2020 marca el margen de referencia para el reequilibrio presupuestario y de deuda de las administraciones públicas, que la LOEPEF de 2012 de 27 de abril establece y teniendo en cuenta el desarrollo del septenio, es un logro para el fin privatizador de los servicios públicos esenciales. Un periodo poco fructífero como garante del crecimiento económico sostenido y creación de empleo; principal cometido de una Ley nefasta, que coarta la autonomía local en cuanto a la evaluación y decisión de la forma de prestación de los servicios que, por reconocimiento constitucional desarrollado en la Ley 7/1985 de 2 de abril RBRL, el municipio tiene encomendado.

Desde la publicación de la LOEPEF en el BOE de 30 de abril de 2012, los recursos públicos y servicios esenciales, cuya gestión está reservada al sector público mediante el artículo 128.2 de C.E., se constituyen como el oscuro objeto del deseo y al objeto de su explotación privada, se incluyen a las Sociedades Mercantiles Públicas, en un totum revolutum legal que ha condicionado, desde 2013, sobre la correcta gestión de las necesidades estructurales de contratación de personal. Como en SCPSA, donde la ratio de temporalidad se ha situado en un intolerable 23%, aproximadamente.

Al pretender legislar, torpemente, sobre el sector público en su conjunto, las Mercantiles públicas se han instalado en la inseguridad jurídica. Secuestradas dentro de un enjambre legalista que incrementa costos en selección, contratación y formación; impone la precariedad en el empleo y condiciona el normal desarrollo de su actividad. En su ámbito funcional, estas empresas deben gestionar la prestación de los servicios bajo los principios de eficiencia y eficacia: con recursos necesarios y suficientes, que nacen de las propias necesidades del servicio esencial a la ciudadanía.

El Tribunal Constitucional ha ratificado que la Empresa Pública no es Administración Pública. Circunscribe un control sobre determinadas áreas, sin eximir del cumplimiento del marco regulador común (E.T.) que las empresas, privadas y públicas, están obligadas a observar y guardar. A través de la inspección de trabajo, dentro de los programas de regulación del fraude en la contratación, las empresas están siendo fiscalizadas. Sin embargo, a las empresas públicas, rehenes de una decisión política a través de una Ley básica, se les crea, como salida, una figura jurídica ad hoc: la condición de indefinido no fijo. Figura que no resuelve una eventualidad, sancionada desde las Instituciones Europeas, que crece y se encamina hacia lo estructural.

Es evidente que estamos ante un grave problema que requiere de una solución política. Las empresas públicas no pueden ser una excepción en la observancia de la normativa laboral que rige a los sectores semipúblico y privado. En una coyuntura socio laboral como la actual estas Sociedades Mercantiles, están obligadas a liderar el empleo de calidad, y el legislador tiene que dar una solución a este agravio. Es absurdo hacer seguimiento de un diseño presupuestario que, con las tasas de reposición, compromete el principio constitucional de igualdad, considerando la ratificación del Tribunal Constitucional en cuanto a la condición de las Mercantiles Públicas, cualquiera que sea su forma jurídica. Siendo así, y observando que el mismo tribunal dicta, en relación a la LPGE, que no caben en ella modificaciones sustantivas del ordenamiento jurídico; las empresas públicas, cumpliendo la regla de gasto, no pueden seguir manteniendo un estatus de contratación eminentemente fraudulento.

Incidiendo en la vulneración del principio de igualdad en cuanto a la contratación de personal, que las distintas Leyes de presupuestos desde 2013 muestran, destacar la contundencia expresada en la sentencia STC 8/2015 de 22 de enero: …/… ”conforme reiterada doctrina de este tribunal el principio de igualdad en la Ley impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales.”

