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22 de junio, caceroladas frente a BBVA y CaixaBank para denunciar los despidos masivos. Lan banaketaren alde!!




Próximas movilizaciones en contra de la externalización del Servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento de Iruña

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La plantilla del Servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento sigue peleando contra el plan de externalizar un servicio que ahora se gestiona de forma 100% pública a una empresa pública. ¿Qué pretenden con tal operación? ¿Por qué no son capaces de mejorar el servicio desde la gestión directa? Parece ser que lo único que buscan es la precarización de las condiciones de trabajo, lo que se traducirá en un peor servicio.

Por ello, este es el momento de ayudar a estas compañeras que defienden el cuidado como un derecho y no como una mercancía. Estas son las próximas citas:




26 de mayo: Huelga y concentración contra el ERE en BBVA

 

 




Ante la externalización de la Atención a Domicilio del Ayuntamiento de Iruña

Las Trabajadoras familiares del ayuntamiento de Pamplona seguimos con nuestra lucha para mantenernos como personal municipal.

Y lo hacemos porque a pesar de los argumentos de UPN y PSN para externalizarnos sus razones no nos convencen.

En primer lugar, no nos convence Maite Esporrín cuando quiere meternos el miedo en el cuerpo diciendo que, de seguir en el ayuntamiento, en poco tiempo estaremos obligadas a pasar por un examen para mantener nuestro puesto de trabajo. Según ella es obligatorio para todo el personal laboral que lleva más de tres años en la administración.  Desmontar este argumento es de primero de primaria y da pereza tener que explicar a una señora que lleva años y años viviendo de lo público cómo funciona la administración y cuántas personas son trabajadoras laborales en el ayuntamiento desde hace muchos más de tres años. No nos meta miedo señora Esporrín, bastante tenemos sabiendo lo poco que nos quiere. En todo caso, si ese es el problema, por nosotras vaya preparando el examen.

En segundo lugar, queremos aclarar que cuando se habla del elevado absentismo no se menciona que nuestros puestos de trabajo no son evaluados por personal técnico en prevención de riesgos laborales sino por Trabajadoras sociales con unas horas de formación en la materia (y esto después de denunciar la situación). Es como si en la Volkswagen los riesgos laborales los evaluara el portero con una formación básica en prevención. Da risa sí, pero es nuestra salud la que se resiente de que personas sin titulación en la materia evalúen los riesgos que corremos al movilizar personas dependientes en domicilios. No hay que olvidar que un domicilio no es un hospital y en muchos casos carecen de medios técnicos para facilitar el trabajo.

El resultado de una mala evaluación de los riesgos laborales son lesiones. Ni más ni menos.

Por último, es significativo que ni UPN ni el PSN hayan votado a favor de mantener las condiciones laborales de la plantilla. Unas condiciones, por otra parte, de nivel D en un servicio como cualquier otro servicio público que resulta todo lo rentable o costoso que queramos según las cuentas que hagamos. ¿Cuánto cuesta tener una policía municipal o un área de cultura públicas? ¿Son rentables las escuelas infantiles o el servicio de jardines? ¿La rentabilidad de un servicio público se mide en dinero o en bienestar social?

Pretenden abaratar un servicio esencial a base de perjudicar las condiciones laborales de 200 trabajadoras que hemos dado un ejemplo se profesionalidad manteniéndonos en nuestros puestos de trabajo a lo largo de toda la pandemia. Hemos sido en muchos casos las únicas personas en entrar en los domicilios a lo largo de meses, la única compañía de muchas de nuestras personas mayores. Eso que parece no tener precio, para UPN y PSN cuesta demasiado y por eso nos externalizan y votan en contra de mantener las condiciones actuales, que es tanto como decir que votan a favor de perjudicarlas.

Nos preguntamos qué opina el PSN, más allá de Maite Esporrín, sobre este asunto. Privatizar un servicio público de atención a personas dependientes no parece en consonancia con implementar la ley de dependencia según anunció Pedro Sánchez.

