido en este tiempo en las empresas, la mayoría de ellas subvencionadas desde el erario público, únicamente han servido para aumentar sus beneficios. En ningún caso se han utilizado para buscar una mejoría en las condiciones laborales y mucho menos del empleo.

La crisis del sistema, con un alcance desigual entre las capas de clase, tiene una afección transversal que no se puede negar. Por ello la salida de este escenario de constante presión económica, de total incertidumbre, pasa por una contribución sustancial de los beneficios, reinvertidos en el principal capital de las empresas: las personas. Hasta ahora se han dedicado a buscar amparo en la implicación de los gobiernos, que no dudan en incentivar directa e indirectamente, con la justificación del retorno vía impuestos. Es decir, lo comido por lo servido. El reparto del empleo se ha de ver como una fórmula diferente en esa implicación institucional, incentivando la apuesta redistributiva del trabajo, como contribución social efectiva.

La reivindicación histórica de las 30 horas semanales es el camino a seguir. Aplicando las fórmulas oportunas, la reducción de la jornada tiene como consecuencia directa una drástica reducción del absentismo; conlleva igualmente una mejora de la rátio productiva. Esta combinación generaría, en términos generales, un 25% más de empleo sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas, y una contribución directa al mantenimiento de los salarios.  La generación de empleo que supone esta medida, tiene un beneficio directo en las arcas públicas mediante el ahorro en las aportaciones para el mantenimiento del empleo al mismo tiempo que se reducen las prestaciones por desempleo, entre otros beneficios.

Por todo esto, desde C.G.T., insistimos en la necesidad de avanzar en la adopción de medidas que fomenten el reparto, al tiempo que hacemos un llamamiento, a los agentes sociales y la clase trabajadora, para hacer común este objetivo netamente social.

Secretaría de Acción sindical de CGT-LKN Nafarroa

Extraído de: https://banatutaldea.blogspot.com/2019/05/registro-de-la-jornada-horas-extra-y.html

A partir del 12 de mayo todas las empresas deberán llevar un registro
diario de la jornada de su plantilla. El objetivo de esta medida es
hacer aflorar los millones de horas extra impagadas que se dan de forma
crónica en nuestro mercado laboral.

En el primer trimestre de
2019, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), a nivel estatal
se han realizado más de 5 millones y medio de horas extra semanales, de
las cuales el 46,4% han sido impagadas. Se trata de un fenómeno de gran
magnitud que esconde, no sólo un fraude a la Seguridad Social sino una
significativa destrucción de empleo. En este último caso no podemos
considerar únicamente las horas extra impagadas pues las retribuidas
perjudican igualmente al empleo. Estas horas forzadas son sin duda
también una nueva vuelta de tuerca en la precariedad laboral

En Navarra, desde Banatu Taldea, ya denunciamos esta situación hace un
año otorgando el Punto Negro del Paro a la patronal -CEN- por destruir
el empleo equivalente a la extensión de jornada ordinaria de una parte
de los trabajadores y las trabajadoras, en perjuicio de quienes no
logran acceder a un puesto de trabajo o deben trabajar a tiempo parcial.
Según nuestros cálculos, eran unos 1.800 empleos los que las horas
extra devoraban en Navarra en ese momento.

Pues bien,
recientemente, desde el Gabinete Económico de CCOO, a partir de datos de
la EPA, ha hecho público un cálculo del efecto en el empleo de las
horas extra en Navarra, el cual concluye que, por una parte, serían 633
los empleos que equivaldrían al volumen de horas impagadas y 1.183 a las
pagadas, un total de 1.816 empleos a jornada completa volatilizados por
esta práctica insolidaria.

Una vez puestos los datos encima de
la mesa, una vez conocida la próxima obligatoriedad del Registro de la
Jornada, no podemos conformarnos con que afloren las horas impagadas y
se regularicen. Debemos evidenciar lo absurda e inaceptable que resulta
la paradoja que se da entre el Paro y las horas extra. Ambas realidades
no son sino la cara de una misma moneda, la moneda de la precariedad en
la que hay quien soporta largas jornadas laborales y carece de tiempo
para la vida, mientras hay quien no tiene opción de trabajar y debe ver
su vida condicionada por el Paro o por trabajos a tiempo parcial.

Por ello, sería conveniente ir reduciendo la tolerancia social a esta
forma de «anti-reparto del trabajo» que suponen las horas
extraordinarias para que seamos capaces de frenar al empresariado cuando
las ofrece/impone y también a las personas que las aceptan, siendo
conscientes de que se dan casos, sobre todo entre personas con
contratación eventual, en los que las presiones ejercidas conllevan la
práctica obligatoriedad de las mismas.