Joseba Santesteban

Delegado de CGT-LKN en

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

Las trabajadoras de los servicios municipales de vuestro valle (Escuelas Infantiles, CAF y servicio de limpiezas de edificios públicos) ya no podemos más. Llevamos desde 2018 intentando conseguir una mejora en nuestras condiciones laborales, a día de hoy seguimos como hace 2 años o peor. Ahora damos a conocer esta situación porque los servicios que prestamos van dirigidos a la mayoría de la ciudadanía del Valle y porque queremos que sigan siendo unos servicios públicos de calidad en donde las personas que los prestamos estemos igual de satisfechas que las que los reciben.

Hasta ahora más que negociación hemos vivido una continua dilatación en el tiempo de la situación. Desde el Consejo de Administración de la empresa Andacelay, empresa que nos contrata y que es municipal, cuyo consejo lo constituyen concejales y concejalas del Ayuntamiento y presidido por su alcaldesa, sólo nos ha dado como respuesta un informe económico y en estos dos años prácticamente no ha variado sean quienes sean quienes hayan estado gobernando.

En mayo de este año en un ejercicio de responsabilidad decidimos no alargar más esta situación y dimos nuestro “Sí” a su propuesta, esa que sólo se basaba en datos económicos y que no ha sido nunca del agrado del comité, por varios motivos de peso. No obstante, por la situación generada por la pandemia, los dos años de “no negociación” y el tiempo incierto que se nos venía encima decidimos poner nuestro granito de arena y no suponer una preocupación más para quienes gestionan este valle. Sin duda fuimos, otra vez, demasiado optimistas pensando que éramos una preocupación para alguien.

Estamos en septiembre, casi octubre y esa propuesta del Consejo de administración de Andacelay, vuestros concejales y concejalas, con el equipo de gobierno a la cabeza, no se ha materializado. Ahora sí que sí pensamos que nos han tomado el pelo. Nadie se merece este ninguneo y menos cuando los servicios que prestamos no se han visto afectados, ni por nuestras condiciones laborales, ni por ERTES, ni por una pandemia, hemos seguido al pie del cañón como siempre pese a todo.

No es de recibo que se nos ningunee. El pasado 8 de septiembre, PSN presentó una moción en el pleno del Ayuntamiento en la que instaba al equipo de gobierno a materializar lo acordado con este comité. Tuvimos que escuchar que no está presupuestado y que por lo tanto no se puede hacer, cuando en el pleno anterior se acordaron varias modificaciones de los presupuestos, de más de 800.000 € para otras cuestiones. Según informe de la Cámara de Comptos de principios de este mes, este Ayuntamiento tiene una situación “saneada” que destaca que “sus indicadores de ahorro bruto y neto superan los dos millones…” (fuente Diario de Navarra de 4 de junio de 2020). Tal y como algunos concejales manifestaron en ese pleno, “si quieren sí se puede, es cuestión de voluntad”. Nuestro “Sí” de mayo fue a su propuesta, la cual, si no se podía llevar a cabo no debía haberse hecho, aunque por los datos económicos vemos que no es ese el problema.

No entendemos cómo, cuando se trata de nosotras, la mayoría de los y las concejales/as actúan como empresarios y empresarias, sea cual sea su color político. Es difícil encajar que las trabajadoras no estemos encontrando la implicación e interés de algunas personas que podrían incidir en mejorar nuestra situación.

De las 80 personas trabajadoras, más del 91% somos mujeres lo cual pone de manifiesto la precariedad laboral relacionada con el tema de género. Estará bien recordarlo el 8 de marzo cuando nos manifestemos, todos y todas, políticos y políticas incluidos.

LAB    UGT

—————————————–

ENTZUN, EGUESIBAR!!!

Zuen ibarreko udal-zerbitzuetako langileok (haur-eskolak, CAF eta eraikin publikoen garbiketa-zerbitzua) ezin dugu gehiago. 2018tik ari gara gure lan-baldintzak hobetzen saiatzen, eta, gaur egun, duela 2 urte bezala jarraitzen dugu, edo okerrago. Orain azaldu nahi dugu egoeraren berri, ematen ditugun zerbitzuak bailarako herritar gehienentzat direlako, eta kalitatezko zerbitzu publikoak izaten jarrai dezaten nahi dugulako, zerbitzu horiek ematen ditugunok jasotzen dituzuenak bezain pozik eta asebete egon gaitezen.

