CGT/LKN-Nafarroa se suma a la huelga convocada por parte de los sindicatos CCOO, ELA, LAB, Steilas y UGT en el ámbito del Gobierno de Navarra.
      Entendemos que es necesario frenar el deterioro de los servicios públicos y de las condiciones laborales de quienes los prestan. Menos sector público significa menos garantías para la mayoría y más oportunidad de negocio para una minoría a costa de los derechos y necesidades de toda la sociedad. En este sentido, resulta llamativo el terreno que en las últimas décadas se ha ido perdiendo desde el sector público en ámbitos como los cuidados, la energía, vivienda, educación o sanidad.
      Por todo ello, animamos al conjunto de la sociedad a que participe de esta jornada de movilización junto a las plantillas del Gobierno de Navarra que reclaman unas condiciones laborales dignas que hagan posible un mejor desarrollo de los servicios públicos. a continuación, el comunicado de la Sección Sindical de CGT en Osasunbidea ante la convocatoria de huelga. Creemos necesario hacer hincapié en la situación de la sanidad pública por el riesgo de mercantilización que atraviesa:

        CGT/LKN-Osasunbidea se suma a la convocatoria de Huelga del 15 de febrero que han anunciado los sindicatos LAB, SAE, UGT, ELA y CC OO en Osasunbidea.

            En un ámbito tan esencial y sensible como la sanidad nos resulta especialmente duro tener que recurrir a la huelga dada la afección que ésta supone para los procesos de salud de las personas: cancelación de citas, aumento de las demoras, etc. No obstante, apostamos por esta movilización debido a la grave situación de deterioro acelerado de nuestra sanidad pública, tratando de contribuir al fortalecimiento de este patrimonio colectivo y a frenar su puesta a disposición a los intereses privados.

            El desgaste de la Sanidad Pública es evidente. Que se lo digan a quienes viven en zonas rurales, a quienes esperan meses para una primera consulta de especialista, a quienes sobreviven excluidxs por las políticas migratorias, a quien sufre alguna lesión de muñeca o de espalda por trabajar en una residencia, a quienes trabajan o viven en situaciones insalubres, a quienes económicamente peor están, a quienes les ahoga la ansiedad, … El porcentaje de temporalidad es escandaloso, la Atención Primaria adolece de medios suficientes para poder llevar a cabo su labor preventiva y comunitaria, la plantilla se ve desbordada en determinados servicios y situaciones,…

            Evidentemente, el actual Gobierno y sus predecesores tienen una gran responsabilidad al respecto. Podríamos adjetivar de continuista la línea de política sanitaria de todos ellos ya que los pilares del modelo defendido poco han variado: colaboración público-privada (privatización), hospitalocentrismo, alto gasto farmacéutico, parecidas prioridades presupuestarias… No obstante, creemos que sindicalmente tampoco se han hecho las cosas bien. Llevamos demasiado tiempo de fragmentación e inacción, en el que se ha generalizado la vía de la reclamación individual y judicial frente a la Administración como única forma de responder a determinadas situaciones concretas y personales. Es significativo que la medida con mayor impacto sobre la temporalidad, aún insuficiente, haya venido de mano de las exigencias de la Unión Europea, no de la presión sindical o de una plantilla movilizada.

            Ante todo ello, desde CGT-LKN hacemos un llamamiento a la movilización social y sindical en favor de la sanidad 100% pública y universal, más accesible, más solidaria, más equitativa, más multidisciplinar, más integral, más preventiva, más comunitaria,… Para avanzar en ese sentido, en este momento vemos como prioritario:

• Poner freno a la privatización y a la concertación
• Recuperar el prestigio y el liderazgo de la Atención primaria, huyendo del intervencionismo.
• Mejora urgente de la red pública de Salud Mental.
• Reducción drástica de las listas de espera.
• Impulso de la participación comunitaria en el sistema sanitario, revitalizando los Consejos de Salud y aumentando su capacidad de decisión.
• Garantizar la atención sanitaria desde el Sector Público a las personas mayores que viven en centros socio-sanitarios e ir avanzando en la publificación de estos centros.
• Mejora de las condiciones de trabajo de toda la plantilla de Osasunbidea, de forma que está esté más cohesionada. No hablamos de lo meramente económico, hay que atajar la temporalidad, abordar las altas cargas de trabajo, la ampliación de plantillas en servicios saturados, la reducción de la jornada anual, combatir la excesiva burocracia que enlentece los procesos selectivos, …
• Atención de las contingencias profesionales por parte de Osasunbidea, prescindiendo de la mutua y captando los fondos públicos que a esta se derivan.

