Los Sistemas Públicos de Pensiones son un pilar fundamental del Estado de Bienestar. Desde los años 80, su privatización se ha convertido en uno de los objetivos más importantes de la política neoliberal. Un planteamiento que propugna acelerar el adelgazamiento (público) y a la par fortalecer las pensiones privadas, con el fin de forzar directamente un sistema mixto (público/privado).
La idea de capitalizar una parte de nuestras cotizaciones sociales no es otra cosa que detraer fondos del Sistema Público (descapitalización) y llevarlos al privado.
En un sistema mixto nos encontraríamos con que la pensión privada que cobraría el ciudadano por su contribución al fondo de pensiones (parte privada) dependería únicamente de su aportación; por lo tanto, a sueldos bajos corresponderían pensiones bajas. En definitiva, el sumatorio de una pensión pública baja con otra privada baja, daría lugar a una cantidad significativamente inferior a la que resultaría si cotizara solo al Sistema Público.
Este sistema mixto contribuiría a incrementar la desigualdad entre rentas altas y medias-bajas. Aquí, lo que está en juego es la capacidad redistributiva implícita en el sistema de reparto (público), lo cual es imposible en un sistema de capitalización.
Así en el sistema Mixto del Reino Unido, la pensión de jubilación estatal quivale actualmente al15% de los ingresos medios y va declinanando, mientras en España en el 2005 la pensión media neta estaba el el 80% de los ingresos.
Además de recortar las prestaciones, al mismo tiempo ponen a disposición de las entidades financieras (gestoras) toda su capacidad legislativa (desgravaciones fiscales) para promocionar las pensiones privadas; en un principio, para completar la “pública” y, al final, para “suplantarla”, por lo que todos los contribuyentes subvencionamos a los que pueden ahorrar en una pensión privada”. Se calcula que el Estado ha dejado de ingresar desde 1996 más de 25.000 millones de euros por los incentivos fiscales a éstos.
Defender el “Sistema Público de Pensiones” es incompatible con una práctica sindical que abandera y presenta como un logro la extensión y promoción de “fondos de pensión privados” tanto de empresa como individuales. Si en el sector privado este proceder sindical es muy discutible, en el sector público es directamente inaceptable. La participación de los sindicatos mayoritarios, tanto Itzarri como Elkarkidetza ( controlado por ELA), son un ejemplo vivo de “un mal uso de los dineros públicos”, tendentes a fovorecer a una aristocracia obrera en detrimento de una clase obrera mal pagada y cada vez más precarizada.
Defender el sistema público de pensiones es luchar por derogar la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, del PP, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, derogar las reformas de la Seguridad Social del PSOE y del PP de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social y derogar todos aquellos decretos del PP y del PSOE, donde con la coartada de fomento del empleo, se subvencionan generosamente las cotizaciones a la Seguridad Social de los empresarios.