Orain arte, negoziazioa baino gehiago, egoera etengabe luzatzen ikusi dugu. Andacelay enpresak kontratatzen gaitu eta enpresa udalarena da eta, beraz, kontseilua udaleko zinegotziek osatzen dute, alkatea buru dutela. Bada, Andacelayko Administrazio Kontseiluaren erantzuna izan da txosten ekonomiko bat aurkeztea, bi urteotan aldaketarik izan ez duen txostena, agintean zeudenak zeudela. 

Aurtengo maiatzean, egoera hori gehiago ez luzatzea erabaki genuen eta, arduraz eta erantzukizunez jokatuz, baiezkoa eman genion proposamenari. Proposamen hori datu ekonomikoetan baino ez zen oinarritzen, eta ez da inoiz izan komitearen gustukoa, pisuzko hainbat arrazoirengatik. Hala ere, pandemiak sortutako egoera dela eta, kontuan hartu genuen bi urteko «negoziaziorik eza» izan dugula eta etorkizun zalantzagarria datorkigula, eta gure aletxoa jartzea erabaki genuen, harana kudeatzen dutenentzat beste kezkarik ez sortzeko. Baina baikorregiak izan ginen berriro, dudarik gabe; baikorregiak norbaitentzat kezka bat ginela pentsatzean.

Irailean gaude, ia urrian, eta Andacelayko Administrazio Kontseiluaren proposamen hori -zuen zinegotziak eta gobernu-taldea buru- ez da gauzatu. Orain bai, orain uste dugu adarra jo digutela. Ez dugu merezi hutsaren pare kontsideratzea, are gutxiago ematen ditugun zerbitzuak bere horretan iraun dutenean, gure lan-baldintzek, ERTEk edo pandemiak kaltetu ez dituztenean; ororen gainetik, tinko jarraitu dugu, beti egiten dugun bezala.

Ez da onargarria gu zigortzea. Irailaren 8an, PSNko udal taldeak mozio bat aurkeztu zuen Udaleko osoko bilkuran, gobernu taldeari batzorde horrekin adostutakoa gauzatzeko eskatzeko. Entzun behar izan genuen ez dagoela aurrekontuan sartuta eta, beraz, ezin dela egin, eta bien bitartean,aurreko osoko bilkuran 800.000 €-tik gorako aurrekontuak beste gai batzuetarako aldatzea erabaki zen. Comptos Ganberak hil honen hasieran egindako txosten baten arabera, Udalak egoera «onbideratua» du, eta «aurrezki gordinaren eta garbiaren adierazleek bi milioi baino gehiago» dituztela nabarmendu du (iturria: Diario de Navarra, 2020ko ekainaren 4koa). Zinegotzi batzuek osoko bilkura horretan bertan honela esan zuten: «Nahi izanez gero, badago; borondate kontua da». Guk proposamen horri eman genion baiezkoa maiatzean; ezin bada gauzatu ez zen egin behar proposamenik, baina datu ekonomikoek agerian utzi dute dirua ez dela arazoa. 

Ez dugu ulertzen nola, gutaz ari direnean, zinegotzi gehienek enpresaburu gisa jokatzen duten, edozein kolore politiko dutela ere. Zaila da ez aurkitzea gure egoera hobetzen eragin lezaketen pertsonen inplikazioa eta interesa. 

80 langileetatik % 91 baino gehiago emakumeak gara, eta horrek agerian uzten du genero-arrazoiengatik lan-prekarietatea dagoela. Ongi egongo da martxoaren 8an gogoratzea, denok, politiko guztiak barne, manifestatzen garenean.

