En la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, como su nombre nos indica, se reconocen todos los derechos fundamentales, incluidos los derechos laborales y sindicales, el derecho de huelga y la libertad sindical, “derechos esenciales y fundamentales de los

trabajadores y las trabajadoras y del sindicalismo europeo, que hoy no sólo se encuentran amenazados, sino que son vistos como contrarios a los principios fundamentales del modelo de construcción de la Unión Europea, la libertad de empresa y la libertad de prestación de servicios”.

En el Tratado de Lisboa se hace referencia al principio de libre competencia. Además, el principio de libre mercado debe prevalecer sobre todos los demás y esto incluye la libertad de bienes, capitales, servicios y trabajo. Se hace mención expresa al libre movimiento de capitales.

La privatización de los servicios públicos como correos, telecomunicaciones, energía, transporte público, etc., también está prevista en el Tratado.

Sobre derechos laborales cabe destacar la Directiva 96/71, relativa al desplazamiento de personas trabajadoras, donde se dice que las que se desplacen a otro país se les aplicará la normativa mínima laboral vigente en dicho país, tanto en lo que se refiere a vacaciones como a salud y seguridad en el trabajo, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), viene quebrando este “principio de funcionamiento”, al considerar que la “libertad de movimiento de los capitales, así como la libre competencia” es una libertad fundamental (mercado libre) de mayor rango que la “libertad de negociación, huelga y convenios”.

El Comité Europeo de Derechos Sociales, en contraposición con las Sentencias del TJUE, viene desarrollando una jurisprudencia anti-crisis (caso griego especialmente), donde se determina que la mayoría de las directrices fijadas por la troika (FMI, BCE, CE), violan la Carta Social Europea, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Convenios de la OIT. Así establece en una resolución ya en el 2009 que…”(…) las Partes, al suscribir la Carta Social Europea (…) han aceptado perseguir por todos los medios útiles la realización de condiciones aptas para asegurar el ejercicio efectivo de un cierto número de derechos, especialmente el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la asistencia social y médica y el derecho a los servicios sociales”, concluyendo que “la crisis económica no puede traducirse en una reducción de los derechos reconocidos por la Carta (…) los Gobiernos deben por lo tanto adoptar todas las medidas necesarias para conseguir que esos derechos sean efectivamente garantizados en el momento que la necesidad de protección se hace sentir más”.

La firma del TTIP, actuaría como una caja de resonancia en estas prácticas anti-sociales y anti-laborales, que la U€ y su brazo jurídico (TJUE) vienen desarrollando desde hace años.

Dumping social es aceptar que el capital puede establecerse y prestar servicios en países con menores costes de producción: menores salarios y derechos laborales, menor fiscalidad, mayores jornadas laborales, menor requerimiento de cualificaciones laborales, etc., pues

es necesario para la realización de sus beneficios.

Por interpretación del artículo 49 CE “libre prestación de servicios”, al entender que existían restricciones a este principio (Casos Viking,

Laval, Rufherr), al obligarles a pagar salarios a sus trabajadoras y trabajadores desplazados, conformes al convenio colectivo existente en el lugar de la prestación del servicio, lo que viene justificado en aras a no distorsionar la aplicación de la libertad de empresa a prestar servicios en cualquier país del mercado único europeo y en las condiciones salariales que estime necesarias para competir en libertad.

Utilizar la libertad de mercado y la defensa –incondicional- de la libre competencia, como armas legales contra los derechos, tanto laborales como sociales, de las trabajadoras y los trabajadores movilizados, no deja de ser un ejercicio racional de coherencia con la filosofía jurídica y los valores constituidos en la legalidad de la Unión Europea a través de sus Tratados.

Europa, ese espacio de mercado con 28 estados (500 millones de personas) y con zonas mediterráneas -magrebíes sobre todo-, y de

América Latina, a través de Acuerdos Preferenciales y Tratados de Libre Comercio, legaliza una única lógica, el crecimiento por el crecimiento y el desarrollo sin trabas sociales, fiscales o medioambientales.

Las deslocalizaciones de empresas dentro y fuera del país, que forman parte del otro fenómeno más amplio y frecuente que son las reestructuraciones empresariales, con externalizaciones y subcontrataciones cuando la actividad o parte de ella se contrata a otra empresa fuera o dentro del país, conllevan efectos sobre el empleo y, sobre todo, dumping social.

La competitividad no sólo conlleva un desmantelamiento social, es decir, la privatización de servicios esenciales para las poblaciones, desde la educación superior hasta la sanidad, sino que al mismo tiempo obliga a la reducción de los costes del trabajo, a través o por medio de políticas que incrementen la flexibilidad, la movilidad de la fuerza de trabajo y la capacidad de ajuste, sin distorsiones externas o regulaciones de derecho necesario homogéneas y obligadas para todos los estados miembros de la U€.

Esta es la precaria situación de los derechos laborales y sociales en la U€, en el marco del Tratado de Lisboa todavía vigente, que se asemeja cada vez más, de un modo inquietante y peligroso, a los parámetros estadounidenses. Por consiguiente, es necesario luchar

contra esta construcción europea y contra el TTIP, desde la sociedad civil, desde los sindicatos alternativos, de forma coordinada y eficaz, para que el gran capital no logre hacer desaparecer los derechos fundamentales, entre los que se encuentran los derechos sociales, laborales y sindicales, que, al menos, todavía están reconocidos, aunque muchas veces de un modo formal, en la Unión Europea.