Este 6 de mayo, primero de mes, tuvo lugar una nueva Asamblea de Martes al Sol, como siempre, frente a Diputación.

En la misma se hizo valoración de la manifestación que el pasado 24 de abril recordaba la masacre ocurrida un año antes en Bangladesh, que supuso la muerte de un millar de mujeres, trabajadoras precarias. Si bien no fue muy numerosa, sí que fue más que necesaria y por ello fue un acierto. Será necesario implicar a más sectores de la sociedad en esta lucha y seguir cuidando aspectos en las acciones como el uso del euskera, etc También se pudieron escuchar las palabras de un compañero sobre la problemática energética que padecemos de mano de las grandes empresas y las alternativas que se van abriendo camino en forma de cooperativas que comercializan exclusivamente energía renovable.

NUESTRA VIDA VALE MÁS QUE SUS BENEFICIOS

En el Día Internacional de la Salud en el Trabajo, desde la CGT hicimos un llamamiento a toda la Sociedad, ante la negativa situación que encontramos los/as Trabajadores/as en nuestros puestos de trabajo y las terribles consecuencias que conlleva para nuestra Seguridad y nuestra Salud.

Como Clase Trabajadora que dependemos de nuestro trabajo para subsistir, somos conscientes de que el trabajo no nos va a aportar Salud, pero tampoco debe suponer su pérdida.

Sin embargo, los agresivos sistemas productivos, y sobre todo, los sistemáticos incumplimientos de la legislación en materia preventiva por parte de las empresas, están contribuyendo al deterioro constante de nuestra salud mientras sus beneficios aumentan.

Las políticas preventivas de las empresas, son papel mojado en el cumplimiento meramente burocrático de la legislación, y únicamente con triquiñuelas consiguen maquillar las cifras de siniestralidad laboral, mientras la realidad demuestra que nuestra salud empeora día a día.

Cómplice de esta situación es el INSS, que asume la desviación de las contingencias de la inmensa mayoría de las bajas de origen laboral que deberían ser asumidas por las Mutuas, permitiendo que éstas y las empresas consigan pingües beneficios con ello.

Además, como consecuencia de una legislación anti-obrera, sus inspectores nos están mandando a trabajar sin estar curados, únicamente por un ejercicio del poder que les confieren dichas leyes, dejándonos, cuando nuestro estado de salud no nos permite desarrollar el puesto de trabajo, a merced del despido.

CGT-LKN estuvimos concentrados a las puertas de las oficinas del INSS con alrededor de medio centenar de personas, mostrando nuestro rechazo a estos ataques contra la salud de las personas trabajadoras.

¡En el trabajo nos “matan”

y en el INSS nos “rematan”!

Desde CGT decimos que ya basta. Es necesario hacer frente a todo esto, para la defensa de nuestra salud y nuestra vida.

Desde CGT-Nafarroa queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía a participar en la manifestación que tendrá lugar en Pamplona-Iruña, el próximo jueves, día 24 (a las 19 h desde Carlos III, frente a Diputación), promovida desde los Martes al Sol, movimiento unitario de las plataformas antidesahucios, antiparo, por la renta básica, por la protección a la dependencia, personas individuales… 

Se pretende no dejar en el olvido lo ocurrido hace un año en Bangladesh, donde murió más de un millar de personas (casi todas mujeres) cuando se derrumbó el edificio en el que trabajaban en penosas condiciones. Preparaban ropa para marcas tan conocidas como Zara, Mango, Primark… 

Creemos que se trata de ropa accesible para nuestros bolsillos pero no para nuestras conciencias. Esta ropa es tan cara, que se cobra vidas.

Los hechos que denuncio tuvieron lugar en Pamplona el pasado 19 de abril de 2013, en el interior del campus de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). En esa fecha se realizaron diversos actos para conmemorar el “Día de la Universidad” y, aprovechando la asistencia al acto central de las principales autoridades de la Comunidad foral de Navarra, diversos sindicatos y organizaciones realizamos una concentración a las puertas del edificio donde iba a tener lugar dicho evento. Las reivindicaciones de aquella concentración, comunicada previamente a los órganos de gobierno de la universidad, fueron de tipo laboral, contra los recortes y por una universidad pública de calidad. Todo trascurrió de forma pacífica aunque, a pesar de ello, varias personas fuimos identificadas por el dispositivo policial.

Trascurridos más de 5 meses de la concentración, a 4 Trabajadores (PAS) y 3 estudiantes, nos llegaron cartas de la “Delegación del Gobierno en Navarra” en la que se nos informaba del inicio de un proceso sancionador por una infracción a los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica 9/83 (ser los responsables de una concentración no notificada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente). La cuantía de la sanción a imponer fue de 450€ a cada uno de los 7 implicados. Hay que destacar que las multas llegaron en dos tandas, primero llegaron las multas de los estudiantes y un par de semanas después nos llegaron a los trabajadores.