LAB    UGT

La Federación Metalúrgica de CGT (FESIM) ha anunciado un ciclo de movilizaciones en los próximos días en apoyo a todas las personas afectadas, directa o indirectamente, por el cierre de Nissan.
Se busca el apoyo de todos los Comités de Empresa del sector de la automoción, y la realización de acciones y/o asambleas en los centros de trabajo. CGT indica que una de estas acciones es la colaboración económica con la caja de resistencia creada para colaborar con la plantilla de la factoría de Nissan Montcada que lleva en huelga indefinida más de un mes.
Asimismo, se han anunciado también acciones puntuales en varias localidades y ciudades del Estado español para los días 22 y 25 de junio para denunciar la situación en la que pueden quedarse más de 25.000 familias afectadas por la decisión de cierre de la empresa.
En el contexto de lo anunciado en los anteriores párrafos, desde la federación del Metal de C.G.T. en Navarra, se han convocado las siguientes concentraciones:
DÍA 22: CONCENTRACIÓN ANTE EL CONCESIONARIO DE NISSAN EN ARRE, A LAS 12H.
DÍA 25: CONCENTRACIÓN EN EL PASEO DE SARASATE, ANTE EL MONUMENTO A LOS FUEROS, A LAS 19H.
En aras de cumplir con las recomendaciones de los Organismos Sanitarios, se recuerda la importancia de acudir con mascarillas, así como guardar las distancias de seguridad.
¡¡NISSAN NO SE CIERRA!!
¡¡DIGNIDAD Y LUCHA!!

“El derecho fundamental a la SALUD de las personas asalariadas, viene siendo lesionado intencionadamente por parte de la Empresa y ahora, el Tribunal Constitucional, reafirma que la “libertad de empresa y la productividad” son valores superiores a la vida y la salud de las personas trabajadoras”

La Sentencia del Constitucional, además de avalar el despido objetivo cuando la persona trabajadora se ausenta del trabajo por deterioro de su salud y esté justificada dicha ausencia por los servicios médicos, muestra su clara apuesta ideológica y política por una clase determinada, el empresariado y su tasa de ganancia.

La mayoría del TC, al apostar por la “libertad de empresa” y su inviolabilidad a ser lesionada por “personas trabajadoras enfermas”, olvidan que según sus propias reglas de juego (normativa), le otorga el papel al patrón-empresario, como único responsable de la vida y la salud de las personas trabajadoras (Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ET), y al avalar que despedir “objetivamente” a una persona trabajadora que causa baja médica por enfermedad justificada, se hacen cómplices del deber de hacer y proteger la salud y la vida de las trabajadoras y, además, sentencian a sabiendas de los daños objetivos, medibles y constatables que esa actuación comportará.

La Carta Social Europea obliga a los estados que la ratificaron, y el estado español es uno de ellos, a las condiciones de trabajo, los derechos de información y consulta, la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo y la igualdad de trato entre hombres y mujeres, pero también a la protección de la salud y seguridad en el trabajo.

La concepción ideológica de estas políticas tiene su raíz en el argumento de que “en una sociedad sin riesgo de pérdida del empleo, el despido no desempeñaría un papel disciplinante y, aunque tal sociedad generase mayores beneficios empresariales que un sistema de liberalismo – laissez faire-, ésta minaría la posición social del patrón”1.

En nombre del mercado y el beneficio privado, clase política, judicaturas y legislativo, reforzaron con sus Reformas Laborales y sus Leyes Mordaza, el “principio de libertad de empresa” como único principio de realidad, convirtiendo la Injusticia Social en algo “natural”, como una ley “sagrada”.

El chantaje al cual se somete a las personas trabajadoras, frente a esta posibilidad real de “ser despedidas” por el hecho de enfermar, la mayoría de las veces a consecuencia de las deplorables condiciones de trabajo, lesiona muy gravemente su derecho fundamental a una salud digna y limita su actuación tanto en la defensa de sus condiciones de trabajo, como en la exigencia de los derechos laborales y sociales.

Tiempos sucios, muy sucios, donde el recorte de los Derechos Fundamentales en nombre de la ECONOMIA, se convierte en la entrega de la dignidad a poderosos, empresarios delincuentes y traficantes de mano de obra.