            El próximo 15 de febrero será pues una jornada en la que impulsar esta necesaria transformación y mejora de la Sanidad Pública, por lo que animamos a toda la ciudadanía a confluir con la plantilla de Osasunbidea, participando en las movilizaciones unitarias convocadas para ese día.

El pasado viernes 21 de Octubre, trabajadores y extrabajadores de Netquality nos hemos concentrado a las puertas del polígono Berriainz para denunciar la situación de injusticia y abandono a la que nos ha llevado la dirección de esta empresa.
Netquality opera en Navarra y Barcelona. Principalmente trabaja para SEAT y Volkswagen Navarra haciendo servicios de instalación en cadenas de montaje o servicios de mantenimiento de diferentes equipos informáticos. También tiene licitados contratos con Nasertic (empresa pública de Gob. Navarra) contratos de cambio de dispositivos electrónicos en colegios y consultorios, entre otros servicios.
Netquality lleva sin pagar las nóminas desde Julio, tanto de trabajadores en plantilla como extrabajadores. Incluso ha despedido a algún trabajador sin pagarle lo que le debe, sin finiquito ni indemnización por el despido.
En Julio solicitó un ERTE hasta fin de año por causas de la producción aunque realmente la empresa no podía hacer frente a sus pagos ya que no tiene liquidez y afronta su supervivencia mediante créditos. El ERTE debería de haberse propuesto por causas económicas por esta razón.
Sobre el ERTE, la empresa se ha desentendido de presentar de forma correcta el calendario a la seguridad social, propiciando que hasta día de hoy ningún trabajador haya recibido ningún tipo de ingreso. La Seguridad Social ha estado en contacto constante para que revirtiera la situación y aun así no ha tenido la voluntad de resolverla.
La empresa, también, ha comunicado a los trabajadores que parte del problema de impago de nóminas se debe a retrasos de pago de SEAT entre otros, aunque a día de hoy defiende que el mayor deudor que tienen es la constructora San José.
Recientemente hemos conocido que va a realizar un proceso de concurso de acreedores, mantienen que su intención es la de pagarnos las nóminas con el dinero que deben sus deudores. Nosotros ya no tenemos fe en sus palabras ni en sus argumentos hasta que sean hechos.
Para concluir, denunciar también por nuestra parte, tanto de trabajadores como extrabajadores que este tipo de situaciones injustas están a la corriente del día y este tipo de empresarios siempre consiguen salirse con la suya, importándoles poco todas las deudas que generan a sus acreedores (trabajadores, proveedores, arrendadores…)
De una forma u otra siempre consiguen créditos en bancos, créditos ICO o incluso subvenciones de los organismos del estado. Organismos los cuales prestan un dinero a cambio de mantener una administración a buena fe y una serie de requisitos. Para ellos siempre ha sido tener un dinero en caliente con el que costearse una vida al alcance de unos pocos a costa del trabajo duro de sus trabajadores.

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La plantilla del Servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento sigue peleando contra el plan de externalizar un servicio que ahora se gestiona de forma 100% pública a una empresa pública. ¿Qué pretenden con tal operación? ¿Por qué no son capaces de mejorar el servicio desde la gestión directa? Parece ser que lo único que buscan es la precarización de las condiciones de trabajo, lo que se traducirá en un peor servicio.

Por ello, este es el momento de ayudar a estas compañeras que defienden el cuidado como un derecho y no como una mercancía. Estas son las próximas citas:

Las Trabajadoras familiares del ayuntamiento de Pamplona seguimos con nuestra lucha para mantenernos como personal municipal.

