En apoyo a las personas en huelga de hambre: Viernes 7 de Abril, 18:30 h. CONCENTRACIÓN y a las 19:15 h. Charla-Debate sobre “SINDICALISMO Y PRECARIEDAD” con Josu Albinarrate delegado de CGT en el BBVA en la carpa instalada en la plaza de las Mujeres 25 de Noviembre de Bilbao (frente a la estación de Abando)

 Según estudios del propio Gobierno Vasco en estos años de crisis han aumentado los índices de pobreza y exclusión, con muchas más personas con dificultades para llegar a fin de mes; tanto entre quienes tienen un empleo como entre aquellas familias que se encuentran desempleadas.

Ello se debe, entre otras razones, a la política de recortes en las prestaciones sociales. Esta es la dramática consecuencia de una decisión política que apuesta por no garantizar a las personas unos ingresos mínimos que puedan facilitar una vida un poco más digna.

En la Comunidad Autónoma Vasca en 2008, el importe medio de las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) era de 8.396 €. En 2017 el importe medio ha descendido hasta los 6.345 € anuales. Para mantener el mismo nivel de protección que en el 2008, el presupuesto de 2017 debería de ser de 532 millones en vez de los 402. Si se tiene en cuenta la inflación y el número de personas perceptoras, la RGI ha disminuido casi un 30%.

La Ley aún en vigor de 2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social la RGI y otras prestaciones sociales se vincula al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por ser un derecho subjetivo, fruto de la movilización social. En el año 2012 el Gobierno del PSE, la recortó un 7% y ahora en los presupuestos presentados por el Gobierno Vasco, pendientes de aprobación en el Parlamento, solamente se subirá un 1,5 % cuando el Salario Mínimo Interprofesional ha subido un 8 %.

Para justificar este atropello orquestan una campaña mediática contra la RGI, utilizando falsos argumentos, como el de que: “No podemos subir la RGI porque desincentivaría el acceso al mercado laboral”, “Que es un sistema que privilegia a extranjeros”, “Que tiene efecto llamada”, “Que hay mucho fraude”, con el fin de estigmatizan y criminalizar a las 63.000 personas preceptoras de la RGI. La guinda de la humillación de esta campaña la ha puesto la Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, imponiendo la identificación por huella digital.

Mientras el Gobierno Vasco baja el impuesto de sociedad, el Lendakari Urkullu y la Consejera Arantza Tapia, se dedican a recorrer empresas y soltar cientos de millones en subvenciones y bonificaciones, en la televisión peneuvista nos bombardean a diario con lo magníficas que son las empresas: “innovadoras, de alto valor añadido, desarrollo e investigación , competitividad, de nueva cultura empresarial, etc.”.

No podemos seguir pensando que el empleo es el único elemento garante de la redistribución de la riqueza y de la cohesión social.  El empleo ya no garantiza el acceso a unos ingresos; por ello hoy es más necesario que nunca reforzar la protección social tanto para permitir a las personas que no tienen ingresos el acceso a una renta mínima, como para mantener un cierto nivel de cohesión social.

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