El Congreso rechaza pedir la regulación de la apostasía y la eliminación de datos de la Iglesia

Las propuestas presentadas por ERC-IU-ICV fueron rechazadas por todos los demás grupos parlamentarios, que coincidieron en argumentar que los procedimientos para darse de baja en una confesión religiosa pertenecen al ámbito interno de cada religión, y que los archivos de la Iglesia son de carácter histórico.
Así, el representante del PSOE Jordi Pedret ha subrayado que la apostasía es un acto no jurídico que regula la propia Iglesia y que no tiene efectos jurídicos, por lo que no compete al Parlamento decidir sobre esta cuestión.
En nombre del PP, Eugenio Nasarre, recordó que el Tribunal Supremo ha determinado en hasta cuatro sentencias que los registros de bautismo de la Iglesia católica no son ficheros de datos, sino listados de carácter histórico, por lo que cabe modificarlos con notas al margen, pero no destruirlos.
Para Nasarre, borrar los datos sobre los bautismos sería como pretender que desaparezca de los registros la existencia de un matrimonio por la Iglesia una vez que se haya disuelto.
La comisión de Justicia también ha rechazado otra proposición no de Ley de ERC-IU-ICV para instar al Gobierno a revisar los acuerdos del Estado con la Santa Sede del 1975 al 1979 y a reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Los Grupos Parlamentarios coincidieron en recordar que se trata de una iniciativa “copiada” de la legislatura pasada y vuelta a presentar, y rechazaron que se trate de una ley con “impulsos pre-democráticos” que establece una relación de privilegio con la Iglesia católica.
La diputada del PSOE Meritxel Batet ha subrayado que el Gobierno ya ha anunciado su voluntad de reformar la Ley de Libertad Religiosa en esta Legislatura y que ese será el trámite adecuado para debatir estos asuntos.
Además ha asegurado que dicha Ley no dispone una relación de “privilegio de la Iglesia católica ni desatención de las demás”.
En nombre del PP, Nasarre ha apuntado que la “neutralidad confesional del Estado no debe suponer una hostilidad” con la Iglesia Católica y que los acuerdos siguen siendo el marco adecuado de relación Iglesia-Estado.

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