Para la CGT una vida vale más que cualquier trabajo

Fuente: Secretariado permanente del Comité Confederal de la CGT

Hoy, los compañeros y compañeras de la CGT de Catalunya, han elegido luchar, y aquí, desde CGT-LKN Nafarroa hemos elegido apoyarles.

Los sindicatos mayoritarios, en una mesa junto a patronales, no lograr confundir a nadie: eligen salir en los papeles adueñándose de una convocatoria ajena, para desmovilizar después descalificando a quienes que la hicimos, acusándonos de “apoyo al independentismo”. Lo que está pasando allí, es reflejo del colapso del estado del 78, y eso no afecta solo a los Catalunya, nos incumbe a todas y todos.

Desde CGT-LKN, estamos apoyando a nuestros compañeros y compañeras en Catalunya, en los centros de trabajo, en los medios, en la calle, difundiendo su lucha y sus motivos que son los nuestros.

Tenemos sobrados motivos para luchar.

Hoy La clase trabajadora catalana está masivamente en paro para denunciar, para protestar y para combatir por la pérdida de derechos laborales, que ambos gobiernos, Estatal y autonómico, han provocado en los últimos años. Para manifestar su enérgica repulsa por la bárbara, brutal y violenta represión del día 1 de Octubre en las calle catalanas, única respuesta que ha sabido dar el estado español.

Desde CGT-LKN estamos convencidos de que ningún estado hará libre a un pueblo, por eso no estamos luchando sólo contra Rajoy. Recordamos que las reformas laborales que tanto daño están haciendo contaron con el apoyo de muchos gobiernos autonómicos.

La autodeterminación es también nuestra lucha, pero la auténtica autodeterminación, la que no pasa por la mera creación de un nuevo estado que reproduzca, aunque en pequeño, los defectos del grande.

La “jornada de lucha” que es esta huelga general, está siendo un éxito de participación, pese a los intentos desmovilizadores de grandes sindicatos, pese a los intentos del gobierno autonómico de darle otro cariz: la clase trabajadora, la estudiantil, la gente mayor, están en la calle, los comercios están cerrados, los centros de enseñanza también, los transportes públicos, que han cumplido con los mínimos marcados, han cerrado sus puertas. La ciudadanía está en la calle.

Esta huelga es un grito de “Basta ya”, una toma de conciencia, para la clase trabajadora de todo el Estado, No no vamos a consentir que nos roben la dignidad por el uso de la fuerza. Queremos y nos merecemos una sociedad diferente, y vamos a luchar por ella. Que no nos esperen en la sumisión y en casa, los derechos que nos roben y los que todavía nos deben, los vamos a recuperar en la calle.

Hoy nos solidarizamos con los compañeros y compañeras catalanas, pero esta lucha no acaba allí, ni aquí, esta lucha acaba de empezar.

Continúa la persecución sindical en la Gasolinera de Villava hacia nuestra compañera. Pretenden, revocar su condición de delegada sindical presionando al personal eventual. Por ello los sindicatos CGT y LAB convocamos una concentración el próximo lunes 4 de septiembre, a las 19 h frente a la Gasolinera (Salida de Villava, Na 2517, carretera a Arre).

Tu presencia es importante, zatoz!

Más información:

Gasolinera de Villava, acoso y derribo a la plantilla

Las situaciones de crisis económica y el desempleo que generan, junto con las diferentes normativas laborales que tienden a flexibilizar las condiciones de trabajo, suponen el caldo de cultivo perfecto para que se den diferentes atropellos a nuestros derechos laborales.

En este contexto, la gasolinera Cepsa-Petrocorner de Villava, no es una excepción, pues en CGT entendemos que se está dando una situación de vulneración de la libertad sindical y presiones hacia el personal eventual que son inadmisibles.

La situación se desencadena con la decisión del traslado del encargado a otra gasolinera, en Huarte, tras la imposición de una falta disciplinaria grave, totalmente infundada, que no fue sino una estrategia para presionar y justificar el traslado. Actualmente está en los tribunales. Posteriormente se nombraron una nueva encargada general, así como encargada de turno. A la par de estos cambios, empiezan los problemas.