Y lo hacemos porque a pesar de los argumentos de UPN y PSN para externalizarnos sus razones no nos convencen.

En primer lugar, no nos convence Maite Esporrín cuando quiere meternos el miedo en el cuerpo diciendo que, de seguir en el ayuntamiento, en poco tiempo estaremos obligadas a pasar por un examen para mantener nuestro puesto de trabajo. Según ella es obligatorio para todo el personal laboral que lleva más de tres años en la administración.  Desmontar este argumento es de primero de primaria y da pereza tener que explicar a una señora que lleva años y años viviendo de lo público cómo funciona la administración y cuántas personas son trabajadoras laborales en el ayuntamiento desde hace muchos más de tres años. No nos meta miedo señora Esporrín, bastante tenemos sabiendo lo poco que nos quiere. En todo caso, si ese es el problema, por nosotras vaya preparando el examen.

En segundo lugar, queremos aclarar que cuando se habla del elevado absentismo no se menciona que nuestros puestos de trabajo no son evaluados por personal técnico en prevención de riesgos laborales sino por Trabajadoras sociales con unas horas de formación en la materia (y esto después de denunciar la situación). Es como si en la Volkswagen los riesgos laborales los evaluara el portero con una formación básica en prevención. Da risa sí, pero es nuestra salud la que se resiente de que personas sin titulación en la materia evalúen los riesgos que corremos al movilizar personas dependientes en domicilios. No hay que olvidar que un domicilio no es un hospital y en muchos casos carecen de medios técnicos para facilitar el trabajo.

El resultado de una mala evaluación de los riesgos laborales son lesiones. Ni más ni menos.

Por último, es significativo que ni UPN ni el PSN hayan votado a favor de mantener las condiciones laborales de la plantilla. Unas condiciones, por otra parte, de nivel D en un servicio como cualquier otro servicio público que resulta todo lo rentable o costoso que queramos según las cuentas que hagamos. ¿Cuánto cuesta tener una policía municipal o un área de cultura públicas? ¿Son rentables las escuelas infantiles o el servicio de jardines? ¿La rentabilidad de un servicio público se mide en dinero o en bienestar social?

Pretenden abaratar un servicio esencial a base de perjudicar las condiciones laborales de 200 trabajadoras que hemos dado un ejemplo se profesionalidad manteniéndonos en nuestros puestos de trabajo a lo largo de toda la pandemia. Hemos sido en muchos casos las únicas personas en entrar en los domicilios a lo largo de meses, la única compañía de muchas de nuestras personas mayores. Eso que parece no tener precio, para UPN y PSN cuesta demasiado y por eso nos externalizan y votan en contra de mantener las condiciones actuales, que es tanto como decir que votan a favor de perjudicarlas.

Nos preguntamos qué opina el PSN, más allá de Maite Esporrín, sobre este asunto. Privatizar un servicio público de atención a personas dependientes no parece en consonancia con implementar la ley de dependencia según anunció Pedro Sánchez.

UPN y PSN han pasado en poco tiempo de aplaudir a las personas esenciales a prescindir de ellas, de llenarse la boca con la defensa de lo público a externalizarlo.

Nos tendrán enfrente

Sección Sindical de CGT en el SAD-Iruñea

2020 marca el margen de referencia para el reequilibrio presupuestario y de deuda de las administraciones públicas, que la LOEPEF de 2012 de 27 de abril establece y teniendo en cuenta el desarrollo del septenio, es un logro para el fin privatizador de los servicios públicos esenciales. Un periodo poco fructífero como garante del crecimiento económico sostenido y creación de empleo; principal cometido de una Ley nefasta, que coarta la autonomía local en cuanto a la evaluación y decisión de la forma de prestación de los servicios que, por reconocimiento constitucional desarrollado en la Ley 7/1985 de 2 de abril RBRL, el municipio tiene encomendado.

Desde la publicación de la LOEPEF en el BOE de 30 de abril de 2012, los recursos públicos y servicios esenciales, cuya gestión está reservada al sector público mediante el artículo 128.2 de C.E., se constituyen como el oscuro objeto del deseo y al objeto de su explotación privada, se incluyen a las Sociedades Mercantiles Públicas, en un totum revolutum legal que ha condicionado, desde 2013, sobre la correcta gestión de las necesidades estructurales de contratación de personal. Como en SCPSA, donde la ratio de temporalidad se ha situado en un intolerable 23%, aproximadamente.

