El Gobierno de Navarra ha aprobado el Proyecto de Ley de Renta Garantizada, que ha enviado al Parlamento para su tramitación y aprobación.

Ante este hecho, la Plataforma por el Derecho a una Renta Básica quiere realizar la siguiente valoración:

1. Valoramos el Proyecto de Ley de Renta Garantizada, como fruto de la lucha social y política, llevada a cabo durante la pasada legislatura, por el movimiento social y los grupos políticos de la oposición, en aquel entonces; lucha que tuvo por objeto corregir las devastadoras consecuencias de la derogación de la Renta Básica, por el Gobierno de UPN-PSN, que fue sustituida por la Ley de Renta de Inclusión.

2. Este Proyecto de Ley recoge una parte de las reivindicaciones planteadas por el movimiento social, alguna de ellas ya plasmadas en el Acuerdo Programático, lo que permitirá incorporar, al sistema de protección, a un gran número de personas que lo necesitan. Lo cual valoramos como muy positivo.

3. Valoramos como injustificable el retraso en la tramitación de la ley. El plazo de “implementar una Renta Básica en los 6 primeros meses de la legislatura”, fijado en el Acuerdo programático, venció en enero, nos dicen que se prevé aprobar la ley en octubre. Ello está suponiendo prolongar la situación de extrema necesidad de miles de personas, de manera, a nuestro entender, no justificable.

4. Valoramos la tramitación de esta ley como una ocasión perdida para el necesario consenso entre Cambio político y Cambio social; además en un tema tan sensible para el rescate ciudadano prometido, como es garantizar el acceso a una vida digna.

   No podemos compartir la actual redacción de la ley, en cuanto vuelve a dejar fuera del sistema de protección social a muchas personas o empeora las condiciones de protección de otras muchas:

   • El aumentar de un año a dos el periodo de residencia en Navarra, en contra de lo acordado, supone que muchas personas, que se encuentran en situación de extrema necesidad, se quedarán sin poder percibir una renta garantizada, sin el derecho al acceso a una vida digna.

   • El introducir requisitos especiales para el grupo de 18-24 años (dos años de emancipación y uno año de contrato de trabajo), supone prácticamente despojarles del derecho a protección que actualmente tienen reconocido, ya que, con una tasa de desempleo del 32% y un 96% de contratos temporales de 35 días de media, este derecho a protección se vuelve poco o muy poco efectivo.

     Además, esta condición de exigir un año de contrato de trabajo excluye directamente del derecho a percibir una renta al grupo de población de 18-24 años en situación administrativa no regularizada, ya que otra ley les niega el derecho a trabajar con contrato. Por más que en la ley se diga que se concederá una Renta al margen de la situación administrativa en que se encuentre la persona, parte de este grupo de población en situación administrativa no regularizada volverá a quedar excluido con el cambio de ley.

   • No podemos valorar como positivo el que se rebaje la cuantía a percibir por las familias unipersonales. De los 650 € al mes que ahora cobran, se les rebajaría a una cuantía mensual de 600 €. En 2014, el umbral de pobreza estaba fijado en ingresos inferiores a 833 € al mes, lo que nos indicaría que, a pesar de la renta garantizada, nos queda un recorrido o esfuerzo para erradicar efectivamente la pobreza en Navarra. El recortar estas rentas de subsistencia, no parece una buena forma de comenzar este camino.

5. Ante la inminente entrega del Proyecto de Ley al Parlamento, para su debate, 18 organizaciones sociales y sindicales, firmamos un Manifiesto que fue entregado a a los cuatro grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno. Además de los desacuerdo antes mencionados, en el Manifiesto figuraban también los siguientes puntos:

   • El debate generado en la tramitación del Proyecto de Ley, por el incumplimiento de los “contenidos mínimos” fijados en el Acuerdo programático, ha hecho que no hayamos tenido ocasión de debatir el resto del articulado de la ley ni con el Gobierno ni con los grupos parlamentarios que lo sustentan. Debate que lo consideramos pendiente.

   • Por ello, solicitamos, a los grupos parlamentarios del cuatripartito, la apertura de una mesa de participación formada, al menos, por los cuatro grupos parlamentarios firmantes del acuerdo programático, por las organizaciones y entidades sociales y por los y las profesionales de los servicios sociales; con el fin de debatir, corregir y ajustar pormenorizadamente los contenidos de la nueva ley.

6. En respuesta a este escrito, tras dos reuniones mantenidas, los grupos del cuatripartito nos han traslado su opinión de que consideran que el proceso participativo, a través de Internet, llevado a cabo por el Gobierno de Navarra es suficiente y, por lo tanto, no consideran necesario abrir otro proceso participativo en el Parlamento.

   Queremos aclarar que porque considerábamos, los grupos firmantes del manifiesto, que realizar aportaciones a través de Internet no era un proceso participativo suficiente, es por lo que solicitamos que éste se abriese en el Parlamento.

   No podemos compartir esta negativa a abrir vías de participación en el Parlamento. Ello supone que los grupos del Parlamento, una vez más, van a valorar lo que es bueno para la sociedad, pero sin contar con la sociedad. A eso, no le podemos llamar Cambio social.

7. Tras este largo proceso de tramitación del Proyecto de Ley, conocemos el texto definitivo. Vamos a analizar y valorar su contenido, más allá de los grandes puntos de discrepancia.

   Tras lo cual realizaremos un proceso de información y participación, abierto a la ciudadanía.

   Proceso al que invitaremos y animaremos a participar también a los partidos políticos.

PLATAFORMA POR EL DERECHO A UNA RENTA BÁSICA

Iruñea, julio de 2016

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