Queremos trabajar menos
para trabajar todos y todas, para, así, vivir mejor. Un buen y muy
lógico primer paso sería transformar las horas extraordinarias en empleo
para acercarnos a otro modelo social más digno, solidario y justo.

Sin entrar en el debate sobre las condiciones y las dudas sobre la
efectividad en la puesta en práctica del Registro diario obligatorio de
Jornada, proponemos que, con la información que se obtenga, los
Sindicatos, Comités de Empresa, los y las trabajadoras planteen en la
negociación de los convenios, convertir el tiempo resultante de las
horas extra en nuevos puestos de trabajo. La Administración Foral debe
tener un papel ejemplarizante en este tema.

Pamplona/Iruñea, 9 de mayo de 2019

Banatu Taldea / Iniciativa decrecentista por el reparto de los trabajos.

Extraído de:http://banatutaldea.blogspot.com/2019/03/el-reparto-del-empleo-una-propuesta_28.html

Nuestro grupo, Banatu Taldea – Iniciativa Decrecentista por el Reparto
de los Trabajos, recogiendo el marco normativo de 2014 (D.F.39/2014 por
el Reparto del Empleo en la Administración de la CFN) y el Acuerdo
Programático, hemos estado intentando avanzar respecto a una cuestión
que nos parece central: el Reparto del Empleo (RDE); entendido desde una
perspectiva de impulso del reparto de todos los trabajos.

Los
avances permanentes en la robotización y automatización de los procesos
productivos, teniendo en cuenta la función central que sigue teniendo el
empleo remunerado, no solo como proveedor de recursos económicos, sino
también como factor de integración social, hacen del RDE (y del reparto
de la riqueza) opciones necesarias, para salvaguardar la dignidad de
todas las personas, ahora y en el futuro.

El desempleo, a pesar
de la mejora en los índices que ha habido últimamente, sigue siendo uno
de los más graves problemas sociales. Solucionarlo ha de ser
prioritario.

El cambio de legislatura en 2015, generó
expectativas ilusionantes sobre que un “Gobierno del Cambio” iba a ser
capaz de tomar iniciativas concretas sobre el RDE existente. De hecho,
en el Acuerdo Programático se mencionaba la posibilidad de “mejorar la
planificación interna, ajustar o disminuir la jornada, posibilitar
programas voluntarios, prejubilaciones con contrato de relevo,” etc.

Lamentablemente, poco ha cambiado: cuatro años casi desaprovechados
para aportar nuevas soluciones a un problema estructural esencial de
nuestra sociedad.

Hemos realizado múltiples acciones,
encaminadas a que la clase política y los sindicatos tomasen en serio el
RDE y procurasen algún tipo de iniciativa, sin obtener resultado
alguno, También hemos hecho propuestas concretas, entre las que cabe
destacar la presentación de una Proposición de Ley Foral sobre Reparto
del Empleo para el conjunto de las Administraciones Públicas de Navarra.
Fue en una Sesión de Trabajo en el Parlamento, y ampliamente difundida
entre los agentes sociales.

Esta Proposición de Ley Foral,
contenía, entre otras medidas, la jornada laboral de cuatro días a la
semana, o su reducción diaria equivalente, para las personas que de modo
voluntario asumiesen una bajada de sueldo, soportada solidariamente con
la Administración, e inversamente proporcional al nivel retributivo,
siendo sustituidas, por personas elegidas con criterios sociales, en los
casos que fuera posible.

Estas medidas podrían haber servido
de ejemplo para la empresa privada, posibilitando la generación de un
número importante de puestos de trabajo, así como la mejora de la
calidad de vida de quienes se acogiesen a ellas, y, lo que es más
importante, nos situaría en una nueva dinámica de relaciones laborales,
alejadas de criterios únicamente economicistas, poniendo a las personas
en el centro de las políticas públicas.

El RDE, además de una
herramienta de carácter laboral y económico, supone una filosofía y un
modo de acción política, que impulsa medidas de solidaridad y protección
social, así como una distribución más equitativa y justa de la
riqueza.

Estos cuatro años han sido prácticamente
desaprovechados para dotarnos de una nueva y pionera herramienta,
responsable, solidaria y viable para disminuir el desempleo. Y en este
punto, el Gobierno del Cambio, lamentamos decirlo, no ha tomado ninguna
medida significativa.

Es importante poner de manifiesto, para
que la sociedad en su conjunto sea consciente de ello, que estas
políticas de RDE, tienen un coste económico menor que cualquier otra
política de fomento del empleo, y por lo tanto son posibles y viables.
El propio estudio de costes hecho por la Administración de las medidas
contenidas en el DF39/2014, así como un estudio realizado por un equipo
de profesores de la UPV-EHU respecto a nuestra Proposición de Ley Foral,
así lo demuestran, constatando la potencialidad real de creación de
puestos de trabajo de estas medidas.

