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Colectivos sociales de Bizkaia denuncian judicialmente a Lanbide por los criterios para el acceso a la RGI

En el contexto del anuncio por parte del Gobierno Vasco, de que el miércoles día 31 de Mayo la Consejera de Empleo y Política Sociales Beatriz Artolazabal presentaba su proyecto de reforma integral de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), estos colectivos sociales han presentado una denuncia por  vulneración del principio de legalidad, al establecer nuevos requisitos y obligaciones a las personas perceptoras que requerirían una modificación de la “LEY 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social”.

Se recurrirán en instancias judiciales 28 de los 75 criterios que Lanbide tiene publicados por considerar 17 de ellos contrarios a la Ley y el resto porque necesitan ser regulados mediante Decreto publicado en el BOPV y no mediante una circular interna.

Desde la instauración del Ingreso Mínimo de Inserción en el año 1989, ha sido una constante que las Leyes y Decretos que regulan las diferentes prestaciones sociales -IMI, Renta Básica, RGI- vinieran acompañadas de la elaboración de manuales de aplicación e instrucciones internas, emitidos por los órganos directivos de los correspondientes Servicios y orientados a una correcta aplicación de la norma por parte del personal subordinado. Por tanto, estas directrices internas tendrían la naturaleza de lo que se viene en identificar de manera genérica como circulares o “criterios”.

 Durante años los colectivos sociales hemos demandado su publicación y que fueran accesibles estos “criterios”, en la medida que muchas veces las motivaciones para las denegaciones, suspensiones o resoluciones de Lanbide se hacían mencionando unos “criterios” que eran inasequibles para las personas usuarias del Servicio Vasco de Empleo.

Sin embargo la sorpresa que nos hemos encontrado es que Lanbide aprovecha la publicación de sus “criterios” para introducir recortes en el acceso a las prestaciones sociales. Recortes que no vienen recogidos en la actual normativa.

Es criticable que el Gobierno Vasco quiera iniciar un debate sobre la reforma de la RGI mientras empieza ya aplicar una serie de recortes a la actual legislación sin ningún amparo legal para esta actuación. Lo cual nos dice mucho sobre las verdaderas intenciones del Gobierno Vasco y los partidos que lo sustentan (PNV, PSE y PP).

En este contexto queda claro que la intención que tiene el Gobierno Vasco a la hora de reformar la RGI no es acabar con las situaciones de pobreza existentes en nuestros pueblos y barrios; se hace con la descarada apuesta de ampliar su actual política de recortes. Ejemplificada en la aprobación de unos presupuestos que recogían la desvinculación del incremento del Salario Mínimo Interprofesional a las prestaciones de Lanbide (Complementos de Pensiones, Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo y Renta de Garantía de Ingresos); y aplicar, por sexto año consecutivo, el recorte del 7% a las cuantías de la RGI.

Mediante la denuncia judicial ante la Delegación del Gobierno Vasco contra el Servicio Vasco de Empleo se quiere evidenciar el incumplimiento sistemático de la legalidad y normativa establecida por parte de Lanbide.

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