La Ministra ha desgranado, según los datos aportados por su departamento, la situación económica del sector ferroviario y de las empresas públicas Renfe y Adif, reconociendo lo que desde CGT venimos denunciando en los últimos años, que las empresas se están endeudando excesivamente por su mala gestión:
La deuda del sector ferroviario supera los 20.730 millones de euros de los que 14.600 millones corresponden a Adif y 5.200 millones a Renfe.
Se necesitan, según el Ministerio, 28.115 millones de euros para el término de las obras iniciadas en el ferrocarril, arrojando la empresa pública Renfe un montante de 120 millones de pérdidas anuales a pesar de las aportaciones del estado, que son de 660 millones de euros.
Se ha invertido sin mucho sentido: Renfe acumulando material rodante nuevo aparcado en los apartaderos, Adif externalizando el mantenimiento de la infraestructura, los trabajos en las terminales de servicios logísticos y el canal de venta. Es difícil explicar con qué objetivo, lo que sí sabemos es que se está beneficiando a socios privados a costa de lo público y en detrimento de los trabajadores.
En el capítulo de inversiones destaca el enorme gasto en infraestructuras de Alta Velocidad que contarán con un importe superior a los 25.000 millones de euros en contraste con los 1.310 millones anuales que se destinarán al mantenimiento y mejora de la red convencional. Esta última cantidad se divide en 450 millones que se utilizarán en modernizar la infraestructura y el material y 860 millones que se dividen entre Adif y Feve para el mantenimiento de la red ferroviaria.
Respecto al transporte ferroviario, en Mercancías se plantea la separación de los tráficos de mercancías y viajeros en las grandes ciudades o promover surcos preferentes, mejora en las conexiones con puertos y alianzas con otros operadores. En el tráfico de Cercanías y Media Distancia apunta planes de mejora en servicios y productos y anuncia que habrá declaraciones de Servicios Públicos, manteniendo la idea de que los servicios se mantengan en función de criterios puramente económicos.
Estaremos atentos a los Presupuestos Generales del Estado que propondrá el Gobierno en marzo, para saber realmente en qué se concreta económicamente la apuesta de este Gobierno por el ferrocarril.
CGT seguirá luchando por un ferrocarril público de calidad al servicio de la ciudadanía que es quién sostiene el sistema público de transportes en este país. Las inversiones deben ir destinadas a la mejora de servicios relacionados directamente con las necesidades básicas de movilidad de la mayoría de la sociedad, incrementando y potenciando el transporte de mercancías por ferrocarril para descongestionar las carreteras desde la empresa pública ferroviaria para que los beneficios económicos y medioambientales de este modo de transporte repercuta en el conjunto de la sociedad y no en el bolsillo de unos pocos accionistas.
Y seguiremos defendiendo el mantenimiento de las empresas públicas ferroviarias, la recuperación de la actividad privatizada, el mantenimiento del nivel de empleo y que el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas no suponga la segregación de servicios. En definitiva, un ferrocarril PÚBLICO, SOCIAL, SEGURO Y DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA.
SFF CGT
