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Plataforma Navarra de Salud: Del decretazo político al mazazo judicial, por una sanidad pública universal

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Cartel constitucional2

 

En 2012, el Gobierno del PP, con Ana Mato al frente de Sanidad, aprobó un decretazo (RD Ley 16/2012 medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario), con el que, entre otras medidas, se excluía a la población en situación administrativa irregular de la Sanidad Pública, dejando como únicas vías de atención los Servicios de Urgencias y los Servicios Sociales (a través de prestaciones), además de los casos de maternidad, menores y accidentes y enfermedades graves.

Con la excusa de la búsqueda de la sostenibilidad del Sistema Sanitario o de acabar con el turismo sanitario, unas 800 000 personas, según Medicos del Mundo, se han visto despojadas de su derecho a la atención sanitaria. Durante estos casi cuatro años de vigencia de la citada reforma sanitaria han sido muchos los movimientos de rechazo, denuncia y desobediencia por parte de profesionales y colectivos sociales. Incluso, Comunudades Autónomas como Andalucía, CAV o Catalunya están tomando dedicisiones propias para dar atención a toda la población.

En el caso de Navarra, cuando se puso en vigor la reforma, el Gobierno de UPN planteó una vía de ayudas económicas a través de los Servicios Sociales para pagar el aseguramiento de personas en situación irregular. Por otra parte, se dieron múltiples casos de prefacturación en los Servicios de Urgencias que disuadían a esta parte de la población a utilizar un servicio que incluso la reforma les otorgaba. A esta situación, la oposición parlamentaria del momento logró aprobar, con la posición en contra del partido del Gobierno, la Ley Foral 8/2013 por la que se reconoce la asistencia sanitaria gratuíta a todas las personas residentes en Navarra, con independencia de su situación administrativa. No obstante, el Gobierno de España la recurrió ante el Tribunal Constitucional el cual levantó la suspensión de dicha Ley pero que aún no ha decidido sobre la constitucionalidad de la misma.

Recientemente, el Pleno del tribunal Constitucional se ha posicionado de forma favorable a reconocer la constitucionalidad del “decretazo” que excluye a personas sin permiso de residencia de la sanidad, el cual fue recurrido, precisamente por el Parlamento de Navarra. Se trata de una pésima noticia pues se pretende legitimar judicialmente una situación de vulneración de un derecho elemental como la Salud. Además, este posicionamiento puede jugar en contra de la legislación propia de Navarra que sí da atención sanitaria a todas las personas, la cual, como decíamos, está recurrida ante este mismo Tribunal Constitucional.

Desde la Plataforma Navarra de Salud apostamos por una Sanidad Pública Universal y rechazamos este “mazazo” judicial que permite anteponer criterios economicistas a derechos básicos, avalando normativa xenófoba que genera mayor sufrimiento en una parte de la población ya bastante castigada por su propia situación de irregularidad.