La sentencia desestima los principales argumentos de los recursos interpuestos por los condenados por entenderse que desde 1988 cargos de CajaMadrid, y posteriormente de Bankia, idearon un sistema de tarjetas opacas para el uso de los directivos y miembros del Consejo de Administración y Comisión de Control, a quienes no se les exigía la justificación de los gastos que realizaban en el ejercicio de sus funciones como tales.