Margaret Thacher lo dijo muy claro, y no se equivocaba: “No pretendo acabar con las clases sociales, porque las habrá siempre. Me basta con acabar con el sentimiento de clase”.
Así se revienta una lucha contra la precariedad desde dentro.
Tras la reforma laboral de gobierno de Zapatero hubo otra reforma también lesiva con los derechos de los trabajadores: la de Mariano Rajoy. En cualquier caso, echando la vista atrás, las relaciones en el mundo del trabajo han ido sufriendo cambios, de forma paulatina, desde los inicios de la democracia. Dichos cambios han ido apostando por una mayor flexibilidad en la contratación y han abaratado las distintas fórmulas de despido. Esto ha supuesto, de facto, que la adquisición de un contrato de tipo indefinido no suponga garantía real en la continuidad en el empleo. El pacto social, por tanto, fue un mal pacto para las clases populares y un gran negocio para los privilegiados.
¿Quiénes han sido los responsables de esta depauperación de las condiciones de trabajo?
Principalmente los gobiernos de turno, y siempre bajo el paraguas de la pretendida “creación de empleo” en momentos de crisis. Es decir, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de precarizar los contratos de trabajo con el fin de que las empresas creen empleo, sin mirar su calidad, su estabilidad ni sus condiciones más básicas. Además de las citadas reformas laborales se ha bonificado la contratación, incluso la de tipo temporal, eximiendo a las empresas el pago de las cuotas a la seguridad social por periodos bastante largos en casos de nuevas contrataciones. Cuotas que hemos sufragado entre todos los contribuyentes y que han redundado en la cuenta de beneficios de las empresas subvencionadas.
También han sido responsables de toda esta depauperación de las condiciones laborales los llamados “sindicatos mayoritarios”. La pasividad de CCOO-UGT desde hace muchos años ha sido notoria. Sus movilizaciones han tenido un marcado carácter cortoplacista, cosmético, un barniz político en algunos casos, y han carecido de la continuidad y contundencia necesarias para frenar el empuje de la CEOE y de los gobiernos neoliberales que han ido alternándose durante las últimas décadas. Esta pasividad ha redundado, asimismo, en una menor confianza por parte de los trabajadores y las trabajadoras en las organizaciones sindicales citadas. Escándalos como el de las Tarjetas Black, o el cobro de sobresueldos, o el pago de viajes de ensueño con fondos del sindicato han estado salpicando a dichas organizaciones. Es contradictorio, desde el punto de vista ético, situarse en contra de la reforma laboral y justo después aplicarla para despedir a trabajadores del propio sindicato.
Actualmente es difícil vertebrar luchas sindicales de gran calado por dos cuestiones: en primer lugar por la propia precariedad, ya que para defender mejores condiciones laborales hay que disponer de unas condiciones mínimas para poder hacerlo. La amenaza del despido, teniendo en cuenta la multitud de normativa que favorece en estos momentos los intereses de las empresas, está a la orden del día, y ser una persona reivindicativa, cuando se dispone de un contrato temporal, es una heroicidad difícil de encontrar hoy en día. En segundo lugar, la falta de confianza en el sindicalismo, tras treinta años de moderación, tibieza o decidida connivencia con los intereses empresariales, hace que quienes buscan argumentos para no movilizarse puedan aseverar, sin miedo a equivocarse, “para qué vamos a hacer nada, si al final nos van a vender como siempre”.
En estos momentos de gran pasividad las luchas sindicales de calado pueden contarse con los dedos de una mano: los trabajadores de Coca-Cola (que tuvieron que enfrentarse con la cúpula de su sindicato, que buscó una “solución pactada” en un principio), el conflicto de las camareras de piso, liderado por Las Kellys, y que plantean una fórmula de asociación entre trabajadoras ajena al sindicalismo tradicional; tenemos también encima de la mesa el conflicto de los estibadores, que ha supuesto la primera derrota importante del PP dentro del Congreso de los Diputados; y finalmente el largo conflicto del Telemarketing, paradigma de la precariedad con un índice de contratación temporal que supera el 60% de los contratos, cuyo salario medio mensual son 650€ al mes y con un porcentaje de jornadas parciales forzosas que supera el 75%.
Me centraré en este último conflicto por dos razones: es el que conozco en mayor profundidad, y por otra parte es el que afecta a un mayor número de trabajadores dentro del Estado: más de 100.000 personas.