Los afectados consideramos estas multas como un ataque al derecho de reunión y la libertad de expresión en la UPNA. Por ello creamos la «Plataforma por el Derecho de Reunión y de Expresión en la UPNA», abierta al resto de asociaciones presentes en la universidad. A título individual los afectados fuimos presentando las alegaciones pertinentes para intentar paralizar las multas en el trámite administrativo.

Desde la plataforma estuvimos trabajando en dos frentes:

– Recaudar el dinero necesario para hacer frente a las multas (3150€). Realizamos un par de cenas solidarias y una cuestación abierta a toda la comunidad universitaria. La respuesta fue muy positiva y pudimos alcanzar la cifra necesaria.

– Denunciar el atropello cometido y garantizar que no vuelva a suceder. Iniciamos una campaña de información y denuncia en diversos medios de comunicación. También fue un éxito: multitud de medios se hicieron eco de nuestra denuncia. Paralelamente solicitamos reunirnos con todos los grupos parlamentarios del parlamento foral. Al final lo hicimos con miembros de PSN, Bildu, Izquierda-Ezkerra, Aralar-Nafarroa Bai y Geroa-Bai. Miembros de la plataforma comparecimos el día 6 de marzo en una sesión de trabajo en el parlamento, solicitada por Bildu, Izquierda-Ezkerra, Aralar-Nafarroa Bai y Geroa-Bai, para explicar lo sucedido. Todos los grupos presentes en dicha sesión de trabajo, incluido UPN, nos mostraron su solidaridad (el PP no acudió a la misma). El día 1 de abril el consejero de interior tuvo que acudir a una Comisión de Presidencia, Justicia e Interior para explicar lo sucedido.

Hacia principios de diciembre las multas de los 3 estudiantes llegaron a ser firmes, y tuvieron que abonarse. En cambio, las multas a los 4 trabajadores tuvieron más recorrido administrativo y a mediados de diciembre las alegamos por segunda vez. A finales de marzo nos llegó la resolución de dichas alegaciones, en la que al final reconocen que la universidad está fuera del ámbito de aplicación del artículo 8 de la LO 9/83. La “Delegación del Gobierno” reconoce que la concentración se realizó dentro del recinto de la universidad y no en un «lugar de tránsito público», tal y como se denunciaba, por lo que han procedido a su sobreseimiento.

Ahora nos toca seguir luchando para que se las anulen a los 3 afectados que ya abonaron las multas y para asegurarnos de que hechos similares no vuelvan a suceder.

Salud,

Iñaki Urtasun
Delegado Sindical PAS en la UPNA de CGT-LKN, y uno de los PAS multados

La tarde del jueves 13 de marzo el colectivo decrecentista Banatu Taldea ha entregado un diploma acreditativo de una correcta práctica laboral a REAS. Tras la entrega de dos puntos negros contra el paro a la factoría  volkswagen Navarra y a Osasunbidea se pone en positivo y reconoce la labor de las empresas y colectivos que forman la red y en particular aquellas que ante dificultades económicas han acudido a practicas de reparto del trabajo equitativo y empleo equivalente.

Banatu Taldea plantea el reparto de trabajo como la práctica más saludable promotora de una nueva conciencia solidaria entre los trabajadores y trabajadoras. Esta modela un nuevo paradigma que, desde actuaciones personales y colectivas se enfrentan a la competitividad, el individualismo y el deseo de ganar más para consumir más, piezas clave del capitalismo.

Este ejercicio transformador desde abajo impulsa la construcción de una nueva economía al servicio de los seres humanos que promueve el desarrollo de todas las personas en todas sus dimensiones. Defiende valores universales para todos los seres humanos (equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa); y abre una alternativa viable y sostenible para satisfacer las necesidades individuales y colectivas.

Las plantillas de las ambulancias de Nafarroa están de Huelga debido a la ambición de la Patronal que pretende desregular totalmente las condiciones de trabajo en este servicio público privatizado. 

Una vez más, una Administración que irresponsablemente deja en manos privadas un servicio elemental, unos servicios mínimos cercanos al 100%, un Departamento de Salud que «no responde», como si la cosa no fuera de su incumbencia, falta de formación… 

Por un servicio de calidad y unas condiciones de trabajo dignas, apoyemos a la plantilla: 

-Viernes 7 de marzo: concentración a las 11 horas se concentrarán frente a la Audiencia juzgados (juicio por la ultraactividad del convenio, que la patronal rechaza, amparándose en la Reforma Laboral)

¿Desde cuándo los servicios públicos tienen que ser rentables económicamente, obtener beneficio económico? ¿Cómo puede reducir los costes -pieza clave en la obtención de beneficios económicos- la asistencia hospitalaria, la domiciliaria, una residencia de discapacitados intelectuales o un centro de día, de forma que dicha reducción no afecte directamente a la calidad de los servicios prestados?

         Sin embargo, es lo que se nos dice constantemente desde las autoridades competentes, demostrando, o bien una necedad impropia de sus responsabilidades o  bien, la desfachatez propia del que se sabe protegido por sus compañeros de andanzas.

         Todos sabemos que este asunto de la «rentabilidad de los servicios», las externalizaciones, la gestión privada frente a la pública… son una gran mentira, que los impuestos que recaudan o que nos roban, y decimos roban porque el pueblo, la ciudadanía, tiene unas prioridades antagónicas a la de los gobiernos, se los gastan en pagar a la banca deudas ilegítimas, en elaborar macropoyectos de toda índole ejecutados por amigos empresarios o empresarios amigos -que no es lo mismo pero se lo llevan crudo igual- en formar aguerridos cuerpos de policias que nos metan en vereda, en gastos militares para meter en vereda a otros,… lo distribuyen en un sinfín de despropósitos que a pesar de serlo, siempre enriquecen a algún listo que si no manda, ronda al poder.

         Nos dijo hace unos días el consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli, que el Gobierno de Navarra destinará en los próximos cuatro años más de 63,3 millones de euros para la atención de personas con discapacidad intelectual en residencias, tanto para residentes como para la atención diurna en cuatro residencias: Infanta Elena (Cordovilla), Valle de Roncal (Pamplona), La Atalaya (Tudela) y Las Hayas (Sarriguren).

         De paso, se obsequió con unas merecidas palmaditas en la espalda por ser Navarra la comunidad más mejor del estado y por «dedicar todos los recursos posibles para mantener esta red de centros, pese a la crisis, a unos niveles muy superiores a los del conjunto de España». Gracias Iñigo, te llevamos en el corazón.

         Sin embargo, la gestión de los centros y de los «dineros» está adjudicada a SAR quavitae (¿Incapacidad de la Administración o el abc del «Manual del desmantelamiento de lo Público?»), cuyo Presidente de Honor Higinio Raventós, es un gran defensor de la necesidad de que se regulen los seguros privados de la dependencia como dejó claro en una entrevista publicada el 27 de noviembre de 2013, en la publicación «Redacción Médica»:

         » Es tremendamente necesario, pero para diseñar estos productos hay que saber qué es lo que se articula […] ¿Hasta dónde llega la posible ayuda pública? ¿Van a ser todos los españoles los que recibirán una ayuda o va a ser en función de la renta o el patrimonio? Se debe decidir claramente y se acuerde entre los partidos políticos hasta dónde hay dinero para ayudar a las personas, y si esto se define, queda muy claro el marco para el que el mundo financiero y asegurador pueda diseñar productos de financiación ligados a la jubilación, a las pensiones, a la salud, para cubrir estos riesgos.»

         Y ahora hay que comerse que SAR quavitae va a mejorar un servicio que tiene que dar la Administración con toda la capacidad recaudatoria que ésta posee, que lo va a hacer mejor, que lo va a llevar a cabo de forma más económica, que las condiciones laborales de las trabajadoras no se van a ver afectadas (podríamos preguntar a las trabajadoras eventuales del SAD del Ayuntamiento de Iruña, a ver qué dicen sobre el anuncio de que no serán contratadas en el futuro por parte de Quavitae, por resultar “caras”, desdeñando la experiencia que atesoran), que el servicio a los dependientes tampoco y además, debemos dejar un espacio en nuestras almas pervertidas para la gratitud que debemos  a tanto empresario y gobernante filántropo, que vela por nuestro bienestar y su propio beneficio económico.

         Higinio Raventós, presidente de Honor de SAR quavitae, antes de llevarse tanta adjudicación por estas corruptas tierras, tenga a bien aclararnos el propósito de algunos de los correos que hemos visto circular por ahí entre usted y el Iñaki en relación con el caso Nóos. A la espera de sus aclaraciones, nuestro apoyo solidario para trabajadoras y usuarias, que falta les va a hacer. 

Según miembros de la Asamblea de Vivienda Centro de Madrid, en la mañana del 27 de febrero varios policías secretas detuvieron, en la puerta de sus domicilios, a tres personas que se encontraban el 31 de enero en la calle Tribulete, donde los antidisturbios de la policía municipal ejecutaron el desahucio de un enfermo crónico, derribando su puerta con ariete, deteniendo al desahuciado, a la mediadora de Stop Desahucios y a dos fotoperiodistas .

Ejecutado el desahucio, la policía cargó contra activistas y vecinos que se encontraban protestando sentados. Tras la carga los antidisturbios fueron perseguidos y apedreados por los vecinos a lo largo de varias manzanas del barrio de Lavapiés. 

Varios  colectivos y asambleas convocaron ayer una manifestación a las 20:00 en la Plaza de Lavapiés, a la que acudieron alrededor de ciento cincuenta personas, para condenar las detenciones y denunciar lo que consideran es una campaña de criminalización de los movimientos sociales.

La policía “me ha engañado para detener a mi hijo” dice el padre de unos de los detenidos.

fuente: Periodismo humano

Manifestación contra la reforma del aborto del 8 de febrero. / Archivo

Varapalo del Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de ley para la protección del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, conocido como ‘Ley del aborto de Gallardón’. El informe preliminar del órgano de gobierno de los jueces, que se votará previsiblemente en el pleno de marzo, reclama al Gobierno “reconsiderar en su totalidad y retirar” la reforma promovida por el Ministerio de Justicia, que en la actualidad se encuentra en tramitación parlamentaria.

Lo hace en términos muy duros, con alusiones al desamparo que va a provocar en la mujer y a la alarma social que ha generado en todos los ámbitos, nacionales y europeos, incluido entre destacados miembros del partido que sustenta al Gobierno, el PP, salvo en los sectores ultraconservadores.

El borrador elaborado por la ponente María Pilar Sepúlveda, al que ha tenido acceso este periódico, ya está en poder de los 20 vocales del Consejo para su lectura y formulación de enmiendas. A este borrador está previsto que se sume en breve el de la también ponente Carmen Llombart. Ambos tienen un carácter consultivo pero no vinculante para el Gobierno, pero dada la procedencia del mismo, el Poder Judicial, tiene indudable relevancia jurídica.

El informe asegura que la supresión de la actual ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por un proyecto “más restrictivo” como el que propone Alberto Ruiz-Gallardón “nos aleja de los países de nuestro ámbito jurídico-político, y supone un retroceso en el avance de los derechos y de la igualdad de la mujer”, por lo que debe ser reconsiderado en su totalidad y retirado por el Ejecutivo.

La ponente recuerda que el modelo de plazos vigente se sitúa en el marco general seguido en la mayoría de los países de nuestro entorno, en los que la previsión de un plazo para el aborto oscila entre las 12 semanas (Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Noruega) y las 14, principalmente (de 90 días desde la concepción habla la Ley Italiana y de 18 semanas en la Ley Sueca modificada en 2007).

Defiende que la actual ley se acompaña de un sistema de indicaciones cerrado y taxativo, estructurado, con distintas redacciones, en la constatación de un riesgo grave para la vida o la salud de la gestante, o en la comprobación de la existencia de anomalías fetales graves, o extremadamente graves, estableciendo en estos casos un plazo para la interrupción del embarazado en torno a las 22 y 24 semanas de gestación.

«Transformación radical»

Pues bien, añade el borrador del Poder Judicial, este modelo sufre “una radical transformación” en el anteproyecto promovido por el Ministerio de Justicia, que opta por regresar al esquema básico original previsto en 1985, basado en el establecimiento de indicaciones tasadas que se configuran como conductas despenalizadas del delito de aborto, “estableciendo un sistema que no sólo nos aleja de la práctica europea mayoritaria, sino que incluso nos sitúa en el ámbito de las regulaciones más restrictivas en la materia”.

La vocal María del Pilar Sepúlveda, propuesta por la Comisión Permanente del Consejo para elaborar este informe, va más allá y critica que si la ley de 1985 generó inseguridad jurídica y prácticas extralegales o paralegales, la propuesta actual “contempla un régimen aún más restrictivo, en el que la libertad de la mujer embarazada, y la ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación, y la dignidad, decaen de forma evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido”, que, según ha sostenido la jurisprudencia en reiteradas ocasiones, “no es titular de un derecho a la vida, sin que ello suponga que carezca de protección constitucional”.

Asimismo, asegura que el anteproyecto desconoce la evolución de la sociedad española, de sus convicciones, y de sus necesidades y preferencias en una cuestión que es básicamente de conciencia, al optar por dar una respuesta anacrónica, criminalizadora, que retrotrae a tiempos pasados y a prácticas indeseables, como el “aborto clandestino o el llamado turismo abortivo”.

Con todo, el informe preliminar considera la reforma de Gallardón vulnera libertades de la mujer, que se convierte en un “mero instrumento al servicio de la maternidad, necesitada de información y asesoramiento para decidir sobre su propia vida e intimidad, y su integridad personal, sin tener en cuenta sus derechos fundamentales”.

fuente: Diario vasco