Estrenamos un nuevo formato para comunicar a la plantilla nuestro punto de vista sobre la actualidad referente a Volkswagen Navarra y a CGT.
Extraído de: http://ahotsa.info/edukia/elhadji-gogoan-1
Elhadji Ndiaye vuelve a nuestra memoria cada 25 de octubre. Más bien lo hace el recuerdo imborrable de lo que nunca debió suceder: su muerte en la comisaría de Policía Nacional, menos de una hora después de haber sido detenido de manera violenta.
SOS Racismo Nafarroa
En nuestra memoria están aún las imágenes de quienes se manifestaron pocos días después, llenando las calles de gritos de dignidad, exigiendo justicia. No olvidamos los testimonios, las imágenes de las cámaras, que hablaban por sí solas, contradiciendo la versión oficial redactada escuetamente, desde la impunidad, dejando en el aire preguntas que nunca obtuvieron respuesta. Y es que, dos años después, seguimos sin saber por qué le pararon y le detuvieron, por qué de manera violenta y por qué no le trasladaron a un centro médico. El silencio jugó un papel protagonista en este caso, como suele ocurrir con tantas muertes bajo custodia de un estado que se convierte en cómplice.
Tampoco podemos olvidar los intentos de archivo de la causa, argumentados desde la (in)suficiencia de pruebas, con informes forenses que hablaban de muerte natural, dando por correcto todo lo sucedido antes, durante y después de ese espacio de tiempo que acabó con la vida de Elhadji.
Han sido dos años de impunidad, en los cuales respecto a los controles por perfil étnico, nada ha cambiado, controles que venimos denunciando desde hace muchos años.
A los numerosos estudios estatales e internacionales, se le ha unido el reciente informe de agosto de 2018, del Grupo de Trabajo de Expertos sobre afrodescendientes, que se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas y que concluía: “el establecimiento de perfiles raciales de los afrodescendientes es un problema endémico en España”. El informe incluía además las recomendaciones propuestas por los expertos de Naciones Unidas sobre la creación de un mecanismo independiente de revisión de las actuaciones policiales y mayor formación en el seno de la policía, para prevenir y terminar con las prácticas discriminatorias.
Seguimos exigiendo lo mismo que entonces: la urgencia de implantar protocolos verificables respecto a las actuaciones e intervenciones policiales. Sin cambios en la normativa, es difícil combatir la mala praxis, porque sigue siendo difícil de detectar y visibilizar y más aún de denunciar y probar. En este sentido la vía judicial sigue siendo, en muchos casos, cómplice del sistema y de su racismo institucional.
En esta fecha queremos hacer memoria contra el olvido y contra la impunidad, para recordarnos que debemos seguir visibilizando y combatiendo la violencia estructural que nos oprime.
Sabemos que debemos seguir denunciando el racismo institucional que sostiene parte de esta violencia y sobre todo, debemos seguir tejiendo redes de apoyo, solidaridad y resistencia, ya que entendemos que son la clave política y social para construir cambios estructurales y profundos, en una sociedad que aún mira hacia otro lado ante el racismo.
XXII Semana de la Solidaridad de Zabaldi. 22-26 de octubre. La (i)lógica de la guerra: territorios, industria armamentística y migraciones. ¡Animaos a participar!
Extraído de: https://www.elsaltodiario.com/laespiral/horas-extras-navarra-cuestion-modelo-banatu-taldea
El pasado mes de junio Banatu Taldea señalaba con el Punto Negro del Paro a la patronal navarra, CEN, por el elevado número de horas extraordinarias por trabajador/a y mes en Navarra (de las tasas más altas del Estado), en base a los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística. Unos meses más tarde, hemos podido saber a través de la prensa que, según un estudio de Randstad, en 2017 las empresas navarras gastaron casi 74 millones de euros en horas extraordinarias, lo que equivaldría, según sus cálculos, al coste de 2242 puestos de trabajo.
Nos dicen que, como única forma de generar nuevos puestos de trabajo, debemos buscar a toda costa un crecimiento ilimitado, entendido éste en términos meramente capitalistas (aumento del PIB), a pesar de las nefastas consecuencias sociales y ambientales que conlleva. Pero no nos advierten de que la llamada recuperación de la economía, entendida ésta en términos meramente capitalistas, no sólo lleva aparejado el aumento de la contratación, además provoca un aumento en la siniestralidad, en la precariedad y, como vemos, en las horas extraordinarias. Así es la receta con la que nos cocinan el potaje que debemos tragar y no es posible mejorarla en un contexto de desregularización total que emana de una regresiva legislación laboral.
