Una veintena de colectivos y sindicatos han llevado a cabo una concentración en oposición a la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza el 23 de diciembre, frente a la Delegación del Gobierno, en la Plaza de Merindades de Pamplona-Iruñea.

Una nutrida movilización, secundada por más de 200 personas, que expresa el rechazo de los movimientos sociales hacia una norma restrictiva que busca entorpecer la protesta con más y mayores sanciones, que nos deja en la indefensión de la vía administrativa y de no poder tomar imágenes de los excesos policiales, que permite prácticas ilegales como las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla…

El poder expresa miedo o cuando menos preocupación cuando recurre a agudizar la represión contra quienes se opongan a un desahucio, acudan a convocatorias espontáneas o protesten en entidades bancarias y ante los principales foros de decisión política.

Por ello, ahora más que nunca, que no calle la calle, que el espacio público sea reflejo vivo de lo que la sociedad demanda de forma colectiva, no un lugar en el que sólo tenga cabida el consumo y las relaciones asépticas entre personas que se ignoran.

ADHESIONES (orden alfabético):
AHT Gelditu, Andrea, ATTAC Navarra-Nafarroa, CGT/LKN, CNT-Nafarroa, Colectivo de Personas en Paro, Dale Vuelta-Bira Beste Aldera, ESK, Kalea Denona, LAB, Lunes Lilas, Martes al Sol Mugitu Mugimendua, Plataforma por el Derecho a una Renta Básica, Red navarra contra la pobreza, Salhaketa, Sasoia, Solidari, SOS Racismo, STEE-EILAS, Sumaconcausa y Sustrai Erakuntza.

COMUNICADO CONJUNTO:
LEY MORDAZA: el poder se blinda, la calle no se calla.

Se ha aprobado en el Congreso la restrictiva Ley de Seguridad Ciudadana, la “Ley Mordaza”, que ahora pasa al Senado para su aprobación definitiva, con la oposición de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, Partido Aragonés y, COMO NO, DE UPN.

De las 270 enmiendas presentadas a esta Ley, la Comisión de Interior del Congreso aprobó alrededor de 50, pero la mayoría de las cuales sólo hacen referencia a mejoras técnicas del texto –NO DEL CONTENIDO–, mientras que otras suponen un endurecimiento de una ley que desde amplios sectores de la sociedad e incluso desde la Unión Europea ha sido señalada por su carácter restrictivo de los derechos de reunión y libertad de expresión.

Resulta significativo que pocos días después de su aprobación ya se están dando las primeras actuaciones dirigidas a criminalizar la protesta a través de mediáticas operaciones policiales.

Pretenden blindarse ante el aumento de la movilización y la presión social, acallar la calle, convertirnos en esa mayoría silenciosa para poder imponer sus medidas antipopulares impunemente.

ESTA LEY SUPONE:

• Menos garantías para la ciudadanía. La policía en el ámbito administrativo tiene presunción de veracidad y serán ella y la propia Administración quienes van a sancionar: juez y parte. Además se tendrá que pagar la multa antes de poder recurrir la sanción, un proceso por el que también se deben pagar unas tasas ante los tribunales.

• Limitación genérica de las reuniones y manifestaciones. Se sancionarán (o incrementarán las cuantías de las sanciones Leves: de 100 a 600€; Graves: de 601 a 30 000€; Muy graves: más de 30.000), las protestas que se realicen ante el Congreso, el Senado u otro organismo autonómico similar. También la ocupación de entidades bancarias y otros inmuebles, encaramarse a edificios, la resistencia o desobediencia a la autoridad o impedir un desahucio. Estas acciones y estos espacios son fundamentales para la expresión de la denuncia de la actual situación.

• Limitación de la posibilidad de grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones. Se sancionarán la difusión de imágenes o datos no autorizados de las fuerzas de seguridad, incluidas las realizadas por profesionales del periodismo. Por lo tanto, los abusos policiales quedarán casi impunes.

• Legalización de prácticas ilegales, con la legalización de las llamadas “devoluciones en caliente”. Consisten en que, a pesar de que el/la inmigrante haya sorteado la valla fronteriza, se entrega a las autoridades marroquíes sin darle la oportunidad de pedir asilo o exponer las circunstancias que le han llevado a saltar la valla de Ceuta o Melilla. Son expulsiones sumarias y colectivas que están prohibidas por el derecho internacional porque vulneran el derecho de asilo y privan a las personas de un procedimiento en el que puedan contar con la defensa jurídica pertinente.

