En el mundo del trabajo es habitual que, cuando la empresa enuncia una medida, desde el sindicalismo (me refiero al que lucha) nos la miramos, lo analizamos y acabamos preguntándonos “Lo pueden hacer?”.
A menudo llamamos a un abogado o abogada o nos dirigimos a un compañero/a que consideramos que conoce la normativa laboral para que nos la contesten. Si la respuesta insinúa o plantea que algún aspecto de la iniciativa empresarial puede contradecir alguna normativa legal, vamos a inspección de trabajo directamente en un juzgado.