Tampoco en el otro lado, en el de los sindicatos y la propia clase trabajadora, encontramos una respuesta a la altura de la situación. Toleramos y aceptamos que el análisis de la realidad pase por una serie criterios y valores, entendidos éstos en términos meramente capitalistas y adaptamos nuestras estrategias a ese contexto que damos por inmutable. Socialmente se han dejado de ver mal las horas extraordinarias, tal y como se veían hasta hace bien poco. Se consideraba que de la jornada pactada debía derivarse un salario suficiente, que la realización de horas extras remaba en contra de nuestros derechos y, además, se entendía que alargando su jornada reducía las posibilidades de acceder al trabajo de otras personas y existía un rechazo extendido a esta práctica. Esta actitud de mínima rebeldía, de rechazo íntimo, es imprescindible para forjar cualquier mínimo avance que pueda llegar a transformar las horas extraordinarias en nuevos puestos de trabajo. Imprescindible también para que exista un contexto más protector para aquellas personas que, debido a la precariedad que padecen, hacer horas extraordinarias no es una opción sino una imposición.
Sería demasiado ingenuo e incluso contraproducente pensar que podemos plantearnos materializar un proyecto de modelo social más justo sin tener en cuenta la fuerza con la que el capitalismo nos atraviesa y define casi todos los ámbitos de nuestras vidas: trabajo, ocio, cuidados, consumo, salud, etc. Por ello, un primer paso bien pudiera ser el ir anteponiendo, de forma crítica, algunos criterios definidos desde la búsqueda del bien común al individualismo y consumismo que nos dictan cómo debemos vivir. Por ejemplo, anteponer a su búsqueda de crecimiento ilimitado un mejor reparto de los trabajos (remunerados, domésticos y de cuidados) y de los recursos. Se trataría de, lejos de aceptar la creciente fragmentación y racionamiento de un empleo cada vez más precario, trabajar menos para trabajar todos y todas en condiciones dignas y así vivir mejor, sumándola a otras muchas medidas como la de aumentar la progresividad fiscal para garantizar así los servicios públicos.
Recuperar el pulso social ante las horas extraordinarias, camina en ese sentido de reparto. Nos implica individualmente y nos reta colectivamente a la vez que nos ayuda a cambiar de paradigma en esta fase tan exacerbada del proceso de mercantilización de nuestras vidas y nuestros cuerpos. Cuestionar y reducir las horas extraordinarias nos acerca, por tanto, a otro tipo de modelo, entendido éste en términos meramente sociales.
Extraído de: http://bardenaslibres.blogspot.com/2018/10/mas-acciones-menos-declaraciones.html
Nos enteramos a través de un comunicado de la Asamblea antipolígono que los próximos días 17, 18 y 19 de octubre, el Ejército del aire volverá a realizar prácticas con armamento real en las Bardenas.
En esta ocasión, la Junta de Bardenas no ha publicado el aviso de estas maniobras y los correspondientes cortes de caminos en su página web, donde la información está al alcance de toda persona que entre en la página. Esta vez ha enviado un escrito a los ayuntamientos congozantes, trasladando así a éstos la responsabilidad y la tarea de difundir esta información entre los y las habitantes de Bardenas.
De nuevo la Junta de Bardenas intenta invisibilizar este tipo de ejercicios militares con fuego real, ante la opinión pública y ante las personas que transitan de forma habitual o casualmente esta preciosa tierra.
Asistimos estos días a un lavado de cara de la Comunidad de Bardenas, ante las declaraciones de su presidente José María Agramonte, justificando la presencia de estas instalaciones militares con la prestación económica que recibe del Ministerio de Defensa, obviando los riesgos que generan estas prácticas con fuego real para la población local y por supuesto, negando la complicad de esta situación con las consecuencias y la barbarie que generan las guerras que aquí se entrenan.
Ante esta dinámica perversa de mirar para otro lado mientras los ayuntamientos congozantes y el Monasterio de la Oliva cobran el dinero manchado de sangre, creemos necesaria la denuncia la movilización y la organización en torno al desmantelamiento de este polígono militar, que es usado por el ejército español y también por los ejércitos que integran la OTAN.