• También se restringen otros usos de la calle como la celebración de actos recreativos no autorizados, beber o consumir drogas en la calle o la venta ambulante (Top Manta). Se trata de limitar el espacio público, dificultando su uso, afectando negativamente a la ciudadanía en general y a los sectores más excluidos y más reivindicativos en particular, en favor de un modelo urbanístico y social orientado al consumo y la movilidad acelerada.

El 10 de diciembre de 1948 fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas.

Durante la Semana de Derechos Humanos se van a llevar a cabo distintas actividades para reivindicar y divulgar información sobre aquellas situaciones en las que se están vulnerando los derechos más elementales.

Para más información mira el CARTEL con el programa de actos

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que propone modificar la Ley de Extranjería para, en una disposición adicional, introducir un «régimen especial de Ceuta y Melilla» que crearía una figura jurídica aplicable sólo en estos territorios. La abogacía lo ve anticonstitucional….

La enmienda, dice que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».

De este modo, se estaría legalizando la práctica conocida como ‘devolución en caliente’ que las ONG que operan en las ciudades autónomas vienen denunciando desde hace más de una década, que no tiene amparo legal y que consiste en entregar sobre la marcha a Marruecos a los inmigrantes que han saltado la valla o se han apostado encima, sin darles la oportunidad de pedir asilo o exponer sus circunstancias.

Desde que el pasado mes de febrero se documentara en vídeo como 23 inmigrantes que habían llegado a nado a Ceuta eran entregados sobre la marcha a Marruecos en un suceso en el que murieron 15 personas, tanto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; como su número dos, Francisco Martínez; han venido defendiendo que esta práctica correspondía a un «rechazo en frontera» y a un «concepto operativo» de vigilancia del perímetro.

Sin embargo, el Coronel Jefe de la Guardia Civil en Melilla ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad autónoma, tras la denuncia de varias ONG por la ejecución de este tipo de devoluciones, entregas que el juez en principio ve ilegales puesto que al haber entrado los extranjeros en suelo español, y dice que la valla lo es, debería abrírseles un expediente administrativo con garantías.

QUÉ DICE HOY LA LEY

En la actualidad, ni la Ley de Extranjería ni su Reglamento contemplan especificidades en este sentido para los territorios de Ceuta y Melilla, donde se aplican las mismas condiciones que para los migrantes que llegan o se encuentran en situación irregular en el resto de España.

Con la redacción actual, concurren distintas figuras jurídicas para poder expulsar al inmigrante en función de si ha sido sorprendido en el territorio sin permiso de residencia (expulsión), de si ha intentado cruzar por un puesto fronterizo habilitado, como un aeropuerto (denegación); o de si lo ha hecho de forma clandestina por otra zona, como en las vallas y las costas (devolución).  No obstante, el ordenamiento jurídico no contempla como tal la figura de «rechazo en frontera» que ahora se quiere introducir.

Con todo, es frecuente que los letrados y las autoridades utilicen esta denominación para referirse a la figura de «denegación de entrada» que concurre en los puestos fronterizos habilitados, es decir, en los puertos y aeropuertos, cuando se impide acceder a España a un extranjero que no cumple requisitos como tener un visado, una carta de invitación o su documentación en orden.

Conforme impone el reglamento, «dicha denegación se realizará mediante resolución motivada y notificada, con información acerca de los recursos que puedan interponerse contra ella, el plazo para hacerlo y el órgano ante el que deban formalizarse, así como de su derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de oficio en el caso de que el interesado carezca de recursos económicos suficientes y, en su caso, de intérprete, que comenzará en el momento de efectuarse el control en el puesto fronterizo».

EN LAS VALLAS, DEVOLUCIÓN CON GARANTÍAS

Para los casos de inmigrantes «que pretendan entrar ilegalmente en el país» por puestos no habilitados, como las vallas de Melilla y Ceuta o las costas de Andalucía, la regulación prevé la figura de la «devolución«, que aparece en el artículo 58.2 de la Ley de Extranjería y en el 23 de su reglamento.

En este caso, el desarrollo reglamentario dice que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras que hayan interceptado a los extranjeros que pretenden entrar irregularmente en España los conducirán con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución».

Además, añade que «el extranjero respecto del cual se sigan trámites para adoptar una resolución de devolución tendrá derecho a la asistencia jurídica, así como a la asistencia de intérprete, si no comprende o habla las lenguas oficiales que se utilicen«. «Ambas asistencias serán gratuitas en el caso de que el interesado carezca de recursos económicos suficientes, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita», establece el Reglamento.