UPN y PSN han pasado en poco tiempo de aplaudir a las personas esenciales a prescindir de ellas, de llenarse la boca con la defensa de lo público a externalizarlo.

Nos tendrán enfrente

Sección Sindical de CGT en el SAD-Iruñea




S.O.S. Precariedad. Sociedades Mercantiles Públicas.

2020 marca el margen de referencia para el reequilibrio presupuestario y de deuda de las administraciones públicas, que la LOEPEF de 2012 de 27 de abril establece y teniendo en cuenta el desarrollo del septenio, es un logro para el fin privatizador de los servicios públicos esenciales. Un periodo poco fructífero como garante del crecimiento económico sostenido y creación de empleo; principal cometido de una Ley nefasta, que coarta la autonomía local en cuanto a la evaluación y decisión de la forma de prestación de los servicios que, por reconocimiento constitucional desarrollado en la Ley 7/1985 de 2 de abril RBRL, el municipio tiene encomendado.

Desde la publicación de la LOEPEF en el BOE de 30 de abril de 2012, los recursos públicos y servicios esenciales, cuya gestión está reservada al sector público mediante el artículo 128.2 de C.E., se constituyen como el oscuro objeto del deseo y al objeto de su explotación privada, se incluyen a las Sociedades Mercantiles Públicas, en un totum revolutum legal que ha condicionado, desde 2013, sobre la correcta gestión de las necesidades estructurales de contratación de personal. Como en SCPSA, donde la ratio de temporalidad se ha situado en un intolerable 23%, aproximadamente.

Al pretender legislar, torpemente, sobre el sector público en su conjunto, las Mercantiles públicas se han instalado en la inseguridad jurídica. Secuestradas dentro de un enjambre legalista que incrementa costos en selección, contratación y formación; impone la precariedad en el empleo y condiciona el normal desarrollo de su actividad. En su ámbito funcional, estas empresas deben gestionar la prestación de los servicios bajo los principios de eficiencia y eficacia: con recursos necesarios y suficientes, que nacen de las propias necesidades del servicio esencial a la ciudadanía.

El Tribunal Constitucional ha ratificado que la Empresa Pública no es Administración Pública. Circunscribe un control sobre determinadas áreas, sin eximir del cumplimiento del marco regulador común (E.T.) que las empresas, privadas y públicas, están obligadas a observar y guardar. A través de la inspección de trabajo, dentro de los programas de regulación del fraude en la contratación, las empresas están siendo fiscalizadas. Sin embargo, a las empresas públicas, rehenes de una decisión política a través de una Ley básica, se les crea, como salida, una figura jurídica ad hoc: la condición de indefinido no fijo. Figura que no resuelve una eventualidad, sancionada desde las Instituciones Europeas, que crece y se encamina hacia lo estructural.

Es evidente que estamos ante un grave problema que requiere de una solución política. Las empresas públicas no pueden ser una excepción en la observancia de la normativa laboral que rige a los sectores semipúblico y privado. En una coyuntura socio laboral como la actual estas Sociedades Mercantiles, están obligadas a liderar el empleo de calidad, y el legislador tiene que dar una solución a este agravio. Es absurdo hacer seguimiento de un diseño presupuestario que, con las tasas de reposición, compromete el principio constitucional de igualdad, considerando la ratificación del Tribunal Constitucional en cuanto a la condición de las Mercantiles Públicas, cualquiera que sea su forma jurídica. Siendo así, y observando que el mismo tribunal dicta, en relación a la LPGE, que no caben en ella modificaciones sustantivas del ordenamiento jurídico; las empresas públicas, cumpliendo la regla de gasto, no pueden seguir manteniendo un estatus de contratación eminentemente fraudulento.

Incidiendo en la vulneración del principio de igualdad en cuanto a la contratación de personal, que las distintas Leyes de presupuestos desde 2013 muestran, destacar la contundencia expresada en la sentencia STC 8/2015 de 22 de enero: …/… ”conforme reiterada doctrina de este tribunal el principio de igualdad en la Ley impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales.”