Al pretender legislar, torpemente, sobre el sector público en su conjunto, las Mercantiles públicas se han instalado en la inseguridad jurídica. Secuestradas dentro de un enjambre legalista que incrementa costos en selección, contratación y formación; impone la precariedad en el empleo y condiciona el normal desarrollo de su actividad. En su ámbito funcional, estas empresas deben gestionar la prestación de los servicios bajo los principios de eficiencia y eficacia: con recursos necesarios y suficientes, que nacen de las propias necesidades del servicio esencial a la ciudadanía.

El Tribunal Constitucional ha ratificado que la Empresa Pública no es Administración Pública. Circunscribe un control sobre determinadas áreas, sin eximir del cumplimiento del marco regulador común (E.T.) que las empresas, privadas y públicas, están obligadas a observar y guardar. A través de la inspección de trabajo, dentro de los programas de regulación del fraude en la contratación, las empresas están siendo fiscalizadas. Sin embargo, a las empresas públicas, rehenes de una decisión política a través de una Ley básica, se les crea, como salida, una figura jurídica ad hoc: la condición de indefinido no fijo. Figura que no resuelve una eventualidad, sancionada desde las Instituciones Europeas, que crece y se encamina hacia lo estructural.

Es evidente que estamos ante un grave problema que requiere de una solución política. Las empresas públicas no pueden ser una excepción en la observancia de la normativa laboral que rige a los sectores semipúblico y privado. En una coyuntura socio laboral como la actual estas Sociedades Mercantiles, están obligadas a liderar el empleo de calidad, y el legislador tiene que dar una solución a este agravio. Es absurdo hacer seguimiento de un diseño presupuestario que, con las tasas de reposición, compromete el principio constitucional de igualdad, considerando la ratificación del Tribunal Constitucional en cuanto a la condición de las Mercantiles Públicas, cualquiera que sea su forma jurídica. Siendo así, y observando que el mismo tribunal dicta, en relación a la LPGE, que no caben en ella modificaciones sustantivas del ordenamiento jurídico; las empresas públicas, cumpliendo la regla de gasto, no pueden seguir manteniendo un estatus de contratación eminentemente fraudulento.

Incidiendo en la vulneración del principio de igualdad en cuanto a la contratación de personal, que las distintas Leyes de presupuestos desde 2013 muestran, destacar la contundencia expresada en la sentencia STC 8/2015 de 22 de enero: …/… ”conforme reiterada doctrina de este tribunal el principio de igualdad en la Ley impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales.”

Joseba Santesteban

Delegado de CGT-LKN en

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

Las trabajadoras de los servicios municipales de vuestro valle (Escuelas Infantiles, CAF y servicio de limpiezas de edificios públicos) ya no podemos más. Llevamos desde 2018 intentando conseguir una mejora en nuestras condiciones laborales, a día de hoy seguimos como hace 2 años o peor. Ahora damos a conocer esta situación porque los servicios que prestamos van dirigidos a la mayoría de la ciudadanía del Valle y porque queremos que sigan siendo unos servicios públicos de calidad en donde las personas que los prestamos estemos igual de satisfechas que las que los reciben.

Hasta ahora más que negociación hemos vivido una continua dilatación en el tiempo de la situación. Desde el Consejo de Administración de la empresa Andacelay, empresa que nos contrata y que es municipal, cuyo consejo lo constituyen concejales y concejalas del Ayuntamiento y presidido por su alcaldesa, sólo nos ha dado como respuesta un informe económico y en estos dos años prácticamente no ha variado sean quienes sean quienes hayan estado gobernando.