Somos conscientes de nos quedan muchos años de lucha por delante. El cambio no ha llegado a las Bardenas, ni de la mano de los municipios congozantes del cambio, que se han limitado a presentar mociones rechazando las maniobras, como si la decisión no fuese con ellos, ni tampoco llega por parte del Gobierno Foral del cambio, que se ha limitado a hacer lo mismo, sin apenas incomodar ni al a Junta de Bardenas ni al gobierno central.
Hemos de ser las gentes del pueblo, de todos los pueblos, los congozantes, los consufrientes y los descongozados, de Nafarroa y de Aragón las que empujemos y salgamos de nuevo a la calle en una gran movilización que tendrá lugar en Tudela el domingo 18 de noviembre a las 12:00
Extraído de: http://kaosenlared.net/los-discursos-de-odio-y-la-renta-garantizada/
Les recordamos que los derechos sociales son fundamentales y hay que blindarlos, no condicionarlos, nunca cuestionarlos. La Renta Garantizada no es una ayuda, es un derecho, por el que tenemos que seguir luchando hasta garantizar que todas las personas que aquí viven y lo necesitan, tengan un acceso igualitario.
El pasado viernes el sindicato UAGN se refería a la Renta Garantizada como “freno brutal a la hora de contratar trabajadores”, permitiéndose además señalar el origen extranjero de un gran porcentaje de los mismos, entremezclando conceptos como fraude y efecto llamada, consiguiendo elaborar un discurso peligroso y perverso. Un discurso asentado ya en parte de la sociedad y que es alimentado constantemente por mensajes de este índole, que siguen criminalizando a una parte de la población, como si el empobrecimiento, la precariedad laboral o la exclusión social, fuesen algo individual y no lo que son: estructurales, consecuencia lógica del actual modelo desarrollo económico-social insostenible, que expulsa a las personas a los márgenes para seguir experimentando con los límites normativos y la exclusión.
Asistimos a la rabieta, a través de un discurso simplista, que pone de manifiesto fobias y prejuicios de quienes ostentan y ven amenazado su poder económico y necesitan una mano de obra barata y explotable.
Ignoramos si conocen el decreto que regula la Renta Garantizada, plagado de requisitos y condiciones, ignoramos si saben el examen y control social al que son sometidas las personas que perciben cualquier tipo de prestación, ignoramos si han hecho el ejercicio de comparar las cantidades que se perciben con lo que cuestan aquí los alquileres y los servicios. Lo que sí conocen, como así mencionan, son las cuantías percibidas, insinuando que son demasiado altas, que son “dinero gratis”, haciendo referencia a un supuesto fraude en el cobro de las prestaciones. Como colofón, comparan el presupuesto destinado a Renta Garantizada con el destinado a su sector. Entendemos estas declaraciones como un ataque a la credibilidad de nuestros servicios sociales y a toda la sociedad.
La respuesta institucional fue rápida, argumentando desde las cifras y los porcentajes, y durante estos días se han sucedido las réplicas desde distintos partidos y desde el propio sindicato. Desde las calles seguimos reclamando, en medio de este fuego cruzado de cifras e insinuaciones, la defensa y blindaje de una prestación social básica como es la Renta Garantizada, que por cierto, no se da “gratis” ni “a todo el que lo necesite”, sigue condicionada, le recordamos al Departamento de Derechos Sociales que muchas personas se siguen quedando excluidas de la misma.
Les recordamos que los derechos sociales son fundamentales y hay que blindarlos, no condicionarlos, nunca cuestionarlos. La Renta Garantizada no es una ayuda, es un derecho, por el que tenemos que seguir luchando hasta garantizar que todas las personas que aquí viven y lo necesitan, tengan un acceso igualitario.
Para acabar, nos gustaría explicar porqué nos parece peligroso su discurso de odio: porque agranda grietas en la sociedad y las abona desde el rechazo y la discriminación, para fracturar la convivencia, sembrando la duda de si estaremos haciendo bien o no como sociedad garantizando derechos, volviendo a cuestionar quien merece qué y hasta cuándo. Pero afortunadamente, eso no lo deciden ustedes, nosotras seguiremos exigiendo desde las calles el reconocimiento a vivir dignamente.
SOS Racismo Nafarroa