CGT tiene representación e implantación en las entidades donde se han producido los hechos objeto del procedimiento, siendo las personas trabajadoras de dichas entidades, perjudicadas en un doble sentido, como empleados y empleadas que sufrieron las consecuencias de la reestructuración del sector con múltiples despidos y bajo duras condiciones, y como ciudadanos y ciudadanas, que forman parte de la sociedad que, por parte de una minoría, ha sido objeto de conductas carentes de toda ética, antisociales y delictivas hacia el resto una sociedad que reclama, cuanto menos, un resarcimiento de todo el daño causado.
Tras la aportación de la exorbitada fianza impuesta por el magistrado de la Audiencia Nacional y la retirada de la acusación popular de UPyD, termina ahora la lucha por la exigencia de nuestro derecho para comparecer en la causa y comienza el ejercicio real de la acción penal, por nosotros mismos con nuestros medios, como CGT, al objeto de exigir que de algún modo se repare el daño causado, que los responsables no eludan la acción penal y que se desenmascare a quienes han llevado a que toda la sociedad haya pagado colectivamente las deudas generadas por sectores minoritarios, además de defender los derechos de las y los trabajadores que fueron despedidos en una salvaje reestructuración del sector financiero.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