No es la única norma que rige, no obstante, ya que España mantiene suscrito un acuerdo de colaboración con Marruecos que compromete a este país a recibir de vuelta a cuantos inmigrantes crucen irregularmente procedentes de su territorio. El convenio, que fue reactivado en 2012, impone no obstante que las personas devueltas sean entregadas con un expediente en el que figuren las averiguaciones que haya podido hacer España sobre su identidad y nacionalidad, es decir, que en todo caso los inmigrantes habrían de pasar por comisaría.

600 EUROS POR EL TOP MANTA

Otro de los asuntos que el PP quiere introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana y que afectaría a los inmigrantes es la propuesta de incluir como falta leve con sanciones de hasta 600 euros la venta ambulante no autorizada, poniendo como ejemplo el ‘top manta’, por considerarlo una ocupación de la vía pública.

Sostiene que deben ser sancionadas «sin perjuicio de las sanciones en que se pueda incurrir, de acuerdo con la normativa autonómica y local correspondiente en materia de comercio interior, así como sin perjuicio de las infracciones penales que puedan constituir determinados supuestos de venta ambulante (caso del conocido como ‘top manta’)».

INFORMACIÓN RELACIONADA:

La Abogacía ve inconstitucional y sin encaje internacional la reforma de Extranjería que pide el PP para Ceuta y Melilla El portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans, considera que la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular para el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que legalizaría la devolución sobre la marcha de los inmigrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla es «inconstitucional» y choca con la legalidad internacional.

En declaraciones a Europa Press, Solans explica que devolver a un inmigrante a Marruecos sin darle la oportunidad actualmente recogida por la ley, de pedir asilo o protección internacional por razones humanitarias, es directamente inconstitucional porque vulnera el derecho fundamental de esa persona a ser escuchada.

«El problema no es que se vaya a legalizar la devolución en caliente, el problema es que no se puede legalizar la devolución en caliente porque es inconstitucional: lo que impide es el derecho de audiencia, impide que esa persona sea escuchada, así que de facto se impide el ejercicio de un derecho constitucional», plantea el experto en Extranjería.

Solans insiste además en que «se impide también el ejercicio de un derecho constitucional y consagrado por toda la legislación internacional» que es el derecho de pedir asilo o protección a España. «Hay situaciones humanitarias que deben ser escuchadas y la única garantía de que se le escucha es que haya alguien imparcial a su lado, en este caso, tal y como establece la ley, un abogado», sentencia Solans.

«No sé cómo se va a colar eso dentro del marco del Derecho de Defensa que recoge la Constitución, del derecho de audiencia que implica ese derecho a la defensa, de las gartantias jurídicas generales de nuestro ordenamiento, de la legislación de asilo y de todos los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado España», añade el letrado.

Para Solans, «es cierto que el PP tiene mayoría absoluta y puede reformar la ley a su gusto», pero no puede perder de vista «que existe una Constitución y unos tratados internacionales que España ha firmado» y todo un «ordenamiento superior» que no puede contradecir.

«Estamos hablando de menores, de mujeres amenazadas, de sirios, de caboverdianos, nigerianos que vienen perseguidos de su país; personas que vienen a pedir protección y España debe dársela porque así lo establece la Constitución y el marco internacional», asegura.

Además, considera que la reforma pretendida «viene a ser un reconocimiento tácito de que lo que se ha hecho hasta ahora es ilegal». En su opinión, «lo que están haciendo son maniobras una detrás de otra para no cumplir la ley». «Ahora la quieren cambiar, pues primero que expliquen por qué, si hasta ahora todo era legal», apunta.

«Si necesitan reformar la ley para dar cobertura a lo que han venido haciendo hasta ahora es que no estaba de acuerdo con la ley. Nos están dando la razón en que no era legal así que, ¿Quién va a ser el responsable de lo que se está haciendo hasta que se apruebe esta cláusula?», plantea Solans.

Por último, a nivel técnico, reflexiona sobre el hecho de que al introducir, como pretende el PP, una disposición adicional a la ley exclusiva para regular la situación de Ceuta y Melilla, se esté abriendo la puerta a leyes concretas para territorios concretos. «Chirría y supone algo irregular que se cree un régimen especial para las ciudades autónomas. ¿Es que no son territorio nacional como el resto? No se legisla para casos ni lugares concretos», plantea.

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