Un amplio número de colectivos sociales y sindicales queremos trasladar a la opinión pública el desacuerdo ante los recortes en las políticas sociales que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales quiere introducir a través de las reformas recogidas en el “Borrador de Decreto de la Renta de Garantía de Ingresos” y en el “Decreto Regulador de la Prestación Complementaria de Vivienda”.

A día de hoy más de 135.000 personas se encuentran desempleadas, de las que 48.000 no cobran ningún tipo de prestación. 6.700 familias se han quedado sin cobertura social al no tener la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales un presupuesto suficiente para atender todas las solicitudes de Ayudas de Emergencia Social. Durante el primer semestre de 2009 los juzgados han registrado 661 solicitudes de ejecuciones hipotecarias y las peticiones a Cáritas y al Banco de Alimentos han aumentado un 40%, siendo 35.000 personas, las que se alimentan gracias a estas instituciones. Según el propio Gobierno Vasco más de 890.000 personas de la población refleja algún tipo de precariedad y declara tener considerables dificultades para llegar a fin de mes…

En una coyuntura de crisis, cuando más necesarias son las ayudas sociales, el Gobierno Vasco, que se autodenomina progresista, ha decidido hacer un recorte drástico de las mismas. Nos sonroja que, en cambio, a quienes causaron la actual crisis no sólo no se les exijan responsabilidades, sino que se les subvenciona con dinero público.

Valoramos estas medidas como arbitrarias, injustas y técnicamente deficientes. Creemos que crean mayor desigualdad y discriminación y expulsan del sistema de protección a las personas con menos recursos, que tendrán que vivir en condiciones de mayor pobreza, por lo que aumentarán las situaciones de marginación y la conflictividad social.

Si bien hemos asistido a un progresivo recorte de derechos, con esta norma se da un paso substancial y se rompen consensos sobre derechos inclusivos. Con estas medidas el Gobierno Vasco se sitúa en la línea de otras administraciones que se aprovechan de la crisis y de discursos populistas, ya que esta nueva normativa va en contra de la conciliación laboral y familiar al no poder cobrar, por ejemplo, una ayuda social y acogerse a una excedencia por cuidado a familiares dependientes.

Denunciamos especialmente los siguientes retrocesos:

1. Sólo se percibirán como máximo dos prestaciones sociales por vivienda. Esta medida va en contra de las personas que no les queda más remedio que compartir piso con otras para hacer frente al abusivo precio de los alquileres, por ser jóvenes, por tener empleos precarios o que por ejemplo han abandonado su vivienda por motivo de una separación. Muchas se verán forzadas a sobrevivir sin prestaciones en todavía peores condiciones de vivienda o a tener que mentir sobre el empadronamiento. Con el reglamento anterior este límite estaba establecido en el total de habitaciones que tuviera una casa sin que tal limitación haya demostrado utilidad alguna para mejorar las situaciones de vivienda.

2. Además, dejarán de tener validez los contratos de hospedaje/pupilaje (es decir, alquiler por habitaciones) cuando son una de las formas más habituales que tienen las personas y familias más desfavorecidas para acceder a un piso compartido.

3. Las personas con un trabajo en precario verán que sólo pueden complementar sus bajos salarios durante 2 años y después se les suspenderá el cobro de la ayuda social a la que tuvieran derecho aunque sigan trabajando con contratos en precario y sueldos míseros. Hecho que no se producía hasta la actualidad. Esta nueva normativa va en contra de la conciliación laboral y familiar ya que no se va poder cobrar una ayuda social y acogerse a una excedencia por cuidado a familiares dependientes.

4. Las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia que sufran una fuerte bajada de ingresos no podrán pedir ninguna prestación hasta que no  tengan la nueva declaración de la renta; por lo cual en algunos casos tendrán que esperar cerca de un año para poder acceder a alguna cobertura social.

5. Se computan como bienes inmuebles a efectos de patrimonio (con la consiguiente imposibilidad de acceder a las ayudas sociales) aquellos de los que las familias no pueden disponer, de propiedad compartida o de difícil realización. Por ejemplo, haber heredado parte de una vivienda contará como patrimonio a pesar de que no se pueda disponer de la misma porque esté en usufructo.

6. Se establecen límites a la cuantía de las ayudas para el pago del acceso a una vivienda o la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza.

Las diferentes prestaciones sociales son un derecho, es un error asociar las ayudas sociales con ciertos colectivos que sentimos ajenos a nuestra realidad, ya que si algo hemos aprendido a lo largo de los años es que cualquier persona, sea cuál sea su situación laboral actual, su origen o su actitud hacia el trabajo -y más aún en tiempos de crisis económica y de precarización del empleo- puede verse en la situación de solicitar la renta de garantía de ingresos u otro tipo de prestación social. Ni la crisis ni los prejuicios negativos e infundados que pesan sobre las y los preceptores de renta básica son excusa para recortar nuestros derechos.

 Por todo ello, reclamamos una política social que amplíe los derechos sociales en lugar de recortarlos y llamamos al conjunto de la población a sensibilizarse y a movilizarse contra estos, y futuros recortes, ya que nos afectan a todas y todos, mujeres, personas mayores, jóvenes, personas trabajadoras o desempleadas, estudiantes, pensionistas,  personas migrantes.

 COLECTIVOS FIRMANTES:

 Sindicatos: ELA, CCOO, LAB,  STEE-EILAS, ESK y CGT y CNT.

 Consejo de la Juventud de Euskadi.

 Asociación de Trabajadoras del Hogar.

 Colectivos Por los Derechos Sociales serían: Danok Lan (Galdakao), Argilan (Bilbo), Berri-Otxoak (Barakaldo) y Elkartzen.

 Colectivos de Inmigrantes y Contra el Racismo: SOS Racismo, Mujeres del Mundo, Asociación Colombia-Euskadi, ASEMA (Asociación de Senegaleses de Markina-Xemein), Mbolo Moye Doole

 Iniciativa Gitana.

 Otras Asociaciones: Asociación Alavesa de Trabajo Social, Zuzen, red por la igualdad de derechos de Vitoria-Gasteiz, Foro R. P. de Gasteiz – C.V.X. (Comunidades de Vida Cristiana) de Gasteiz, Txiroekin Bat Eginik (Gasteiz), Asamblea de Mujeres de Bizkaia, Salhaketa, Asociación Mujeres en la Diversidad, Centro Asesor de la Mujer “Argitan”, Coordinadora de Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, La Salle Iturburu Elkartea, Anitzak Ekimena, Sare Antifaxista, Asociación de Mujeres Inmigrantes Malen Etxea.

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