Joseba Santesteban

Delegado de CGT-LKN en

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.




¡¡¡¡¡ESCUCHA VALLE DE EGÜÉS!!!!!//ENTZUN, EGUESIBAR!!!

Las trabajadoras de los servicios municipales de vuestro valle (Escuelas Infantiles, CAF y servicio de limpiezas de edificios públicos) ya no podemos más. Llevamos desde 2018 intentando conseguir una mejora en nuestras condiciones laborales, a día de hoy seguimos como hace 2 años o peor. Ahora damos a conocer esta situación porque los servicios que prestamos van dirigidos a la mayoría de la ciudadanía del Valle y porque queremos que sigan siendo unos servicios públicos de calidad en donde las personas que los prestamos estemos igual de satisfechas que las que los reciben.

Hasta ahora más que negociación hemos vivido una continua dilatación en el tiempo de la situación. Desde el Consejo de Administración de la empresa Andacelay, empresa que nos contrata y que es municipal, cuyo consejo lo constituyen concejales y concejalas del Ayuntamiento y presidido por su alcaldesa, sólo nos ha dado como respuesta un informe económico y en estos dos años prácticamente no ha variado sean quienes sean quienes hayan estado gobernando.

En mayo de este año en un ejercicio de responsabilidad decidimos no alargar más esta situación y dimos nuestro “Sí” a su propuesta, esa que sólo se basaba en datos económicos y que no ha sido nunca del agrado del comité, por varios motivos de peso. No obstante, por la situación generada por la pandemia, los dos años de “no negociación” y el tiempo incierto que se nos venía encima decidimos poner nuestro granito de arena y no suponer una preocupación más para quienes gestionan este valle. Sin duda fuimos, otra vez, demasiado optimistas pensando que éramos una preocupación para alguien.

Estamos en septiembre, casi octubre y esa propuesta del Consejo de administración de Andacelay, vuestros concejales y concejalas, con el equipo de gobierno a la cabeza, no se ha materializado. Ahora sí que sí pensamos que nos han tomado el pelo. Nadie se merece este ninguneo y menos cuando los servicios que prestamos no se han visto afectados, ni por nuestras condiciones laborales, ni por ERTES, ni por una pandemia, hemos seguido al pie del cañón como siempre pese a todo.

No es de recibo que se nos ningunee. El pasado 8 de septiembre, PSN presentó una moción en el pleno del Ayuntamiento en la que instaba al equipo de gobierno a materializar lo acordado con este comité. Tuvimos que escuchar que no está presupuestado y que por lo tanto no se puede hacer, cuando en el pleno anterior se acordaron varias modificaciones de los presupuestos, de más de 800.000 € para otras cuestiones. Según informe de la Cámara de Comptos de principios de este mes, este Ayuntamiento tiene una situación “saneada” que destaca que “sus indicadores de ahorro bruto y neto superan los dos millones…” (fuente Diario de Navarra de 4 de junio de 2020). Tal y como algunos concejales manifestaron en ese pleno, “si quieren sí se puede, es cuestión de voluntad”. Nuestro “Sí” de mayo fue a su propuesta, la cual, si no se podía llevar a cabo no debía haberse hecho, aunque por los datos económicos vemos que no es ese el problema.

No entendemos cómo, cuando se trata de nosotras, la mayoría de los y las concejales/as actúan como empresarios y empresarias, sea cual sea su color político. Es difícil encajar que las trabajadoras no estemos encontrando la implicación e interés de algunas personas que podrían incidir en mejorar nuestra situación.

De las 80 personas trabajadoras, más del 91% somos mujeres lo cual pone de manifiesto la precariedad laboral relacionada con el tema de género. Estará bien recordarlo el 8 de marzo cuando nos manifestemos, todos y todas, políticos y políticas incluidos.