Es hora ya de que un
auténtico Gobierno del Cambio asuma los retos que tenemos planteados, y
haga las transformaciones precisas, más allá de la lógica del
crecimiento indefinido, por lo tanto insostenible, y lidere la
transición hacia una sociedad más consciente de los retos ecológicos que
tenemos planteados, favoreciendo también el reparto de todos los
trabajos, productivos y reproductivos, como los de cuidados en el hogar,
para conseguir una realidad más igualitaria, justa y solidaria.

Nos parece básico que los partidos políticos incluyan en sus programas
electorales medidas legislativas concretas de reparto del empleo, tanto
para el sector público como para el privado, que puedan ser llevadas a
la práctica en la siguiente legislatura.

Pamplona / Iruñea, marzo de 2019

Extraído de: https://www.elsaltodiario.com/laespiral/horas-extras-navarra-cuestion-modelo-banatu-taldea

El pasado mes de junio Banatu Taldea señalaba con el Punto Negro del Paro a la patronal navarra, CEN, por el elevado número de horas extraordinarias por trabajador/a y mes en Navarra (de las tasas más altas del Estado), en base a los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística. Unos meses más tarde, hemos podido saber a través de la prensa que, según un estudio de Randstad, en 2017 las empresas navarras gastaron casi 74 millones de euros en horas extraordinarias, lo que equivaldría, según sus cálculos, al coste de 2242 puestos de trabajo.

Nos dicen que, como única forma de generar nuevos puestos de trabajo, debemos buscar a toda costa un crecimiento ilimitado, entendido éste en términos meramente capitalistas (aumento del PIB), a pesar de las nefastas consecuencias sociales y ambientales que conlleva. Pero no nos advierten de que la llamada recuperación de la economía, entendida ésta en términos meramente capitalistas, no sólo lleva aparejado el aumento de la contratación, además provoca un aumento en la siniestralidad, en la precariedad y, como vemos, en las horas extraordinarias. Así es la receta con la que nos cocinan el potaje que debemos tragar y no es posible mejorarla en un contexto de desregularización total que emana de una regresiva legislación laboral.

Tampoco en el otro lado, en el de los sindicatos y la propia clase trabajadora, encontramos una respuesta a la altura de la situación. Toleramos y aceptamos que el análisis de la realidad pase por una serie criterios y valores, entendidos éstos en términos meramente capitalistas y adaptamos nuestras estrategias a ese contexto que damos por inmutable. Socialmente se han dejado de ver mal las horas extraordinarias, tal y como se veían hasta hace bien poco. Se consideraba que de la jornada pactada debía derivarse un salario suficiente, que la realización de horas extras remaba en contra de nuestros derechos y, además, se entendía que alargando su jornada reducía las posibilidades de acceder al trabajo de otras personas y existía un rechazo extendido a esta práctica. Esta actitud de mínima rebeldía, de rechazo íntimo, es imprescindible para forjar cualquier mínimo avance que pueda llegar a transformar las horas extraordinarias en nuevos puestos de trabajo. Imprescindible también para que exista un contexto más protector para aquellas personas que, debido a la precariedad que padecen, hacer horas extraordinarias no es una opción sino una imposición.

Sería demasiado ingenuo e incluso contraproducente pensar que podemos plantearnos materializar un proyecto de modelo social más justo sin tener en cuenta la fuerza con la que el capitalismo nos atraviesa y define casi todos los ámbitos de nuestras vidas: trabajo, ocio, cuidados, consumo, salud, etc. Por ello, un primer paso bien pudiera ser el ir anteponiendo, de forma crítica, algunos criterios definidos desde la búsqueda del bien común al individualismo y consumismo que nos dictan cómo debemos vivir. Por ejemplo, anteponer a su búsqueda de crecimiento ilimitado un mejor reparto de los trabajos (remunerados, domésticos y de cuidados) y de los recursos. Se trataría de, lejos de aceptar la creciente fragmentación y racionamiento de un empleo cada vez más precario, trabajar menos para trabajar todos y todas en condiciones dignas y así vivir mejor, sumándola a otras muchas medidas como la de aumentar la progresividad fiscal para garantizar así los servicios públicos.

Recuperar el pulso social ante las horas extraordinarias, camina en ese sentido de reparto. Nos implica individualmente y nos reta colectivamente a la vez que nos ayuda a cambiar de paradigma en esta fase tan exacerbada del proceso de mercantilización de nuestras vidas y nuestros cuerpos. Cuestionar y reducir las horas extraordinarias nos acerca, por tanto, a otro tipo de modelo, entendido éste en términos meramente sociales.