En mayo de este año en un ejercicio de responsabilidad decidimos no alargar más esta situación y dimos nuestro “Sí” a su propuesta, esa que sólo se basaba en datos económicos y que no ha sido nunca del agrado del comité, por varios motivos de peso. No obstante, por la situación generada por la pandemia, los dos años de “no negociación” y el tiempo incierto que se nos venía encima decidimos poner nuestro granito de arena y no suponer una preocupación más para quienes gestionan este valle. Sin duda fuimos, otra vez, demasiado optimistas pensando que éramos una preocupación para alguien.

Estamos en septiembre, casi octubre y esa propuesta del Consejo de administración de Andacelay, vuestros concejales y concejalas, con el equipo de gobierno a la cabeza, no se ha materializado. Ahora sí que sí pensamos que nos han tomado el pelo. Nadie se merece este ninguneo y menos cuando los servicios que prestamos no se han visto afectados, ni por nuestras condiciones laborales, ni por ERTES, ni por una pandemia, hemos seguido al pie del cañón como siempre pese a todo.

No es de recibo que se nos ningunee. El pasado 8 de septiembre, PSN presentó una moción en el pleno del Ayuntamiento en la que instaba al equipo de gobierno a materializar lo acordado con este comité. Tuvimos que escuchar que no está presupuestado y que por lo tanto no se puede hacer, cuando en el pleno anterior se acordaron varias modificaciones de los presupuestos, de más de 800.000 € para otras cuestiones. Según informe de la Cámara de Comptos de principios de este mes, este Ayuntamiento tiene una situación “saneada” que destaca que “sus indicadores de ahorro bruto y neto superan los dos millones…” (fuente Diario de Navarra de 4 de junio de 2020). Tal y como algunos concejales manifestaron en ese pleno, “si quieren sí se puede, es cuestión de voluntad”. Nuestro “Sí” de mayo fue a su propuesta, la cual, si no se podía llevar a cabo no debía haberse hecho, aunque por los datos económicos vemos que no es ese el problema.

No entendemos cómo, cuando se trata de nosotras, la mayoría de los y las concejales/as actúan como empresarios y empresarias, sea cual sea su color político. Es difícil encajar que las trabajadoras no estemos encontrando la implicación e interés de algunas personas que podrían incidir en mejorar nuestra situación.

De las 80 personas trabajadoras, más del 91% somos mujeres lo cual pone de manifiesto la precariedad laboral relacionada con el tema de género. Estará bien recordarlo el 8 de marzo cuando nos manifestemos, todos y todas, políticos y políticas incluidos.

LAB    UGT

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ENTZUN, EGUESIBAR!!!

Zuen ibarreko udal-zerbitzuetako langileok (haur-eskolak, CAF eta eraikin publikoen garbiketa-zerbitzua) ezin dugu gehiago. 2018tik ari gara gure lan-baldintzak hobetzen saiatzen, eta, gaur egun, duela 2 urte bezala jarraitzen dugu, edo okerrago. Orain azaldu nahi dugu egoeraren berri, ematen ditugun zerbitzuak bailarako herritar gehienentzat direlako, eta kalitatezko zerbitzu publikoak izaten jarrai dezaten nahi dugulako, zerbitzu horiek ematen ditugunok jasotzen dituzuenak bezain pozik eta asebete egon gaitezen.

Orain arte, negoziazioa baino gehiago, egoera etengabe luzatzen ikusi dugu. Andacelay enpresak kontratatzen gaitu eta enpresa udalarena da eta, beraz, kontseilua udaleko zinegotziek osatzen dute, alkatea buru dutela. Bada, Andacelayko Administrazio Kontseiluaren erantzuna izan da txosten ekonomiko bat aurkeztea, bi urteotan aldaketarik izan ez duen txostena, agintean zeudenak zeudela. 

Ez dugu ulertzen nola, gutaz ari direnean, zinegotzi gehienek enpresaburu gisa jokatzen duten, edozein kolore politiko dutela ere. Zaila da ez aurkitzea gure egoera hobetzen eragin lezaketen pertsonen inplikazioa eta interesa. 

80 langileetatik % 91 baino gehiago emakumeak gara, eta horrek agerian uzten du genero-arrazoiengatik lan-prekarietatea dagoela. Ongi egongo da martxoaren 8an gogoratzea, denok, politiko guztiak barne, manifestatzen garenean.

LAB    UGT