LAB    UGT

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ENTZUN, EGUESIBAR!!!

Zuen ibarreko udal-zerbitzuetako langileok (haur-eskolak, CAF eta eraikin publikoen garbiketa-zerbitzua) ezin dugu gehiago. 2018tik ari gara gure lan-baldintzak hobetzen saiatzen, eta, gaur egun, duela 2 urte bezala jarraitzen dugu, edo okerrago. Orain azaldu nahi dugu egoeraren berri, ematen ditugun zerbitzuak bailarako herritar gehienentzat direlako, eta kalitatezko zerbitzu publikoak izaten jarrai dezaten nahi dugulako, zerbitzu horiek ematen ditugunok jasotzen dituzuenak bezain pozik eta asebete egon gaitezen.

Orain arte, negoziazioa baino gehiago, egoera etengabe luzatzen ikusi dugu. Andacelay enpresak kontratatzen gaitu eta enpresa udalarena da eta, beraz, kontseilua udaleko zinegotziek osatzen dute, alkatea buru dutela. Bada, Andacelayko Administrazio Kontseiluaren erantzuna izan da txosten ekonomiko bat aurkeztea, bi urteotan aldaketarik izan ez duen txostena, agintean zeudenak zeudela. 

Aurtengo maiatzean, egoera hori gehiago ez luzatzea erabaki genuen eta, arduraz eta erantzukizunez jokatuz, baiezkoa eman genion proposamenari. Proposamen hori datu ekonomikoetan baino ez zen oinarritzen, eta ez da inoiz izan komitearen gustukoa, pisuzko hainbat arrazoirengatik. Hala ere, pandemiak sortutako egoera dela eta, kontuan hartu genuen bi urteko “negoziaziorik eza” izan dugula eta etorkizun zalantzagarria datorkigula, eta gure aletxoa jartzea erabaki genuen, harana kudeatzen dutenentzat beste kezkarik ez sortzeko. Baina baikorregiak izan ginen berriro, dudarik gabe; baikorregiak norbaitentzat kezka bat ginela pentsatzean.

Irailean gaude, ia urrian, eta Andacelayko Administrazio Kontseiluaren proposamen hori -zuen zinegotziak eta gobernu-taldea buru- ez da gauzatu. Orain bai, orain uste dugu adarra jo digutela. Ez dugu merezi hutsaren pare kontsideratzea, are gutxiago ematen ditugun zerbitzuak bere horretan iraun dutenean, gure lan-baldintzek, ERTEk edo pandemiak kaltetu ez dituztenean; ororen gainetik, tinko jarraitu dugu, beti egiten dugun bezala.

Ez da onargarria gu zigortzea. Irailaren 8an, PSNko udal taldeak mozio bat aurkeztu zuen Udaleko osoko bilkuran, gobernu taldeari batzorde horrekin adostutakoa gauzatzeko eskatzeko. Entzun behar izan genuen ez dagoela aurrekontuan sartuta eta, beraz, ezin dela egin, eta bien bitartean,aurreko osoko bilkuran 800.000 €-tik gorako aurrekontuak beste gai batzuetarako aldatzea erabaki zen. Comptos Ganberak hil honen hasieran egindako txosten baten arabera, Udalak egoera “onbideratua” du, eta “aurrezki gordinaren eta garbiaren adierazleek bi milioi baino gehiago” dituztela nabarmendu du (iturria: Diario de Navarra, 2020ko ekainaren 4koa). Zinegotzi batzuek osoko bilkura horretan bertan honela esan zuten: “Nahi izanez gero, badago; borondate kontua da”. Guk proposamen horri eman genion baiezkoa maiatzean; ezin bada gauzatu ez zen egin behar proposamenik, baina datu ekonomikoek agerian utzi dute dirua ez dela arazoa. 