La delegada de personal en la empresa, afiliada a CGT-LKN, actualmente está en situación de baja médica. A propuesta, supuestamente, de dos trabajadores, se empezaron a recoger firmas para su revocación, puesto que se sentían indefensos por la situación de baja de la compañera. Nada más lejos de la realidad pues en este tiempo, la compañera, a pesar de estar de baja, ha llevado a cabo diferentes actuaciones sindicales como denuncias en Inspección de Trabajo o atención de consultas telefónicas. Curiosamente, del personal que lleva años en la gasolinera, nadie ha firmado pidiendo su revocación.

Este primer proceso de revocación se ha paralizado por el momento y nuestra compañera sigue ejerciendo como delegada sindical pero su labor es constantemente saboteada por la empresa, la cual ha intentado obstaculizar la celebración de una asamblea de todas las maneras posibles (diciendo que no se podían hacer en horas de trabajo, negando el derecho la presencia de una asesora del sindicato,…). Finalmente, venciendo todas las trabas, se ha celebrado la asamblea, a la cual acudió una compañera eventual que nos dijo que había recibido presiones para firmar por la revocación, y que ese mismo día había recibido una llamada de la encargada comunicándole que no era obligatorio que asistiera a la asamblea. ¿Instrucciones de la empresa? Finalmente, esta compañera ha terminado por pedir la baja voluntaria del servicio, tras una tarde terrible, con llamadas constantes y acusadoras de la encargada quien la estuvo viendo (vigilando) a través de las cámaras de seguridad de la gasolinera. Como consecuencia, una crisis de ansiedad, que llevó a su familia a aconsejarle que dejara el trabajo en ese mismo momento.

Lo cierto es que ya está en marcha un segundo proceso de recogida de firmas para revocar a la delegada sindical. Ante esta última intentona, otra persona que trabaja de forma eventual en la gasolinera nos comunicó que inicialmente había firmado sin ser muy consciente de lo que hacía, pero que en esta nueva recogida no iba a firmar. No obstante, finalmente ha firmado, después de hablar con la encargada y la encargada de turno. ¿Razones? No las quiso dar, parecen evidentes.

Ante esta inadmisible situación de acoso y degradación de las condiciones de trabajo, a pesar de las malas artes de la empresa, desde CGT vamos a seguir denunciando y defendiendo los intereses de la plantilla.

La desregulación laboral y el desmantelamiento y entrega al mercado privado de los denominados servicios públicos, como es la privatización del control de pasajeros y equipajes en los aeropuertos por parte de la empresa pública AENA, que es quien debe garantizar el mejor servicio, fija una alianza entre legisladores, empresarios privados y la judicatura, para garantizar la tasa de ganancia y el beneficio privado por encima de cualquier derecho (tanto laboral, como social).

Desde la segunda mitad de los años 90 del siglo pasado, han liberalizado hasta tal punto los mercados laborales que los sistemas de organización del trabajo pasan a tener un eje sobre el cual gira todo el modelo: la descentralización productiva, los sistemas de trabajo donde las contratas y subcontratas, apalancan el modelo precario, inseguro y vulnerable del mismo y la libertad absoluta del capital, pasa a constituir el único principio de la vida, o lo que es lo mismo “todos y todas y todo al servicio del capital”

Lo que sucede en el aeropuerto del Prat, es lo mismo que en el resto de aeropuertos y/o servicios públicos externalizados y privatizados: Nos encontramos con un marco

de relaciones laborales precario e inseguro jurídicamente para millones de trabajadores y trabajadoras (quienes trabajan en contratas y subcontratas), donde lo que se pone en cuestión, desde un principio, es si el sistema constitucional de garantías es aplicable en el caso de la subcontratación laboral, es decir, si las personas trabajadoras precarizadas y en régimen de disponibilidad absoluta (sin derechos), pueden o no pueden HACER HUELGA y que esta sirva precisamente para interrumpir esa “odiosa normalidad” donde la explotación y la violencia diaria contra los derechos de las personas asalariadas y la carencia de buenos servicios públicos, están en los “altares del capitalismo desposeedor y criminal”.

