En la CAV 40 personas perdieron la vida, lo que supone siete fallecidos más (+21,2%) que en 2015, según datos del Instituto Vasco de Seguridad y Salud laborales-Osalan.

De las 560 personas 200 murieron por infarto o derrame cerebral debido a su trabajo. Los sectores con más muertes fueron: servicios con 234 muertes, industria 86, agricultura 64 y construcción 56.

España registró más  de 440.000 bajas por lesiones en el trabajo, más de 68.000 en el trayecto hacia el centro de trabajo y más de 678.000 lesiones sin baja.

La CAV registró en 2016 un total de 33.341 lesiones laborales con baja, lo que supone un aumento del 4,6% con relación a 2015. Este dato incluye tanto los siniestros en jornada de trabajo como los registrados ‘in itinere’ (en el trayecto hacia el centro de trabajo), además de las recaídas. Las lesiones en jornada ascendieron a 28.090 (+5,4%) y los contabilizados ‘in itinere’ a 3.512 (-1,9%).

Del total de lesiones en jornada de trabajo, 27.918 fueron leves (+5,5%), 138 graves (-9,8%) y 34 mortales (seis más que en 2015). Los siniestros ‘in itinere’ de carácter leve fueron 3.479 (-2,1%), los graves fueron 27 (+17,4%) y los mortales seis, por cinco en 2015.

El sector con mayor siniestralidad laboral fue la construcción (80,7 bajas por cada mil ocupados), seguido del primario (76,8 bajas por cada mil ocupados), industria (63,9 bajas) y servicios (26,6 bajas por cada mil trabajadores).

Por otra parte, en el España se contabilizó 22.000 enfermedades profesionales con baja, en la CAV 1.145 lo que supone un ascenso del 14,8% (No se tienen en cuenta los casos de cáncer , de los cuales cerca de un 10% son por causa del trabajo)

Pero los responsables de la precariedad y de los incumplimientos de la legislación tienen nombres y apellidos. Son empresarios desaprensivos que les importa muy poco en qué condiciones trabajan quienes están en sus, cada vez, más raquíticas nóminas. Les importa solo producir y cuanto más barato mejor, porque así se llevan más beneficios a sus bolsillos. Mientras, los gobiernos y administraciones públicas no están exigiendo que se cumpla la legislación en materia preventiva.

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