Ez dugu ulertzen nola, gutaz ari direnean, zinegotzi gehienek enpresaburu gisa jokatzen duten, edozein kolore politiko dutela ere. Zaila da ez aurkitzea gure egoera hobetzen eragin lezaketen pertsonen inplikazioa eta interesa. 

80 langileetatik % 91 baino gehiago emakumeak gara, eta horrek agerian uzten du genero-arrazoiengatik lan-prekarietatea dagoela. Ongi egongo da martxoaren 8an gogoratzea, denok, politiko guztiak barne, manifestatzen garenean.

LAB    UGT

 




Comunicado de la Sección Sindical de la CGT en Nissan defendiendo una alternativa social, industrial y ambiental para las plantas




Movilizaciones contra el cierre de Nissan y en apoyo a todas las plantillas

La Federación Metalúrgica de CGT (FESIM) ha anunciado un ciclo de movilizaciones en los próximos días en apoyo a todas las personas afectadas, directa o indirectamente, por el cierre de Nissan.
Se busca el apoyo de todos los Comités de Empresa del sector de la automoción, y la realización de acciones y/o asambleas en los centros de trabajo. CGT indica que una de estas acciones es la colaboración económica con la caja de resistencia creada para colaborar con la plantilla de la factoría de Nissan Montcada que lleva en huelga indefinida más de un mes.
Asimismo, se han anunciado también acciones puntuales en varias localidades y ciudades del Estado español para los días 22 y 25 de junio para denunciar la situación en la que pueden quedarse más de 25.000 familias afectadas por la decisión de cierre de la empresa.
En el contexto de lo anunciado en los anteriores párrafos, desde la federación del Metal de C.G.T. en Navarra, se han convocado las siguientes concentraciones:
DÍA 22: CONCENTRACIÓN ANTE EL CONCESIONARIO DE NISSAN EN ARRE, A LAS 12H.
DÍA 25: CONCENTRACIÓN EN EL PASEO DE SARASATE, ANTE EL MONUMENTO A LOS FUEROS, A LAS 19H.
En aras de cumplir con las recomendaciones de los Organismos Sanitarios, se recuerda la importancia de acudir con mascarillas, así como guardar las distancias de seguridad.
¡¡NISSAN NO SE CIERRA!!
¡¡DIGNIDAD Y LUCHA!!

25 de junio de 2020





El Constitucional avala el despido por absentismo, aunque las ausencias estén justificadas con baja médica

“El derecho fundamental a la SALUD de las personas asalariadas, viene siendo lesionado intencionadamente por parte de la Empresa y ahora, el Tribunal Constitucional, reafirma que la “libertad de empresa y la productividad” son valores superiores a la vida y la salud de las personas trabajadoras”

La Sentencia del Constitucional, además de avalar el despido objetivo cuando la persona trabajadora se ausenta del trabajo por deterioro de su salud y esté justificada dicha ausencia por los servicios médicos, muestra su clara apuesta ideológica y política por una clase determinada, el empresariado y su tasa de ganancia.

La mayoría del TC, al apostar por la “libertad de empresa” y su inviolabilidad a ser lesionada por “personas trabajadoras enfermas”, olvidan que según sus propias reglas de juego (normativa), le otorga el papel al patrón-empresario, como único responsable de la vida y la salud de las personas trabajadoras (Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ET), y al avalar que despedir “objetivamente” a una persona trabajadora que causa baja médica por enfermedad justificada, se hacen cómplices del deber de hacer y proteger la salud y la vida de las trabajadoras y, además, sentencian a sabiendas de los daños objetivos, medibles y constatables que esa actuación comportará.

La Carta Social Europea obliga a los estados que la ratificaron, y el estado español es uno de ellos, a las condiciones de trabajo, los derechos de información y consulta, la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo y la igualdad de trato entre hombres y mujeres, pero también a la protección de la salud y seguridad en el trabajo.

La concepción ideológica de estas políticas tiene su raíz en el argumento de que “en una sociedad sin riesgo de pérdida del empleo, el despido no desempeñaría un papel disciplinante y, aunque tal sociedad generase mayores beneficios empresariales que un sistema de liberalismo – laissez faire-, ésta minaría la posición social del patrón”1.