Articular una lucha en un sector tan grande y tan precarizado, como indicaba antes, es ciertamente difícil si tenemos en cuenta la gran pasividad que venimos viviendo en torno a los ataques a los derechos laborales a nivel nacional. El sector del Contact Center (Telemarketing) lleva desde enero de 2015 sin convenio colectivo, y se sigue aplicando el convenio anterior en ultraactividad. Durante la negociación de convenio, tras dieciséis meses de negociación y sin que hubiera ningún avance, todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación convocaron huelgas en los meses de octubre y noviembre de 2016 de forma conjunta.
La lucha se vertebró exitosamente y el resultado de dichas huelgas fue calificado por todos los convocantes (CCOO-UGT-CGT-CIG) como un éxito histórico. Los servicios quedaron totalmente colapsados en ambas jornadas, los teleoperadores y las teleoperadoras abrieron los informativos y las rotativas de los medios más importantes de este país. Diario16 dedicó diversos artículos en torno a este conflicto, así como a la externalización de servicios a países de América Latina en condiciones de miseria.
Sin embargo, en el mes de enero de 2017 los sindicatos mayoritarios del sector CCOO-UGT, sin dar ni una sola explicación a los trabajadores decidieron abandonar el camino de las movilizaciones. Las cuestiones fundamentales que todas las organizaciones sindicales calificaban de decisivas (aplicación de la subrogación, aumento de jornadas completas, no discriminación en la indemnización por despido en caso de trabajadores temporales, etc.) fueron abandonadas también por parte de CCOO-UGT sin dar ninguna explicación a los trabajadores.
De otra parte, el sindicato CGT continuó con las movilizaciones, convocando dos jornadas más de huelga en los meses de enero y marzo de este año. La huelga del mes de enero tuvo un impacto importante, y la de marzo tuvo un seguimiento masivo, similar a las convocatorias de huelga conjunta que se plantearon a final de 2016. Sin embargo, la patronal endureció su postura desde el mismo momento que los sindicatos mayoritarios CCOO-UGT decidieron abandonar las movilizaciones.
Todos los problemas del sector se dejaron a un lado y, a instancias de la patronal, simplemente se pasó a hablar del capítulo económico, olvidando todas aquellas cuestiones relacionadas con la precariedad, la falta de políticas de igualdad efectiva y de contratación.
En un sector que perdió un 5% de poder adquisitivo durante el anterior convenio, la propuesta finalista presentada por CCOO-UGT (además de otra serie de puntos que ya fueron aceptados por la patronal antes de ninguna movilización) hace una semana ni tan siquiera garantiza el IPC del periodo de vigencia del próximo convenio 2015-2019. Se solicita para cada año el IPC vencido del año anterior, por lo que los periodos 2015 y 2016 tendrán una revisión al alza del 0%. En 2017 habrá un incremento del 1,6% (que fue el IPC real de 2016) y así sucesivamente hasta 2019. La propuesta también incluye un diferencial al alza, sin determinar, que podrá ser o no aceptado por la patronal el próximo viernes 31 de marzo, fecha en la que se han emplazado las organizaciones sindicales y la patronal para mantener la próxima reunión de la mesa negociadora de convenio y en la que la patronal del sector (ACE) deberá dar respuesta a la propuesta finalista de CCOO-UGT.
¿Este acuerdo ayudará a acabar con la precariedad en este sector?
Es evidente que no.
Este acuerdo simplemente conseguirá dos objetivos: en primer lugar, se conseguirán los objetivos empresariales, que son alcanzar un acuerdo de convenio que no suponga incremento de costes (ya que no se garantiza ni tan siquiera que se mantenga el poder adquisitivo) y recorte de algún derecho; pero sobre todo se conseguirá un objetivo importante tanto para la patronal como para los sindicatos CCOO-UGT en este sector: se desestructurará una lucha que ha ido en aumento, que ha ido contando con un apoyo cada vez más grande tanto dentro como fuera de los centros de trabajo, que ha contado con el apoyo de diversos colectivos y a la que esta misma semana dedicaba un monográfico el programa Repor de RTVE, algo impensable hace unos meses.
Margaret Thacher lo dijo muy claro, y no se equivocaba: “No pretendo acabar con las clases sociales, porque las habrá siempre. Me basta con acabar con el sentimiento de clase”.
Así se revienta una lucha contra la precariedad desde dentro.
Fuente: Kaosenlared