Los tribunales de primera instancia (Juzgados de lo Social), de suplicación (Tribunales Superiores de Justicia) y el propio Tribunal Supremo, desde los años 90, justificaban el despido como legal, al hecho de la rescisión del contrato mercantil entre la empresa principal y la contrata, condenando de “facto” a este segmento tan mayoritario de personas asalariadas, a la más absoluta “inseguridad jurídica”, pues sus contratos dependían no del Derecho, sino de la voluntad mercantil y económica del empresariado.

Los tribunales del estado español, Supremo y Constitucional, como el Tribunal de Justicia de la U€ (TJU€), llevan avalando por encima de todo la “libertad de empresa”, la “libertad de competencia y de prestación de servicios”, por la sencilla razón de que sus “sentencias” se dictan según los tiempos sociales y políticos que corren, y estos tiempos del “neoliberalismo global” son de claro dominio del capital (financiero e industrial), ante la ausencia de empoderamiento de las clases asalariadas.

El capital y sus representantes políticos y judiciales, ante la no existencia de un conflicto serio, firme y constante con las clases asalariadas, han alcanzado sus grandes metas: la homogenización a la baja de las condiciones de trabajo, en torno al criterio de flexibilidad y se permiten una de las reestructuraciones más salvaje de los mercados de trabajo que el empresariado ha llevado y está llevando a “termino” en todos los sectores de actividad.

Alegar como se está haciendo, que la huelga del Prat atenta contra la “seguridad nacional” y contra “los intereses de la economía española”, no sólo es ruin y falso, sino que oculta la verdadera realidad: EULEN, al igual que cualquier gran grupo Empresarial de empresas multiservicios, hace negocio redondo a costa de lo público (ofertó por debajo del precio de salida del servicio público privatizado), pues son sus 86.079 trabajadores y trabajadoras con los que cuenta de plantilla en todo el mundo (50.000 en la Península Ibérica), y obtiene decenas de millones de beneficios porque sus costes laborales (salarios que paga y condiciones de trabajo), le permiten ganar y ganar, aún en ofertas por debajo de los costes de producción, como sucede en el aeropuerto del Prat.

Las instituciones (gobierno central, gobierno de los “independentistas” catalanes y hasta la alcaldesa del “cambiazo” Ada Colau), han decidido que no existen límites ni jurídicos, ni políticos e incluso ni militares, cuando de violar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras se trata, si está en juego los beneficios y la tasa de ganancia del capital: se militariza los controles de pasajeros y de equipajes (la guardia civil es un cuerpo represivo militar), se sustituyen huelguistas por militares, se decretan servicios mínimos del 90% que sumados a los “militares guardias civiles”, la plantilla ha aumentado y, por si esto no quiebra la voluntad de los y las trabajadores y trabajadoras (como así ha sido), se dicta un “laudo arbitral de parte”, es decir de parte de los Empresarios EULEN, que les fijará sus condiciones de salida del conflicto.

El poder Legislativo (Gobierno y Generalitat), el poder militar (guardia civil) y el poder Ejecutivo, además de gobierno locales (Alcaldesa de Barcelona), vuelven a cometer un acto de VIOLENCIA contra lo público y contra los derechos fundamentales de las personas, para asegurar el beneficio privado de Empresas como EULEN, explotadoras, y lo hacen desde el más absoluto desprecio por la vida y condiciones de trabajo de millones y millones de personas.

Sin límites institucionales y sin resistencia sindical y social suficiente y eficiente, solamente es cuestión de “tiempo” que nuestros “jueces y juezas” interpreten que “la esclavitud laboral y social, es funcional para la economía y por lo tanto buena para el interés general”, el Gobierno y casi todo el arco parlamentario, así lo vienen haciendo.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT