La mayoría de los acusados denunciaron torturas durante su periodo de incomunicación y, aunque la Audiencia Nacional no es la encargada de juzgar esos malos tratos, el tribunal sugiere que las declaraciones ante la policía pudieron ser forzadas. La Audiencia Nacional advierte que sólo las declaraciones que se presten «libre, voluntaria y espontáneamente pueden ser tenidas en cuenta para obtener elementos incriminatorios». Cito la sentencia: «La Convención contra la Tortura obliga a todo Estado a asegurarse de que ninguna declaración que se demuestre ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en un procedimiento».

Sigue la sentencia de la Audiencia Nacional: «Las declaraciones del atestado no ratificadas judicialmente son manifestaciones preprocesales, más en casos como el que nos ocupa en que los acusados expresamente se retractan en el acto del juicio recordando que ya ante el juez de instrucción las negaron y atribuyeron al empleo de torturas». Y dicho esto, la Audiencia Nacional excluye «del cuadro de la prueba todas las declaraciones policiales».

La Audiencia Nacional detecta elementos extraños en todo el proceso: la mayoría de las personas que fueron detenidas en la operación en España se autoinculparon o declararon en su contra en comisaría (81%), mientras que los detenidos en otros países europeos pudieron acogerse al derecho a no confesar contra sí mismos; hay relatos a los médicos forenses de denuncias de torturas y no se adoptan medidas de prevención; se da el hecho de jóvenes que declaran ante el juez y son interrogados de nuevo por la policía para volver al juez con una segunda declaración, sin que exista justificación alguna según la Audiencia Nacional (lo que comúnmente se conoce como ‘preparar la declaración’)…

La Audiencia Nacional recuerda que ciertos jueces instrucción toman medidas para evitar las torturas: comunicar a la familia el lugar de la detención, grabar lo que ocurre en las zonas de custodia para controlar las entradas y salidas de la celda, la identidad de los funcionarios actuantes y los horarios, la intervención de un médico de confianza designado por la familia junto al médico forense, y la grabación de los interrogatorios. El juez instructor de este caso fue Fernando Grande-Marlaska y, según la Audiencia Nacional, no adoptó ninguna de estas medidas

La lectura de la sentencia deja un panorama desolador. Los médicos forenses se limitan a consignar lo que dice el detenido, pero ante la presencia de huellas físicas o testimonios de posibles maltratos, no se producen actuaciones para evitarlas. Los abogados de oficio –los detenidos en régimen de incomunicación no tienen derecho a un abogado propio– acuden, en muchos casos, a las declaraciones judiciales como comparsas, sin que los detenidos puedan tener un mínimo derecho a la defensa.

Escuchemos ahora algunos de los testimonios de los jóvenes.

«Uno le pegaba golpes en los oídos de modo continuo durante los interrogatorios»

Aitziber Arrieta. Durante su detención fue examinada en seis ocasiones por el médico forense. La sentencia afirma que Aitziber Arrieta le contó al médico que estaba siendo maltratada: «Le comentó al médico que la noche anterior después del reconocimiento la llevaron a un cuarto y le volvieron a dar golpes en la cabeza y la espalda, eran varios agentes, pero los que la agredieron un hombre y una mujer». Según la Audiencia Nacional, «no consta otra actuación judicial al respecto que la prórroga de la detención incomunicada».

Euken Villasante. Declaración del joven en el juicio recogida en la sentencia: «Uno le pegaba golpes en los oídos de modo continuo durante los interrogatorios. El maltrato fue sobre todo psicológico: le decían que habían visto muy mal a su madre, que le había dado un ataque, que no sabían si estaba viva, que irían a por su hermano y a por su novia. Le obligaban a estar de cuclillas y a hacer ejercicio, estaba muy cansado, se desmayó en una ocasión. Un día, justo antes de la declaración con abogado, le interrogaron desnudo».

El forense refleja en su informe tras hablar con Euken Villasante: «Anoche tras el reconocimiento, en un cuarto como éste, no sabe a qué hora, le desnudaron y le dieron tortazos en la espalda y cuello y le tiraron del pelo, que esto duró unos cinco a diez minutos. Que había tres personas, los tres hombres y sólo uno de ellos le maltrató». La Audiencia Nacional dice en su sentencia que no consta medida judicial alguna de comprobación sobre lo que el médico forense señalaba en sus partes de estado.

Por cierto, ¿alguien se lee los informes de los médicos forenses?

Xabier de la Maza en la declaración en el juicio recogida en la sentencia: «A la mañana siguiente, un agente encapuchado le preguntó si iba a declarar, que se preparase porque le llevaban a Madrid. Durante el traslado en coche, sin poder ver porque iba reclinado hacia adelante, le fueron interrogando, entre amenazas se preparó la declaración; le daban golpes en la nuez. Según dijeron, dependía de él estar mas días detenido. Cuando no pudo más, se autoinculpó, la alternativa que le ofrecían era que incriminara a otros de su pueblo; por ello, prestó la  primera declaración; no vio ni habló con la abogada de oficio, quien sólo se quejó por la hora de la diligencia, pero no intervino. Le dejaron ir a la celda  y le dieron de cenar, pensó que se había acabado, pero horas después le  sacaron del calabozo, le empujaron y gritaron. Le dijeron que había cambiado la declaración en varios aspectos».

La Audiencia Nacional pone en cuestión que la declaración ante el juez que prestó Xabier de la Maza fuera expresión libre de su voluntad y la retira como prueba. Según el tribunal, las secuelas psicológicas que sufre se corresponden con la de una situación estresante de tortura o trato degradante.

Garazi Rodríguez. Declaración en el juicio recogida por la sentencia: «En Madrid la sometieron a interrogatorios, le preguntaron varios agentes, le decían que era una puta, que la había cagado, la obligaban a ponerse en cuclillas y cuando se caía le pegaban patadas; también le dirigieron insultos sexistas. Le dieron con la mano abierta en la cabeza y le estiraron del pelo. El tercer día fue el peor, le preguntaron si conocía a Maialen Eldua -había trabajado con ella-, la llevaron de los pelos a la habitación contigua, estaba Maialen hecha una bola y llorando. Después le ordenaron desvestirse. Cuando estaba en ropa interior, un hombre joven la abrazó y le tocó los pechos. Al día siguiente le hicieron ensayar una declaración, hasta que consideraron que era correcta. No le contó ese trato al médico forense, porque detrás de la puerta estaban los guardias y temía represalias».

Sigue la sentencia: «La defensa aportó una foto publicada en la edición digital del diario El Mundo en la que aparecía la acusada con un antifaz -que le privaba del sentido de la vista- a la salida de la Comisaría de San Sebastián». Según la Audiencia Nacional, «la privación de la estimulación sensorial normal está prevista entre los métodos de tortura del Manual internacional para la investigación y documentación de la tortura».

Estos son sólo cuatro testimonios. Hay muchos más en la sentencia.

Hablar de torturas en España es tabú

Lo extraordinario de esta detallada radiografía sobre las entrañas del modo en el que tienen lugar los interrogatorios policiales es que la alarma no la hace saltar una ONG o un abogado de un detenido: es un tribunal de justicia. Es la Audiencia Nacional la que otorga veracidad a las denuncias de torturas y anula las declaraciones policiales. Este caso tendría que haber provocado un escándalo. O, al menos, algo más de atención informativa. Aperturas en los periódicos. Expertos sobre derechos humanos en televisión. Algún tipo de investigación. Pero nada.

Sólo un ejemplo: en la sentencia la palabra ‘tortura’ se cita en 64 ocasiones; he leído informaciones periodísticas sobre la sentencia en la que no se escribe ‘tortura’ ni una sola vez.

En España se ha torturado a presos iraquíes, a internos de los CIEs, inmigrantes que paseaban por la calle, directores de periódicos, activistas del 15-M… pero los poderes públicos y los medios de comunicación actúan como si nada pasara. Atendiendo a informes de organizaciones humanitarias y organismos internacionales, podemos concluir que las torturas no son sistemáticas pero que tampoco son hechos aislados como nos pretenden hacer creer. Las autoridades no aplican medidas para erradicar los malos tratos policiales e ignoran, en muchos casos, las denuncias presentadas por las víctimas. Muchos torturadores han sido indultados. Algunos, incluso, condecorados. Pero el silencio sigue. Hablar de torturas en España sigue siendo tabú.

Siempre he sentido vergüenza de que una parte de los vascos comprendiera y apoyará el terrorismo de ETA. Pero también siento vergüenza de que muchos de quienes se postulan como defensores del Estado de Derecho, lo estén minando por dentro permitiendo que las torturas y los malos tratos se sigan cometiendo en las comisarías. A quienes rechazan la violencia, venga de donde venga, tradicionalmente se les ha tachado de equidistantes, que es la version light de llamarte proetarra. Y la forma habitual de eludir el debate y mantener la injusticia.

Si en algo ha fallado la Transición ha sido en tolerar estos comportamientos en las Fuerzas de Seguridad del Estado (que, además, se han extendido a otras policías autonómicas). Ahora que dicen que empieza la Segunda Transición, las autoridades deberían empeñarse en limpiar los restos del franquismo que todavía quedan en la Policía. Es urgente y es necesario.

Muchos ejercimos hace unas semanas nuestro derecho al voto. Durante una campaña poco animada y a veces tediosa, los partidos que finalmente obtuvieron más votos decidieron barrer debajo de la alfombra algunas de las cuestiones que más nos afectan como ciudadanos europeos. Enrocados en discusiones mediáticas y personalistas, sólo algunos trataron de poner sobre la mesa una de las decisiones institucionales que más afectará a medio plazo a los habitantes de la Unión Europea: el Tratado de Libre Comercio (o TTIP, las siglas en inglés de Transatlantic Trade and Investment Partnership) que desde julio de 2013 negocian EEUU y la UE y del que esperan tener un borrador en 2015.

El convenio regulará el comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea. Ambas potencias pretenden instaurar la zona de libre comercio más importante del mundo, puesto que entre las dos partes del trato abarcan casi la mitad del PIB global y sus relaciones comerciales suponen un tercio de las transacciones mundiales. La Comisión Europea ha asumido la gestión de estas negociaciones, aunque está respaldada por el visto bueno del Consejo Europeo.

Las voces más críticas apuntan a que las verdaderas beneficiarias de la apertura del comercio serán las grandes multinacionales. De hecho, según asegura Corporate Europe Observatory, un colectivo que denuncia el poder de los grupos de presión empresariales en la Unión Europea, en el pasado mes de septiembre se habían producido ya más de 130 reuniones, con “partes interesadas” y 119 de ellas contaron con la presencia de grandes corporaciones y sus grupos de presión. Por otro lado, la información que las instituciones han hecho pública es parca y el proceso se caracteriza por su absoluta falta de transparencia. Muchos de los acuerdos que se han alcanzado son secretos y algunas de sus disposiciones no se conocerán hasta que sean ratificadas. Organizaciones y plataformas civiles sólo han accedido a los aspectos más relevantesa fuerza de filtraciones.

En su última visita a la Casa Blanca, Rajoy mostraba su conformidad con el tratado e incluso vendió al presidente Obama que España será un socio fiable, asegurando que el país se ha estabilizado. Según el Ejecutivo patrio, de firmarse el tratado el crecimiento anual del PIB de la Unión Europea sería sensiblemente superior a las estimaciones que baraja la Comisión Europea si no se firmase el tratado. A pesar de los supuestos beneficios que dicen podría reportarnos, el Congreso rechazó a principios de mayo la moción de Izquierda Plural que proponía someter a referéndum la postura del país frente al Tratado de Libre Comercio. Los votos en contra de PP, PSOE, CiU, UPyD y PNV terminaron con la posibilidad de que la sociedad se pronunciase respecto a la ratificación o no del acuerdo.

La relación comercial entre Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea, hasta ahora, viene marcada por dos condicionantes: los aranceles, o impuestos aplicados sobre la exportación/importación, y la desigual normativa que regula el comercio de ambos territorios. Así, los productos estadounidenses que entran en el mercado europeo deben adaptarse a las regulaciones impuestas por las autoridades europeas y viceversa.

Los aranceles son ya bastante bajos y probablemente serán eliminados completamente, pero la reducción o eliminación de barreras regulatorias es el núcleo duro de las negociaciones y donde se ponen en juego los derechos de la ciudadanía. La regulación actual incluye trámites burocráticos y establece normas ambientales, laborales y de seguridad que generan costes y retrasos a las multinacionales. Según la Comisión Europea, éstas “constituyen el mayor obstáculo” para el incremento del comercio entre los dos bloques.

