El día 30 de marzo del 2015, la policía nacional sin orden judicial, asalta 17 centros (algunos ocupados y otros autogestionados), en siete provincias, deteniendo a 30 personas (actualmente 5 se encuentran en prisión preventiva). Se les imputa pertenencia a organización criminal con fines terroristas y la comisión de hechos delictivos consistentes en sabotajes y colocación de artefactos explosivos e incendiarios. Según fuentes del Ministerio del Interior en la operación fueron detenidos los principales líderes de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), tanto de su aparato político y de captación, como de financiación, propaganda y acción directa.
El secretario de estado de seguridad Francisco Martínez, se presentó como el responsable de la “operación Piñata ” y a las personas detenidas se les imputa pertenencia a organización criminal con fines terroristas y justifica estas detenciones como medida preventiva para evitar el resurgimiento del anarquismo insurreccional, sin ninguna prueba que avale estas afirmaciones, ya que de los registros solamente obtienen material informático y archivos. Los grandes medios de “manipulación” social (El País, la Razón, etc. y las televisiones), actuando como la voz de su amo, se dedicaron a repetir lo afirmado por este portavoz del ministerio del Interior sin comprobar la veracidad de estas afirmaciones.
¿Dónde estaba el peligro eminente de la “siembra del terror”? ¿Dónde está el material explosivo?. Nada de nada. Se les detiene no por lo que tengan, no por lo que hayan hecho, sino por lo que puedan hacer en el futuro, por el derecho penal preventivo, para estigmatizarlos socialmente, por la pertenencia a un grupo de orientación política que cultiva la desobediencia y la insumisión, se detiene en función de las opiniones políticas. Se trata de demonizar a los anarquistas, ahora que no actúa ETA ni el GRAPO, de presentar supuestos submundos violentos, de caza de brujas en busca de “chivos expiatorios”, tal como se hizo en la transición (1978) con el caso Scala.
Se les detiene a escasos días de la aprobación de las “Leyes Mordaza”, en un intento de justificación política de estas leyes que aún no han entrado en vigor, se pretende criminalizar a un colectivo a partir de unos indicios, y suena a montaje policial, para impresionar a la opinión pública, trasmitida sin rechistar por la prensa canalla de este país. Se actúa con la complicidad del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Eloy Velasco, que fue el mismo que instruyó el caso de la operación Pandora, con la detención de anarquistas en Barcelona en diciembre del año pasado, y que hoy en día están en libertad.