En nombre del mercado y el beneficio privado, clase política, judicaturas y legislativo, reforzaron con sus Reformas Laborales y sus Leyes Mordaza, el “principio de libertad de empresa” como único principio de realidad, convirtiendo la Injusticia Social en algo “natural”, como una ley “sagrada”.

El chantaje al cual se somete a las personas trabajadoras, frente a esta posibilidad real de “ser despedidas” por el hecho de enfermar, la mayoría de las veces a consecuencia de las deplorables condiciones de trabajo, lesiona muy gravemente su derecho fundamental a una salud digna y limita su actuación tanto en la defensa de sus condiciones de trabajo, como en la exigencia de los derechos laborales y sociales.

Tiempos sucios, muy sucios, donde el recorte de los Derechos Fundamentales en nombre de la ECONOMIA, se convierte en la entrega de la dignidad a poderosos, empresarios delincuentes y traficantes de mano de obra.

Para la CGT una vida vale más que cualquier trabajo

Fuente: Secretariado permanente del Comité Confederal de la CGT




Hoy en Catalunya la clase trabajadora ha elegido luchar

Hoy, los compañeros y compañeras de la CGT de Catalunya, han elegido luchar, y aquí, desde CGT-LKN Nafarroa hemos elegido apoyarles.

Los sindicatos mayoritarios, en una mesa junto a patronales, no lograr confundir a nadie: eligen salir en los papeles adueñándose de una convocatoria ajena, para desmovilizar después descalificando a quienes que la hicimos, acusándonos de “apoyo al independentismo”. Lo que está pasando allí, es reflejo del colapso del estado del 78, y eso no afecta solo a los Catalunya, nos incumbe a todas y todos.

Desde CGT-LKN, estamos apoyando a nuestros compañeros y compañeras en Catalunya, en los centros de trabajo, en los medios, en la calle, difundiendo su lucha y sus motivos que son los nuestros.

Tenemos sobrados motivos para luchar.

Hoy La clase trabajadora catalana está masivamente en paro para denunciar, para protestar y para combatir por la pérdida de derechos laborales, que ambos gobiernos, Estatal y autonómico, han provocado en los últimos años. Para manifestar su enérgica repulsa por la bárbara, brutal y violenta represión del día 1 de Octubre en las calle catalanas, única respuesta que ha sabido dar el estado español.

Desde CGT-LKN estamos convencidos de que ningún estado hará libre a un pueblo, por eso no estamos luchando sólo contra Rajoy. Recordamos que las reformas laborales que tanto daño están haciendo contaron con el apoyo de muchos gobiernos autonómicos.

La autodeterminación es también nuestra lucha, pero la auténtica autodeterminación, la que no pasa por la mera creación de un nuevo estado que reproduzca, aunque en pequeño, los defectos del grande.

La “jornada de lucha” que es esta huelga general, está siendo un éxito de participación, pese a los intentos desmovilizadores de grandes sindicatos, pese a los intentos del gobierno autonómico de darle otro cariz: la clase trabajadora, la estudiantil, la gente mayor, están en la calle, los comercios están cerrados, los centros de enseñanza también, los transportes públicos, que han cumplido con los mínimos marcados, han cerrado sus puertas. La ciudadanía está en la calle.

Esta huelga es un grito de “Basta ya”, una toma de conciencia, para la clase trabajadora de todo el Estado, No no vamos a consentir que nos roben la dignidad por el uso de la fuerza. Queremos y nos merecemos una sociedad diferente, y vamos a luchar por ella. Que no nos esperen en la sumisión y en casa, los derechos que nos roben y los que todavía nos deben, los vamos a recuperar en la calle.

Hoy nos solidarizamos con los compañeros y compañeras catalanas, pero esta lucha no acaba allí, ni aquí, esta lucha acaba de empezar.