El Congreso ha aprobado una proposición no de ley presentada por el PP para que se acelere la aprobación del tratado de libre comercio entre la UE y los EE UU, denunciado por organizaciones de la sociedad civil.
Con el hemiciclo del Congreso de los Diputados prácticamente vacío, el Partido Popular presentaba en la tarde del martes, 25 de noviembre, una proposición no de ley para que se acelere la aprobación del tratado de libre comercio entre la UE y los EE UU. En concreto, la proposición establece que el Congreso inste al Gobierno a animar, a su vez, a la Comisión Europea para que concluya “en plazo oportuno” las negociaciones para aprobar el polémico tratado, conocido como TTIP por sus siglas en inglés. El diputado del PP Pablo Casado, quien presentaba la proposición, afirmaba que la UE no debería “perder este tren”, ya que, afirmaba, el tratado aportará 120.000 euros en beneficios para la UE, un aumento del 30% de las exportaciones y un aumento de 140.000 puestos de trabajo tan sólo en España.
Pero las organizaciones de la sociedad civil no sólo denuncian estas cifras como falsas, sino que explican que este tratado, que se ha desarrollado envuelto en una opacidad casi total, provocará una grave pérdida de derechos laborales, la desprotección del medio ambiente o privatizaciones masivas de servicios públicos básicos, entre otras consecuencias. Además, frente a las cifras optimistas de la Comisión Europea recogidas por el PP, según un reciente informe realizado por la Universidad de Massachusetts, realmente el tratado provocará una pérdida de 600.000 puestos de trabajo, y otros informes manejados por la UE hablan de un millón de empleos perdidos.
Sin embargo, ante su proposición no de ley en el Congreso para que el TTIP se apruebe cuanto antes, el PP obtuvo la complacencia y el apoyo de CiU, que considera que ésta es “una iniciativa que compartimos”, ya que su objetivo es “estimular el crecimiento y el empleo a ambos lados del Atlántico”. La única enmienda aceptada por el Grupo Popular fue la presentada por CiU, que demandaba más información sobre los contenidos del acuerdo.
Por otro lado, tanto el PSOE como el PNV, aunque votaron en contra de la iniciativa del PP e instaron a una mayor transparencia e información sobre las negociaciones, dejaron claro no estar en contra de este tratado que, sin embargo, es considerado por diversas organizaciones como una grave amenaza para la población, la democracia y el medio ambiente. Del mismo modo UPyD se mostró ambigua, calificando el acuerdo como “una cuestión de ventajas e inconvenientes”, aunque reclamó que “las ventajas se logren evitando que afecten a derechos”.
Más tajantes se mostraron tanto desde el Grupo Mixto como desde la Izquierda Plural, cuyos portavoces denunciaron “oscurantismo, opacidad y falta de transparencia” como características principales de las negociaciones. De hecho, éstas se iniciaron en junio de 2013 y se mantuvieron en secreto durante más de un año hasta que fueron descubiertas y denunciadas por varias organizaciones. Rosana Pérez, diputada del BNG, calificaba el TTIP como un “secuestro de la soberanía”. Las denuncias por parte de estos dos grupos parlamentarios incluían el poder que tendrán las multinacionales sobre los Estados a través de la cláusula ISDS, la pérdida de soberanía de los países, la desprotección de los consumidores, el medio ambiente y la pérdida de derechos laborales, la privatización de servicios públicos y básicos como la sanidad y la educación y la probable pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.
Tras el debate de la propuesta no de ley en un Congreso de los Diputados prácticamente vacío, las votaciones se llevaron a cabo, ésta vez sí, con la sala repleta, y la iniciativa fue aprobada por 191 votos a favor frente a 132 en contra.