Las empresas navarras gastan casi 74 millones en horas extra

Extraído de: http://banatutaldea.blogspot.com/2018/08/rejuvenecer-volkswagen-tenemos-la.html

Está de actualidad el tema de la posible subvención estatal de 80 millones de euros para rejuvenecer VW Navarra, con la prejubilación de 800 personas.

Rejuvenecer las plantillas de las empresas, no solo la de VW, tiene que ser un objetivo compartido, como proclama un sindicato. Pero en beneficio prioritariamente de las personas trabajadoras jóvenes, sin olvidar al resto de las paradas (con cargas familiares, de larga duración, más desfavorecidas, etc…). Pero es una necesidad de las empresas que deben costearlo con sus recursos, que provienen de la plusvalía generada por sus trabajadores y trabajadoras.

¿Es lógico estar retrasando la edad de jubilación y dar dinero público para rejuvenecer plantillas?; ¿es lógico hacerlo solo con una empresa y no con trabajos más penosos como la construcción? El dinero público podría destinarse a estimular el reparto del empleo como fórmula para reducir el paro, pero tendría que ser con una fórmula de carácter general, para todas las empresas y trabajadores, e incentivando, pero no supliendo la aportación negociada entre la parte empresarial y laboral. Nada tiene que ver con el destino de los 80 millones regalados a VW. Salvo contadas excepciones echamos en falta una voz crítica entre los sindicatos ante este tipo de estrategias, a no ser que participen plenamente de ellas.

• 1.931 República Española: legisla la jornada máxima de 8 horas/día y 48 semanales

• 1.983 El gobierno de F. González legisla un máximo de 40 horas semanales.

• 1.985. En Alemania el sector del metal consigue la semana laboral de 35 horas

• 1.989: UGT-CCOO reclaman a la patronal 37 horas semanales para llegar a 35, (demanda olvidada hace ya tiempo).

• 1.996. El Parlamento Europeo recomienda la semana laboral de 34 horas

• 2.002. Francia. Se implanta la semana laboral de 35 horas

• 2.018. Suecia. Experiencias piloto de 6 horas diarias, 30 semanales

• 2.018. Alemania. Los sindicatos piden la jornada de 28 horas semanales.

Desde el año 1.983 en España, salvo la reducción hacia las 37,5h ó 35h en algunos sectores de la Administración, la única modificación ha sido retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años de forma progresiva entre 2.011 y 2.027.

Pensamos que las fórmula son otras: reducir la jornada laboral a 35 horas, trabajar 6 horas diarias o cuatro días, renovar e impulsar el contrato de relevo, eliminar las horas extras, adelantar la edad de jubilación, … Estas medidas de reparto del trabajo crearían empleo con menor coste para las arcas públicas y un retorno económico demostrado. Avanzando hacia estos cambios, con toda seguridad, los y las jóvenes y el resto de las personas paradas tendrían más puestos de trabajo. Y esto ¿cómo se financia?: con el consecuente ahorro en prestaciones y subsidios por desempleo y la disminución del presupuesto en formación, orientación, etc… de los Servicios de Empleo autonómicos. También se tendrían que negociar en los convenios colectivos cómo se implantan estas medidas. Los retornos serían: aumento en prestaciones a la seguridad social, mayor recaudación por rentas personales, aumento de la productividad, reactivación de las economías domésticas y, sobre todo, mayor equidad y cohesión social, aunque estos valores no cotizan en bolsa.

No habría que recordar, a estas alturas, que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar y que la innovación tecnológica tiene que propiciar la reducción de tiempo de trabajo y no solo la productividad para beneficio empresarial. Trabajar menos para trabajar todas las personas y vivir mejor, aunque sea con menos.

Sabemos que estas modificaciones laborales son competencia del Estado. ¿No estamos en un “cambio de época” (Pedro Sánchez)? Desde Navarra también se puede hacer algo. Sería deseable, al menos como “experiencia piloto”, alguna acción del SNE/NL sobre reparto del empleo. El Gobierno es la mayor empresa foral con 25.000 trabajadores En el Acuerdo Programático se lee: “explorar formulas para reparto del empleo”, “modificar (para mejorar) el DF 39/2014 de reparto del empleo” (DF de Yolanda Barcina)”… pues eso, que ya queda poco tiempo de legislatura.

Dedicar dinero público para rejuvenecer las plantillas de empresas con beneficios multimillonarios es una mala opción, desde el punto de vista ético. Son necesarias medidas legislativas, como el reparto del empleo, que modifiquen el marco de las relaciones laborales y den trabajo a los jóvenes y descanso a los mayores para avanzar hacia una sociedad más justa.

Banatu Taldea,

Iruña, 12 de Agosto de 2018