El “mínimo denominador común” que preside esta armonización normativa podría afectar seriamente a los derechos laborales de los europeos, teniendo en cuenta por ejemplo que EEUU no se ha acogido a los convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), los que permiten la libertad de asociación y el sindicalismo. Además, de adoptarse una legislación más laxa en Europa, peligraría el Principio de Precaución o podría permitirse la venta de alimentos transgénicos. En materia medioambiental, existe el riesgo de que se permitan prácticas tan nocivas como el fracking, que en la UE está más regulada. Además, el aumento de la competitividad en el comercio de gas y petróleo podría favorecer nuevas perforaciones y desalentar el desarrollo de la energía verde sostenible. Aunque éstos son sólo algunos de los casos que habría que abordar con detenimiento.

A pesar del perjuicio que para los habitantes de la eurozona entraña el corte liberal del acuerdo, el argumento fundamental de sus defensores va encaminado hacia el crecimiento económico. Al supuesto (y escaso, según los datos de la Comisión) incremento del PIB anual suman además otra promesa: la generación de empleo.

Sin embargo, parece que los supuestos y muy discutibles beneficios que vaticinan las partes negociadoras tampoco nos van a salir gratis. La propia Comisión Europea ya ha reconocido que, de competir con la industria norteamericana, muchas empresas europeas se verán obligadas a realizar una reestructuración para no quedar en desventaja. Esta reestructuración, por supuesto, generará una serie de costes que podrían llevar a la pérdida de puestos de trabajo.

Es posible que, como prevén, la demanda de trabajadores aumente en ciertos sectores. No obstante, lo más probable es que la producción se traslade hasta las zonas donde la mano de obra sea más barata, panorama que beneficiará (una vez más) a las corporaciones en detrimento de los derechos laborales de trabajadores europeos y norteamericanos.

¿Qué hay de España?, ¿podría beneficiarse de la firma del Tratado de Libre Comercio? Según datos del Ministerio de Industria, en 2013 había en España 3.142.928 empresas, de las cuales un 53,5% no cuenta con asalariados y un 42,2% tiene entre uno y nueve empleados. Sólo 3.822 empresas (0,1%) tienen más de 250 trabajadores. Pocos beneficios aportaría la entrada en juego de Estados Unidos en el panorama comercial español, que es esencialmente local. De ampliar el mercado, las compañías más competitivas, capaces de producir y vender a menor coste, terminarán por asestar un golpe al tejido empresarial de los países con menor capacidad productiva de la Unión Europea. El riesgo es similar para todos los Estados mediterráneos, que serán los que carguen con los costes de la firma del acuerdo. Esto no haría más que aumentar la brecha entre “países pobres” y “países ricos”, fomentando la desigualdad y dificultando que nuestra industria se desarrolle al entrar en competencia directa con EEUU.

Otro de los asuntos más discutidos es la creación de un mecanismo para solucionar las controversias que puedan surgir entre inversores y Estados. Casi 3.000 tratados comerciales incluyen ya un método de arbitraje denominado Investor-State Dispute Settlement (ISDS), que permite a las corporaciones demandar a aquellos gobiernos que emprendan políticas que puedan afectar a los intereses de las empresas, atentando directamente contra la soberanía popular. Así,como relata Tom Kucharz de Ecologistas en Acción, la “protección de inversiones permitiría a bancos y fondos de inversión demandar al Gobierno griego si éste resolviese no pagar la deuda ilegítima”.

Aún nos falta mucha información, pero parece claro que es fácil prometer puestos de trabajo en un país con una tasa de desempleo cercana al 26%. Aún más si las negociaciones se realizan de espaldas a la ciudadanía –aunque en este caso casi parece más apropiado llamarla “clientela”-. Es preciso abrir el debate para conocer qué se esconde detrás del corte neoliberal de las negociaciones, porque podría ser el detonante de nuestra economía y, en el mejor de los casos, nos obligaría a realizar una profunda remodelación, en un momento en que la demanda tiende a la baja. Ciertas organizaciones ya alertan de los perjuicios que también se producirán en materia medioambiental, de propiedad intelectual, protección de datos, sanidad o liberalización de servicios públicos. En nuestro país ATTAC, Ecologistas en Acción o la Campaña ‘No al TTIP’ dan buena muestra de ello.

Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autora.

Articulo de Ana Encinas

Extraido de Eldiario.es