El desmantelamiento empieza con Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social, por la cual se hace pasar de 2 a 8 años el período de la base reguladora para calcular la pensión y pasar de 8 a 10 los años necesarios para tener derecho a la misma. Provoca una Huelga General contra el Gobierno del PSOE, convocada por CCOO y otros sindicatos como CGT. UGT no la apoya.
En 1995 el Congreso de los Diputados, a propuesta de CiU, crea el Pacto de Toledo, que supone la legitimación de las políticas de ajuste en el Sistema Público de Pensiones, avaladas con el primer Pacto de Pensiones que firmaron CCOO y UGT con el gobierno Aznar y aprobado mediante la Ley 24/1997 que establece un cambio fundamental: la totalidad de las pensiones contributivas se financiarán exclusivamente con las cotizaciones sociales, sin que el estado intervenga. Ésta Ley fue aprobada por la mayoría de partidos parlamentarios.
